Guayaquil. 05 may 99. Hace siete años que el Ecuador entró a
jugar a la cancha de la modernización y hasta la fecha no ha
anotado un solo gol en el marcador.
Tres gobiernos han transcurrido en ese lapso y uno está en
pleno desarrollo. De los tres primeros, dos intentaron
reestructurar el Estado: Sixto Durán-Ballén y Abdalá Bucaram.
Expertos coinciden en que la administración de Fabián Alarcón
fue un paréntesis en todo sentido. Ahora le corresponde, al
Presidente Jamil Mahuad, retomar los temas pendientes.
Perú entró dos años más tarde, sin embargo, hoy lleva anotado
algunos tantos a su favor. Igual situación acontece con
Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, pioneros de las reformas
de modernización en Latinoamérica.
¿Qué es entonces lo que marca la diferencia entre estos países
y el Ecuador? Una ley marco que concede amplios poderes al
Ejecutivo para impulsar el proceso de privatizaciones de las
áreas estratégicas de la economía y que hoy Venezuela propugna
como única vía hacia el cambio.
Lamentablemente, en el país la falta de concertación política
es el gran talón de Aquiles para el nacimiento de un Estado
eficaz. Antes de que la ley sea presentada al Parlamento
ecuatoriano, esta ya cuenta con la oposición de los sectores
de la centroizquierda y grupos sindicales que defienden la
conservación de sus prebendas obtenidas al vaivén del boom
petrolero.
¿Habrá luz verde?
El Vicepresidente de la República, Gustavo Noboa, enviará esta
semana al Congreso la ley marco que contiene el principio de
que todos los servicios son privatizables, aunque exime a la
educación y la salud así como también a aquellos que no pueden
ser delegables como la justicia, la seguridad y la defensa.
Con esta ley el Ejecutivo podrá decidir vía decretos qué
sectores de la economía concesionar, los susceptibles de
asociaciones estratégicas entre el Estado y el capital privado
y los que deben mantener el carácter monopolista.
¿Pasará la ley? En criterio del ex director ejecutivo del
Conam, Omar Quintana, el espaldarazo para el cambio no pende
del juego político sino simple y llanamente del grado de
eficiencia del Gobierno para impulsar este tipo de procesos.
"Hoy, gracias a la incapacidad de los gobiernos de turno, no
existen los aeropuertos, el nuevo oleoducto, ni las
concesiones de las carreteras ni de los puertos", observó.
Para el autor de la Ley de Descentralización, Juan José
Illingworth, la resistencia de los sectores políticos y de la
opinión pública en general a la modernización es atribuible a
la falta de sustento técnico que "convenza a los ciudadanos
que es necesario privatizar, capitalizar o concesionar tal o
cual servicio", sostiene.
"Todo está en manos de los legisladores. Si no se aprueba la
ley marco, el Conam podría cerrar las puertas", anota su
titular, Alvaro Guerrero.
A fin de evitar aciagos episodios como los producidos en 1997
en el caso de las telecomunicaciones cuando se cuestionó la
transparencia de la valoración, hoy el Gobierno ha decidido
realizar dos avalúos bajo la responsabilidad de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) y otra por el banco de
inversión.
En todo caso la reforma de la telefonía, el sector eléctrico,
petrolero y de aduanas, con miras a entrar a un moderno siglo
XXI, depende de la capacidad de negociación y de ejecución del
gobierno de Jamil Mahuad.
¿Hay garantías para mejorar?
La pregunta que siete de cada diez ecuatorianos se formula, es
el tiempo en que mejorarán los servicios luego de que las
empresas estatales sean privatizadas.
En este punto, el presidente del Conam, Alvaro Guerrero,
aclara que los efectos de las privatizaciones no son
inmediatos. "Estos toman su tiempo de uno a tres años",
especificó.
Los operadores, detalló, en cada sector deberán cumplir con un
plan de inversiones que será monitoreado por el Estado que es
el árbitro de la cancha.
