Quito. 12 feb 98. Las anunciadas medidas económicas fueron
expuestas ayer por el presidente Fabián Alarcón en 30 minutos.
Con cinco acciones del Gobierno se prevé que el déficit fiscal
del presente año no pasará del 2,5 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB).
La optimización de los desembolsos externos, la reducción del
10 por ciento al Presupuesto del Estado, la vigencia del
arancel del 4 por ciento a las importaciones, la ley
tributaria, y la ampliación del Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE) son las acciones que -según el
Gobierno- permitirán cumplir con el programa económico del
presente año.
Alarcón señaló que son necesarias en vista de la baja del
precio del petróleo y los efecto del fenómeno de El Niño, que
afectan al presupuesto estatal.
Pero sus efectos se sentirán en una reducción del crecimiento
económico, dijo. La meta pa el 98 estará entre el 2,7 y 3 por
ciento. Antes fue el 4 por ciento. La inflación a fines de año
sería de 25 por ciento.
Un 10% menos al Presupuesto
Esta acción fue la primera que barajaron las autoridades
económicas . Según la Ley de Presupuesto, es factible que el
Gobierno, a través del ministro de Finanzas, apruebe una
reducción o aumento del Presupuesto aprobado por el Congreso.
El artículo 48 de la Ley de Presupuesto del Sector Público
señala que al Ministro de Finanzas le corresponde, entre otras
tareas, "aprobar los aumentos y rebajas de créditos que
alteren los niveles fijados en el presupuesto del Gobierno
Nacional, hasta por un 10 por ciento respecto de las cifras
aprobadas por la Legislatura".
Los cálculos del Frente Económico son que con esta acción se
dejaría de gastar al menos 500 mil millones de sucres, un
equivalente a 100 millones de dólares. Alarcón no descartó que
el recorte pueda ser mayor, pero la base mínima es equivalente
al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Este tipo de recortes, cuando se han tomado en
administraciones anteriores, normalmente han repercutido en
las áreas sociales. Sin embargo, el presidente Alarcón señaló
que no se afectará la inversión en salud, educación ni
vivienda.
Lo que está pendiente por conocer es en qué partidas se pueden
hacer los recortes. Los desembolsos por pago de deuda externa
no se los puede tocar, así como los pagos por remuneraciones
al sector público. Lo que quedaría pendiente es reducir la
inversión en obra pública y realizar recortes más pequeños en
gastos corrientes, según los analistas económicos.
Sin embargo, los daños causados en la infraestructura vial,
por el fenómeno de El Niño, obligarán al Gobierno a realizar
mayores egresos.
Los recursos para enfrentar esta situación, que no estuvo
presupuestada, ya están viniendo de una mayor deuda, que
tampoco estuvo prevista, señalan.
La ampliación del SOTE vuelve
Tal como ocurrió el año pasado, la ampliación del Sistema de
Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), está en los planes del
Gobierno para subir sus ingresos.
El presidente Alarcón dijo que la ampliación se hará, pero
ahora el mecanismo de financiamiento no significará un aumento
la deuda pública.
En este sentido, se deja de lado la resolución del Directorio
de Petroecuador a finales de 1997. Ahí se aprobó un crédito de
hasta 114 millones de dólares con la Corporación Andina de
Fomento (CAF), así como la emisión de deuda de Petroecuador
con la garantía del Estado, hasta por 50 millones de dólares.
Ahora las autoridades energéticas tendrán que buscar otro
mecanismo de financiamiento, dijo.
Alarcón maneja dos tesis: por un lado señaló que se ahorrará
164 millones de dólares, que es el costo de la ampliación del
SOTE, y que iba a ser financiado con deuda. Con esto prevé
aliviar las cuentas fiscales por ese mismo valor, pues ya no
se endeudará.
Ese cálculo -dice- significará un ahorro por 164 millones de
dólares, un 0,8 por ciento del PIB.
Pero este cálculo tiene una observación: la contratación de
crédito no estuvo prevista en el Presupuesto del Estado para
1998, por lo que no significaría ningún ahorro efectivo.
