Quito. 22 nov 2001. A los industriales de Guayas, el nuevo esquema no les
genera confianza. Para los empresarios de otras provincias hay opciones
de lograr acuerdos.
El nuevo plan para reestructurar las deudas superiores a 50 000 dólares
ha sido acordado con los organismos multilaterales, a decir, del
subsecretario general de Economía, Julio Ponce. Aseguró que ayer en la
noche se enviaba el proyecto a la Presidencia.
Pero antes de que se lo apruebe ya existen discrepancias en torno al que
será el documento final.
Por ejemplo, Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de
Guayaquil, cree que no hay suficientes elementos para tratar las deudas
por casos.
Ve a la fórmula idéntica a las anteriores donde también se da plazo de 10
años y dos de gracia y solo se incluyó el tratamiento individual. Se
calcula que existen más de 3 200 solicitudes bajo el plan anterior, que
acumulan deudas de 2 200 millones de dólares.
No obstante, admite que "si el caso por caso es ágil y va a dar un plazo
a cada grupo negociador, las cosas pueden cambiar".
Según Alarcón, nadie busca que se condone o se den ventajas a los
deudores. Por eso recomendó dar plazos. "Los que no puedan pagar deberán
cerrar sus puertas. Solo es cuestión de que las autoridades tomen la
decisión".
A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Fernando
Navarro, dijo que solo se pronunciará una vez que salga el decreto.
"Tenemos un pacto de caballeros con el señor Julio Ponce para que el
Ministerio de Economía nos dé a conocer el documento. Sin embargo, no lo
ha cumplido, estoy parado junto
al fax y no me ha llegado nada".
Navarro fue, precisamente, uno de los impulsores para que se incluya en
el programa, las negociaciones individuales, por considerar que no se
puede dar igual trato a todos los deudores.
En Cuenca, los empresarios refuerzan esta tesis y consideran positivo el
plan. Para Rafael Simon, ex presidente de los industriales, es
indispensable que la reprogramación no sea indiscriminada y que se
contrate con tasas de interés no subsidiadas.
"Se debe identificar los sectores que fueron afectados por problemas que
no atañen directamente a su negocio". Por ejemplo, industria como la del
camarón que fue afectada por la mancha blanca debe ser apoyada, siempre
que se tenga la certeza que estos negocio sea viable.
En la región hay empresas que manejaban sus presupuestos con niveles
racionales de tipo de cambio y que debieron afrontar la macro
devaluación, cuando entró la dolarización, por lo cual fue imposible que
afronten sus obligaciones en las mismas condiciones. "Lo fundamental es
el sostenimiento de puestos de trabajo, pero esto no significa conceder
un premio a empresas que fueron mal administradas. Para estas se deberán
aplicar mecanismos legales como la coactiva".
Los empresarios de El Oro también están de acuerdo con la
individualización de la reestructuración de pasivos "porque cada empresa
tiene características diferentes y la reestructuración de debe concebirse
así".
Pero se propone incluir a los deudores desde 10 000 dólares. "Con esto,
unas 100 empresas en la provincia entrarían", sostuvo Leiner Paredes,
presidente de la Cámara de Industrias de El Oro, gremio de unos 200
afiliados.
Paredes habló de empresas relacionadas, en su mayor parte, al sector
camaronero y bananero.
Las primeras, afirmó, han sufrido los embates de la mancha blanca y el
fenómeno de El Niño, mientras que las segundas la plaga de la ´sigatoka
negra´ y los bajos precios. Los empresarios de El Oro, aseveró, "estamos
de acuerdo con la propuesta del gremio de Pichincha".
Para el presidente de Cámaras de Comercio de Manabí, Mariano Zambrano,
"no hay como hilar muy fino, estoy de acuerdo con la reestructuración más
no con la condonación.
Hay que primero realizar una investigación sobre los pasivos de cada
deudor y, de esa manera, saber si las empresas tienen real capacidad de
pago. La garantía debe ser real a la hora de definir el tratamiento de
política para cada deudor". (Texto tomado de El Comercio)
genera confianza. Para los empresarios de otras provincias hay opciones
de lograr acuerdos.
