Guayaquil. 3 may 98. El Estero Salado ha recibido la
contaminación de pobladores, industrias privadas y públicas
como Petrocomercial e instituciones como Ecapag. Su
recuperación es necesaria para evitar la emisión de gases
tóxicos en el ambiente y de enfermedades entre quienes lo
utilizan como balneario, ante la presencia de bacterias
patógenas.
El Estero Salado es un ejemplo del grado de inconsciencia
ecológica en la ciudadanía, industrias y entidades oficiales
como la Ecapag.
En la costa ecuatoriana los cerros están cayéndose, las
carreteras y puentes destruidos, los asentamientos
poblacionales inundados y los cuerpos hídricos contaminados.
¿Las consecuencias?, muertes y enfermedades, destrucción de
viviendas, desempleo y pérdidas económicas en los sectores
público y privado.
Tales realidades no corresponden únicamente a los efectos del
fenómeno El Niño, sino que, según el análisis de algunos
expertos, estas son las consecuencias palpables de un manejo
inadecuado del medio ambiente y la sobreexplotación de los
recursos naturales.
Deslaves
El geólogo Amador Aguilera, miembro de la Unión Internacional
de Ciencias Geológicas, asegura que los deslizamientos que se
producen actualmente en los cerros de Guayaquil, están
asociados directamente con las explotaciones antitécnicas de
las canteras.
"Cuando terminaron la explotación de las canteras dejaron
destruido el talud natural y el frente de explotación.
Socavaron la parte baja desestabilizando la pendiente y
fracturando el macizo rocoso", dice.
El geólogo Aguilera encuentra tres responsables en el caso de
Cerro Azul:
Quienes explotaron la cantera que destruyeron el talud, los
constructores de la vía Perimetral y los constructores de
Riocentro.
La ley de Minas dispone que antes de la explotación se deben
presentar mapas topográficos iniciales y posterior a ella los
finales, que permitan constatar que luego de los trabajos se
han dejado estabilizados los taludes. "Esto no se cumple",
dice Aguilera. También se exigen estudios de impacto ambiental
que en la práctica no se estarían realizando, dice Amador
Aguilera.
El municipio debe fiscalizar y controlar que se utilicen los
explosivos adecuados.
La Municipalidad tiene el control de las canteras, por lo que,
según señala el biólogo Leonardo Maridueña, director de Medio
Ambiente del Municipio de Guayaquil, se está diseñando una
ordenanza que permita controlar las canteras desde el punto de
vista ambiental. "Por fenómenos como el que estamos
atravesando recién se descubren las debilidades y falencias
que se tienen en ese aspecto", dice.
El Estero Salado
De acuerdo a una evaluación de la Dirección de Medio Ambiente
de la Municipalidad, la contaminación se produce,
principalmente, porque el sistema de alcantarillado descarga
en él las aguas servidas de la ciudad, en su mayoría sin
tratamiento. La Empresa Cantonal de Agua Potable y
Alcantarillado (Ecapag) contribuye en estos momentos en un 80%
de la contaminación del Estero.
La descarga de desechos sólidos y de aguas servidas de la
población ribereña de las "invasiones", constituida por más de
doscientos mil personas, así como los desechos industriales,
también son factores importantes de la contaminación del
Estero Salado.
Aunque desde 1995 existen directrices de la Dirección General
de la Marina Mercante (Digmer) para elaborar estudios y
diseños de efluentes industriales, emitidas con el objetivo de
regular la conservación del ecosistema de las aguas nacionales
y de las zonas costeras, prevenir y controlar la contaminación
por derrames de hidrocarburos y de otras sustancias nocivas,
que producen deterioro en ellos, la contaminación por estas
fuentes continúa.
Pero las deficiencias en el servicio de recolección de basura
también estimularían a la población a botar sus desechos al
Estero Salado. "Si es un grupo de una área marginal que no
tiene sus necesidades básicas satisfechas porque no las
proveen las autoridades, cómo les pide usted que no boten
desechos orgánicos", dice Deborah Chiriboga, Directora de
Fundación Natura en Guayaquil.
