Un informe de Contraloría supone complicidad entre administradores temporales de los bancos y los abogados contratados por la institución para cobrar a los morosos de la banca cerrada. Juicios archivados, paralizados, documentos perdidos, levantamientos de medidas cautelares en cinco bancos investigados.
A $120 687 731,94 asciende la cifra establecida en un informe preliminar de la Contraloría, con resultados provisionales de un examen especial a 632 operaciones administrativas y financieras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), sobre el proceso coactivo para recuperar créditos concedidos por los bancos del Azuay, Crédito, Finagro, Financorp y Progreso.
De ese total, están paralizados jucios por una cuantía global de $ 15 millones, otros fueron archivados, no hay constancia de reestructuraciones de deudas ni liquidaciones y quedaron sin efecto medidas cautelares para los deudores.
El informe registra pérdidas de piezas procesales, hay documentos sin rubricar, juicios sin foliar, no hay constancia de remates, en algunas causas ni siquiera constan firmas de responsabilidad de abogados, jueces, autoridades de la AGD ni administradores temporales de los indicados bancos.
La mayoría de juicios empezaron en 2001, varios registran providencias dictadas un año después y algunos tienen providencias de los primeros meses de este año.
De esto queda claro que hasta la actualidad la AGD no ha podido recuperar los fondos adeudados, por los incidentes procesales que han dilatado la marcha de los juicios.
El documento del organismo de control, enviado el pasado 14 de mayo a la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, presenta 11 observaciones. Señala que documentos como letras de cambio, pagarés, garantías hipotecarias y prendarias se encuentran agregados a los procesos en copias simples, sin la certificación del secretario del Juzgado de Coactivas, lo que pone en duda su autenticidad.
Indica que los documentos que forman parte de los juicios coactivos no se encuentran incorporados de forma secuencial, cronológica, foliados ni autenticados. Lo mismo sucede con las citaciones con los respectivos autos de pago. Señala también que en varios procesos no están agregadas las constancias de recepción ni copias certificadas.
En la mayoría de casos no constan los oficios de los administradores temporales ni de los procuradores judiciales de los bancos en saneamiento, mediante los cuales solicitaban archivar los procesos y levantar medidas cautelares, indicando que el coactivado había cancelado sus obligaciones.
"En ninguno de los expedientes se adjuntan las liquidaciones que demuestren que se ha cancelado la totalidad de capital, intereses, mora, Solca, honorarios y costas procesales. Tampoco el medio de pago (efectivo, certificado de depósitos debidamente garantizados por la AGD), indica el informe.
La Contraloría tampoco encontró registros de los montos de pago, plazos y las garantías reales que debieron presentarse; no obstante, los jueces levantaron medidas cautelares y ordenaron el archivo de los procesos, "omitiendo dictar la resolución motivada sobre la causa de terminación".
Como en varios procesos no se logró establecer que los coactivados fueron propietarios de algún bien o mantuvieran dinero en alguna cuenta bancaria, los jueces no dictaron disposiciones para que estos remitan a los administradores temporales de los bancos, copias de las principales piezas procesales, con lo cual tampoco pidieron la declaración de insolvencia de estos deudores ni hubo acciones judiciales por esto.
En algunos juicios se revocaron las prohibiciones de enajenar vehículos, con base en pedidos de terceros que presentaban cartas de venta debidamente notarizadas, "sin que conste que se haya perfeccionado la transferencia de dominio con la debida inscripción", indica el informe.
De los bancos investigados, se desprende que el Progreso y Finagro otorgaron más créditos por encima de los $ 500 mil. Los demás no superan esas cantidades entregadas a un solo deudor. (AA)
"¿Por qué no impidieron el robo durante cinco años?"
El abogado de coactivas de la AGD, Bolívar González, responsabiliza a 200 abogados contratados por la institución para impulsar los juicios y a los jueces que manejaron las causas, muchos de los cuales permitieron cambiar la figura de coactivas a civiles, lo que da paso a la prescripción en cinco años.
