Quito. 16 abr 97. Mientras llega al Congreso extra el informe
de la Comisión de Fiscalización, se incrementa el número de
acusados en el parlamento. Al menos 17 legisladores tendrán
que dejar sus funciones y enfrentar juicios penales, debido a
que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano, solicitó el levantamiento de la inmunidad
parlamentaria por haber encontrado "indicios de
responsabilidad" en el beneficio de cheques girados por Luis
Peñaranda. Por su parte el Congreso extra se abrió anoche con
el debate en torno al procedimiento que adoptará.
Los legisladores que el juez Solórzano cita en su providencia
son: Santiago Bucaram (PRE), Pichincha; Eduardo Véliz (ex
DP), Galápagos; Marcelo Saltos (PCE), Tungurahua; Mario Meza
(ex ID), Morona; Farid Yapur (PRE), Guayas; Carlos Vidal (ex
DP), Sucumbíos; Andrés Romo (PRE) y Homero Fuertes (PCE),
Carchi; Milton Fabara (ex-PSC) Tungurahua; Michael Saud
(PRE), Imbabura ; Rafael Cuesta (ex PSC), Guayas; Eduardo
Gavilánez (PRE), Chimborazo; Franfkin Vásquez (PRE), Los Ríos;
Marco Proaño Salgado (PRE), Esmeraldas; Ermel Campana (ex
DP), Bolívar; y, Héctor García.
En la providencia, Solórzano precisa que en mérito de los
datos procesales y principalmente del informe de Investigación
Policial practicado por la oficina de Investigación del Delito
de Pichincha y de los listados de cheques girados en la cuenta
del sindicado, Luis Peñaranda, aparecen hasta el momento
indicios de responsabilidad en contra de los legisladores
citados.
Es así que Solórzano pide al presidente del Congreso, Heinz
Moeller, que levante la inmunidad parlamentaria de los 16
legisladores y autorice el enjuiciamiento penal. A los 16
legisladores hay que sumar el nombre de Carlos Medina, citado
en una segunda providencia. El fiscal, Francisco Cucalón,
pidió también el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Solórzano es juez de esta causa debido a que el juez juez
Octavo de lo Penal de Pichincha se excusó de conocer el caso
porque los legisladores gozan de fuero de Corte.
Cabe recordar que la resolución de Solórzano se basa en el
informe que presentó el juez Octavo, luego de que se realizó
un allanamiento a una de las oficinas que tenía Luis
Peñaranda, donde se obtuvo el disco duro de la computadora,
con información comprometedora.
Reciben nuevas pruebas
El informe de la Comisión de Fiscalización se presentará hoy
al pleno del Congreso. No se lo pudo entregar ayer, como
estaba previsto, debido a que el citado organismo recibió
pruebas adicionales y necesitaba más datos que serán
definitivos para descalificar a más de una docena de
legisladores.
Ayer hubo mucho movimiento en el Parlamento, varios
legisladores acudieron con pruebas ante la Comisión de
Fiscalización, que recibió también un informe de la
Contraloría; además solicitó que se levante el sigilo bancario
de los cheques de la cuenta de Peñaranda, para poder anexarlos
a las pruebas que presentará, pedido que todavía no tiene una
respuesta de la Superintendencia de Bancos.
La providencia de la Corte Suprema es importante para la
decisión que tome hoy el pleno del Congreso; sin embargo, no
se descarta que salten otros nombres, debido a que la Comisión
de Fiscalización tiene sus propias pruebas en otros casos,
como Fundaciones en el que están involucrados los diputados
José Avilés, Héctor Villamil y Germán Pozo.
Los caciques arman resistencia
Mientras unos se van del Congreso y otros reciben el rechazo
de sus provincias, hay quienes movilizan partidarios para
evitar su descalificación.
Es lo que ocurre en la Amazonía con uno de los acusados de
corrupción: José Avilés.
Antiguo dirigente de organizaciones indígenas, Avilés ha
movilizado a los miembros del denominado "Frente de defensa
por la dignidad de Napo" que cerraron en horas de la madrugada
de ayer la vía Coca-Quito.
Un grupo de exaltados cerraron la carretera a la altura del
kilómetro 24, lo que impidió el tránsito desde las 02h00.
La misma organización difundió boletines de prensa en Tena, la
capital del Napo, en los que demandan la unidad de los
agricultores y comunidades de la zona en "apoyo físico y
moral" al legislador Avilés.
El Frente de Defensa asegura proteger el espacio político que
le corresponde a la provincia de Napo.
Algunos levantan la tienda
Algunos legisladores se dan ya por descalificados, y comienzan
a vaciar sus oficinas. La interrogante es si es que acaso no
se sumarán a la hilera de autoexiliados que miran sus juicios
desde Miami o Panamá, pues la Corte Suprema, al parecer,
entablará querellas penales contra ellos.
Carlos Vidal, Eduardo Veliz, Marcelo Saltos, no aparecieron
por el Congreso. Y se confirmó que Marcelo Saltos sacó varios
objetos personale, aunque al final de la tarde se presentó a
la sesión.s. En su oficina se guarda total hermetismo. Andrés
Romo, que pareecía también "desaparecido", asomó en los
corredores del Parlamento por la tarde. La escolta legislativa
no proporcionó detalles, simplemente se informó que se
registra la salida de objetos de propiedad del Congreso, no
personales. Hoy tratará el Congreso las descalificaciones. Los
legisladores cuestionados no podrán votar, esto en virtud de
que el Art. 78 del Reglamento Interno del Congreso señala que
"ningún legislador podrá votar en asuntos de interés personal,
sin perjuicio de intervenir en las discusiones". (DIARIO HOY)
(P. 3-A)
de la Comisión de Fiscalización, se incrementa el número de
acusados en el parlamento. Al menos 17 legisladores tendrán
que dejar sus funciones y enfrentar juicios penales, debido a
que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano, solicitó el levantamiento de la inmunidad
parlamentaria por haber encontrado "indicios de
responsabilidad" en el beneficio de cheques girados por Luis
Peñaranda. Por su parte el Congreso extra se abrió anoche con
el debate en torno al procedimiento que adoptará.
