Quito. 10 may 99. El Ejecutivo iniciará la fase de contactos
para viabilizar su proyecto modernizador. Los diputados
esperan hoy los nombres para el Directorio del Banco Central.
El movimiento político en el Congreso Nacional tendrá dos
sentidos: los juicios políticos y las negociaciones que
emprenda el Gobierno para favorecer su proyecto modernizador.
Hoy, el presidente Mahuad realizará un balance de sus
gestiones en su gira por Estados Unidos y Chile. Y se espera
el anuncio de un plan de prioridades, entre las que consten
las conversaciones para un acuerdo sobre el proyecto de
modernización (Ley-Marco) y la designación de los nuevos
miembros del Directorio del Banco Central.
Las previsiones del Congreso aparentemente favorecerían estos
acercamientos.
La agenda legislativa se centró en la fiscalización. Mañana se
retomará el juicio político al ministro de Obras Públicas,
Raúl Samaniego; y, a renglón seguido, el miércoles, comenzará
la interpelación al superintendente de Bancos, Jorge Egas
Peña. Sin embargo, esta nueva etapa de fiscalización se da en
momentos que aún sigue levantando polémica la resolución del
cesado Tribunal Constitucional que corta las atribuciones
fiscalizadoras del Congreso.
El presidente del Parlamento, Juan José Pons, dijo que si el
objetivo de la conocida resolución era eliminar la función
fiscalizadora del Congreso, "era un disparate, y si esa fue la
interpretación, también era un disparate, porque el Congreso
no puede perder su facultad constitucional de control
político, y la base de ello es el juicio político".
Según Pons, suficiente se ha cedido ya al aceptar que el
Congreso Nacional no pueda destituir a los ministros de
Estado.
Un informe ampliatorio de la resolución del TC está en manos
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyos miembros
deberán emitir un criterio al respecto, para que, a su vez, el
Legislativo considere si es necesario emitir una Ley
interpretativa de la resolución, como lo había solicitado el
diputado José Cordero (DP).
Sin embargo, para el presidente de la Comisión de
Fiscalización, Juan Manuel Fuertes (DP), el asunto es mucho
más complejo tomando en cuenta que se avecinan varios juicios
políticos.
El inciso 4 del numeral 9 del Art. 130 de la actual
Constitución establece: "la censura producirá la inmediata
destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros
de Estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir
al Presidente". Mientras que la resolución del TC incluye un
texto contradictorio de la anterior Constitución para el
segundo caso: la censura "producirá como efecto su destitución
e inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo
período...".
Como si fuera poco, el inciso del numeral 9 del Art. 130 de la
actual Constitución, derogado por la resolución del TC,
establecía como sujetos de juicio político a los
superintendentes, entre otros funcionarios, mientras que el
inciso vigente -el del literal g) del Art. 82 de la anterior
Constitución- únicamente señala a los superintendentes de
Bancos y Compañías como sujetos de juicio político. En ese
sentido, no existe la figura de juicio político al
Superintendente de Telecomunicaciones, y por ello no
procedería un proceso de esa naturaleza en su contra,
planteado por Fernando Rosero (PRE).
El juicio político a la ministra de Finanzas, Ana Lucía
Armijos, aún tendrá que esperar. Si bien la acusación del PRE
y la notificación a la Ministra ya están en manos de la
Comisión de Fiscalización, Fuertes dijo que la Secretaría del
Congreso debe extender una certificación. El proceso de
enjuiciamiento político al defensor del Pueblo, Milton Alava,
por parte del diputado Dalton Bacigalupo (ID) también observa
un retraso.
La ID por censurar a Egas
Carlos González (ID), interpelante del Superintendente de
Bancos (Jorge Egas) dijo haber demostrado ante la Comisión de
Fiscalización las continuas violaciones al Art. 222 de la
Constitución e incumplimientos a las normas del sistema
financiero por parte del Superintendente de Bancos. "El
informe de las auditoras contratadas para calificar a los
bancos reflejará lo que la Superintendencia de Bancos ya sabe
y no se atreve a decirle al país".
Según González, el feriado bancario y el congelamiento de
depósitos fueron medidas adoptadas para salvar al Banco del
Progreso; además, el legislador de la ID dijo que probará la
vinculación de Egas con esa entidad bancaria. También,
González afirmó que para la censura de Egas cuenta con el
apoyo de su bloque,Pachakutik, PCE, MPD y Nuevo País, así como
con 14 diputados de la DP y algunos del PRE. Víctor Hugo
Sicouret (PRE) aseguró que esperan las pruebas pues -a su
juicio- la crisis financiera no es nueva.
