Quito. 17.07.94. Campesinos empobrecidos, migración a las
ciudades y caída en la producción agrícola fueron algunas de las
consecuencias de la reforma agraria aplicada en la subregión
andina, un proceso que ahora agoniza ante las fuerzas del mercado
y la vigencia de políticas neoliberales.
En una marcha que ya parece indetenible, el reinado de las tesis
de privatización, competencia y fin del intervencionismo estatal
se va imponiendo no solo en la administración pública, sino
también en los sectores rurales de la subregión, donde viven
alrededor de 33 millones de personas, en gran parte indígenas.
En los países de mayor concentración indígena, como Bolivia,
Ecuador y Perú, se fraguan leyes para liberalizar el mercado de
tierras, mientras que en otros, como Colombia y Venezuela, el
tema no despierta mayor interés, pues la importancia y presencia
de los sectores campesinos decreció hace muchos años.
El proceso, que podría terminar sepultando a todas las políticas
de reforma agraria, plantea interrogantes sobre cuál será el
futuro de pueblos nativos que fundaron su cultura en una relación
especial con la tierra, a la que consideran madre y complemento,
y no precisamente mercancía.
La primera reforma agraria en el área andina se promulgó en
Colombia en 1936, y luego siguieron Bolivia en 1953, Venezuela en
1960, Ecuador en 1964 y Perú en 1969.
Estas leyes, consideradas ahora caducas por gobiernos y
empresarios, en unos casos han ido modificándose con el tiempo, y
en otros, caminando hacia una reforma total.
En Ecuador, el gobierno del presidente conservador Sixto
Durán-Ballén promulgó en junio la denominada ley de "Desarrollo
Agrario", con la que se liberalizó el mercado de tierras y agua,
mientras que en Perú y Bolivia se preparan planes similares, con
el apoyo de empresarios y grandes agricultores.
En el primer país, la aprobación de la ley originó violentas
protestas en las zonas rurales que obligaron al gobierno y a los
empresarios agrícolas a ceder y sentarse con los Indígenas para
estudiar reformas a la norma, en un difícil proceso de diálogo
cuyo fin es incierto.
Según las organizaciones indígenas ecuatorianas, la
liberalización indiscriminada del mercado de tierras significará
el fin de su cultura y la monopolización de la producción
agrícola.
En Bolivia y Perú, en cambio, el tema aun está en debate, pero no
se prevé una reacción indígena y campesina importante, pues la
libre venta e hipoteca de tierras son prácticas vigentes desde
hace varios años.
La reforma agraria, una de las tesis centrales de los gobiernos
andinos desde hace más de 30 años, redistribuyó la tierra y
terminó con la excesiva explotación de la mano de obra campesina,
pero no consiguió superar la pobreza en el medio rural.
La falta de asistencia técnica y crediticia y la entrega de
propiedades en zonas poco productivas, provocó que gran parte de
los alrededor de 20 millones de indígenas que viven en los países
andinos se empobrecieran aun más y migraran a las ciudades, donde
ahora engruesan los cinturones de miseria.
RECIBIERON LAS PEORES TIERRAS
Informaciones recogidas por IPS en las capitales andinas señalan
que en los últimos 34 años cambió la composición demográfica de
la subregión. En 1960, la población rural de esta zona
representaba alrededor de 63 por ciento del total, mientras que
en la actualidad apenas es de 33 por ciento.
En los países de la subregión andina, los campesinos recibieron
las peores tierras, en zonas áridas, erosionadas o de páramo.
Para ellos, no fue suficiente terminar con las relaciones
semifeudales que durante decenas de años los ató a los grandes
dueños de haciendas, ya que quedaron libres pero la mayoría con
pocas posibilidades de superar la pobreza.
A muchos se les entregaron tierras sin ninguna planificación, en
forma individual o colectiva, como un simple acto de clientelismo
político acompañado de ofrecimientos de crédito y ayuda, como
demuestran las cifras.
En Ecuador, por ejemplo, entre 1950 y 1985 el sector financiero
destinó a la agricultura solo 11,8 por ciento del volumen total
de su crédito neto, frente a 88 por ciento orientado a la
industria, la construcción y otras actividades económicas. Algo
similar sucedió en los demás países.
Según un estudio del Banco Mundial, los indígenas y campesinos de
América Latina constituyen el sector social más afectado por la
pobreza.
