Quito. 13 mar 2000. La entrega de bonos del Estado a los clientes
de la banca por los saldos que excedan los 4 000 dólares entra en
un período de espera, hasta que el procurador, Ramón Jiménez,
reconsidere su dictamen desfavorable para que el Ministerio de
Finanzas pueda emitir estos papeles.
Hasta que ello ocurra, la banca entregará desde hoy certificados
provisionales propios, que según el ministro de Finanzas, Jorge
Guzmán, podrán ser negociados en las Bolsas de Valores en
condiciones similares a los certificados de depósito reprogramados
que se emitieron en marzo de 1999 por el propio congelamiento de
fondos.
Pero estos certificados que debían canjearse por bonos en no más
de tres días, según Mauricio Pareja, miembro del Directorio del
Banco Central, permancerán en manos de los depositantes por mucho
más tiempo.
La razón: el viernes pasado, el procurador Jiménez emitió un
dictamen desfavorable para la emisión de cerca de 1 000 millones
de dólares en Bonos del Estado, aduciendo que el servicio para la
amortización y pago de los intereses de los bonos correspondientes
a la emisión no tiene fuentes de financiamiento, causando
perjuicios al Estado "que deberá asumir los servicios de la deuda
con recursos públicos".
Estas aseveraciones son rechazadaspor el ministro de Finanzas,
quien asegura que la emisión de los bonos no causará incremento o
efectos en los niveles de la deuda interna, porque lo que se
pretende es que los bonos que entreguen las instituciones
financieras sirvan para pagar deudas, regresen a la banca, y esta,
a su vez, destine nuevamente a Finanzas.
Ante ello, Guzmán trabajó el fin de semana con sus abogados para
responder al procurador del Estado y presentarle hoy por escrito
la reconsideración inmediata del dictamen.
Esta reconsideración podría demorar hasta una semana.
"Es una decisión de última hora, pero que no altera el cronograma
de devolución de depósitos. Lo que sí causa es el retraso en la
emisión de bonos", explicó.
Según el cronograma de las autoridades económicas, para hoy estaba
previsto que el presidente de la República, Gustavo Noboa ( quien
regresó de Chile la noche de ayer), firme el decreto ejecutivo
(listo desde el viernes) que permita la emisión de los bonos para
que sean canjeados con los certificados.
Además, se dispone el exclusivo uso de estos bonos para el pago de
cartera (deudas).
Mario Canessa, presidente de la Asociación de Bancos Privados del
Ecuador, aseguró que la banca está lista para iniciar la
devolución de los recursos congelados en los montos fijados por
las autoridades económicas.
No obstante, aseguró que es indispensable contar con el decreto
presidencial para completar el proceso de descongelamiento y
definir las normas bancarias para el uso de los bonos, su calidad
y su clasificación, procedimiento que concluyó el viernes pasado
por el Banco Central.
Tribunal analiza posición de la Fiscal
El oficio de la fiscal de la Nación, Mariana Yépez, en el que
indica que "no constituye causal suficiente para una excitativa"
el desacato parcial de las autoridades económicas al
descongelamiento de las cuentas resuelto por el Tribunal
Constitucional (TC), será conocido mañana por el pleno de ese
organismo.
Marco Morales, vicepresidente del TC, dijo a HOY que el pleno
deberá pronunciarse respecto del comunicado enviado por la fiscal
el pasado 28 de febrero, en el que comenta la decisión del
Tribunal que, el 8 de noviembre de 1999, declaró la
inconstitucionalidad de los decretos de marzo de ese año,
expedidos por el entonces presidente Jamil Mahuad, que dieron
lugar al congelamiento de los depósitos en el sistema bancario.
Posteriormente (16 de febrero de 2000), el TC resolvió que las
autoridades económicas habían incurrido en desacato parcial, por
lo que solicitó a la fiscal el inicio de acciones penales en
contra del ministro de Finanzas, Jorge Guzmán; del gerente del
Banco Central, Miguel Dávila; del gerente de la AGD, Walter
Valarezo; y del superintendente de Bancos subrogante, Gustavo
Muñoz.
Ante esto, Mariana Yépez considera que la "declaración de desacato
parcial no constituye causa suficiente para formular una
excitativa, pues ni el propio Tribunal ha establecido en su
resolución el alcance de tal parcialidad de desacato, figura que,
de ese modo, no existe en el derecho penal ecuatoriano".
El documento de la fiscal será estudiado mañana, oficialmente, por
los nueve vocales del TC; con seguridad habrá un nuevo
pronunciamiento.
Mientras que, con fecha 4 de febrero de 2000, la fiscal Mariana
Yépez, en un oficio enviado al superintendente de Bancos
subrogante, Gustavo Muñoz González, le recordó que "las decisiones
del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad del congelamiento
de los depósitos, además de suspender totalmente los efectos de
varios acuerdos ministeriales, deberán ser cumplidas con total
integridad y con la debida oportunidad".