Ramiro Rivera (DP) dijo que su bancada esperará a que se
inicie el enjuiciamiento político para, en virtud de las
pruebas, tomar una decisión. No obstante, Rivera afirmó que
para varios legisladores de su partido Egas Peña incurrió en
infracciones legales, al no implementar el control sobre la
banca. Nina Pacari Vega (Pachakutik) declaró que apoyan la
censura.
Pacifictel es investigada...
La Comisión de Fiscalización insistió por cuarta vez en
convocar al presidente de Pacifictel, Daniel Adum, para que
aclare varias denuncias, por supuesta malversación de fondos.
El organismo ha estructurado una subcomisión. Según Mario
Touma, vicepresidente, hay indicios que Adum alquiló un
edificio de propiedad del Banco de Guayaquil por 14 000
dólares mensuales para uso de directivos de Pacifictel, además
de amortizar, sin beneficio económico, 28 000 dólares por
concepto de garantía. La comisión investiga la pérdida de más
de 100 mil millones de sucres por parte de Pacifictel en 1998,
por pago del minuto redondeado y no por tiempo real, a
compañías de telefonía celular.
El diputado Julio Noboa (ID) presentó denuncias en tres
aspectos: en inversiones de dineros de Pacifictel, en
contratos de asesores con sueldos exorbitantes y en la
negociación del contrato colectivo con los trabajadores de esa
empresa.
Según Noboa, en enero de este año, Adum hizo inversiones por
40 000 millones de sucres en el Banco del Progreso, a una tasa
superior a la permitida por la Ley (en aquella fecha era del
43 por ciento, pero la inversión se hizo al 53 por ciento)
para garantizar la devolución en caso de una quiebra bancaria.
Noboa destacó que si bien de Pacifictel salieron 230 personas
con sueldos de entre un millón y medio y tres millones de
sucres, Adum contrató, entre septiembre de 1998 y enero de
1999, 116 personas; entre ellas 11 asesores que ganan 25
millones y otros 13 asesores de los asesores que perciben
entre 15 y 20 millones. Noboa hizo notar el empleo -en enero
de este año- del abogado Martín Alberto Insúa Chang, a quien
se pagó 60 000 dólares, para que brinde asesoría externa en el
área laboral y en la negociación jurídica del contrato
colectivo con los empleados de la empresa. La negociación duró
18 días. (Texto tomado de El Comercio)
para viabilizar su proyecto modernizador. Los diputados
esperan hoy los nombres para el Directorio del Banco Central.
El movimiento político en el Congreso Nacional tendrá dos
sentidos: los juicios políticos y las negociaciones que
emprenda el Gobierno para favorecer su proyecto modernizador.
Hoy, el presidente Mahuad realizará un balance de sus
gestiones en su gira por Estados Unidos y Chile. Y se espera
el anuncio de un plan de prioridades, entre las que consten
las conversaciones para un acuerdo sobre el proyecto de
modernización (Ley-Marco) y la designación de los nuevos
miembros del Directorio del Banco Central.
Las previsiones del Congreso aparentemente favorecerían estos
acercamientos.
La agenda legislativa se centró en la fiscalización. Mañana se
retomará el juicio político al ministro de Obras Públicas,
Raúl Samaniego; y, a renglón seguido, el miércoles, comenzará
la interpelación al superintendente de Bancos, Jorge Egas
Peña. Sin embargo, esta nueva etapa de fiscalización se da en
momentos que aún sigue levantando polémica la resolución del
cesado Tribunal Constitucional que corta las atribuciones
fiscalizadoras del Congreso.
El presidente del Parlamento, Juan José Pons, dijo que si el
objetivo de la conocida resolución era eliminar la función
fiscalizadora del Congreso, "era un disparate, y si esa fue la
interpretación, también era un disparate, porque el Congreso
no puede perder su facultad constitucional de control
político, y la base de ello es el juicio político".
Según Pons, suficiente se ha cedido ya al aceptar que el
Congreso Nacional no pueda destituir a los ministros de
Estado.
Un informe ampliatorio de la resolución del TC está en manos
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyos miembros
deberán emitir un criterio al respecto, para que, a su vez, el
Legislativo considere si es necesario emitir una Ley
interpretativa de la resolución, como lo había solicitado el
diputado José Cordero (DP).
Sin embargo, para el presidente de la Comisión de
Fiscalización, Juan Manuel Fuertes (DP), el asunto es mucho
más complejo tomando en cuenta que se avecinan varios juicios
políticos.