El funcionario también acusa a los ex directivos de la institución, ex administradores temporales de los bancos, ex superintendentes de Bancos, Compañías, Contraloría, Fiscalía y Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
"¿Dónde estuvieron estos cinco años y por qué no hicieron nada para impedir el robo de $ 7 000 millones?", equivalentes a las deudas de una veintena de instituciones financieras que pasaron a manos de la AGD.
González acusa a los abogados de haber cobrado elevados honorarios, que incluyeron daciones de pago como terrenos en zonas de alta plusvalía en Guayaquil (Samborondón, La Puntilla), de haber permitido que los coactivados interpongan recursos judiciales que a la larga entorpecieron los procesos.
Indica que durante estos años únicamente se recuperaron $ 147 millones, pero se gastaron $ 162 millones en sueldos y honorarios.
A manera de ejemplo, entrega a BLANCO Y NEGRO un listado de 17 abogados, que manejaron 2 239 juicios, por un monto global de $ 616 483 129,81, de lo cual recuperaron únicamente 0,28%.
Ellos son Roberto Robayo, Fernando Agurto, Carlos Ayala, Miguel Barco, Leonardo Borja, Patricio Gómez, Jorge Jaramillo, Giselle López, Julio Roca, Alvaro Rodríguez, Emilio Servigón, Jorge Tutivén, Miguel Ulloa, Eloy Núñez, Milton Zapata, Johnny Sancán y Mauricio Freire.
Según la Contraloría, Rodríguez tramitó 315 procesos por un monto de $ 21 600 000, pero no tuvo contacto con los administradores temporales, levantó medidas cautelares sin justificación y faltaron reportes de liquidación.
Barco tramitó 215 causas, por más de $ 25 millones. La Contraloría lo cuestiona por no entregar juicios para revisión, los procesos de reestructuración fueron fallidos y aceptó la justificación de suspender los juicios.
Agurto tuvo a su cargo 223 casos, por un monto superior a $ 10 millones, presentó documentos sin certificar, liquidación de cartera sin firmas de responsabilidad y procesos paralizados sin fundamento.
Estas son pequeñas muestras de cómo actuaron los abogados contratados por la AGD, según el examen especial de la Contraloría. (AA)
Contraloría aún no determina responsables
El examen de la Contraloría no establece responsabilidades contra jueces, abogados y otros probables implicados en la falta de diligencia para cobrar la cartera de los bancos.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Carlos González, manifestó que en varias oportunidades ha solicitado al contralor encargado, Genaro Peña, el referido informe, pero le ha contestado que no puede hacerlo porque este tiene el carácter de reservado.
Según el diputado, la demora obedece a las negociaciones legislativas para la nominación de la terna desde la cual el presidente de la República elegirá al nuevo contralor.
Sostiene que varios sectores legislativos tienen interés de que el próximo funcionario no fiscalice la actuación de los ex directivos de la institución.
Un documento de la Contraloría revela que dos informes sobre la actuación de la AGD, del período 1998-2001 estuvieron represados en el despacho del anterior contralor, Alfredo Corral.
Estos forman parte de otros 500 casos que no fueron despachados a tiempo. (AA)
Un entramado de responsabilidades
EX GERENTES DE LA AGD
Auditoría internacional
James McPherson
Tras la creación de la AGD, mediante una ley aprobada por el Congreso, fue nombrado gerente de la entidad, el 1º de diciembre de 1998 y estuvo en el cargo hasta junio de 1999. Mc Pherson participó en la convocatoria a auditorías internacionales para calificar la situación de los bancos cerrados.
Cronograma
Bruno Leone
Designado el 21 de junio de 1999, desempeñó el cargo hasta el 29 de diciembre de ese mismo año. Le correspondió recibir los resultados de las auditorías y diseñó el primer cronograma de descongelamiento de los depósitos. Desfiló junto a Fernando Aspiazu en la "marcha de los crespones negros".
