Quito. 19 ago 99. Un nuevo giro tomó el caso del Banco del
Progreso: Héctor Romero Parducci, presidente de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), dictó una providencia en la que sindicó, sin
orden de prisión, al ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez; al
ministro de Defensa, José Gallardo; y, a la directora del
Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena.
El pasado 12 de julio, Fernando Aspiazu Seminario, presidente del
Banco del Progreso, fue detenido en Guayaquil, mientras declaraba
en el Juzgado Tercero de lo Penal del Guayas, dentro de un pedido
de amparo constitucional. De inmediato fue trasladado y recluido
en el Centro de Rehabilitación Social de Varones número 4, al
norte de Quito.
Luego de esta acción, los abogados de Aspiazu, presentaron una
querella penal contra los ministros de Gobierno y Defensa
Nacional e incluyeron a la Directora del SRI. Ellos argumentaron
que la detención se realizó ilegalmente. Casi un mes después, el
martes pasado, Romero Parducci, calificó la demanda y dictó el
respectivo autocabeza de proceso, sindicando a las mencionadas
autoridades.
Sin embargo, en ese día, no se conoció públicamente esta
providencia sino un día después y en una rueda de prensa de la
directora del SRI, Elsa de Mena. Allí dio a conocer dicho auto
y explicó su posición frente a ese pronunciamiento.
Elsa de Mena dijo que recibió con gran sorpresa la comunicación
del Presidente de la CSJ, en la que se la sindicó por la denuncia
que ella presentó meses atrás sobre el Banco del Progreso,
respecto a que dicha institución financiera no transfirió los
dineros correspondientes al 1 por ciento al SRI, suma que
asciende a los nueve millones de dólares.
La funcionaria señaló que dichos dineros corresponden a los
tributos de todos los contribuyentes que operan en el sistema
nacional. "El impuesto del 1 por ciento es el dinero que el
pueblo ecuatoriano da al Estado, para facilitar las gestión
social que debe realizar el Gobierno con los impuestos".
También le llama la atención el hecho que el Presidente de la
Corte Suprema sindique a un funcionario público, por haber
cumplido con su deber al presentar esta denuncia, la misma que
no solo la realizó por el cargo que tiene, sino porque la ley la
obliga a realizar este tipo de acciones legales.
"Me temo, dijo, que otras autoridades del sector público, al
notar esta actitud, por parte de la justicia, se sientan
intimidados y no cumplan con sus obligaciones de defender los
derechos de la sociedad ecuatoriana. Esto podría provocar que la
justicia se vea afectada con una mancha de indignidad".
Ramiro Aguilar, abogado de la Directora del SRI, señaló que una
vez que Aspiazu presentó la denuncia, se enviaron todas las
justificaciones legales que demostraban que la Directora del SRI
había actuado apegada a la ley, en cumplimiento de sus
obligaciones. Esperan, además, que Romero se excuse de tramitar
el juicio, ya que, anteriormente, se pronunció sobre este proceso
y en caso de no hacerlo, analizarán la posibilidad de iniciarle
un juicio por prevaricato.
Ayer, el ministro Alvarez ratificó que la detención de Aspiazu
fue legal y que lo que se trata de hacer es evadir
responsabilidades frente al perjuicio que se realizó a miles de
ecuatorianos. "Me someto, dijo, a la justicia, por lo que
organizaré mi defensa para demostrar que actué cumpliendo con la
ley".
En el Ministerio de Defensa se dijo que, hoy, José Gallardo se
pronunciará sobre esta providencia. Pero se conoció que el
secretario de Estado está tranquilo ante lo resuelto por Romero
Parducci.
Fuentes de la Corte Suprema señalaron a este Diario que una vez
que varios magistrados de la CSJ conocieron sobre esta
providencia se reunieron para analizar las consecuencias que
tendría esta decisión: una de ellas, el efecto en la imagen de
la Función Judicial.
Por otra parte, una nueva demanda se presentará hoy contra
Fernando Aspiazu Seminario en Guayaquil. En esta ocasión, el
acusador es el gerente general de la Agencia de Garantías de
Depósitos (AGD), Bruno Leone.
El abogado de Leone, Eduardo Guerrero, señaló que los delitos de
los que acusan a Aspiazu, como presidente ejecutivo del Banco,
y a Winston Izurieta, auditor interno, Juan Orellana, contador
general y Eduardo Cedeño, representante legal del Banco del
Progreso Ltd. se relacionan con acciones realizadas por esta
entidad financiera.