El inciso 4 del numeral 9 del Art. 130 de la actual
Constitución establece: "la censura producirá la inmediata
destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros
de Estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir
al Presidente". Mientras que la resolución del TC incluye un
texto contradictorio de la anterior Constitución para el
segundo caso: la censura "producirá como efecto su destitución
e inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo
período...".
Como si fuera poco, el inciso del numeral 9 del Art. 130 de la
actual Constitución, derogado por la resolución del TC,
establecía como sujetos de juicio político a los
superintendentes, entre otros funcionarios, mientras que el
inciso vigente -el del literal g) del Art. 82 de la anterior
Constitución- únicamente señala a los superintendentes de
Bancos y Compañías como sujetos de juicio político. En ese
sentido, no existe la figura de juicio político al
Superintendente de Telecomunicaciones, y por ello no
procedería un proceso de esa naturaleza en su contra,
planteado por Fernando Rosero (PRE).
El juicio político a la ministra de Finanzas, Ana Lucía
Armijos, aún tendrá que esperar. Si bien la acusación del PRE
y la notificación a la Ministra ya están en manos de la
Comisión de Fiscalización, Fuertes dijo que la Secretaría del
Congreso debe extender una certificación. El proceso de
enjuiciamiento político al defensor del Pueblo, Milton Alava,
por parte del diputado Dalton Bacigalupo (ID) también observa
un retraso.
La ID por censurar a Egas
Carlos González (ID), interpelante del Superintendente de
Bancos (Jorge Egas) dijo haber demostrado ante la Comisión de
Fiscalización las continuas violaciones al Art. 222 de la
Constitución e incumplimientos a las normas del sistema
financiero por parte del Superintendente de Bancos. "El
informe de las auditoras contratadas para calificar a los
bancos reflejará lo que la Superintendencia de Bancos ya sabe
y no se atreve a decirle al país".
Según González, el feriado bancario y el congelamiento de
depósitos fueron medidas adoptadas para salvar al Banco del
Progreso; además, el legislador de la ID dijo que probará la
vinculación de Egas con esa entidad bancaria. También,
González afirmó que para la censura de Egas cuenta con el
apoyo de su bloque,Pachakutik, PCE, MPD y Nuevo País, así como
con 14 diputados de la DP y algunos del PRE. Víctor Hugo
Sicouret (PRE) aseguró que esperan las pruebas pues -a su
juicio- la crisis financiera no es nueva.
Ramiro Rivera (DP) dijo que su bancada esperará a que se
inicie el enjuiciamiento político para, en virtud de las
pruebas, tomar una decisión. No obstante, Rivera afirmó que
para varios legisladores de su partido Egas Peña incurrió en
infracciones legales, al no implementar el control sobre la
banca. Nina Pacari Vega (Pachakutik) declaró que apoyan la
censura.
Pacifictel es investigada...
La Comisión de Fiscalización insistió por cuarta vez en
convocar al presidente de Pacifictel, Daniel Adum, para que
aclare varias denuncias, por supuesta malversación de fondos.
El organismo ha estructurado una subcomisión. Según Mario
Touma, vicepresidente, hay indicios que Adum alquiló un
edificio de propiedad del Banco de Guayaquil por 14 000
dólares mensuales para uso de directivos de Pacifictel, además
de amortizar, sin beneficio económico, 28 000 dólares por
concepto de garantía. La comisión investiga la pérdida de más
de 100 mil millones de sucres por parte de Pacifictel en 1998,
por pago del minuto redondeado y no por tiempo real, a
compañías de telefonía celular.
El diputado Julio Noboa (ID) presentó denuncias en tres
aspectos: en inversiones de dineros de Pacifictel, en
contratos de asesores con sueldos exorbitantes y en la
negociación del contrato colectivo con los trabajadores de esa
empresa.
Según Noboa, en enero de este año, Adum hizo inversiones por
40 000 millones de sucres en el Banco del Progreso, a una tasa
superior a la permitida por la Ley (en aquella fecha era del
43 por ciento, pero la inversión se hizo al 53 por ciento)
para garantizar la devolución en caso de una quiebra bancaria.
Noboa destacó que si bien de Pacifictel salieron 230 personas
con sueldos de entre un millón y medio y tres millones de
sucres, Adum contrató, entre septiembre de 1998 y enero de
1999, 116 personas; entre ellas 11 asesores que ganan 25
millones y otros 13 asesores de los asesores que perciben
entre 15 y 20 millones. Noboa hizo notar el empleo -en enero
de este año- del abogado Martín Alberto Insúa Chang, a quien
se pagó 60 000 dólares, para que brinde asesoría externa en el
área laboral y en la negociación jurídica del contrato
colectivo con los empleados de la empresa. La negociación duró
18 días. (Texto tomado de El Comercio)
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