Un pequeño pero gran detalle que debe tenerse presente en el
juego de la modernización es que los inversionistas emprenden
la corrida frente a pliegos tarifarios represados, afirman
varios de los ex consultores del Conam.
¿Qué servicios tienen tarifa represada? Todos, responden al
citar como ejemplo el sector eléctrico, donde pese a haberse
realizado una revisión tarifaria esta aún permanece represada
por temor a las protestas públicas.
Los grandes temas pendientes
Descentralización.-Se ha avanzado y retrocedido al mismo
tiempo. El debate sobre la descentralización se inició en
1992, pero fue en 1995 cuando se produjo una reforma
constitucional para asignar a los gobiernos locales el 15% del
presupuesto estatal.
Ese proceso recibió un golpe de gracia que provino de la
Asamblea Nacional, porque el 21% que se tenía asignado del
presupuesto a los organismos seccionales, se redujo al 9%,
detalló Juan José Illingworth.
Sector eléctrico.- Se ha cumplido con el organigrama de la
constitución de las compañías de generación y de transmisión,
se puso punto final a la vida jurídica de Inecel y se
contratará a la banca de inversión que hará la valoración de
los activos de las empresas de distribución, generación y
transmisión, indica el ex titular del Crieel, José Pileggi.
Telecomunicaciones.- A fines de año o a más tardar inicios del
2000 se subastará el paquete de acciones mayoritarias del
sector de las telecomunicaciones.
El organigrama establecido por el Conam constituye el segundo
diferimiento dentro de la actual administración. La fecha
inicial de la subasta estaba prevista para el segundo
trimestre de este año.
Se reformará la ley para ampliar el rubro de acciones a
venderse.
Hidrocarburos.- Para Renato Guevara, presidente de la Sociedad
de Ingenieros del Ecuador (SIDE), la ley marco en el sector de
hidrocarburos no es necesaria para impulsar el proceso de
privatización.
Seguridad Social.- El miembro de la Comisión Interventora del
IESS, Enrique Arosemena, expresa que desde el punto de vista
legal la Comisión de Codificación se encuentra en la fase
final para según los pasos fijados en la Constitución,
intentar darle un marco jurídico que permita reestructurar
operativa y financieramente a la entidad, "El IESS se cura o
se cura, no hay otra salida", concluyó.
Experiencia en América Latina
ARGENTINA.- Lo único que no se ha privatizado en Argentina es
el Banco de La Nación, aseguró el Cónsul de ese país en el
Ecuador, Gonzalo Torres, al evaluar el alcance de las reformas
modernizadoras.
Siete años de sacrificio han valido la pena, asegura Torres.
"La privatización en Argentina involucró todo un proceso que
tuvo que ser negociado políticamente. No puede ser una medida
aislada. Daría resultado, pero no los necesarios", manifiesta.
De cinco años que era el tiempo de espera para tramitar una
línea telefónica, hoy se lo realiza entre 48 y 96 horas a un
costo de 180 dólares.
"Los servicios en general eran baratos, pero deficientes. Una
línea en el mercado negro la conseguía por 6.000 dólares, pero
hoy las cosas han cambiado", narra.
BOLIVIA.- A diferencia de lo que ocurrió en Argentina, en
Bolivia los precios de los servicios a raíz del proceso de
capitalización de las empresas estatales bajaron de precio y
otros no han mejorado su índice de calidad.
El Cónsul de Bolivia en Ecuador, Jaime Guzmán, expresa que
gran parte de las empresas capitalizadas en el sector de
comunicaciones y transporte terrestre marcha de maravillas no
así en el sector aéreo.
CHILE.- En opinión del Embajador chileno, Jorge Burgos, la
privatización no es la panacea, pero manejar esta herramienta
con inteligencia y rigor es positivo en términos de una
elevación de los índices de calidad. (Texto tomado de El
Universo)
jugar a la cancha de la modernización y hasta la fecha no ha
anotado un solo gol en el marcador.