Venta de activos
Walter Valarezo
Estuvo dos meses en la Gerencia de la AGD (ingresó el 29 de diciembre de 2002 y salió en marzo de 2003). Antes de asumir esa función fue asesor de Bruno Leone, cuando este elaboró un plan para la venta de activos, con el propósito de pagar a los clientes de la banca cerrada.
Honorarios se pagaban de acuerdo al ritmo de los juicios
Ex gerente de Coactivas defiende actuación de abogados de la Agencia
De los 17 abogados que dejaron de trabajar para la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), 13 laboraron en esa institución desde que se creó el Departamento de Coactivas, es decir desde 2001, mientras que el resto se integró en 2002 y 2003.
En un inicio Guayaquil contaba con 16 abogados y Quito con tres, pero hoy todos son cuestionados por la falta de diligencia, supuesto exceso en el cobro de honorarios y poca agilidad con que se siguió los procesos de coactiva.
El ex gerente del Departamento de Coactivas, Francisco García explica que para un abogado resulta muy complicado cobrar un cheque por honorarios a una entidad pública, de ahí que no entiende por qué se los acusa de cobrar montos excesivos por los servicios prestados a la Agencia.
"Para cobrar un cheque teníamos que haber cumplido con algunos pasos procesales", sostiene al señalar que previo a la designación del porcentaje de los honorarios que recibirían por un juicio, los abogados debían haber encontrado al deudor, procesarlo, realizar un embargo, levantar el avalúo del bien y entonces plantear un porcentaje del honorario.
Asimismo, luego de contar con la orden del juez de Coactivas, los abogados deben adjuntar todos los documentos de comprobación de los pasos cumplidos en el proceso para que estos pasen a contraloría interna de la AGD, donde se verificaba para luego cancelar los honorarios.
"No es cuestión de que el juez ordene el pago y se gire el cheque, tienen que seguirse una serie de pasos, donde interviene la AGD", puntualizó.
Según el ex funcionario, los casos resueltos o archivados sumaban 796 hasta marzo de 2003.
Indicó que muchos de estos respondían a juicios que terminaron su proceso ya sea por cancelación total o restructuración y también por valores recuperados por remate.
Por ello, desde su punto de vista quedan por recuperar $ 41 millones y están pendientes de resolución 1 606 casos nuevos por una cuantía de $ 554 736 000.
De esta forma, considera que Wilma Salgado tiene que rectificar no solo las cifras sino el procedimiento que se debe seguir.
"¿O es que estamos en un régimen de facto, en el que cada quien hace lo que le da la gana?", señaló García, al sostener que el respaldo a la funcionaria únicamente proviene de sectores políticos. (NMCH)
"Retención de juicios es delito penal": Taiano
Para el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Taiano (Partido Renovador Institucional Acción Nacional), el ocultamiento de la información y la retención de juicios por parte de los encargados de cobrar a los deudores constituye un delito penal.
"Es inconcebible el comportamiento de personas que en lugar de ayudar a que el país recupere las deudas, con algunos intereses habrían estado paralizando estos procesos".
La investigación del organismo se extenderá a los jueces y estudios jurídicos, pues cada quien debe responder por sus actos.
Según el diputado, deben imponerse las sanciones penales correspondientes, pues se trata de delitos que no prescriben.
La Comisión ha solicitado a la Contraloría las auditorías realizadas a los seis ex gerentes de la AGD, luego de lo cual pedirán que comparezcan al Congreso los involucrados.
Taiano dijo que "hay severos problemas con la Contraloría", debido a que sus directivos no entregan los informes solicitados por los diputados, entre los que están los de la AGD. (AA)
EX TITULARES DE LA AGD
Bonos para el Pacífico
Luis Villacís
Se vio forzado a dejar la Gerencia y salir del país por una supuesta vinculación con la entrega de bonos para capitalizar el Banco del Pacífico.
El caso ha sido reactualizado por el diputado León Febres Cordero.