Pero el Presidente dio otra salida para señalar que habrá
ingresos para el Estado. Hasta agosto del presente año se
ampliará la capacidad del SOTE para transportar 25.000
barriles diarios de crudo. Ahí sí se puede registrar ingresos
reales de recursos, pero esta supeditado a que la obra se
realice.
Alarcón ratificó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
seguirá a cargo de la ampliación del SOTE, pero en alianza con
algún socio privado. Está pendiente el financiamiento, tema
que se habla desde julio del 97. Se han barajado 5
alternativas desde ese entonces y hasta ahora no hay decisión
por ninguna.
La priorización de deudas
Como lo señaló el ministro de Finanzas, Marco Flores, el
presidente Alarcón ratificó la decisión de optimizar los
desembolsos externos como parte de las acciones correctivas
para que se cumpla el programa macroeconómico. La
racionalización de estos créditos se hará en función de las
posibilidades efectivas de su utilización, señaló.
Flores dijo anteriormente que los desembolsos externos
significan más deuda externa. Además, hay muchos proyectos que
tienen retrasos en su ejecución y los desembolsos no llegan a
efectivizarse, por lo que se pueden recortar esos recursos.
"Luego del análisis técnico y profesional vimos que se puede
recortar desembolsos que no se van a efectivizar, pero que
fueron considerados en el Presupuesto".
Los cálculos de las autoridades señalan que esta medida
producirá un ahorro por aproximadamente 180 millones de
dólares, un 0,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Esta racionalización, sin embargo, no afectará el
desenvolvimiento de ningún proyecto, según el Gobierno.
El programa macroeconómico para 1998 establece que en el
presente año la deuda externa pública crecería en unos 500
millones de dólares, llegando a fines de año a un total de
13.000 millones de dólares.
Alarcón destacó que el año pasado la relación deuda
externa/PIB se redujo de 65,9 a 63,2 por ciento y que en 1998
se va a mantener esta proporción.
El Banco Central considera que el índice de endeudamiento del
país aún es alto, pues el promedio de América Latina está en
el 45 por ciento, nivel al que hay que tender.
Pero queda una pregunta que Finanzas no ha respondido. Si es
factible y adecuado que el Gobierno haga una racionalización
de desembolsos externos, pues no se utilizarán esos recursos,
¿por qué no se lo hizo antes de elaborar el Presupuesto del
Estado?
La salvaguardia del 4 por ciento
Al igual que el año pasado, el Gobierno confirmó que
implementará el cobro de un arancel temporal (salvaguardia)
del 4 por ciento a las importaciones.
"Hay la decisión de reiniciar de forma inmediata, dentro del
marco constitucional, legal, y dentro de los acuerdos
internacionales del país con los organismos internacionales,
el cobro del 4 por ciento a las importaciones".
Esta medida significaría ingresos para el Fisco por 100
millones de dólares, un 0,5 por ciento del Producto Interno
Bruto.
Los afectados directos de esta acción serían los importadores,
tanto de bienes de consumo, como de materias primas y bienes
de capital.
El Gobierno maneja la tesis de que esta medida es posible
aplicarla pues la situación crítica del país permite usar este
tipo de acciones. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Quito
señala que no procede aplicar aranceles de salvaguardia tal
como pretende hacerlo el actual Gobierno, dado que este
impuesto solo puede ser dictado en dos casos. El primero es
cuando las importaciones causen o amenacen con un daño
irreparable a la producción interna, usualmente promovido por
la competencia desleal.
El segundo caso es cuando el país presenta problemas serios de
balanza de pagos. Nicolás Espinosa, presidente de la Cámara de
Comercio de Quito, señaló que jamás pueden dictarse medidas de
salvaguardia para resolver problemas fiscales.
A eso se suma otra situación. En el supuesto que el Gobierno
tenga argumentos para aplicar esta salvaguardia por razones de
balanza de pagos, debe acudir a la Junta Monetaria y al
Consejo de Comercio Exterior (Comexi) para resolverlo, y de
ninguna manera al Comité Técnico Aduanero, como lo hizo en
días pasados. "Esta acción se vería como un incumplimiento de
los compromisos internacionales".