Una es la violación al art. 131 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, los arts. 257 y 339 del
Código Penal. La demanda se trata sobre los créditos vinculados
que entregó el Banco del Progreso a varias empresas fantasmas o
empresas pertenecientes a Fernando Aspiazu.
Según Guerrero, la demanda se basó en varios informes de las
auditoras internacionales que serán entregados en la Corte de
Guayaquil. Además solicitó una orden de prisión contra los cuatro
encausados en esta nueva demanda.
Guerrero, también entregó, ayer en la tarde, una denuncia a la
fiscal de la Nación, Mariana Yépez, ya que en varios medios de
comunicación de Guayaquil se señaló que los bienes pertenecientes
a las empresas vinculadas con Aspiazu estarían desapareciendo.
Por esta razón, el gerente de la AGD, Bruno Leone, a través de
su abogado, solicitó a Yépez que investigue dichas denuncias para
evitar un perjuicio contra la AGD, en su empeño de pagar a los
clientes del Banco. La denuncia entregada a Yépez también señala
que el juicio que se lleva en Guayaquil contra Aspiazu, por la
supuesta violación a la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero tendría varias irregularidades que deben ser
investigadas por la Fiscalía.
Por su parte, la fiscal Mariana Yépez señaló que investigará la
denuncia de Guerrero y que, de existir presunciones, ordenará a
los fiscales distritales que inicien las acciones pertinentes.
El juicio del 1% no va a Guayaquil
Redacción Guayaquil
En medio de la lluvia de demandas y contrademandas penales y
civiles entre entidades del Gobierno y Fernando Aspiazu por el
caso del Banco del Progreso, apareció un elemento laboral.
Los 290 trabajadores de la televisora Sí TV, de propiedad de
Aspiazu, presentaron ayer en la Inspectoría del Trabajo del
Guayas una demanda en la que exigen el pago puntual de sueldos
y una estabilidad laboral por cinco años. El problema es que la
compañía está en jaque por un posible embargo ante una demanda
planteada, anteayer, en un juzgado de lo Civil del Guayas por la
actual administración de Banco del Progreso por una deuda de unos
6 millones de dólares.
El juicio, que lo lleva el juez primero de lo Civil, Ricardo
Rivadeneira, ya tiene una providencia inicial. En ella se
calificó la demanda y se planteó el plazo de tres días para que
Sí TV pague las deudas que mantiene con el Banco del Progreso.
Ribadeneira ordenó también la entrega de los bienes (antenas,
cámaras, vehículos, motos y menaje de escritorios) prendados e
hipotecados) en anticresis. Serán administrados por un
depositario que los arrendará para cancelar la deuda.
Estas acciones no afectan a la señal de televisión. "La empresa
puede seguir operando , ellos verán cómo siguen funcionando",
expresó Xavier Zavala, quien representa como abogado a la
administración del Banco para esta causa.
Mientras tanto, en Guayaquil, ayer Aspiazu también vio frustrada
su pretención de que el juicio que tiene en el Juzgado Décimo de
lo Penal de Quito pase a Guayaquil. El juez fiscal Hanníbal Vela
ordenó el archivo de la demanda.
En la víspera, la directora del Servicio de Rentas Internas
(SRI), Elsa de Mena, argumentó ante el juez Vela que no cancelar
el impuesto a la circulación de capitales (ICC) del 1% está
tipificado, en el Código Penal, como delito común pesquisable de
oficio y no como delito tributario, como lo argumentaba el
sindicado.
Agregó que la jurisdicción del juicio está en Quito: "la
recaudación del ICC, dijo, es en la matriz del Banco Central.
Mientras tanto, el juicio de amparo constitucional que solicitó
Aspiazu tampoco camina. El juez tercero de lo Penal, Reynaldo
Cevallos, labora hasta este viernes, en el Juzgado Vigésimo
analizando los juicios de los presos sin sentencia.
En tanto, en el juicio que se sigue en el Juzgado Séptimo de lo
Penal del Guayas, la Superintendencia de Bancos pidió a la jueza
Angelita Albán que ordene la prisión de Winston Izurieta Delgado,
auditor interno del Banco del Progreso (BP), del contador Juan
Orellana Torres y del gerente general del Banco del Progreso
Limited, Eduardo Cedeño Cedeño.
La petición la hizo Vicente Taiano, abogado del superintendente
de Bancos Jorge Guzmán. La razón: la renuencia de los sindicados
a presentarse a declarar.
