Las FFAA ecuatorianas son observadas atentamente luego de una serie de denuncias de que algunos miembros de esa institución estarían involucrados en acciones de tráfico de armas hacia los grupos irregulares de Colombia, por eso han conformado 112 comisiones para investigar las pérdidas sistemáticas de material de sus bodegas y algunos casos se ventilan en los juzgados militares, pero todavía no hacen suyas las sugerencias de que se conforme una comisión de la verdad o de transparencia, con representantes civiles y de organismos internacionales.

¿Existe al interior de las Fuerzas Armadas una red de tráfico de armas? Es la pregunta que el país se hace tras el operativo efectuado la noche del lunes 25 de agosto, en una vivienda del barrio Gatazo, al sur de Quito, cuando un equipo antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y agentes de inteligencia halló un arsenal de ametralladoras, explosivos y detonantes, luego de lo cual se descubrió que seis ametralladoras MAG habían sido sustraidas de la Brigada Logística el Pintado, un recinto militar capitalino de alta seguridad.
Las primeras investigaciones dieron cuenta de que estaban involucrados dos militares en servicio activo y uno en servicio pasivo (fueron detenidos), en una banda que tenía previsto trasladar el material a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y aunque para el jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Octavio Romero, se trata de casos aislados en los que no está implicado personal de alto rango, la propia Corte de Justicia Militar ha citado a declarar a tres oficiales con rango de coroneles y un mayor, junto a tres sargentos.
Pero la fuerza de la opinión pública obligó al Ministerio de Defensa a levantar el sigilo de "seguridad nacional", por lo que organizó 112 comisiones para encontrar a los autores, cómplices y encubridores de las pérdidas de más de un centenar de fusiles (es lo único que reconoce oficialmente la institución) en la última década, aunque informes de la propia institución indican que partir del año 2000 se habrían sustraído otros 100 mil proyectiles y cientos de miles de municiones y explosivos que habrían ido a parar a las FARC.
Pero no habría sido solo ese el material bélico negociado ilícitamente, algunos documentos evidenciarían el tráfico de otro tipo de armamento, en el que estarían involucrados oficiales de administraciones pasadas.
Es que en los últimos años la milicia ha estado envuelta en varios escándalos: un supuesto tráfico de influencias en la contratación de seguros para sus aeronaves, una fallida compra de helicópteros con un presunto perjuicio al país por $16 millones, un ex oficial detenido en las puertas del Ministerio de Defensa por un problema de narcotráfico, entre otros casos, han puesto en entredicho los valores morales que predica la institución.
Han transcurrido 10 meses desde la explosión en la brigada blindada Galápagos, de Riobamba, sucedida el 20 de noviembre de 2002, pero aún subsiste la sospecha de que se trató de un acto deliberado para ocultar un supuesto faltante de 7.217 granadas de 155 milímetros que habrían sido desviadas a las FARC, como lo sostiene el diputado Guillermo Haro (ID).
El se sustenta en el contrato firmado por el entonces comandante general del Ejército, Carlos Morales, con la fábrica de Municiones Santa Bárbara, el 30 de mayo del año anterior, para repotenciar 10 390 granadas de 155 milímetros, pero cuando los encargados fueron a verificar el material solo había 2 923 granadas. La negociación incluía la repotenciación de 31 562 municiones.
Esta semana, ese legislador acusó al ex ministro de Defensa, Hugo Unda, de haber autorizado, en el año 2000, la venta de 330 cohetes de 68 mm antitanque y 330 cohetes antipersonales al gobierno de Zimbawe (Africa), que supuestamente fueron desviados, vía Brasil, a la zona de despeje controlada por las FARC. El acusado ha dicho que no se "prestará al circo" montado por Haro.
Haro también aseguró poseer un informe emitido el 29 de julio de 2001 por autoridades colombianas, que afirmarían haber requisado a las FARC 300 fusiles, 522 armas cortas y 773 tacos de dinamita fabricados por la industria militar ecuatoriana.
Al mismo tiempo, el coronel Guillermo Cobo, quien no fue elevado al rango de general en los últimos ascensos, denunció que en el año 2000 se produjo un faltante de 40 mil municiones en la Brigada de El Oro, que lo denunció a Gustavo Reyes, entonces comandante de esa unidad y hoy general de brigada.
Tampoco se ha aclarado el estallido de la Base Naval Sur, el 23 marzo de este año, que destruyó varias viviendas en una zona de Guayaquil, a raíz del cual se iniciaron juicios civiles y penales que no se han movido.
Luego se precipitó una avalancha de información que ratificó que Ecuador se ha convertido en un "corredor" de tránsito del 50% del armamento que ingresa al país del norte, con destino a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según un documento de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Asimismo, Ecuador se estaría convirtiendo, según Estados Unidos, en una especie de vecino alcahuete de Colombia, que en lugar de enfrentar a la guerrilla mantendría una suerte de modus vivendi con ella. Por ello Washington le dio un fuerte tirón de orejas a Ecuador, según dice el Diario El Tiempo, de Bogotá, en un análisis de la situación fronteriza.
La información da cuenta de que en un informe de marzo de 2002, el Departamento de Estado norteamericano criticó al Ecuador por tener fronteras porosas y por su reputación de ser un corredor estratégico para armas, municiones y explosivos destinados a los grupos terroristas colombianos.
El Tiempo agregó que este año, una organización que monitorea conflictos, el International Crisis Group (ICG), sostiene que la Policía y el Ejército ecuatorianos han establecido una peligrosa "forma de vida" tanto con guerrilla como con paramilitares.
Tras señalar que en 1985 se registró una pérdida de 100 mil cartuchos de balas calibre 22, el coronel (r) Jorge Brito, manifiesta que desde el año 2000, cuando empezó a ejecutarse la primera fase del Plan Colombia, se incrementaron las bandas organizadas de traficantes de armas que contactan a cierto personal de la institución armada, con miras a obtener el material bélico, muchas veces los pagos son realizados con droga, sostiene.
La forma de negociación fue corroborada por un ex miembro de las FARC que se convirtió en testigo clave del escándalo de tráfico de armas por el Perú, en el cual estuvo involucrado el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, citado en una investigación del Diario La República, de Lima. (AA-LB)

