"ECOLOGIA Y PETROLEO"

Guayaquil. 22.08.92. El derrame de petróleo que se produjo en
algunos de los ríos que desembocan en el Napo, ha generado
gran preocupación en la comunidad y en las organizaciones
ecológicas. Para tratar sobre el tema "Ecología y Petróleo" en
el programa Tribuna de radio El Telégrafo participó el
arquitecto Rodolfo Rendón, presidente nacional de la Fundación
Natura, invitado del doctor Asdrúbal De la Torre y el señor
Santiago Jervis, miembros del Consejo Editorial de diario El
Telégrafo.

El doctor De La Torre y el señor Jervis cuestionaron sobre las
condiciones en las que se produce el derrame sobre el río Napo
y las consecuencias que esto pueda tener.

El arquitecto Rendón señaló que el impacto que causó el
derrame es muy grave, pues afectó a un sistema ecológico
privilegiado para el país así como a las poblaciones
afectadas. Recalcó que esto "ha tenido incluso consecuencias
internacionales que muy curiosamente fueron reclamadas por
PETROECUADOR, diciendo que los medios de comunicación y las
organizaciones ambientalistas habían causado tanta alarma que
originaron este reclamo internacional... En realidad, la
responsabilidad o la causa del reclamo internacional es su
negligencia", enfatizó.

Inclusive las declaraciones de los funcionarios de
PETROECUADOR dejan entrever que existe falta de previsión,
fallas administrativas, total ausencia de comunicación entre
las unidades y de capacidad en el manejo de la reacción ante
cualquier problema técnico y ecológico; "es decir, una
negligencia total", sentenció.

"Ellos reconocen que el ciento por ciento del daño no se puede
recuperar. Se llegará al cincuenta o sesenta por ciento si se
emprende una labor muy cuidadosa, pero "el daño está hecho y
es irreversible", observó.

FORMA DE EXPLOTACION INADECUADA

El señor Jervis se refirió, asimismo, a las expresiones del ex
ministro de Energía, Oscar Garzón, cuando denunciaba una
tremenda irresponsabilidad del gobierno y PETROECUADOR por la
falta de mantenimiento de la infraestructura hidrocarburífera.
En este sentido, cuestionó al invitado sobre la existencia de
un sistema de seguridad rápidamente detectable que permita
conocer inmediatamente cuando hay un derrame.

Sobre el tema el arquitecto Rendón enfatizó que este es un
aspecto de un problema mucho más general. "Quisiera empezar
diciendo que la Fundación Natura no se opone a la explotación
petrolera, pues el país la necesita, De lo que nos oponemos es
la forma de cómo, dónde y cuándo la está haciendo
PETROECUADOR, porque es nuestro criterio, una explotación
totalmente irresponsable y antitécnica ambientalmente
hablando, y ellos están afectando tres grandes áreas: la
petrolera en sí, a las poblaciones indígenas y a la
biodiversidad del país, puntualizó.

En Ecuador a la forma de explotación de PETROECUADOR ésta se
caracteriza por mantener una tecnología obsoleta, "ellos
mismos lo han denunciado frecuentemente", al recordar que hace
3 años las declaraciones de la propia unidad ambiental de
PETROECUADOR decía que ellos estaban recibiendo 20 años de
destrucción por parte de Texaco y que esa situación iba a
cambiar, pero "han transcurrido los años y la situación ha
empeorado", señaló.

Según informó desde 1972 a 1978 se han derramado en el Oriente
266.000 barriles, comprobados oficialmente. Afirmó, asimismo,
que "hay informes desde 1986-1987 de la Dirección General del
Medio Ambiente, que es una entidad gubernamental, en que
señalaba que el 80% de las piscinas que es una de las causales
del problema, estaban sin mantenimiento o defectuosamente
destruidas".

LEYES Y REGULACIONES

Frente a esto el señor Jervis inquirió sobre las leyes y
regulaciones en este aspecto, y si existían inicialmente.

En un principio habían muy pocas regulaciones, al país le
interesaba que vengan las compañías, pero poco a poco se las
fueron implementando, y en 1990 hay acciones concretas cuando
se produce el primer gran derrame dentro del Cuyabeno en
Noviembre de 1989, señaló Rendón.

Según comentó en tres años se tomaron algunas acciones, entre
las que destaca el oficio 458 SMA de 1990 dirigido por el
ingeniero Diego Tamariz, ex ministro de Energía y Minas, al
ingeniero Luis Román Lazo, presidente ejecutivo de
PETROECUADOR, en el que decía: "Usted debe tener presente
conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico de
PETROECUADOR en lo que se refiere a los gerentes de cada una
de las filiales, que éstos son responsables directos de los
impactos ambientales ocasionados por la operación de sus
respectivas empresas, y que PETROECUADOR se comprometió
formalmente a acatar las normas que constan en el documento
que ellos suscribieron el 12 de agosto de 1990, para prevenir
o agilitar todo un aparato medioambiental en PETROECUADOR".