Ayer terminó, en este caso, el plazo para las diligencias de la
etapa sumarial que podría extenderse diez días. En esta etapa
solo declaró José Olives, auditor de la Superintendencia de
Bancos. (Texto tomado de El Comercio)
Progreso: Héctor Romero Parducci, presidente de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), dictó una providencia en la que sindicó, sin
orden de prisión, al ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez; al
ministro de Defensa, José Gallardo; y, a la directora del
Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena.
El pasado 12 de julio, Fernando Aspiazu Seminario, presidente del
Banco del Progreso, fue detenido en Guayaquil, mientras declaraba
en el Juzgado Tercero de lo Penal del Guayas, dentro de un pedido
de amparo constitucional. De inmediato fue trasladado y recluido
en el Centro de Rehabilitación Social de Varones número 4, al
norte de Quito.
Luego de esta acción, los abogados de Aspiazu, presentaron una
querella penal contra los ministros de Gobierno y Defensa
Nacional e incluyeron a la Directora del SRI. Ellos argumentaron
que la detención se realizó ilegalmente. Casi un mes después, el
martes pasado, Romero Parducci, calificó la demanda y dictó el
respectivo autocabeza de proceso, sindicando a las mencionadas
autoridades.
Sin embargo, en ese día, no se conoció públicamente esta
providencia sino un día después y en una rueda de prensa de la
directora del SRI, Elsa de Mena. Allí dio a conocer dicho auto
y explicó su posición frente a ese pronunciamiento.
Elsa de Mena dijo que recibió con gran sorpresa la comunicación
del Presidente de la CSJ, en la que se la sindicó por la denuncia
que ella presentó meses atrás sobre el Banco del Progreso,
respecto a que dicha institución financiera no transfirió los
dineros correspondientes al 1 por ciento al SRI, suma que
asciende a los nueve millones de dólares.
La funcionaria señaló que dichos dineros corresponden a los
tributos de todos los contribuyentes que operan en el sistema
nacional. "El impuesto del 1 por ciento es el dinero que el
pueblo ecuatoriano da al Estado, para facilitar las gestión
social que debe realizar el Gobierno con los impuestos".
También le llama la atención el hecho que el Presidente de la
Corte Suprema sindique a un funcionario público, por haber
cumplido con su deber al presentar esta denuncia, la misma que
no solo la realizó por el cargo que tiene, sino porque la ley la
obliga a realizar este tipo de acciones legales.
"Me temo, dijo, que otras autoridades del sector público, al
notar esta actitud, por parte de la justicia, se sientan
intimidados y no cumplan con sus obligaciones de defender los
derechos de la sociedad ecuatoriana. Esto podría provocar que la
justicia se vea afectada con una mancha de indignidad".
Ramiro Aguilar, abogado de la Directora del SRI, señaló que una
vez que Aspiazu presentó la denuncia, se enviaron todas las
justificaciones legales que demostraban que la Directora del SRI
había actuado apegada a la ley, en cumplimiento de sus
obligaciones. Esperan, además, que Romero se excuse de tramitar
el juicio, ya que, anteriormente, se pronunció sobre este proceso
y en caso de no hacerlo, analizarán la posibilidad de iniciarle
un juicio por prevaricato.
Ayer, el ministro Alvarez ratificó que la detención de Aspiazu
fue legal y que lo que se trata de hacer es evadir
responsabilidades frente al perjuicio que se realizó a miles de
ecuatorianos. "Me someto, dijo, a la justicia, por lo que
organizaré mi defensa para demostrar que actué cumpliendo con la
ley".
En el Ministerio de Defensa se dijo que, hoy, José Gallardo se
pronunciará sobre esta providencia. Pero se conoció que el
secretario de Estado está tranquilo ante lo resuelto por Romero
Parducci.
Fuentes de la Corte Suprema señalaron a este Diario que una vez
que varios magistrados de la CSJ conocieron sobre esta
providencia se reunieron para analizar las consecuencias que
tendría esta decisión: una de ellas, el efecto en la imagen de
la Función Judicial.
Por otra parte, una nueva demanda se presentará hoy contra
Fernando Aspiazu Seminario en Guayaquil. En esta ocasión, el
acusador es el gerente general de la Agencia de Garantías de
Depósitos (AGD), Bruno Leone.
El abogado de Leone, Eduardo Guerrero, señaló que los delitos de
los que acusan a Aspiazu, como presidente ejecutivo del Banco,
y a Winston Izurieta, auditor interno, Juan Orellana, contador
general y Eduardo Cedeño, representante legal del Banco del
Progreso Ltd. se relacionan con acciones realizadas por esta
entidad financiera.