El costo del proyecto de Recuperación del Estero Salado, que
demoraría entre 5 ó 7 años ejecutarlo, ascendería a los 65
millones de dólares, aunque aún no se cuenta con el
financiamiento.
El director regional de Medio Ambiente, Iván Zambrano,
sostiene que muchos asentamientos deben ser removidos en forma
planificada, por ser uno de los factores de contaminación, que
no permiten la organización de la población, para dotarla
adecuadamente de los servicios públicos.
Relleno sanitario
El geólogo Amador Aguilera plantea la posibilidad de
aprovechar los acuíferos existentes a 120 metros, que
contienen agua dulce de alta calidad, para potabilizarlas
debido a la fuerte contaminación de los ríos y la lluvia que
trae agua contaminada. Pero esta alternativa en Guayaquil
sería descartada, ya que habría que analizarse si a través del
botadero también se estaría contaminando este recurso hídrico.
En un documento de la Comisión Asesora Ambiental de la
Presidencia de la República se lee que, el lugar elegido para
el relleno sanitario es el más adecuado "porque tiene un suelo
permeable". Juan Carlos Demmerle, miembro de una consultora
internacional, especializada en temas ambientales, señala que
es precisamente esa característica por la cual debería
considerarse aquel terreno como inapropiado para una obra de
esa categoría. En estos casos la técnica recomienda que el
suelo debe ser impermeable, para que los lixiviados no tengan
acceso a la capa feásica de aguas subterráneas. "Eso va a
causar un problema grave, pero no se ve", recalca el técnico.
Los lixiviados pueden tener un componente de carga orgánica o
de contaminantes tóxicos, por procesos que ocurren en el
botadero. Estas aguas subterráneas pueden infiltrarse hacia
ríos de donde se toma agua para potabilizar. "Esto producirá
repercusiones negativas en la salud de las personas que la
consumen o en animales como los camarones, también consumidos
por la población", dice.
Malecón 2000
El proyecto del Malecón 2000 que ha generado tanta expectativa
entre la ciudadanía por el aporte turístico que representará
para la ciudad, aún está en una etapa en la que se pueden
adoptar las medidas pertinentes relacionadas con el impacto
ambiental que esta obra pueda representar.
Juan Carlos Demmerle sostiene que se debe cuidar que las aguas
negras de ese Malecón 2000 no se descarguen directamente al
río Guayas. "Tampoco se sabe qué puede ocurrir durante la fase
de construcción", advierte.
Demmerle señala que si bien el Guayas tienen una capacidad
para diluir aguas negras, por la contaminación que se produce
aguas arriba del Daule, sumada a la que se podría generar con
el Malecón 2000, este cuerpo de agua no tendrá capacidad para
diluir tantas aguas negras.
"Se puede construir esta obra pero bajo la consideración que
la basura y las aguas negras se van a descargar y van a ser
controladas a través del sistema de alcantarillado de toda la
ciudad y del servicio de recolección de basura".
El director de Medio Ambiente del Municipio sostiene que de
los estudios de Impacto Ambiental, se ha encargado el
Instituto Oceanográfico de la Armada. "En el momento que esta
institución los presente, haremos las observaciones del caso,
pero esperamos que se planteen las medidas de mitigación
adecuadas, para que el impacto de esta obra de infraestructura
al medio ambiente, sea la menor posible".
De no adoptárselas, dice, "podría causar algunos efectos
negativos en el área de influencia del proyecto".
El geólogo Amador Aguilera advierte que es necesario que se
realice un estudio sedimentológico e hidrológico del río
Guayas, pues este cuerpo de agua actualmente está colmatándose
de sedimentos, debido a la deforestación que hay a lo largo de
su cuenca, como se puede observar con la formación de nuevas
islas. Esto prevé un peligro de inundación en el Malecón, pues
si se colmata de sedimento, el río puede producir una
inundación.
José Alvarado EL UNIVERSO
En la Isla Santay habitan cerca de 400 personas, que carecen
de servicios básicos y que se dedican mayoritariamente a la
pesca. Su comunidad incluye a descendientes de los primeros
peones que trabajaban en ocho haciendas que había en la isla.
