Lima. 12.05.93. Aunque el número de desaparecidos bajó en el
último año, Perú presenció un aumento en el número de detenciones
arbitrarias.
Organismos humanitarios coincidieron en asegurar que los cambios
en la política represiva adoptados por el gobierno y el ejército,
en su lucha con dos grupos guerrilleros, limitaron la práctica de
la desaparición de personas y marcaron un cambio en la situación
de los derechos humanos.
Sin embargo, estiman que las violaciones persisten debido a los
procesos militares y a la represión penal adoptada contra los
miembros de los grupos armados y sus simpatizantes.
Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
libran desde la década pasada una guerra con el ejército
gubernamental, que ha cobrado casi 28.000 víctimas y daños
materiales por 22.000 millones de dólares.
Francisco Soberón, director de la Asociación pro Derecho Humanos,
aseguró a IPS que entre enero y marzo el número de detenidos
-desaparecidos bajó a 20.
Explicó que esa reducción es consecuencia, en parte, de la
vigilancia ejercida por organismos internacionales preocupados
por la situación de los derechos humanos en Perú.
Carlos Basombrio, representante de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, afirmó que el número de desaparecidos en 1980
se situó en 246, bajó a 1.768 en 1992 y no llegan a 20 durante el
presente año.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirmó que el
número de desaparecidos en 1980 se situó en 246, bajó a 1.768 en
1992 y no llegan a 20 durante el presente año.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, opositora al
presidente Alberto Fujimori y que hace dos meses logró el status
de interlocutora con el gobierno, reúne a todas las
organizaciones no gubernamentales de derechos ciudadanos de Perú.
Según Basombrio, la reducción en las desapariciones es producto
de la nueva estrategia contra la violencia política ejercida
desde hace dos años por las fuerzas armadas.
"Tenemos absoluta convicción de que existen avances sustantivos
en el enfrentamiento a la violencia en los últimos tiempos.
Existen importantes adelantos en la relación con las
organizaciones campesinas", explicó.
Ambas organizaciones informaron que los datos de sus estadísticas
proceden de denuncias recibidas, comunicados de las fuerzas
armadas y de la Fiscalía de la Nación.
Soberón explicó que la fiscalía, conocido también como ministerio
público, centraliza todas las denuncias de
detenidos-desaparecidos en Perú.
Reafirmó que en pueblos alejados no existen estadísticas de los
detenidos-desaparecidos y no hay un organismo que reciba las
denuncia.
El instituto no gubernamental "Constitución y Sociedad", dedicado
al estudio de los efectos de la violencia en Perú, sostuvo que
las fuerzas armadas se han ganado la confianza y la cooperación
de la población para derrotar la violencia.
Sin embargo, agregó que la represión y la lucha militar continúan
constituyendo la actividad principal de las Fuerzas Armadas,
aunque tienen unos matices especiales que la distinguen y las
hacen en gran parte eficaces.
Enrique Bernales, ex senador y presidente de constitución y
democracia, manifestó que en la estrategia contra la violencia
destaca la dureza y el agravamiento de la represión penal
aplicada al agente insurgente, elevándose al máximo posible la
sanción por estos delitos.
La estrategia antiguerrillera en Perú comprende acciones de
rastrillaje que realizan fuerzas combinadas del ejército y la
policía en zonas urbano marginales para detectar a presuntos
rebeldes.
Posteriormente realizan un acto de acción cívica que comprende
atención médica y odontológica de los pobladores, reparto de
alimentos, corte de pelo de los niños y espectáculos de
recreación.
"La nueva política contra la violencia está contribuyendo a
mejorar el clima de los derechos humanos en esta nación andina en
algunos aspectos pero en otros continúan existiendo violaciones
frecuentes, muy graves y no son sancionadas", sostuvo Basombrio.
Para los organismos defensores de los derechos humanos, la
legislación penal peruana contra la violencia es muy rígida y
necesita cambios.
En tal sentido, solicitaron que los juicios por traición a la
patria por delito de terrorismo se tramiten en los tribunales
comunes y no en el fuero militar, como está establecido en la ley
antiterrorista.
Los grupos han solicitado, además, que se mantenga en vigencia el
irrestricto derecho a la defensa de los acusados y que los
menores de edad comprometidos en acciones insurgentes sean
juzgados como lo establecen las leyes internacionales, de acuerdo
con su edad.
También se mostraron en desacuerdo con los mecanismos de
celeridad del proceso de los implicados en casos de acciones
armadas, que tiene como único objetivo la condena del detenido.
"En este aspecto muchos inocentes pueden ser afectados", sostuvo
Basombrio.
Soberón aseguró que muchos ciudadanos han sido acusados de manera
injusta de mantener vínculos con los grupos armados.
"Cada vez más se reciben denuncias de casos de personas que
injustamente han sido detenidas por presuntos delitos de
violencia", sostuvo.
El periodista Magno Sosa, corresponsal de un diario en la ciudad
andina de Ayacucho, fue detenido en 1992 por su presunta relación
con Sendero Luminoso y luego de cinco meses quedó en libertad por
falta de pruebas.
El periodista Danilo Quijano recibió una sentencia de cinco años
de prisión, en abril, tras ser acusado en mayo de 1992 de
colaborar con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. (IPS)
último año, Perú presenció un aumento en el número de detenciones
arbitrarias.