En Bolivia, por ejemplo, ser indígena supone tener 16 por ciento
más de probabilidades de ser pobre, indicó el estudio, mientras
que en Perú, 79 por ciento de la población indígena y campesina
es pobre y más de la mitad de ella vive en condiciones de
miseria.
El Banco Mundial sostiene que la población boliviana, colombiana,
ecuatoriana o peruana de origen indígena y rural tiene más
probabilidades de ser pobre que la urbana y mestiza.
Quizá ello explica, en parte, la baja que en los últimos años
registró la producción agrícola en varios países andinos.
En Venezuela, donde antes de la reforma el campesinado que se
benefició con ese proceso contribuía con 16 por ciento de lo
producido en el agro, ahora aporta menos de 10 por ciento. Este
país, cuya población campesina es menor al 16 por ciento, debe
importar 40 por ciento de los alimentos que consume.
En Perú los detractores de la reforma agraria sostienen que luego
de promulgada esa ley la producción de alimentos cayó más de 40
por ciento, mientras en Ecuador los campesinos, superando
múltiples dificultades, logran cubrir con justeza la demanda
interna de alimentos.
En este último país, donde la población rural representa 42 por
ciento del total, en las últimas tres décadas la productividad
agrícola aumentó 2,3 por ciento al año, mientras la demanda de
alimentos creció 4,2 por ciento.
Según los investigadores, esto se debe principalmente a que los
hacendados, dueños de las tierras más productivas, prefirieron
destinar sus propiedades a la ganadería o al cultivo de productos
de exportación.
Los empresarios sostienen que este es el momento de que el campo
se abra a la libre competencia, se garantice la propiedad sobre
la tierra y se produzca para vender, para competir en el mercado
mundial.
Hoy solo queda el eco de frases como "segunda independencia" y
"revolución indígena", con las que los gobiernos andinos
proclamaron hace varias décadas la reforma agraria.
Para los nuevos protagonistas -los empresarios y los hacendados-
el "paternalismo estatal", representado en la reforma agraria,
perjudicó su labor.
El postulado reinante ahora ya no es "la tierra para el que la
trabaja", sino "para quien pueda comprarla" y hacerla producir al
máximo. (2A)
ciudades y caída en la producción agrícola fueron algunas de las
consecuencias de la reforma agraria aplicada en la subregión
andina, un proceso que ahora agoniza ante las fuerzas del mercado
y la vigencia de políticas neoliberales.
En una marcha que ya parece indetenible, el reinado de las tesis
de privatización, competencia y fin del intervencionismo estatal
se va imponiendo no solo en la administración pública, sino
también en los sectores rurales de la subregión, donde viven
alrededor de 33 millones de personas, en gran parte indígenas.
En los países de mayor concentración indígena, como Bolivia,
Ecuador y Perú, se fraguan leyes para liberalizar el mercado de
tierras, mientras que en otros, como Colombia y Venezuela, el
tema no despierta mayor interés, pues la importancia y presencia
de los sectores campesinos decreció hace muchos años.
El proceso, que podría terminar sepultando a todas las políticas
de reforma agraria, plantea interrogantes sobre cuál será el
futuro de pueblos nativos que fundaron su cultura en una relación
especial con la tierra, a la que consideran madre y complemento,
y no precisamente mercancía.
La primera reforma agraria en el área andina se promulgó en
Colombia en 1936, y luego siguieron Bolivia en 1953, Venezuela en
1960, Ecuador en 1964 y Perú en 1969.
Estas leyes, consideradas ahora caducas por gobiernos y
empresarios, en unos casos han ido modificándose con el tiempo, y
en otros, caminando hacia una reforma total.
En Ecuador, el gobierno del presidente conservador Sixto
Durán-Ballén promulgó en junio la denominada ley de "Desarrollo
Agrario", con la que se liberalizó el mercado de tierras y agua,
mientras que en Perú y Bolivia se preparan planes similares, con
el apoyo de empresarios y grandes agricultores.
En el primer país, la aprobación de la ley originó violentas
protestas en las zonas rurales que obligaron al gobierno y a los
empresarios agrícolas a ceder y sentarse con los Indígenas para
estudiar reformas a la norma, en un difícil proceso de diálogo
cuyo fin es incierto.