Los legisladores que el juez Solórzano cita en su providencia
son: Santiago Bucaram (PRE), Pichincha; Eduardo Véliz (ex
DP), Galápagos; Marcelo Saltos (PCE), Tungurahua; Mario Meza
(ex ID), Morona; Farid Yapur (PRE), Guayas; Carlos Vidal (ex
DP), Sucumbíos; Andrés Romo (PRE) y Homero Fuertes (PCE),
Carchi; Milton Fabara (ex-PSC) Tungurahua; Michael Saud
(PRE), Imbabura ; Rafael Cuesta (ex PSC), Guayas; Eduardo
Gavilánez (PRE), Chimborazo; Franfkin Vásquez (PRE), Los Ríos;
Marco Proaño Salgado (PRE), Esmeraldas; Ermel Campana (ex
DP), Bolívar; y, Héctor García.
En la providencia, Solórzano precisa que en mérito de los
datos procesales y principalmente del informe de Investigación
Policial practicado por la oficina de Investigación del Delito
de Pichincha y de los listados de cheques girados en la cuenta
del sindicado, Luis Peñaranda, aparecen hasta el momento
indicios de responsabilidad en contra de los legisladores
citados.
Es así que Solórzano pide al presidente del Congreso, Heinz
Moeller, que levante la inmunidad parlamentaria de los 16
legisladores y autorice el enjuiciamiento penal. A los 16
legisladores hay que sumar el nombre de Carlos Medina, citado
en una segunda providencia. El fiscal, Francisco Cucalón,
pidió también el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Solórzano es juez de esta causa debido a que el juez juez
Octavo de lo Penal de Pichincha se excusó de conocer el caso
porque los legisladores gozan de fuero de Corte.
Cabe recordar que la resolución de Solórzano se basa en el
informe que presentó el juez Octavo, luego de que se realizó
un allanamiento a una de las oficinas que tenía Luis
Peñaranda, donde se obtuvo el disco duro de la computadora,
con información comprometedora.
Reciben nuevas pruebas
El informe de la Comisión de Fiscalización se presentará hoy
al pleno del Congreso. No se lo pudo entregar ayer, como
estaba previsto, debido a que el citado organismo recibió
pruebas adicionales y necesitaba más datos que serán
definitivos para descalificar a más de una docena de
legisladores.
Ayer hubo mucho movimiento en el Parlamento, varios
legisladores acudieron con pruebas ante la Comisión de
Fiscalización, que recibió también un informe de la
Contraloría; además solicitó que se levante el sigilo bancario
de los cheques de la cuenta de Peñaranda, para poder anexarlos
a las pruebas que presentará, pedido que todavía no tiene una
respuesta de la Superintendencia de Bancos.
La providencia de la Corte Suprema es importante para la
decisión que tome hoy el pleno del Congreso; sin embargo, no
se descarta que salten otros nombres, debido a que la Comisión
de Fiscalización tiene sus propias pruebas en otros casos,
como Fundaciones en el que están involucrados los diputados
José Avilés, Héctor Villamil y Germán Pozo.
Los caciques arman resistencia
Mientras unos se van del Congreso y otros reciben el rechazo
de sus provincias, hay quienes movilizan partidarios para
evitar su descalificación.
Es lo que ocurre en la Amazonía con uno de los acusados de
corrupción: José Avilés.
Antiguo dirigente de organizaciones indígenas, Avilés ha
movilizado a los miembros del denominado "Frente de defensa
por la dignidad de Napo" que cerraron en horas de la madrugada
de ayer la vía Coca-Quito.
Un grupo de exaltados cerraron la carretera a la altura del
kilómetro 24, lo que impidió el tránsito desde las 02h00.
La misma organización difundió boletines de prensa en Tena, la
capital del Napo, en los que demandan la unidad de los
agricultores y comunidades de la zona en "apoyo físico y
moral" al legislador Avilés.
El Frente de Defensa asegura proteger el espacio político que
le corresponde a la provincia de Napo.
Algunos levantan la tienda
Algunos legisladores se dan ya por descalificados, y comienzan
a vaciar sus oficinas. La interrogante es si es que acaso no
se sumarán a la hilera de autoexiliados que miran sus juicios
desde Miami o Panamá, pues la Corte Suprema, al parecer,
entablará querellas penales contra ellos.
Carlos Vidal, Eduardo Veliz, Marcelo Saltos, no aparecieron
por el Congreso. Y se confirmó que Marcelo Saltos sacó varios
objetos personale, aunque al final de la tarde se presentó a
la sesión.s. En su oficina se guarda total hermetismo. Andrés
Romo, que pareecía también "desaparecido", asomó en los
corredores del Parlamento por la tarde. La escolta legislativa
no proporcionó detalles, simplemente se informó que se
registra la salida de objetos de propiedad del Congreso, no
personales. Hoy tratará el Congreso las descalificaciones. Los
legisladores cuestionados no podrán votar, esto en virtud de
que el Art. 78 del Reglamento Interno del Congreso señala que
"ningún legislador podrá votar en asuntos de interés personal,
sin perjuicio de intervenir en las discusiones". (DIARIO HOY)
(P. 3-A)
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