Tres gobiernos han transcurrido en ese lapso y uno está en
pleno desarrollo. De los tres primeros, dos intentaron
reestructurar el Estado: Sixto Durán-Ballén y Abdalá Bucaram.
Expertos coinciden en que la administración de Fabián Alarcón
fue un paréntesis en todo sentido. Ahora le corresponde, al
Presidente Jamil Mahuad, retomar los temas pendientes.
Perú entró dos años más tarde, sin embargo, hoy lleva anotado
algunos tantos a su favor. Igual situación acontece con
Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, pioneros de las reformas
de modernización en Latinoamérica.
¿Qué es entonces lo que marca la diferencia entre estos países
y el Ecuador? Una ley marco que concede amplios poderes al
Ejecutivo para impulsar el proceso de privatizaciones de las
áreas estratégicas de la economía y que hoy Venezuela propugna
como única vía hacia el cambio.
Lamentablemente, en el país la falta de concertación política
es el gran talón de Aquiles para el nacimiento de un Estado
eficaz. Antes de que la ley sea presentada al Parlamento
ecuatoriano, esta ya cuenta con la oposición de los sectores
de la centroizquierda y grupos sindicales que defienden la
conservación de sus prebendas obtenidas al vaivén del boom
petrolero.
¿Habrá luz verde?
El Vicepresidente de la República, Gustavo Noboa, enviará esta
semana al Congreso la ley marco que contiene el principio de
que todos los servicios son privatizables, aunque exime a la
educación y la salud así como también a aquellos que no pueden
ser delegables como la justicia, la seguridad y la defensa.
Con esta ley el Ejecutivo podrá decidir vía decretos qué
sectores de la economía concesionar, los susceptibles de
asociaciones estratégicas entre el Estado y el capital privado
y los que deben mantener el carácter monopolista.
¿Pasará la ley? En criterio del ex director ejecutivo del
Conam, Omar Quintana, el espaldarazo para el cambio no pende
del juego político sino simple y llanamente del grado de
eficiencia del Gobierno para impulsar este tipo de procesos.
"Hoy, gracias a la incapacidad de los gobiernos de turno, no
existen los aeropuertos, el nuevo oleoducto, ni las
concesiones de las carreteras ni de los puertos", observó.
Para el autor de la Ley de Descentralización, Juan José
Illingworth, la resistencia de los sectores políticos y de la
opinión pública en general a la modernización es atribuible a
la falta de sustento técnico que "convenza a los ciudadanos
que es necesario privatizar, capitalizar o concesionar tal o
cual servicio", sostiene.
"Todo está en manos de los legisladores. Si no se aprueba la
ley marco, el Conam podría cerrar las puertas", anota su
titular, Alvaro Guerrero.
A fin de evitar aciagos episodios como los producidos en 1997
en el caso de las telecomunicaciones cuando se cuestionó la
transparencia de la valoración, hoy el Gobierno ha decidido
realizar dos avalúos bajo la responsabilidad de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) y otra por el banco de
inversión.
En todo caso la reforma de la telefonía, el sector eléctrico,
petrolero y de aduanas, con miras a entrar a un moderno siglo
XXI, depende de la capacidad de negociación y de ejecución del
gobierno de Jamil Mahuad.
¿Hay garantías para mejorar?
La pregunta que siete de cada diez ecuatorianos se formula, es
el tiempo en que mejorarán los servicios luego de que las
empresas estatales sean privatizadas.
En este punto, el presidente del Conam, Alvaro Guerrero,
aclara que los efectos de las privatizaciones no son
inmediatos. "Estos toman su tiempo de uno a tres años",
especificó.
Los operadores, detalló, en cada sector deberán cumplir con un
plan de inversiones que será monitoreado por el Estado que es
el árbitro de la cancha.