Isla Santay, con destino incierto
A pesar de ser considerada como el pulmón de Guayaquil, el
Gobierno Nacional aún no tiene un plan definido en cuanto a la
utilización de la Isla Santay. Aunque grupos ecologistas han
solicitado se la declare como Area de Reserva Natural, ninguna
diligencia se ha realizado al respecto. El director Regional
de Medio Ambiente, Iván Zambrano, no conoce qué pasará con
ella y solo tiene referencias de que está en manos del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), tiene a su cargo
los terrenos de la isla. Inicialmente esta entidad pretendió
urbanizar el área, pero según el abogado Walter Subía, gerente
del BEV, esta entidad no promoverá ningún plan de vivienda.
"Llegamos a un entendimiento de que eso no podía ser. Se lo va
a dejar tal como está, para preservarlo como pulmón", recalca.
Subía asegura que se mantienen conversaciones con Fundación
Natura para desarrollar proyectos alternativos, pero que las
decisiones finales "se las toma en Quito".
Area protegida
Actualmente hay diversas posturas en torno a qué hacer con la
isla, cuya superficie total de 2.179 hectáreas es rica en
flora y fauna. Posee 998 hectáreas de manglar e incluye una
variedad de árboles propia de un bosque seco tropical.
Según la Fundación Isla Santay, organismo creado en 1992 por
iniciativa de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con el fin
de conservar su hábitat y solucionar sus problemas
ambientales, el 55,2% de la superficie de la isla debería
declarárselo área protegida.
La fundación propone que el 32,7% restante, compuesto de
sabanas de gramíneas, pastizales activos y abandonados, áreas
quemadas, arena y lodo, deberían destinarse a dos actividades
puntuales: el desarrollo de obras con fines recreacionales,
ecoturísticas y culturales, destinando para el efecto el
20,65% de la superficie de la isla y para urbanización el
24,15%, pero manteniendo el cuidado en el medio ambiente.
Esta propuesta surgió de un estudio realizado por la fundación
en 1995. Desde ese entonces no se han dado pasos concretos
para su realización, según afirma el ingeniero Andrés Aspiazu,
presidente de la entidad, debido a la inestabilidad política
del país. "Esperamos a un gobierno estable, que se posesione
por cuatro años", asegura.
Diversas tentativas
Una postura más conservacionista que la de la Fundación Isla
Santay es la de la Fundación Comité Ecológico del Litoral
(CEL), la cual busca soluciones para la isla desde hace siete
años.
Para José Delgado Mendoza, presidente del CEL, el 100% de la
isla debe declararse área protegida.
A pesar de la importancia que tiene la isla, Delgado asegura
que no existen proyectos concretos de parte del sector
público. Así, afirma que el Presidente de la República, Fabián
Alarcón, pidió informes acerca de la Santay a la ministra de
Medio Ambiente, Flor María Valverde, pero que ella indicó que
ya se estaba realizando un proyecto con el Ministerio de
Vivienda, "el que hasta el momento no se conoce, y creemos que
no existe", dice.
Para conseguir la designación de área de reserva para la isla,
el CEL emprendió un plan desde mayo del año pasado. Empezó por
solicitar al Instituto Ecuatoriano Forestal de Areas Naturales
y Vida Silvestre (Inefan) promueva esta declaratoria. La
entidad gubernamental acogió favorablemente la idea, ya que la
propuesta busca que el BEV traspase al Inefan la custodia de
la isla.
Uno de los puntales de esta iniciativa, según afirma Delgado,
es el que la Santay no puede ser objeto de urbanización
alguna, como sugiere la Fundación Isla Santay, ya que las
condiciones geográficas y ecológicas del lugar no lo permiten
(según la CEL el 70% de la isla pasa sumergido y carece de
agua dulce).
Actualmente el CEL posee el apoyo de la Cooperación Social
Técnica Alemana para respaldar un proyecto de 40 millones de
sucres, con el que básicamente se provocaría una concertación
que lleve a la declaratoria. Luego se desarrollaría en la isla
un centro de investigaciones y se promovería el ecoturismo.
