Quito. 17 dic 2001. Uno de los elementos de análisis que componen la
crisis militar, desarrollada a partir de las denuncias del capitán de
Navío Rogelio Viteri, de presunta corrupción en la contratación de
seguros para los aviones de las FFAA, es la forzosa promoción de la
cúpula de la Armada.
Detrás del almirante Miguel Saona, jefe del Comando Conjunto, y del
almirante Fernando Donoso, comandante General de la Armada, existe una
escuadra de altos oficiales que, por ley, deben pasar a ocupar las
mayores jefaturas de la rama. Ellos son los vicealmirantes Edgar Guerra,
Bulmaro Rodríguez y Jorge Endara, que están a punto de completar su
tiempo reglamentario de tres años en sus funciones. Y hay una fecha a
punto de cumplirse: 20 de diciembre, en que debe producirse un cambio, a
menos que Saona y Donoso continúen en sus puestos, con lo que los otros
tres mencionados abandonarán el servicio activo. Si ello sucede, el
vicealmirante Jorge Villacís pasará a ocupar el cargo de jefe de Estado
Mayor de la Armada; hay seis contralmirantes en el camino de ascenso,
además.
Descrito, así, en frío, el asunto no tiene misterio. Pero los hombres de
armas también son de pasiones, humanos al fin. Y se podría fraguar, si ya
no se fraguó, un descontento institucional, incluso cuando Saona y Donoso
no tienen que separarse de su actividad, necesariamente: la ley prevé un
lapso de dos años en esas altas responsabilidades, que para los dos casos
se cumplirán en mayo de 2002.
Ahora bien, esta situación interna llevó a Miguel Saona a presumir,
públicamente, que detrás de las graves denuncias de Viteri existía una
confabulación, cuyo propósito sería evitar que Guerra llegase a la
Comandancia General de las Marina. Si es así, uno o más de los nombres
aquí mencionados deberían ser el o los cerebros detrás de la actuación
del agregado naval en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Pero
Saona no ha podido o no ha querido probar la existencia de la supuesta
conspiración, con lo que, como se ha afirmado anteriormente en este
espacio de análisis, lo dicho por el jefe del Comando Conjunto no parece
más que una maniobra retórica destinada a desacreditar al acusador.
No debe sorprender que en una institución como la Armada existan
rivalidades y conflictos relacionados con las promociones a los más altos
estamentos. Es normal, como lo es en otros espacios de la vida civil o
militar. Pero no es moneda corriente que ello se dilucide en medio de
acusaciones gravísimas que, en todo caso, no solo desacreditan a tal o
cual vicealmirante, sino a toda la institución castrense, a las FFAA en
su conjunto. Lo mejor que puede suceder, a partir de este instante, es
que el presidente de la República y la jerarquía militar resuelvan el
asunto con criterios políticos, pero ajustándose a las normas
institucionales y legales establecidas.
No obstante, todo ello debe manejarse en un andarivel distinto del
escándalo provocado por las denuncias del presunto negociado. Este Diario
ha venido insistiendo que las FFAA faciliten el proceso de investigación
con la entrega de toda la información necesaria y pertinente, para que en
el menor tiempo los hechos entren en un proceso de evaluación y
juzgamiento en el ámbito de la justicia civil.
Lo mejor será que las denuncias sean desvirtuadas, y que el honor de las
FFAA continúe incólume. Eso es lo que espera la opinión pública. Pero si
se encuentran evidencias de faltas y delitos, las sanciones también irán
a reparar las lesiones provocadas a la institución por los propios
uniformados. Claro, no somos ciegos, para los hombres de armas esto
implicará transitar por un proceso de otra naturaleza, difícil, pero
necesario.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
crisis militar, desarrollada a partir de las denuncias del capitán de
Navío Rogelio Viteri, de presunta corrupción en la contratación de
seguros para los aviones de las FFAA, es la forzosa promoción de la
cúpula de la Armada.
Detrás del almirante Miguel Saona, jefe del Comando Conjunto, y del
almirante Fernando Donoso, comandante General de la Armada, existe una
escuadra de altos oficiales que, por ley, deben pasar a ocupar las
mayores jefaturas de la rama. Ellos son los vicealmirantes Edgar Guerra,
Bulmaro Rodríguez y Jorge Endara, que están a punto de completar su
tiempo reglamentario de tres años en sus funciones. Y hay una fecha a
punto de cumplirse: 20 de diciembre, en que debe producirse un cambio, a
menos que Saona y Donoso continúen en sus puestos, con lo que los otros
tres mencionados abandonarán el servicio activo. Si ello sucede, el
vicealmirante Jorge Villacís pasará a ocupar el cargo de jefe de Estado
Mayor de la Armada; hay seis contralmirantes en el camino de ascenso,
además.
Descrito, así, en frío, el asunto no tiene misterio. Pero los hombres de
armas también son de pasiones, humanos al fin. Y se podría fraguar, si ya
no se fraguó, un descontento institucional, incluso cuando Saona y Donoso
no tienen que separarse de su actividad, necesariamente: la ley prevé un
lapso de dos años en esas altas responsabilidades, que para los dos casos
se cumplirán en mayo de 2002.
Ahora bien, esta situación interna llevó a Miguel Saona a presumir,
públicamente, que detrás de las graves denuncias de Viteri existía una
confabulación, cuyo propósito sería evitar que Guerra llegase a la
Comandancia General de las Marina. Si es así, uno o más de los nombres
aquí mencionados deberían ser el o los cerebros detrás de la actuación
del agregado naval en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Pero
Saona no ha podido o no ha querido probar la existencia de la supuesta
conspiración, con lo que, como se ha afirmado anteriormente en este
espacio de análisis, lo dicho por el jefe del Comando Conjunto no parece
más que una maniobra retórica destinada a desacreditar al acusador.
No debe sorprender que en una institución como la Armada existan
rivalidades y conflictos relacionados con las promociones a los más altos
estamentos. Es normal, como lo es en otros espacios de la vida civil o
militar. Pero no es moneda corriente que ello se dilucide en medio de
acusaciones gravísimas que, en todo caso, no solo desacreditan a tal o
cual vicealmirante, sino a toda la institución castrense, a las FFAA en
su conjunto. Lo mejor que puede suceder, a partir de este instante, es
que el presidente de la República y la jerarquía militar resuelvan el
asunto con criterios políticos, pero ajustándose a las normas
institucionales y legales establecidas.
No obstante, todo ello debe manejarse en un andarivel distinto del
escándalo provocado por las denuncias del presunto negociado. Este Diario
ha venido insistiendo que las FFAA faciliten el proceso de investigación
con la entrega de toda la información necesaria y pertinente, para que en
el menor tiempo los hechos entren en un proceso de evaluación y
juzgamiento en el ámbito de la justicia civil.
Lo mejor será que las denuncias sean desvirtuadas, y que el honor de las
FFAA continúe incólume. Eso es lo que espera la opinión pública. Pero si
se encuentran evidencias de faltas y delitos, las sanciones también irán
a reparar las lesiones provocadas a la institución por los propios
uniformados. Claro, no somos ciegos, para los hombres de armas esto
implicará transitar por un proceso de otra naturaleza, difícil, pero
necesario.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
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