Según las organizaciones indígenas ecuatorianas, la
liberalización indiscriminada del mercado de tierras significará
el fin de su cultura y la monopolización de la producción
agrícola.
En Bolivia y Perú, en cambio, el tema aun está en debate, pero no
se prevé una reacción indígena y campesina importante, pues la
libre venta e hipoteca de tierras son prácticas vigentes desde
hace varios años.
La reforma agraria, una de las tesis centrales de los gobiernos
andinos desde hace más de 30 años, redistribuyó la tierra y
terminó con la excesiva explotación de la mano de obra campesina,
pero no consiguió superar la pobreza en el medio rural.
La falta de asistencia técnica y crediticia y la entrega de
propiedades en zonas poco productivas, provocó que gran parte de
los alrededor de 20 millones de indígenas que viven en los países
andinos se empobrecieran aun más y migraran a las ciudades, donde
ahora engruesan los cinturones de miseria.
RECIBIERON LAS PEORES TIERRAS
Informaciones recogidas por IPS en las capitales andinas señalan
que en los últimos 34 años cambió la composición demográfica de
la subregión. En 1960, la población rural de esta zona
representaba alrededor de 63 por ciento del total, mientras que
en la actualidad apenas es de 33 por ciento.
En los países de la subregión andina, los campesinos recibieron
las peores tierras, en zonas áridas, erosionadas o de páramo.
Para ellos, no fue suficiente terminar con las relaciones
semifeudales que durante decenas de años los ató a los grandes
dueños de haciendas, ya que quedaron libres pero la mayoría con
pocas posibilidades de superar la pobreza.
A muchos se les entregaron tierras sin ninguna planificación, en
forma individual o colectiva, como un simple acto de clientelismo
político acompañado de ofrecimientos de crédito y ayuda, como
demuestran las cifras.
En Ecuador, por ejemplo, entre 1950 y 1985 el sector financiero
destinó a la agricultura solo 11,8 por ciento del volumen total
de su crédito neto, frente a 88 por ciento orientado a la
industria, la construcción y otras actividades económicas. Algo
similar sucedió en los demás países.
Según un estudio del Banco Mundial, los indígenas y campesinos de
América Latina constituyen el sector social más afectado por la
pobreza.
En Bolivia, por ejemplo, ser indígena supone tener 16 por ciento
más de probabilidades de ser pobre, indicó el estudio, mientras
que en Perú, 79 por ciento de la población indígena y campesina
es pobre y más de la mitad de ella vive en condiciones de
miseria.
El Banco Mundial sostiene que la población boliviana, colombiana,
ecuatoriana o peruana de origen indígena y rural tiene más
probabilidades de ser pobre que la urbana y mestiza.
Quizá ello explica, en parte, la baja que en los últimos años
registró la producción agrícola en varios países andinos.
En Venezuela, donde antes de la reforma el campesinado que se
benefició con ese proceso contribuía con 16 por ciento de lo
producido en el agro, ahora aporta menos de 10 por ciento. Este
país, cuya población campesina es menor al 16 por ciento, debe
importar 40 por ciento de los alimentos que consume.
En Perú los detractores de la reforma agraria sostienen que luego
de promulgada esa ley la producción de alimentos cayó más de 40
por ciento, mientras en Ecuador los campesinos, superando
múltiples dificultades, logran cubrir con justeza la demanda
interna de alimentos.
En este último país, donde la población rural representa 42 por
ciento del total, en las últimas tres décadas la productividad
agrícola aumentó 2,3 por ciento al año, mientras la demanda de
alimentos creció 4,2 por ciento.
Según los investigadores, esto se debe principalmente a que los
hacendados, dueños de las tierras más productivas, prefirieron
destinar sus propiedades a la ganadería o al cultivo de productos
de exportación.
Los empresarios sostienen que este es el momento de que el campo
se abra a la libre competencia, se garantice la propiedad sobre
la tierra y se produzca para vender, para competir en el mercado
mundial.
Hoy solo queda el eco de frases como "segunda independencia" y
"revolución indígena", con las que los gobiernos andinos
proclamaron hace varias décadas la reforma agraria.
Para los nuevos protagonistas -los empresarios y los hacendados-
el "paternalismo estatal", representado en la reforma agraria,
perjudicó su labor.
El postulado reinante ahora ya no es "la tierra para el que la
trabaja", sino "para quien pueda comprarla" y hacerla producir al
máximo. (2A)
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