(Texto tomado de El U&niverso)
contaminación de pobladores, industrias privadas y públicas
como Petrocomercial e instituciones como Ecapag. Su
recuperación es necesaria para evitar la emisión de gases
tóxicos en el ambiente y de enfermedades entre quienes lo
utilizan como balneario, ante la presencia de bacterias
patógenas.
El Estero Salado es un ejemplo del grado de inconsciencia
ecológica en la ciudadanía, industrias y entidades oficiales
como la Ecapag.
En la costa ecuatoriana los cerros están cayéndose, las
carreteras y puentes destruidos, los asentamientos
poblacionales inundados y los cuerpos hídricos contaminados.
¿Las consecuencias?, muertes y enfermedades, destrucción de
viviendas, desempleo y pérdidas económicas en los sectores
público y privado.
Tales realidades no corresponden únicamente a los efectos del
fenómeno El Niño, sino que, según el análisis de algunos
expertos, estas son las consecuencias palpables de un manejo
inadecuado del medio ambiente y la sobreexplotación de los
recursos naturales.
Deslaves
El geólogo Amador Aguilera, miembro de la Unión Internacional
de Ciencias Geológicas, asegura que los deslizamientos que se
producen actualmente en los cerros de Guayaquil, están
asociados directamente con las explotaciones antitécnicas de
las canteras.
"Cuando terminaron la explotación de las canteras dejaron
destruido el talud natural y el frente de explotación.
Socavaron la parte baja desestabilizando la pendiente y
fracturando el macizo rocoso", dice.
El geólogo Aguilera encuentra tres responsables en el caso de
Cerro Azul:
Quienes explotaron la cantera que destruyeron el talud, los
constructores de la vía Perimetral y los constructores de
Riocentro.
La ley de Minas dispone que antes de la explotación se deben
presentar mapas topográficos iniciales y posterior a ella los
finales, que permitan constatar que luego de los trabajos se
han dejado estabilizados los taludes. "Esto no se cumple",
dice Aguilera. También se exigen estudios de impacto ambiental
que en la práctica no se estarían realizando, dice Amador
Aguilera.
El municipio debe fiscalizar y controlar que se utilicen los
explosivos adecuados.
La Municipalidad tiene el control de las canteras, por lo que,
según señala el biólogo Leonardo Maridueña, director de Medio
Ambiente del Municipio de Guayaquil, se está diseñando una
ordenanza que permita controlar las canteras desde el punto de
vista ambiental. "Por fenómenos como el que estamos
atravesando recién se descubren las debilidades y falencias
que se tienen en ese aspecto", dice.
El Estero Salado
De acuerdo a una evaluación de la Dirección de Medio Ambiente
de la Municipalidad, la contaminación se produce,
principalmente, porque el sistema de alcantarillado descarga
en él las aguas servidas de la ciudad, en su mayoría sin
tratamiento. La Empresa Cantonal de Agua Potable y
Alcantarillado (Ecapag) contribuye en estos momentos en un 80%
de la contaminación del Estero.
La descarga de desechos sólidos y de aguas servidas de la
población ribereña de las "invasiones", constituida por más de
doscientos mil personas, así como los desechos industriales,
también son factores importantes de la contaminación del
Estero Salado.
Aunque desde 1995 existen directrices de la Dirección General
de la Marina Mercante (Digmer) para elaborar estudios y
diseños de efluentes industriales, emitidas con el objetivo de
regular la conservación del ecosistema de las aguas nacionales
y de las zonas costeras, prevenir y controlar la contaminación
por derrames de hidrocarburos y de otras sustancias nocivas,
que producen deterioro en ellos, la contaminación por estas
fuentes continúa.
Pero las deficiencias en el servicio de recolección de basura
también estimularían a la población a botar sus desechos al
Estero Salado. "Si es un grupo de una área marginal que no
tiene sus necesidades básicas satisfechas porque no las
proveen las autoridades, cómo les pide usted que no boten
desechos orgánicos", dice Deborah Chiriboga, Directora de
Fundación Natura en Guayaquil.