Esto no se ha cumplido, además, nos está dando una clara
respuesta sobre el responsable del derrame sobre el río Napo y
de la situación de negligencia general que demostrado la
reacción por el derrame, aseveró.

EL AMBIENTE EN LA PENINSULA

Por su parte, el doctor Asdrúbal De la Torre planteó su
preocupación sobre Salinas, importante balneario de Guayaquil,
cuando en la península de Santa Elena se va aplicar un nuevo
proyecto de extradición de petróleo.

El arquitecto Rendón expresó que efectivamente se van a hacer
explotaciones y que la situación actual de la Península se la
puede evaluar a simple vista. "Existe un tremendo erial, la
chatarra está botada por todos lados al igual que los grandes
desperdicios producto de la explotación limitada que se hace,
la contaminación de la Costa misma, por lo tanto, los propios
camaroneros están clamando para parar esa contaminación,
porque se está afectando su fuente productiva; en fin, eso
está a la vista del público", comentó.

Por lo cual las nuevas operaciones de explotación que se
efectúen deben realizarse ante estudios de impacto ambiental -
que es lo que la técnica elemental dice-, siendo el primer
paso escoger una técnica no agresiva, no degradante. "Eso no
se ha hecho, porque dentro de la política de PETROECUADOR no
está el tema ambiental como de importancia", dijo.

EVALUACION DE DAÑOS

Nuestro entrevistado se refirió a la evaluación de los daños
del derrame, para cuyo efecto tomaron en cuenta el número de
barriles que se regaron por el precio de venta, sin considerar
ni la calidad de vida ni el agua contaminada ni la flora
destruida. Criticando en consecuencia esta acción, pues "para
ellos el ambiente tiene un valor económico cero y no es así".

Tras recalcar el señor Jervis que este daño lo hace
precisamente un ente del Estado, sumados a otros factores como
las refinerías o las que calificó de "bombas de tiempo",
porque no tienen mantenimiento, así como los ductos y
poliductos que contaminan las aguas costeras, etc., el doctor
Asdrúbal De la Torre insistió en la necesidad de aplicar las
leyes y los reglamentos, pues "esto no se puede dejar así".

Comentó el arquitecto Rendón que en los últimos días una
acción positiva del gobierno ha sido el Reglamento Ambiental
para las actividades hidrocarburíferas en el Ecuador, el cual
acaba de ser publicado. "Eso nos da un arma para exigir
cumplimiento, pero sólo se reducen a multas que además las
pagamos nosotros porque PETROECUADOR es del Estado; es decir,
estamos autopagando la irresponsabilidad de ciertos
funcionarios", comentó.

Hay un aspecto importante que no se trata únicamente de tener
leyes sino que "existe una impunidad de la negligencia, y
mientras así sea estos hechos en las instituciones estatales
se van a seguir repitiendo, porque nadie puede demandar a una
institución estatal directamente", señaló con decepción.

Es por esto, según explicó que la Fundación pide que en este
caso sean destituidos los gerentes del más alto nivel de las
diferentes compañías basándose en el reglamento de
PETROECUADOR, recordado por ex ministro Tamariz, que tuvo una
acción muy clara en esto, y que en octubre de 1990 advierte de
la responsabilidad directa de los gerentes. "No nos podemos
dejar engañar con la cancelación de 4 operadores de los pozos,
puesto que no estamos hablando de un derrame sino del derrame
número setenta y más que se ha producido a lo largo de los 15
últimos años, especialmente en el último período, y que
constituye un problema nacional con consecuencias aun
internacionales, y por lo tanto los responsables son los
gerentes de esas unidades", remarcó.

Por ello, el señor Jervis demandó que estas sanciones no se
limiten a una multa o una destitución sino que tales
funcionarios "deberían ir a la cárcel, pues inclusive si la
sanción fuera más severa el sistema seguiría igual", dijo.

Pero a criterio del doctor Asdrúbal De la Torre, más que las
sanciones lo importante sería tomar las medidas adecuada para
que no siga produciéndose este problema. Recalcó que en este
aspecto el Ministro de Energía tiene en sus manos buscar una
solución definitiva.

(Tomado de EL TELEGRAFO. 2-A.)
EXPLORED
en Ciudad N/D

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