Villacís asumió el 22 de marzo de 2000 y salió de la AGD en junio de 2001.
Se incauta de bienes
Patricio Dávila
El actual diputado del Partido Social Cristiano (PSC), por el Guayas, gerenció la AGD entre el 26 de junio del 2001 y agosto del 2002.
Durante su administración se incautaron bienes de los ex accionistas de los bancos Azuay, Bancomex y Progreso, pero no logró subastarlos.
Venta de activos
Oswaldo Tamariz
Estuvo al frente de la AGD desde el 26 de agosto de 2002 hasta febrero de 2003, cuando fue reemplazado por Wilma Salgado. Continuó con la subasta de inmuebles y venta directa de activos. Tomó posesión del diario El Telégrafo, una de las empresas vinculadas al banco del Progreso, lo que causó polémica.
ANALISIS
Un complot contra los intereses del país y de los pequeños depositantes de la banca
Este informe, sustentado en un extenso documento de la Contraloría del Estado, revela la colusión de intereses de poderosos deudores, abogados venales y autoridades "vinculadas", para perjudicar al Estado, luego del desplome bancario de 1999.
Ratifica que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) fue parte de un tinglado organizado por los responsables del crac financiero, quienes manejaron los bancos y los créditos con una mala intención insospechada.
Luego de eso, ya lo conocemos, se pasaron las cuentas al sector público, y tres gobiernos hicieron poco o nada para cobrar a los banqueros corruptos, a sus asociados y a sus testaferros. Ha sido el mayor robo de fondos públicosregistrado en la historia nacional.
Por si fuera poco, los informes de los organismos de control se han "represado" para favorecer esos intereses grupales y, a la fecha, son parte de la negociación en las curules legislativas para la elección del nuevo contralor, que se espera desde el 15 de enero de 2003. En todo esto, han sido cómplices los abogados, muchos de los cuales habrán hecho fortunas. El gran perjudicado, el país, así como la ciudadanía y la opinión pública, que no puede admitir la desfachatez de los responsables y la manipulación de la verdad e, incluso, de los sentimientos: un retrato de la corrupción nacional. (DCM) (BLANCO Y NEGRO)
A $120 687 731,94 asciende la cifra establecida en un informe preliminar de la Contraloría, con resultados provisionales de un examen especial a 632 operaciones administrativas y financieras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), sobre el proceso coactivo para recuperar créditos concedidos por los bancos del Azuay, Crédito, Finagro, Financorp y Progreso.
De ese total, están paralizados jucios por una cuantía global de $ 15 millones, otros fueron archivados, no hay constancia de reestructuraciones de deudas ni liquidaciones y quedaron sin efecto medidas cautelares para los deudores.
El informe registra pérdidas de piezas procesales, hay documentos sin rubricar, juicios sin foliar, no hay constancia de remates, en algunas causas ni siquiera constan firmas de responsabilidad de abogados, jueces, autoridades de la AGD ni administradores temporales de los indicados bancos.
La mayoría de juicios empezaron en 2001, varios registran providencias dictadas un año después y algunos tienen providencias de los primeros meses de este año.
De esto queda claro que hasta la actualidad la AGD no ha podido recuperar los fondos adeudados, por los incidentes procesales que han dilatado la marcha de los juicios.
El documento del organismo de control, enviado el pasado 14 de mayo a la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, presenta 11 observaciones. Señala que documentos como letras de cambio, pagarés, garantías hipotecarias y prendarias se encuentran agregados a los procesos en copias simples, sin la certificación del secretario del Juzgado de Coactivas, lo que pone en duda su autenticidad.
Indica que los documentos que forman parte de los juicios coactivos no se encuentran incorporados de forma secuencial, cronológica, foliados ni autenticados. Lo mismo sucede con las citaciones con los respectivos autos de pago. Señala también que en varios procesos no están agregadas las constancias de recepción ni copias certificadas.