El nuevo plan para reestructurar las deudas superiores a 50 000 dólares
ha sido acordado con los organismos multilaterales, a decir, del
subsecretario general de Economía, Julio Ponce. Aseguró que ayer en la
noche se enviaba el proyecto a la Presidencia.
Pero antes de que se lo apruebe ya existen discrepancias en torno al que
será el documento final.
Por ejemplo, Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de
Guayaquil, cree que no hay suficientes elementos para tratar las deudas
por casos.
Ve a la fórmula idéntica a las anteriores donde también se da plazo de 10
años y dos de gracia y solo se incluyó el tratamiento individual. Se
calcula que existen más de 3 200 solicitudes bajo el plan anterior, que
acumulan deudas de 2 200 millones de dólares.
No obstante, admite que "si el caso por caso es ágil y va a dar un plazo
a cada grupo negociador, las cosas pueden cambiar".
Según Alarcón, nadie busca que se condone o se den ventajas a los
deudores. Por eso recomendó dar plazos. "Los que no puedan pagar deberán
cerrar sus puertas. Solo es cuestión de que las autoridades tomen la
decisión".
A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Fernando
Navarro, dijo que solo se pronunciará una vez que salga el decreto.
"Tenemos un pacto de caballeros con el señor Julio Ponce para que el
Ministerio de Economía nos dé a conocer el documento. Sin embargo, no lo
ha cumplido, estoy parado junto
al fax y no me ha llegado nada".
Navarro fue, precisamente, uno de los impulsores para que se incluya en
el programa, las negociaciones individuales, por considerar que no se
puede dar igual trato a todos los deudores.
En Cuenca, los empresarios refuerzan esta tesis y consideran positivo el
plan. Para Rafael Simon, ex presidente de los industriales, es
indispensable que la reprogramación no sea indiscriminada y que se
contrate con tasas de interés no subsidiadas.
"Se debe identificar los sectores que fueron afectados por problemas que
no atañen directamente a su negocio". Por ejemplo, industria como la del
camarón que fue afectada por la mancha blanca debe ser apoyada, siempre
que se tenga la certeza que estos negocio sea viable.
En la región hay empresas que manejaban sus presupuestos con niveles
racionales de tipo de cambio y que debieron afrontar la macro
devaluación, cuando entró la dolarización, por lo cual fue imposible que
afronten sus obligaciones en las mismas condiciones. "Lo fundamental es
el sostenimiento de puestos de trabajo, pero esto no significa conceder
un premio a empresas que fueron mal administradas. Para estas se deberán
aplicar mecanismos legales como la coactiva".
Los empresarios de El Oro también están de acuerdo con la
individualización de la reestructuración de pasivos "porque cada empresa
tiene características diferentes y la reestructuración de debe concebirse
así".
Pero se propone incluir a los deudores desde 10 000 dólares. "Con esto,
unas 100 empresas en la provincia entrarían", sostuvo Leiner Paredes,
presidente de la Cámara de Industrias de El Oro, gremio de unos 200
afiliados.
Paredes habló de empresas relacionadas, en su mayor parte, al sector
camaronero y bananero.
Las primeras, afirmó, han sufrido los embates de la mancha blanca y el
fenómeno de El Niño, mientras que las segundas la plaga de la ´sigatoka
negra´ y los bajos precios. Los empresarios de El Oro, aseveró, "estamos
de acuerdo con la propuesta del gremio de Pichincha".
Para el presidente de Cámaras de Comercio de Manabí, Mariano Zambrano,
"no hay como hilar muy fino, estoy de acuerdo con la reestructuración más
no con la condonación.
Hay que primero realizar una investigación sobre los pasivos de cada
deudor y, de esa manera, saber si las empresas tienen real capacidad de
pago. La garantía debe ser real a la hora de definir el tratamiento de
política para cada deudor". (Texto tomado de El Comercio)
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