Un pequeño pero gran detalle que debe tenerse presente en el
juego de la modernización es que los inversionistas emprenden
la corrida frente a pliegos tarifarios represados, afirman
varios de los ex consultores del Conam.
¿Qué servicios tienen tarifa represada? Todos, responden al
citar como ejemplo el sector eléctrico, donde pese a haberse
realizado una revisión tarifaria esta aún permanece represada
por temor a las protestas públicas.
Los grandes temas pendientes
Descentralización.-Se ha avanzado y retrocedido al mismo
tiempo. El debate sobre la descentralización se inició en
1992, pero fue en 1995 cuando se produjo una reforma
constitucional para asignar a los gobiernos locales el 15% del
presupuesto estatal.
Ese proceso recibió un golpe de gracia que provino de la
Asamblea Nacional, porque el 21% que se tenía asignado del
presupuesto a los organismos seccionales, se redujo al 9%,
detalló Juan José Illingworth.
Sector eléctrico.- Se ha cumplido con el organigrama de la
constitución de las compañías de generación y de transmisión,
se puso punto final a la vida jurídica de Inecel y se
contratará a la banca de inversión que hará la valoración de
los activos de las empresas de distribución, generación y
transmisión, indica el ex titular del Crieel, José Pileggi.
Telecomunicaciones.- A fines de año o a más tardar inicios del
2000 se subastará el paquete de acciones mayoritarias del
sector de las telecomunicaciones.
El organigrama establecido por el Conam constituye el segundo
diferimiento dentro de la actual administración. La fecha
inicial de la subasta estaba prevista para el segundo
trimestre de este año.
Se reformará la ley para ampliar el rubro de acciones a
venderse.
Hidrocarburos.- Para Renato Guevara, presidente de la Sociedad
de Ingenieros del Ecuador (SIDE), la ley marco en el sector de
hidrocarburos no es necesaria para impulsar el proceso de
privatización.
Seguridad Social.- El miembro de la Comisión Interventora del
IESS, Enrique Arosemena, expresa que desde el punto de vista
legal la Comisión de Codificación se encuentra en la fase
final para según los pasos fijados en la Constitución,
intentar darle un marco jurídico que permita reestructurar
operativa y financieramente a la entidad, "El IESS se cura o
se cura, no hay otra salida", concluyó.
Experiencia en América Latina
ARGENTINA.- Lo único que no se ha privatizado en Argentina es
el Banco de La Nación, aseguró el Cónsul de ese país en el
Ecuador, Gonzalo Torres, al evaluar el alcance de las reformas
modernizadoras.
Siete años de sacrificio han valido la pena, asegura Torres.
"La privatización en Argentina involucró todo un proceso que
tuvo que ser negociado políticamente. No puede ser una medida
aislada. Daría resultado, pero no los necesarios", manifiesta.
De cinco años que era el tiempo de espera para tramitar una
línea telefónica, hoy se lo realiza entre 48 y 96 horas a un
costo de 180 dólares.
"Los servicios en general eran baratos, pero deficientes. Una
línea en el mercado negro la conseguía por 6.000 dólares, pero
hoy las cosas han cambiado", narra.
BOLIVIA.- A diferencia de lo que ocurrió en Argentina, en
Bolivia los precios de los servicios a raíz del proceso de
capitalización de las empresas estatales bajaron de precio y
otros no han mejorado su índice de calidad.
El Cónsul de Bolivia en Ecuador, Jaime Guzmán, expresa que
gran parte de las empresas capitalizadas en el sector de
comunicaciones y transporte terrestre marcha de maravillas no
así en el sector aéreo.
CHILE.- En opinión del Embajador chileno, Jorge Burgos, la
privatización no es la panacea, pero manejar esta herramienta
con inteligencia y rigor es positivo en términos de una
elevación de los índices de calidad. (Texto tomado de El
Universo)
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