La reforma tributaria va
Aunque el Congreso Nacional tiene la decisión, el Presidente
de la República anunció que la Ley de Reforma Tributaria,
elaborada por el Ministerio de Finanzas, está también dentro
de sus acciones para corregir un posible déficit fiscal.
El proyecto de ley será presentado con carácter económico de
urgente, pues el Gobierno ya tiene la experiencia de lo que
sucedió con el Proyecto de Ley de Aduanas. Este se envió por
la vía normal y hasta el momento no se resuelve, pese a que el
Congreso se comprometió a tramitarlo en 15 días.
Las autoridades estiman recaudar 100 millones de dólares
adicionales con la vigencia de esta ley, lo que es equivalente
al 0,5 por ciento del PIB.
El proyecto tiene como uno de sus puntos principales el cobro
de al menos el 1,25 por ciento a los ingresos brutos de las
empresas, quienes serán por ende los principales afectados.
En este sentido las cámaras de la producción se mostraron
contrarias al trámite de este proyecto de ley pues no fueron
consultadas. Los industriales solicitaron al Presidente que
desista de esta propuesta, pues no tiene sustento
constitucional y es un impuesto inequitativo. Para ellos el
problema no es crear más impuestos sino saber recaudar los
existentes.
Adicionalmente el proyecto prevé ampliar la base de
tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque se
mantendría exentos de pago los bienes para las áreas de salud
y cultura.
Para ayer estuvo prevista la comparecencia del Ministro de
Finanzas al Congreso Nacional, donde se hará la presentación
del proyecto ante los legisladores. Ahí se intentará
convencerlos de la necesidad de aprobar este proyecto con el
argumento de que la evasión tributaria en el país tiene su
resquicio en el marco legal que existe actualmente.
Tributos * Su implementación es cuestionada por las Cámaras
La Ley Flores, otro as de Alarcón
USD 1.556 millones se espera recaudar este año con la reforma.
De USD 100 millones que se buscan, el IVA representaría el 60
por ciento.
El proyecto de Reforma Tributaria del Ministro de Finanzas
cuenta entre las medidas del Gobierno para recuperar unos USD
100 millones para el fisco.
En 1998 los tributos serían la salida para cubrir la caída del
precio del petróleo y solventar los daños provocados por el
fenómeno de El Niño.
En total, para este año se prevé obtener unos 9,67 billones de
sucres por concepto de impuestos, un 37,2 por ciento más que
los 7 billones de este año -unos USD 1.555 millones-.
La medida es duramente criticada por la Cámara de Comercio de
Quito. Su presidente, Nicolás Espinosa opina que, debido al
corto tiempo que le queda al Gobierno Interino, esta reforma
será difícilmente aplicable.
Espinosa opina que el Gobierno debería concentrarse en tomar
medidas específicas como la focalización de subsidios al gas y
a la electricidad que le darían más de USD 150 millones.
Además opina que debería dejarse bien organizado el nuevo
Servicio de Rentas Internas y ampliar el número de
contribuyentes: "a los informales nunca se les ha cobrado
impuestos".
En cuanto al origen de los USD 100 millones, el cálculo del
ministro de Finanzas Marco Flores parte de la recaudación por
eliminación de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) -excepto a alimentos básicos, educación y salud-.
Cuentan la eliminación de exenciones de las que gozan los
entes públicos, los productos agropecuarios no alimenticios,
"las que benefician injustificadamente", según el proyecto.
Por lo demás, no está bien claro el esquema de obtención de
esos 100 millones. Un técnico de la entidad oficial estima que
por cada sector que sale de las exenciones se podrían
recaudar, al menos, USD 14 millones.
Otro de los temas polémicos del proyecto es el impuesto del
1,25 por ciento a los ingresos brutos de las empresas.
Al respecto, Espinosa insiste en que lo mejor sería ampliar la
base de contribuyentes. Las empresas formales son los únicos
contribuyentes -dice-, pero la Dirección de rentas ha sido el
centro de la corrupción y del chantaje a las empresas
privadas. "Todos los gobiernos han hablado de modernizar ese
departamento, todos dicen que han comprado o han logrado
créditos para comprar equipos. Pero vaya a ver si hay una base
de datos con nuevos contribuyentes que incluyan a informales".