En la mayoría de casos no constan los oficios de los administradores temporales ni de los procuradores judiciales de los bancos en saneamiento, mediante los cuales solicitaban archivar los procesos y levantar medidas cautelares, indicando que el coactivado había cancelado sus obligaciones.
"En ninguno de los expedientes se adjuntan las liquidaciones que demuestren que se ha cancelado la totalidad de capital, intereses, mora, Solca, honorarios y costas procesales. Tampoco el medio de pago (efectivo, certificado de depósitos debidamente garantizados por la AGD), indica el informe.
La Contraloría tampoco encontró registros de los montos de pago, plazos y las garantías reales que debieron presentarse; no obstante, los jueces levantaron medidas cautelares y ordenaron el archivo de los procesos, "omitiendo dictar la resolución motivada sobre la causa de terminación".
Como en varios procesos no se logró establecer que los coactivados fueron propietarios de algún bien o mantuvieran dinero en alguna cuenta bancaria, los jueces no dictaron disposiciones para que estos remitan a los administradores temporales de los bancos, copias de las principales piezas procesales, con lo cual tampoco pidieron la declaración de insolvencia de estos deudores ni hubo acciones judiciales por esto.
En algunos juicios se revocaron las prohibiciones de enajenar vehículos, con base en pedidos de terceros que presentaban cartas de venta debidamente notarizadas, "sin que conste que se haya perfeccionado la transferencia de dominio con la debida inscripción", indica el informe.
De los bancos investigados, se desprende que el Progreso y Finagro otorgaron más créditos por encima de los $ 500 mil. Los demás no superan esas cantidades entregadas a un solo deudor. (AA)
"¿Por qué no impidieron el robo durante cinco años?"
El abogado de coactivas de la AGD, Bolívar González, responsabiliza a 200 abogados contratados por la institución para impulsar los juicios y a los jueces que manejaron las causas, muchos de los cuales permitieron cambiar la figura de coactivas a civiles, lo que da paso a la prescripción en cinco años.
El funcionario también acusa a los ex directivos de la institución, ex administradores temporales de los bancos, ex superintendentes de Bancos, Compañías, Contraloría, Fiscalía y Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
"¿Dónde estuvieron estos cinco años y por qué no hicieron nada para impedir el robo de $ 7 000 millones?", equivalentes a las deudas de una veintena de instituciones financieras que pasaron a manos de la AGD.
González acusa a los abogados de haber cobrado elevados honorarios, que incluyeron daciones de pago como terrenos en zonas de alta plusvalía en Guayaquil (Samborondón, La Puntilla), de haber permitido que los coactivados interpongan recursos judiciales que a la larga entorpecieron los procesos.
Indica que durante estos años únicamente se recuperaron $ 147 millones, pero se gastaron $ 162 millones en sueldos y honorarios.
A manera de ejemplo, entrega a BLANCO Y NEGRO un listado de 17 abogados, que manejaron 2 239 juicios, por un monto global de $ 616 483 129,81, de lo cual recuperaron únicamente 0,28%.
Ellos son Roberto Robayo, Fernando Agurto, Carlos Ayala, Miguel Barco, Leonardo Borja, Patricio Gómez, Jorge Jaramillo, Giselle López, Julio Roca, Alvaro Rodríguez, Emilio Servigón, Jorge Tutivén, Miguel Ulloa, Eloy Núñez, Milton Zapata, Johnny Sancán y Mauricio Freire.
Según la Contraloría, Rodríguez tramitó 315 procesos por un monto de $ 21 600 000, pero no tuvo contacto con los administradores temporales, levantó medidas cautelares sin justificación y faltaron reportes de liquidación.
Barco tramitó 215 causas, por más de $ 25 millones. La Contraloría lo cuestiona por no entregar juicios para revisión, los procesos de reestructuración fueron fallidos y aceptó la justificación de suspender los juicios.
Agurto tuvo a su cargo 223 casos, por un monto superior a $ 10 millones, presentó documentos sin certificar, liquidación de cartera sin firmas de responsabilidad y procesos paralizados sin fundamento.