Una es la violación al art. 131 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, los arts. 257 y 339 del
Código Penal. La demanda se trata sobre los créditos vinculados
que entregó el Banco del Progreso a varias empresas fantasmas o
empresas pertenecientes a Fernando Aspiazu.
Según Guerrero, la demanda se basó en varios informes de las
auditoras internacionales que serán entregados en la Corte de
Guayaquil. Además solicitó una orden de prisión contra los cuatro
encausados en esta nueva demanda.
Guerrero, también entregó, ayer en la tarde, una denuncia a la
fiscal de la Nación, Mariana Yépez, ya que en varios medios de
comunicación de Guayaquil se señaló que los bienes pertenecientes
a las empresas vinculadas con Aspiazu estarían desapareciendo.
Por esta razón, el gerente de la AGD, Bruno Leone, a través de
su abogado, solicitó a Yépez que investigue dichas denuncias para
evitar un perjuicio contra la AGD, en su empeño de pagar a los
clientes del Banco. La denuncia entregada a Yépez también señala
que el juicio que se lleva en Guayaquil contra Aspiazu, por la
supuesta violación a la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero tendría varias irregularidades que deben ser
investigadas por la Fiscalía.
Por su parte, la fiscal Mariana Yépez señaló que investigará la
denuncia de Guerrero y que, de existir presunciones, ordenará a
los fiscales distritales que inicien las acciones pertinentes.
El juicio del 1% no va a Guayaquil
Redacción Guayaquil
En medio de la lluvia de demandas y contrademandas penales y
civiles entre entidades del Gobierno y Fernando Aspiazu por el
caso del Banco del Progreso, apareció un elemento laboral.
Los 290 trabajadores de la televisora Sí TV, de propiedad de
Aspiazu, presentaron ayer en la Inspectoría del Trabajo del
Guayas una demanda en la que exigen el pago puntual de sueldos
y una estabilidad laboral por cinco años. El problema es que la
compañía está en jaque por un posible embargo ante una demanda
planteada, anteayer, en un juzgado de lo Civil del Guayas por la
actual administración de Banco del Progreso por una deuda de unos
6 millones de dólares.
El juicio, que lo lleva el juez primero de lo Civil, Ricardo
Rivadeneira, ya tiene una providencia inicial. En ella se
calificó la demanda y se planteó el plazo de tres días para que
Sí TV pague las deudas que mantiene con el Banco del Progreso.
Ribadeneira ordenó también la entrega de los bienes (antenas,
cámaras, vehículos, motos y menaje de escritorios) prendados e
hipotecados) en anticresis. Serán administrados por un
depositario que los arrendará para cancelar la deuda.
Estas acciones no afectan a la señal de televisión. "La empresa
puede seguir operando , ellos verán cómo siguen funcionando",
expresó Xavier Zavala, quien representa como abogado a la
administración del Banco para esta causa.
Mientras tanto, en Guayaquil, ayer Aspiazu también vio frustrada
su pretención de que el juicio que tiene en el Juzgado Décimo de
lo Penal de Quito pase a Guayaquil. El juez fiscal Hanníbal Vela
ordenó el archivo de la demanda.
En la víspera, la directora del Servicio de Rentas Internas
(SRI), Elsa de Mena, argumentó ante el juez Vela que no cancelar
el impuesto a la circulación de capitales (ICC) del 1% está
tipificado, en el Código Penal, como delito común pesquisable de
oficio y no como delito tributario, como lo argumentaba el
sindicado.
Agregó que la jurisdicción del juicio está en Quito: "la
recaudación del ICC, dijo, es en la matriz del Banco Central.
Mientras tanto, el juicio de amparo constitucional que solicitó
Aspiazu tampoco camina. El juez tercero de lo Penal, Reynaldo
Cevallos, labora hasta este viernes, en el Juzgado Vigésimo
analizando los juicios de los presos sin sentencia.
En tanto, en el juicio que se sigue en el Juzgado Séptimo de lo
Penal del Guayas, la Superintendencia de Bancos pidió a la jueza
Angelita Albán que ordene la prisión de Winston Izurieta Delgado,
auditor interno del Banco del Progreso (BP), del contador Juan
Orellana Torres y del gerente general del Banco del Progreso
Limited, Eduardo Cedeño Cedeño.
La petición la hizo Vicente Taiano, abogado del superintendente
de Bancos Jorge Guzmán. La razón: la renuencia de los sindicados
a presentarse a declarar.
Ayer terminó, en este caso, el plazo para las diligencias de la
etapa sumarial que podría extenderse diez días. En esta etapa
solo declaró José Olives, auditor de la Superintendencia de
Bancos. (Texto tomado de El Comercio)
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