El país se ha conmovido una vez más al conocer las declaraciones de algunos implicados en la nueva red de tramitadores de partidas presupuestarias, que implicaba pago de coimas de hasta 38% de los montos transferidos. A su vez, el ex ministro Emanuel revela al país que las modificaciones en las asignaciones presupuestarias fueron expresamente ordenadas y autorizadas por el presidente Gustavo Noboa y su hermano Ricardo, como parte del "manejo político del Estado".
En otras palabras, constituían parte del pago de favores políticos y votos en el Congreso, necesarios para la aprobación de leyes y la posibilidad de asegurar una debida gobernabilidad. La historia se repite, la entrega de partidas o de organismos del Estado con el fin de conseguir efímeras mayorías parlamentarias que hagan posible los fines y propósitos del Gobierno. El propio presidente Noboa reconoce esta vieja práctica, e implícitamente su utilización, al endilgar a los parlamentarios el penoso calificativo de "diputados de alquiler".
En gobiernos anteriores se entregaban las Aduanas, ciertos Ministerios, las construcciones escolares, o se pagaba directamente de fondos reservados el importe de los votos claves en el Congreso. En el gobierno de Duran Ballén se conoció, por revelación del propio vicepresidente Dahik, la concertación de "contratos colectivos" con partidos políticos de aparente oposición. La red Peñaranda, descubierta luego de la caída del gobierno de Bucaram, fue otra versión del mismo mal. En los últimos años, la administración de las empresas eléctricas y telefónicas han servido para similar propósito.
En definitiva, ha sido prácticas comunes de diversos gobiernos que, pese a la eliminación de los gastos reservados, o las prohibiciones constitucionales de que los diputados no intervengan o manejen asignaciones presupuestarias, y las proclamas de cada nuevo gobierno de ser más honesto que el anterior, terminan cayendo en la misma tentación para gobernar a pesar de la oposición.
Lo que cabe es una profunda reforma política, que contemple una mejor conformación del Parlamento y mecanismos más idóneos para la elección de dignidades en el Congreso, la conformación del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral. Igual, se requiere una revisión al procedimiento de la aprobación de las leyes y el ejercicio del veto presidencial, como también de la capacidad del Congreso de ejercer de manera más efectiva su papel indispensable de control político. La última Constitución pretendió corregir alguno de estos males, pero engendró otros peores, al aumentar groseramente el número de diputados y mutilar totalmente al Congreso su capacidad de fiscalizar.
Los Municipios y Consejos Provinciales deberían ser capaces de contar con mecanismos más efectivos para asegurar sus propias rentas, sin tener que mendigar o tramitar asignaciones del gobierno central. Es hora de dar paso a una descentralización efectiva de los gobiernos seccionales, asignándoles nuevas responsabilidades y la transferencia automática de parte de los impuestos nacionales que se recauden en cada localidad, convirtiéndoles en socios interesados en procurar una mejor y mayor tributación.
En otras palabras, constituían parte del pago de favores políticos y votos en el Congreso, necesarios para la aprobación de leyes y la posibilidad de asegurar una debida gobernabilidad. La historia se repite, la entrega de partidas o de organismos del Estado con el fin de conseguir efímeras mayorías parlamentarias que hagan posible los fines y propósitos del Gobierno. El propio presidente Noboa reconoce esta vieja práctica, e implícitamente su utilización, al endilgar a los parlamentarios el penoso calificativo de "diputados de alquiler".
En gobiernos anteriores se entregaban las Aduanas, ciertos Ministerios, las construcciones escolares, o se pagaba directamente de fondos reservados el importe de los votos claves en el Congreso. En el gobierno de Duran Ballén se conoció, por revelación del propio vicepresidente Dahik, la concertación de "contratos colectivos" con partidos políticos de aparente oposición. La red Peñaranda, descubierta luego de la caída del gobierno de Bucaram, fue otra versión del mismo mal. En los últimos años, la administración de las empresas eléctricas y telefónicas han servido para similar propósito.
En definitiva, ha sido prácticas comunes de diversos gobiernos que, pese a la eliminación de los gastos reservados, o las prohibiciones constitucionales de que los diputados no intervengan o manejen asignaciones presupuestarias, y las proclamas de cada nuevo gobierno de ser más honesto que el anterior, terminan cayendo en la misma tentación para gobernar a pesar de la oposición.
Lo que cabe es una profunda reforma política, que contemple una mejor conformación del Parlamento y mecanismos más idóneos para la elección de dignidades en el Congreso, la conformación del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral. Igual, se requiere una revisión al procedimiento de la aprobación de las leyes y el ejercicio del veto presidencial, como también de la capacidad del Congreso de ejercer de manera más efectiva su papel indispensable de control político. La última Constitución pretendió corregir alguno de estos males, pero engendró otros peores, al aumentar groseramente el número de diputados y mutilar totalmente al Congreso su capacidad de fiscalizar.
Los Municipios y Consejos Provinciales deberían ser capaces de contar con mecanismos más efectivos para asegurar sus propias rentas, sin tener que mendigar o tramitar asignaciones del gobierno central. Es hora de dar paso a una descentralización efectiva de los gobiernos seccionales, asignándoles nuevas responsabilidades y la transferencia automática de parte de los impuestos nacionales que se recauden en cada localidad, convirtiéndoles en socios interesados en procurar una mejor y mayor tributación.
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