El proyecto, además, supone el incremento de algunas bases
imponibles para productos nacionales sujetos al Impuesto a los
Consumos Especiales (ICE). Este se aplica sobre el consumo de
artículos considerados suntuarios como por ejemplo,
cigarrillos o bebidas alcohólicas. El problema con este
impuesto es que está cuestionado por Estados Unidos. Se lo
considera discriminatorio contra los productos provenientes
del exterior que tienen una mayor gravación.
El proyecto no establece exoneración para los impuestos a los
rendimientos financieros de papeles de la deuda pública y los
de papeles privados.
Solo se exonera a las cooperativas campesinas.
El Impuesto a la Renta se mantiene y está acorde con el
principio constitucional de quien más tiene más aporta al
Estado. Este mecanismo permite gravar buena parte del sector
de hidrocarburos, el turismo y la minería.
¿CUALES SON LOS CAMBIOS SEGUN EL ULTIMO PROYECTO?
EN VIGENCIA
* Impuesto a la Renta *
Las sociedades constituidas en el país y que obtengan ingresos
que son objeto de gravación, están sometidas a la tarifa
impositiva del 20 por ciento sobre sus utilidades
distributivas y las utilidades reinvertidas a la tarifa del 10
por ciento.
* El IVA *
Su base imponible es el valor total de los bienes muebles de
naturaleza corporal que se transfieren, o de los servicios que
se presten, calculados según sus precios, que incluyen
impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente
imputables al precio.
* El ICE *
El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se aplica para los
cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, aguas minerales,
aguas purificadas y productos alcohólicos. El gravamen
corresponde al precio de fábrica antes de que ingrese a las
Aduanas.
* Las exenciones *
Las utilidades obtenidas por el Estado, consejos provinciales,
municipios y entidades regidas por la Ley Orgánica de la
Administración Financiera y Control; y, bonos, certificados de
tesorería y títulos valores emitidos por el Estado no pagan.
* Los servicios *
Las utilidades que obtengan los contratistas de prestación de
servicios petroleros pagarán el impuesto a la renta con tarifa
44,4 por ciento. En caso de inversión en el país se reduce un
25 por ciento. Petroecuador administrará estas recaudaciones.
LA PROPUESTA
* Una base *
Las empresas y sociedades jurídicas pagarán un margen mínimo
de sus utilidades generadas con un piso del 1,25 por ciento.
Pero son exentas las empresas que se crean en su primer año.
En el segundo año pagarán el 0,5 y en el tercero 1 por ciento.
* Más ingreso *
Por concepto del IVA se eliminan las exenciones. Solo se
mantendrían para los artículos de primera necesidad. Es decir,
los que conforman la canasta familiar (alimentos y bebidas),
la salud (medicamentos) y la educación (libros, revistas y
papel).
* Lo agregado *
La base imponible de los productos de fabricación nacional
sujetos al ICE serán el precio fuera de fábrica, fuera de
aduana, incrementados en un 25 por ciento. El fabricante
deberá registrar este impuesto en los envases de los productos
gravados.
* Más contribuyentes *
El Servicio de Rentas Internas (SRI) comprobará mediante la
contratación de auditores externos privados, los ingresos de
las instituciones que presentan las propuestas de exención de
impuestos. Esta entidad ya fue creada desde este año.
* Lo que retienen *
Petroecuador actuará como agente de retención del Impuesto a
la Renta, del 1 por ciento de la tasa neta de servicios para
investigación tecnología y participación laboral. Depositará
en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional los 31 de enero. (Texto
tomado de El Comercio)
expuestas ayer por el presidente Fabián Alarcón en 30 minutos.
Con cinco acciones del Gobierno se prevé que el déficit fiscal
del presente año no pasará del 2,5 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB).
La optimización de los desembolsos externos, la reducción del
10 por ciento al Presupuesto del Estado, la vigencia del
arancel del 4 por ciento a las importaciones, la ley
tributaria, y la ampliación del Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE) son las acciones que -según el
Gobierno- permitirán cumplir con el programa económico del
presente año.