El costo del proyecto de Recuperación del Estero Salado, que
demoraría entre 5 ó 7 años ejecutarlo, ascendería a los 65
millones de dólares, aunque aún no se cuenta con el
financiamiento.
El director regional de Medio Ambiente, Iván Zambrano,
sostiene que muchos asentamientos deben ser removidos en forma
planificada, por ser uno de los factores de contaminación, que
no permiten la organización de la población, para dotarla
adecuadamente de los servicios públicos.
Relleno sanitario
El geólogo Amador Aguilera plantea la posibilidad de
aprovechar los acuíferos existentes a 120 metros, que
contienen agua dulce de alta calidad, para potabilizarlas
debido a la fuerte contaminación de los ríos y la lluvia que
trae agua contaminada. Pero esta alternativa en Guayaquil
sería descartada, ya que habría que analizarse si a través del
botadero también se estaría contaminando este recurso hídrico.
En un documento de la Comisión Asesora Ambiental de la
Presidencia de la República se lee que, el lugar elegido para
el relleno sanitario es el más adecuado "porque tiene un suelo
permeable". Juan Carlos Demmerle, miembro de una consultora
internacional, especializada en temas ambientales, señala que
es precisamente esa característica por la cual debería
considerarse aquel terreno como inapropiado para una obra de
esa categoría. En estos casos la técnica recomienda que el
suelo debe ser impermeable, para que los lixiviados no tengan
acceso a la capa feásica de aguas subterráneas. "Eso va a
causar un problema grave, pero no se ve", recalca el técnico.
Los lixiviados pueden tener un componente de carga orgánica o
de contaminantes tóxicos, por procesos que ocurren en el
botadero. Estas aguas subterráneas pueden infiltrarse hacia
ríos de donde se toma agua para potabilizar. "Esto producirá
repercusiones negativas en la salud de las personas que la
consumen o en animales como los camarones, también consumidos
por la población", dice.
Malecón 2000
El proyecto del Malecón 2000 que ha generado tanta expectativa
entre la ciudadanía por el aporte turístico que representará
para la ciudad, aún está en una etapa en la que se pueden
adoptar las medidas pertinentes relacionadas con el impacto
ambiental que esta obra pueda representar.
Juan Carlos Demmerle sostiene que se debe cuidar que las aguas
negras de ese Malecón 2000 no se descarguen directamente al
río Guayas. "Tampoco se sabe qué puede ocurrir durante la fase
de construcción", advierte.
Demmerle señala que si bien el Guayas tienen una capacidad
para diluir aguas negras, por la contaminación que se produce
aguas arriba del Daule, sumada a la que se podría generar con
el Malecón 2000, este cuerpo de agua no tendrá capacidad para
diluir tantas aguas negras.
"Se puede construir esta obra pero bajo la consideración que
la basura y las aguas negras se van a descargar y van a ser
controladas a través del sistema de alcantarillado de toda la
ciudad y del servicio de recolección de basura".
El director de Medio Ambiente del Municipio sostiene que de
los estudios de Impacto Ambiental, se ha encargado el
Instituto Oceanográfico de la Armada. "En el momento que esta
institución los presente, haremos las observaciones del caso,
pero esperamos que se planteen las medidas de mitigación
adecuadas, para que el impacto de esta obra de infraestructura
al medio ambiente, sea la menor posible".
De no adoptárselas, dice, "podría causar algunos efectos
negativos en el área de influencia del proyecto".
El geólogo Amador Aguilera advierte que es necesario que se
realice un estudio sedimentológico e hidrológico del río
Guayas, pues este cuerpo de agua actualmente está colmatándose
de sedimentos, debido a la deforestación que hay a lo largo de
su cuenca, como se puede observar con la formación de nuevas
islas. Esto prevé un peligro de inundación en el Malecón, pues
si se colmata de sedimento, el río puede producir una
inundación.
José Alvarado EL UNIVERSO
En la Isla Santay habitan cerca de 400 personas, que carecen
de servicios básicos y que se dedican mayoritariamente a la
pesca. Su comunidad incluye a descendientes de los primeros
peones que trabajaban en ocho haciendas que había en la isla.