Estas son pequeñas muestras de cómo actuaron los abogados contratados por la AGD, según el examen especial de la Contraloría. (AA)
Contraloría aún no determina responsables
El examen de la Contraloría no establece responsabilidades contra jueces, abogados y otros probables implicados en la falta de diligencia para cobrar la cartera de los bancos.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Carlos González, manifestó que en varias oportunidades ha solicitado al contralor encargado, Genaro Peña, el referido informe, pero le ha contestado que no puede hacerlo porque este tiene el carácter de reservado.
Según el diputado, la demora obedece a las negociaciones legislativas para la nominación de la terna desde la cual el presidente de la República elegirá al nuevo contralor.
Sostiene que varios sectores legislativos tienen interés de que el próximo funcionario no fiscalice la actuación de los ex directivos de la institución.
Un documento de la Contraloría revela que dos informes sobre la actuación de la AGD, del período 1998-2001 estuvieron represados en el despacho del anterior contralor, Alfredo Corral.
Estos forman parte de otros 500 casos que no fueron despachados a tiempo. (AA)
Un entramado de responsabilidades
EX GERENTES DE LA AGD
Auditoría internacional
James McPherson
Tras la creación de la AGD, mediante una ley aprobada por el Congreso, fue nombrado gerente de la entidad, el 1º de diciembre de 1998 y estuvo en el cargo hasta junio de 1999. Mc Pherson participó en la convocatoria a auditorías internacionales para calificar la situación de los bancos cerrados.
Cronograma
Bruno Leone
Designado el 21 de junio de 1999, desempeñó el cargo hasta el 29 de diciembre de ese mismo año. Le correspondió recibir los resultados de las auditorías y diseñó el primer cronograma de descongelamiento de los depósitos. Desfiló junto a Fernando Aspiazu en la "marcha de los crespones negros".
Venta de activos
Walter Valarezo
Estuvo dos meses en la Gerencia de la AGD (ingresó el 29 de diciembre de 2002 y salió en marzo de 2003). Antes de asumir esa función fue asesor de Bruno Leone, cuando este elaboró un plan para la venta de activos, con el propósito de pagar a los clientes de la banca cerrada.
Honorarios se pagaban de acuerdo al ritmo de los juicios
Ex gerente de Coactivas defiende actuación de abogados de la Agencia
De los 17 abogados que dejaron de trabajar para la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), 13 laboraron en esa institución desde que se creó el Departamento de Coactivas, es decir desde 2001, mientras que el resto se integró en 2002 y 2003.
En un inicio Guayaquil contaba con 16 abogados y Quito con tres, pero hoy todos son cuestionados por la falta de diligencia, supuesto exceso en el cobro de honorarios y poca agilidad con que se siguió los procesos de coactiva.
El ex gerente del Departamento de Coactivas, Francisco García explica que para un abogado resulta muy complicado cobrar un cheque por honorarios a una entidad pública, de ahí que no entiende por qué se los acusa de cobrar montos excesivos por los servicios prestados a la Agencia.
"Para cobrar un cheque teníamos que haber cumplido con algunos pasos procesales", sostiene al señalar que previo a la designación del porcentaje de los honorarios que recibirían por un juicio, los abogados debían haber encontrado al deudor, procesarlo, realizar un embargo, levantar el avalúo del bien y entonces plantear un porcentaje del honorario.
Asimismo, luego de contar con la orden del juez de Coactivas, los abogados deben adjuntar todos los documentos de comprobación de los pasos cumplidos en el proceso para que estos pasen a contraloría interna de la AGD, donde se verificaba para luego cancelar los honorarios.
"No es cuestión de que el juez ordene el pago y se gire el cheque, tienen que seguirse una serie de pasos, donde interviene la AGD", puntualizó.
Según el ex funcionario, los casos resueltos o archivados sumaban 796 hasta marzo de 2003.
Indicó que muchos de estos respondían a juicios que terminaron su proceso ya sea por cancelación total o restructuración y también por valores recuperados por remate.