Organismos humanitarios coincidieron en asegurar que los cambios
en la política represiva adoptados por el gobierno y el ejército,
en su lucha con dos grupos guerrilleros, limitaron la práctica de
la desaparición de personas y marcaron un cambio en la situación
de los derechos humanos.
Sin embargo, estiman que las violaciones persisten debido a los
procesos militares y a la represión penal adoptada contra los
miembros de los grupos armados y sus simpatizantes.
Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
libran desde la década pasada una guerra con el ejército
gubernamental, que ha cobrado casi 28.000 víctimas y daños
materiales por 22.000 millones de dólares.
Francisco Soberón, director de la Asociación pro Derecho Humanos,
aseguró a IPS que entre enero y marzo el número de detenidos
-desaparecidos bajó a 20.
Explicó que esa reducción es consecuencia, en parte, de la
vigilancia ejercida por organismos internacionales preocupados
por la situación de los derechos humanos en Perú.
Carlos Basombrio, representante de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, afirmó que el número de desaparecidos en 1980
se situó en 246, bajó a 1.768 en 1992 y no llegan a 20 durante el
presente año.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirmó que el
número de desaparecidos en 1980 se situó en 246, bajó a 1.768 en
1992 y no llegan a 20 durante el presente año.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, opositora al
presidente Alberto Fujimori y que hace dos meses logró el status
de interlocutora con el gobierno, reúne a todas las
organizaciones no gubernamentales de derechos ciudadanos de Perú.
Según Basombrio, la reducción en las desapariciones es producto
de la nueva estrategia contra la violencia política ejercida
desde hace dos años por las fuerzas armadas.
"Tenemos absoluta convicción de que existen avances sustantivos
en el enfrentamiento a la violencia en los últimos tiempos.
Existen importantes adelantos en la relación con las
organizaciones campesinas", explicó.
Ambas organizaciones informaron que los datos de sus estadísticas
proceden de denuncias recibidas, comunicados de las fuerzas
armadas y de la Fiscalía de la Nación.
Soberón explicó que la fiscalía, conocido también como ministerio
público, centraliza todas las denuncias de
detenidos-desaparecidos en Perú.
Reafirmó que en pueblos alejados no existen estadísticas de los
detenidos-desaparecidos y no hay un organismo que reciba las
denuncia.
El instituto no gubernamental "Constitución y Sociedad", dedicado
al estudio de los efectos de la violencia en Perú, sostuvo que
las fuerzas armadas se han ganado la confianza y la cooperación
de la población para derrotar la violencia.
Sin embargo, agregó que la represión y la lucha militar continúan
constituyendo la actividad principal de las Fuerzas Armadas,
aunque tienen unos matices especiales que la distinguen y las
hacen en gran parte eficaces.
Enrique Bernales, ex senador y presidente de constitución y
democracia, manifestó que en la estrategia contra la violencia
destaca la dureza y el agravamiento de la represión penal
aplicada al agente insurgente, elevándose al máximo posible la
sanción por estos delitos.
La estrategia antiguerrillera en Perú comprende acciones de
rastrillaje que realizan fuerzas combinadas del ejército y la
policía en zonas urbano marginales para detectar a presuntos
rebeldes.
Posteriormente realizan un acto de acción cívica que comprende
atención médica y odontológica de los pobladores, reparto de
alimentos, corte de pelo de los niños y espectáculos de
recreación.
"La nueva política contra la violencia está contribuyendo a
mejorar el clima de los derechos humanos en esta nación andina en
algunos aspectos pero en otros continúan existiendo violaciones
frecuentes, muy graves y no son sancionadas", sostuvo Basombrio.
Para los organismos defensores de los derechos humanos, la
legislación penal peruana contra la violencia es muy rígida y
necesita cambios.
En tal sentido, solicitaron que los juicios por traición a la
patria por delito de terrorismo se tramiten en los tribunales
comunes y no en el fuero militar, como está establecido en la ley
antiterrorista.
Los grupos han solicitado, además, que se mantenga en vigencia el
irrestricto derecho a la defensa de los acusados y que los
menores de edad comprometidos en acciones insurgentes sean
juzgados como lo establecen las leyes internacionales, de acuerdo
con su edad.
También se mostraron en desacuerdo con los mecanismos de
celeridad del proceso de los implicados en casos de acciones
armadas, que tiene como único objetivo la condena del detenido.
"En este aspecto muchos inocentes pueden ser afectados", sostuvo
Basombrio.
Soberón aseguró que muchos ciudadanos han sido acusados de manera
injusta de mantener vínculos con los grupos armados.
"Cada vez más se reciben denuncias de casos de personas que
injustamente han sido detenidas por presuntos delitos de
violencia", sostuvo.
El periodista Magno Sosa, corresponsal de un diario en la ciudad
andina de Ayacucho, fue detenido en 1992 por su presunta relación
con Sendero Luminoso y luego de cinco meses quedó en libertad por
falta de pruebas.
El periodista Danilo Quijano recibió una sentencia de cinco años
de prisión, en abril, tras ser acusado en mayo de 1992 de
colaborar con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. (IPS)
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