CONDICIONES
El jueves pasado, la Junta Bancaria dictó las normas para la
aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional, que
dispuso que el presidente de la República, las autoridades del
Banco Central, el ministro de Finanzas, el superintendente de
Bancos y el titular de la Agencia de Garantía de Depósitos regulen
los mecanismos para devolver los valores retenidos desde el 11 de
marzo de 1999.
Para la cancelación de las deudas directas con bonos, la Junta
Bancaria dispuso que cuando una institución financiera utilice
estos papeles para solucionar sus deudas con el público, está
obligada a recibir, por igual monto, los mismos bonos del Estado
para la cancelación de las acreencias a su favor.
No obstante, para conservar la liquidez en el sistema, el pago de
las deudas con bonos tendrá restricciones: por deudas hasta 4 000
dólares los bonos tendrán un valor de 100%; desde 4 001 hasta 20
000 dólares del 90% y desde 20 001 hasta 50 000, del 80%.
Pronunciamiento del Procurador
El pronunciamiento del Procurador se basa en que, según la Ley
Orgánica de Administración Finaniera y Control, la Procuraduría
General del Estado debe emitir su dictamen sobre la documentación
remitida por el Ministerio de Finanzas para la emisión de los
bonos del Estado, y señala que la emisión no podrá producirse, si
no se han dado los dictámenes necesarios.
El Procurador Jimenez asegura que las instituciones financieras
públicas y privadas mantendrán congelados en su poder los fondos
reprogramados que excedan los 4 000 dólares, "liberándose de su
obligación de restituir las acreencias de los depositantes, que la
Ley manda que sea cumplida en moneda de curso legal, utilizando
para ello Bonos del Estado a largo plazo, entregados por el
Ministerio de Finanzas".
Insiste en que el valor en el mercado de estos papeles tendrá un
descuento considerable , lo que causará un mayor perjuicio de sus
poseedores, "quienes no pueden disponer de su propio dinero
depositado de buena fe en las instituciones financieras
autorizadas legalmente".
Esto se agrava, según dice, por la incertidumbre de que las
instituciones financieras en el futuro cambien de posición
patrimonial, disminuyendo los activos que respaldan las
obligaciones y compromisos adquiridos, así como la capacidad de
pago. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
de la banca por los saldos que excedan los 4 000 dólares entra en
un período de espera, hasta que el procurador, Ramón Jiménez,
reconsidere su dictamen desfavorable para que el Ministerio de
Finanzas pueda emitir estos papeles.
Hasta que ello ocurra, la banca entregará desde hoy certificados
provisionales propios, que según el ministro de Finanzas, Jorge
Guzmán, podrán ser negociados en las Bolsas de Valores en
condiciones similares a los certificados de depósito reprogramados
que se emitieron en marzo de 1999 por el propio congelamiento de
fondos.
Pero estos certificados que debían canjearse por bonos en no más
de tres días, según Mauricio Pareja, miembro del Directorio del
Banco Central, permancerán en manos de los depositantes por mucho
más tiempo.
La razón: el viernes pasado, el procurador Jiménez emitió un
dictamen desfavorable para la emisión de cerca de 1 000 millones
de dólares en Bonos del Estado, aduciendo que el servicio para la
amortización y pago de los intereses de los bonos correspondientes
a la emisión no tiene fuentes de financiamiento, causando
perjuicios al Estado "que deberá asumir los servicios de la deuda
con recursos públicos".
Estas aseveraciones son rechazadaspor el ministro de Finanzas,
quien asegura que la emisión de los bonos no causará incremento o
efectos en los niveles de la deuda interna, porque lo que se
pretende es que los bonos que entreguen las instituciones
financieras sirvan para pagar deudas, regresen a la banca, y esta,
a su vez, destine nuevamente a Finanzas.
Ante ello, Guzmán trabajó el fin de semana con sus abogados para
responder al procurador del Estado y presentarle hoy por escrito
la reconsideración inmediata del dictamen.
Esta reconsideración podría demorar hasta una semana.
"Es una decisión de última hora, pero que no altera el cronograma
de devolución de depósitos. Lo que sí causa es el retraso en la
emisión de bonos", explicó.
Según el cronograma de las autoridades económicas, para hoy estaba
previsto que el presidente de la República, Gustavo Noboa ( quien
regresó de Chile la noche de ayer), firme el decreto ejecutivo
(listo desde el viernes) que permita la emisión de los bonos para
que sean canjeados con los certificados.
Además, se dispone el exclusivo uso de estos bonos para el pago de
cartera (deudas).