Isla Santay, con destino incierto
A pesar de ser considerada como el pulmón de Guayaquil, el
Gobierno Nacional aún no tiene un plan definido en cuanto a la
utilización de la Isla Santay. Aunque grupos ecologistas han
solicitado se la declare como Area de Reserva Natural, ninguna
diligencia se ha realizado al respecto. El director Regional
de Medio Ambiente, Iván Zambrano, no conoce qué pasará con
ella y solo tiene referencias de que está en manos del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), tiene a su cargo
los terrenos de la isla. Inicialmente esta entidad pretendió
urbanizar el área, pero según el abogado Walter Subía, gerente
del BEV, esta entidad no promoverá ningún plan de vivienda.
"Llegamos a un entendimiento de que eso no podía ser. Se lo va
a dejar tal como está, para preservarlo como pulmón", recalca.
Subía asegura que se mantienen conversaciones con Fundación
Natura para desarrollar proyectos alternativos, pero que las
decisiones finales "se las toma en Quito".
Area protegida
Actualmente hay diversas posturas en torno a qué hacer con la
isla, cuya superficie total de 2.179 hectáreas es rica en
flora y fauna. Posee 998 hectáreas de manglar e incluye una
variedad de árboles propia de un bosque seco tropical.
Según la Fundación Isla Santay, organismo creado en 1992 por
iniciativa de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con el fin
de conservar su hábitat y solucionar sus problemas
ambientales, el 55,2% de la superficie de la isla debería
declarárselo área protegida.
La fundación propone que el 32,7% restante, compuesto de
sabanas de gramíneas, pastizales activos y abandonados, áreas
quemadas, arena y lodo, deberían destinarse a dos actividades
puntuales: el desarrollo de obras con fines recreacionales,
ecoturísticas y culturales, destinando para el efecto el
20,65% de la superficie de la isla y para urbanización el
24,15%, pero manteniendo el cuidado en el medio ambiente.
Esta propuesta surgió de un estudio realizado por la fundación
en 1995. Desde ese entonces no se han dado pasos concretos
para su realización, según afirma el ingeniero Andrés Aspiazu,
presidente de la entidad, debido a la inestabilidad política
del país. "Esperamos a un gobierno estable, que se posesione
por cuatro años", asegura.
Diversas tentativas
Una postura más conservacionista que la de la Fundación Isla
Santay es la de la Fundación Comité Ecológico del Litoral
(CEL), la cual busca soluciones para la isla desde hace siete
años.
Para José Delgado Mendoza, presidente del CEL, el 100% de la
isla debe declararse área protegida.
A pesar de la importancia que tiene la isla, Delgado asegura
que no existen proyectos concretos de parte del sector
público. Así, afirma que el Presidente de la República, Fabián
Alarcón, pidió informes acerca de la Santay a la ministra de
Medio Ambiente, Flor María Valverde, pero que ella indicó que
ya se estaba realizando un proyecto con el Ministerio de
Vivienda, "el que hasta el momento no se conoce, y creemos que
no existe", dice.
Para conseguir la designación de área de reserva para la isla,
el CEL emprendió un plan desde mayo del año pasado. Empezó por
solicitar al Instituto Ecuatoriano Forestal de Areas Naturales
y Vida Silvestre (Inefan) promueva esta declaratoria. La
entidad gubernamental acogió favorablemente la idea, ya que la
propuesta busca que el BEV traspase al Inefan la custodia de
la isla.
Uno de los puntales de esta iniciativa, según afirma Delgado,
es el que la Santay no puede ser objeto de urbanización
alguna, como sugiere la Fundación Isla Santay, ya que las
condiciones geográficas y ecológicas del lugar no lo permiten
(según la CEL el 70% de la isla pasa sumergido y carece de
agua dulce).
Actualmente el CEL posee el apoyo de la Cooperación Social
Técnica Alemana para respaldar un proyecto de 40 millones de
sucres, con el que básicamente se provocaría una concertación
que lleve a la declaratoria. Luego se desarrollaría en la isla
un centro de investigaciones y se promovería el ecoturismo.
(Texto tomado de El U&niverso)
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