"Guerrilla tiene acuerdos tácitos con algunos jefes militares"

Miembros de las FFAA de Colombia también han estado involucrados en venta de armas

"No es secreto para nadie que la frontera ecuatoriano-colombiana ha sido muy permeable para el tráfico de armas, desde la época en que operaban los grandes carteles de la droga", manifiesta Orlando Restrepo, editor judicial del diario bogotano El Tiempo.
Sostiene que en la década de 1980 e inicios de 1990, desde Ecuador ingresaba la dinamita que utilizaban los carteles, ya que era muy difícil conseguirla en Colombia.
El problema de tráfico de material bélico se da porque en ese sector opera la guerrilla y al frente tiene los elementos militares ecuatorianos, que se han mostrado "permisivos" con las fuerzas irregulares, al extremo de que estos tienen campamentos e ingresan regularmente a Ecuador para descansar y abastecerse, algunos de los cuales han sido desmontados por las FFAA ecuatorianas, según el periodista.
Restrepo también critica a las Fuerzas Armadas de su país, porque algunos elementos militares han sido involucrados en casos de sustracción de armamento que ha ido a manos de la guerrilla. Incluso dice que algunas familias poderosas de Colombia estarían inmersas en estos casos, aunque esto último no ha sido probado totalmente.
Debido a que allí está el único foco de conflicto armado en América Latina, dice que "es muy fácil vender armas clandestinas en Colombia"; el negocio está íntimamente ligado con el tráfico de drogas, que es la fuente económica de los grupos irregulares, por lo que no descarta que algunos militares de los países fronterizos con esa nación tengan relaciones de negocios con esos sectores.
Indica que este "acuerdo tácito" fue denunciado hace algún tiempo por el jefe de las Autodefensas de Colombia (AUC), Carlos Castaño.
Restrepo manifiesta que dificilmente se podrían cuantificar los montos económicos del tráfico de armas, mientras el coronel (r) ecuatoriano Jorge Brito señala que en estas ventas los traficantes obtienen utilidades de más del 500% y un informe del año pasado de la Unión Europea (UE) sostiene que la "industria" mueve alrededor de $21 300 millones a escala mundial.
El cargamento de droga encontrado anteayer, en un operativo montado por las Policías de Colombia, Ecuador y Gran Bretaña, evidenció lo anterior, pues estaba valorado en $7 000 millones, más o menos el presupuesto del Estado ecuatoriano.
Por ahora no hay normas claras (a nivel internacional) que regulen la intermediación en el comercio de armas. En Ecuador no se conoce de una Ley actualizada. (AA)