Por ello, desde su punto de vista quedan por recuperar $ 41 millones y están pendientes de resolución 1 606 casos nuevos por una cuantía de $ 554 736 000.
De esta forma, considera que Wilma Salgado tiene que rectificar no solo las cifras sino el procedimiento que se debe seguir.
"¿O es que estamos en un régimen de facto, en el que cada quien hace lo que le da la gana?", señaló García, al sostener que el respaldo a la funcionaria únicamente proviene de sectores políticos. (NMCH)
"Retención de juicios es delito penal": Taiano
Para el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Taiano (Partido Renovador Institucional Acción Nacional), el ocultamiento de la información y la retención de juicios por parte de los encargados de cobrar a los deudores constituye un delito penal.
"Es inconcebible el comportamiento de personas que en lugar de ayudar a que el país recupere las deudas, con algunos intereses habrían estado paralizando estos procesos".
La investigación del organismo se extenderá a los jueces y estudios jurídicos, pues cada quien debe responder por sus actos.
Según el diputado, deben imponerse las sanciones penales correspondientes, pues se trata de delitos que no prescriben.
La Comisión ha solicitado a la Contraloría las auditorías realizadas a los seis ex gerentes de la AGD, luego de lo cual pedirán que comparezcan al Congreso los involucrados.
Taiano dijo que "hay severos problemas con la Contraloría", debido a que sus directivos no entregan los informes solicitados por los diputados, entre los que están los de la AGD. (AA)
EX TITULARES DE LA AGD
Bonos para el Pacífico
Luis Villacís
Se vio forzado a dejar la Gerencia y salir del país por una supuesta vinculación con la entrega de bonos para capitalizar el Banco del Pacífico.
El caso ha sido reactualizado por el diputado León Febres Cordero.
Villacís asumió el 22 de marzo de 2000 y salió de la AGD en junio de 2001.
Se incauta de bienes
Patricio Dávila
El actual diputado del Partido Social Cristiano (PSC), por el Guayas, gerenció la AGD entre el 26 de junio del 2001 y agosto del 2002.
Durante su administración se incautaron bienes de los ex accionistas de los bancos Azuay, Bancomex y Progreso, pero no logró subastarlos.
Venta de activos
Oswaldo Tamariz
Estuvo al frente de la AGD desde el 26 de agosto de 2002 hasta febrero de 2003, cuando fue reemplazado por Wilma Salgado. Continuó con la subasta de inmuebles y venta directa de activos. Tomó posesión del diario El Telégrafo, una de las empresas vinculadas al banco del Progreso, lo que causó polémica.
ANALISIS
Un complot contra los intereses del país y de los pequeños depositantes de la banca
Este informe, sustentado en un extenso documento de la Contraloría del Estado, revela la colusión de intereses de poderosos deudores, abogados venales y autoridades "vinculadas", para perjudicar al Estado, luego del desplome bancario de 1999.
Ratifica que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) fue parte de un tinglado organizado por los responsables del crac financiero, quienes manejaron los bancos y los créditos con una mala intención insospechada.
Luego de eso, ya lo conocemos, se pasaron las cuentas al sector público, y tres gobiernos hicieron poco o nada para cobrar a los banqueros corruptos, a sus asociados y a sus testaferros. Ha sido el mayor robo de fondos públicosregistrado en la historia nacional.
Por si fuera poco, los informes de los organismos de control se han "represado" para favorecer esos intereses grupales y, a la fecha, son parte de la negociación en las curules legislativas para la elección del nuevo contralor, que se espera desde el 15 de enero de 2003. En todo esto, han sido cómplices los abogados, muchos de los cuales habrán hecho fortunas. El gran perjudicado, el país, así como la ciudadanía y la opinión pública, que no puede admitir la desfachatez de los responsables y la manipulación de la verdad e, incluso, de los sentimientos: un retrato de la corrupción nacional. (DCM) (BLANCO Y NEGRO)
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