Mario Canessa, presidente de la Asociación de Bancos Privados del
Ecuador, aseguró que la banca está lista para iniciar la
devolución de los recursos congelados en los montos fijados por
las autoridades económicas.
No obstante, aseguró que es indispensable contar con el decreto
presidencial para completar el proceso de descongelamiento y
definir las normas bancarias para el uso de los bonos, su calidad
y su clasificación, procedimiento que concluyó el viernes pasado
por el Banco Central.
Tribunal analiza posición de la Fiscal
El oficio de la fiscal de la Nación, Mariana Yépez, en el que
indica que "no constituye causal suficiente para una excitativa"
el desacato parcial de las autoridades económicas al
descongelamiento de las cuentas resuelto por el Tribunal
Constitucional (TC), será conocido mañana por el pleno de ese
organismo.
Marco Morales, vicepresidente del TC, dijo a HOY que el pleno
deberá pronunciarse respecto del comunicado enviado por la fiscal
el pasado 28 de febrero, en el que comenta la decisión del
Tribunal que, el 8 de noviembre de 1999, declaró la
inconstitucionalidad de los decretos de marzo de ese año,
expedidos por el entonces presidente Jamil Mahuad, que dieron
lugar al congelamiento de los depósitos en el sistema bancario.
Posteriormente (16 de febrero de 2000), el TC resolvió que las
autoridades económicas habían incurrido en desacato parcial, por
lo que solicitó a la fiscal el inicio de acciones penales en
contra del ministro de Finanzas, Jorge Guzmán; del gerente del
Banco Central, Miguel Dávila; del gerente de la AGD, Walter
Valarezo; y del superintendente de Bancos subrogante, Gustavo
Muñoz.
Ante esto, Mariana Yépez considera que la "declaración de desacato
parcial no constituye causa suficiente para formular una
excitativa, pues ni el propio Tribunal ha establecido en su
resolución el alcance de tal parcialidad de desacato, figura que,
de ese modo, no existe en el derecho penal ecuatoriano".
El documento de la fiscal será estudiado mañana, oficialmente, por
los nueve vocales del TC; con seguridad habrá un nuevo
pronunciamiento.
Mientras que, con fecha 4 de febrero de 2000, la fiscal Mariana
Yépez, en un oficio enviado al superintendente de Bancos
subrogante, Gustavo Muñoz González, le recordó que "las decisiones
del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad del congelamiento
de los depósitos, además de suspender totalmente los efectos de
varios acuerdos ministeriales, deberán ser cumplidas con total
integridad y con la debida oportunidad".
CONDICIONES
El jueves pasado, la Junta Bancaria dictó las normas para la
aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional, que
dispuso que el presidente de la República, las autoridades del
Banco Central, el ministro de Finanzas, el superintendente de
Bancos y el titular de la Agencia de Garantía de Depósitos regulen
los mecanismos para devolver los valores retenidos desde el 11 de
marzo de 1999.
Para la cancelación de las deudas directas con bonos, la Junta
Bancaria dispuso que cuando una institución financiera utilice
estos papeles para solucionar sus deudas con el público, está
obligada a recibir, por igual monto, los mismos bonos del Estado
para la cancelación de las acreencias a su favor.
No obstante, para conservar la liquidez en el sistema, el pago de
las deudas con bonos tendrá restricciones: por deudas hasta 4 000
dólares los bonos tendrán un valor de 100%; desde 4 001 hasta 20
000 dólares del 90% y desde 20 001 hasta 50 000, del 80%.
Pronunciamiento del Procurador
El pronunciamiento del Procurador se basa en que, según la Ley
Orgánica de Administración Finaniera y Control, la Procuraduría
General del Estado debe emitir su dictamen sobre la documentación
remitida por el Ministerio de Finanzas para la emisión de los
bonos del Estado, y señala que la emisión no podrá producirse, si
no se han dado los dictámenes necesarios.
El Procurador Jimenez asegura que las instituciones financieras
públicas y privadas mantendrán congelados en su poder los fondos
reprogramados que excedan los 4 000 dólares, "liberándose de su
obligación de restituir las acreencias de los depositantes, que la
Ley manda que sea cumplida en moneda de curso legal, utilizando
para ello Bonos del Estado a largo plazo, entregados por el
Ministerio de Finanzas".
Insiste en que el valor en el mercado de estos papeles tendrá un
descuento considerable , lo que causará un mayor perjuicio de sus
poseedores, "quienes no pueden disponer de su propio dinero
depositado de buena fe en las instituciones financieras
autorizadas legalmente".
Esto se agrava, según dice, por la incertidumbre de que las
instituciones financieras en el futuro cambien de posición
patrimonial, disminuyendo los activos que respaldan las
obligaciones y compromisos adquiridos, así como la capacidad de
pago. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
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