Los escándalos se destapan luego de la visita oficial de Alvaro Uribe

En Ecuador, todo este revuelo tomó fuerza a partir del 25 de agosto anterior, tres días después de la visita oficial del presidente colombiano, Alvaro Uribe, quien pidió a su homólogo, Lucio Gutiérrez, que colaborase "con acciones inmediatas para derrotar a la guerrilla" de su país.

Este respondió que Ecuador debería reflexionar y culparse de las razones por las cuales "dejó pasar tanto tiempo sin unirse a Colombia, dejándola sola en la lucha por un mal que afecta a la región".
Una funcionaria de la Embajada de los EEUU señaló que esto no es más que una coincidencia, pero el miembro del Comité de Monitoreo del Plan Colombia, Jorge Brito, considera que el "bombardeo" de denuncias sobre el tráfico de armas tiene que ver con el desarrollo de la segunda fase de esa estrategia, que entre otras cosas apuntaría a cortar las líneas de abastecimiento a las fuerzas irregulares.
Según este analista, las palabras de Gutiérrez cobran otra dimensión, pasar de la posición de no inmiscuir al país en el conflicto interno colombiano, a una participación más directa, en el marco de la regionalización del Plan Colombia, que es una política impulsada por EEUU, como lo hizo saber su secretario de Defensa, Donald Rumsfel en su última visita a ese país, el 19 de agosto.
En el capítulo "Política de Defensa y Seguridad Democrática", el Plan Colombia II, señala: "El tráfico de armas, municiones y explosivos está ligado al negocio de las drogas ilícitas y al terrorismo. Tanto los grupos de autodefensa como las FARC intercambian drogas por armas en el mercado internacional. Enormes cargamentos de armas, miles de fusiles y millones de cartuchos, provenientes de centroamérica, a través de terceros países de Europa Oriental y de Oriente Medio han entrado en los últimos años a Colombia".
Uno de "los terceros países" es Ecuador, por la cercanía a los Departamentos de Nariño y Putumayo, que son controlados por las fuerzas irregulares. Del lado ecuatoriano, las FFAA nacionales han desplegado 12 mil efectivos, que duplican el número de uniformados que combatieron en el Alto Cenepa, dice Brito. (AA)

"Deben rodar las cabezas de todos los responsables de los ilícitos"

El alcalde de Quito plantea la creación de una Comisión de Transparencia para investigar los casos

El ex jefe del Comando Conjunto de las FFAA y alcalde de Quito, Paco Moncayo plantea la creación de una Comisión de Transparencia, integrada por elementos militares, representantes de la sociedad civil, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas, para investigar los faltantes de armas de los rastrillos de las FFAA.
De esta forma, se adhiere y amplía la propuesta de crear una Comisión de la Verdad, formulada por el ex embajador en Londres, Mauricio Gándara.
"Ante la Comisión de Transparencia deben abrirse todos los registros y archivos del material bélico, a fin de establecer las responsabilidades que puedan tener los oficiales y civiles involucrados en casos de tráfico de armas", indicó.
Defiende a la institución militar por el respeto a los derechos humanos, a diferencia de otros países, donde al cabo de los años se han abierto tumbas de civiles masacrados por esas Fuerzas Armadas.
También pone en tela de duda las afirmaciones del diputado Guillermo Haro, quien ha acusado a las FFAA de haber provocado el estallido del polvorín de Riobamba para tapar un faltante de armas: "Me horroriza que haya personas que puedan creer que exista algún militar demente, sicópata, que puede volar toda una brigada y una ciudad para tapar la pérdida de un armamento", dijo.
Por todo ello considera necesario "traer gente del más alto nivel de credibilidad que investigue a las FFAA".
En cuanto a la posibilidad de que exista una red de traficantes de armas al interior de la institución militar manifiesta: "precisamente eso es lo que hay que averiguar, y que rueden las cabezas de los responsables", para recuperar la credibilidad de las Fuerzas Armadas, porque "no hay democracia sin instituciones fuertes".
El actual alcalde de Quito también considera que de comprobarse que las denuncias de tráfico de armas, lanzadas los últimos días contra ex altos jefes militares, fueran calumnias, deberían ser juzgados los supuestos injuriadores. (PC)

PUNTO DE VISTA

La verdad, nada más que la verdad

El doloroso episodio del robo de armas de los cuarteles ha sido un duro golpe para la Institución militar, no obstante, a nadie se le habría ocurrido señalar que, corporativamente, las FFAA sean responsables de esos hechos.
Ante la presencia de las redes mafiosas no hay nadie libre, ya que han encontrado mecanismos para penetrar, incluso, en las entidades más solventes del mundo, afectándolas, hiriéndolas; pero de ninguna manera han logrado desmoronarlas, cuando los cimientos de esas instituciones han sido sólidos como lo son las de la institución ecuatoriana.
Por eso, estos momentos dolorosos como los que vive el Ecuador, golpeado por varios tormentos, deben ser aprovechados, haciendo de ellos una oportunidad para la transparencia, a fin de lograr que salga a la luz la verdad de lo que está pasando, ya no solo dentro de las FFAA, sino de nuestro territorio, en una situación tan dramática como es el conflicto colombiano, en el cual nuestro país es víctima inocente de una guerra ajena.
De allí que la conducta de los altos mandos militares debe ser una sola: abrir sus espacios, para que una severa e imparcial investigación saque a la luz la verdad, castigue a los responsables y devuelva el orgullo a la institución, que es reconocida y apreciada por la sociedad.
Felizmente la clave para llegar a este esclarecimiento la ha dado un prestigioso militar como Paco Moncayo, que comandó la institución por mucho tiempo y que escribió una página brillante en la guerra del Cenepa.
Moncayo, que hoy tiene también experiencia en el accionar político, por sus funciones como alcalde de Quito, ha dicho que hay que formar una Comisión de Transparencia, integrada por militares y miembros de la sociedad civil, así como de representantes de la OEA y las Naciones Unidas, para que investiguen lo que ha sucedido en las FFAA respecto del robo de sus armas.
La propuesta del ex jefe del comando Conjunto debe ser escuchada y puesta en práctica, ya que a todos los ciudadanos nos interesa que sean castigados quienes hayan cometido el delito; pero, asimismo, a todos nos interesa que la dignidad de una institución tan respetable como las FFAA quede incólume después de este remezón.
En tiempos difíciles como los que vivimos, y cuando la torpeza y la vanidad intentan poner una mordaza a la sociedad, hay que actuar con celeridad y destreza, en busca de un solo objetivo superior: la verdad, ya que este es el único camino que posibilita a los pueblos vencer los tormentos y salir victoriosos en todas las batallas. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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