Alarcón señaló que son necesarias en vista de la baja del
precio del petróleo y los efecto del fenómeno de El Niño, que
afectan al presupuesto estatal.
Pero sus efectos se sentirán en una reducción del crecimiento
económico, dijo. La meta pa el 98 estará entre el 2,7 y 3 por
ciento. Antes fue el 4 por ciento. La inflación a fines de año
sería de 25 por ciento.
Un 10% menos al Presupuesto
Esta acción fue la primera que barajaron las autoridades
económicas . Según la Ley de Presupuesto, es factible que el
Gobierno, a través del ministro de Finanzas, apruebe una
reducción o aumento del Presupuesto aprobado por el Congreso.
El artículo 48 de la Ley de Presupuesto del Sector Público
señala que al Ministro de Finanzas le corresponde, entre otras
tareas, "aprobar los aumentos y rebajas de créditos que
alteren los niveles fijados en el presupuesto del Gobierno
Nacional, hasta por un 10 por ciento respecto de las cifras
aprobadas por la Legislatura".
Los cálculos del Frente Económico son que con esta acción se
dejaría de gastar al menos 500 mil millones de sucres, un
equivalente a 100 millones de dólares. Alarcón no descartó que
el recorte pueda ser mayor, pero la base mínima es equivalente
al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Este tipo de recortes, cuando se han tomado en
administraciones anteriores, normalmente han repercutido en
las áreas sociales. Sin embargo, el presidente Alarcón señaló
que no se afectará la inversión en salud, educación ni
vivienda.
Lo que está pendiente por conocer es en qué partidas se pueden
hacer los recortes. Los desembolsos por pago de deuda externa
no se los puede tocar, así como los pagos por remuneraciones
al sector público. Lo que quedaría pendiente es reducir la
inversión en obra pública y realizar recortes más pequeños en
gastos corrientes, según los analistas económicos.
Sin embargo, los daños causados en la infraestructura vial,
por el fenómeno de El Niño, obligarán al Gobierno a realizar
mayores egresos.
Los recursos para enfrentar esta situación, que no estuvo
presupuestada, ya están viniendo de una mayor deuda, que
tampoco estuvo prevista, señalan.
La ampliación del SOTE vuelve
Tal como ocurrió el año pasado, la ampliación del Sistema de
Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), está en los planes del
Gobierno para subir sus ingresos.
El presidente Alarcón dijo que la ampliación se hará, pero
ahora el mecanismo de financiamiento no significará un aumento
la deuda pública.
En este sentido, se deja de lado la resolución del Directorio
de Petroecuador a finales de 1997. Ahí se aprobó un crédito de
hasta 114 millones de dólares con la Corporación Andina de
Fomento (CAF), así como la emisión de deuda de Petroecuador
con la garantía del Estado, hasta por 50 millones de dólares.
Ahora las autoridades energéticas tendrán que buscar otro
mecanismo de financiamiento, dijo.
Alarcón maneja dos tesis: por un lado señaló que se ahorrará
164 millones de dólares, que es el costo de la ampliación del
SOTE, y que iba a ser financiado con deuda. Con esto prevé
aliviar las cuentas fiscales por ese mismo valor, pues ya no
se endeudará.
Ese cálculo -dice- significará un ahorro por 164 millones de
dólares, un 0,8 por ciento del PIB.
Pero este cálculo tiene una observación: la contratación de
crédito no estuvo prevista en el Presupuesto del Estado para
1998, por lo que no significaría ningún ahorro efectivo.
Pero el Presidente dio otra salida para señalar que habrá
ingresos para el Estado. Hasta agosto del presente año se
ampliará la capacidad del SOTE para transportar 25.000
barriles diarios de crudo. Ahí sí se puede registrar ingresos
reales de recursos, pero esta supeditado a que la obra se
realice.
Alarcón ratificó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
seguirá a cargo de la ampliación del SOTE, pero en alianza con
algún socio privado. Está pendiente el financiamiento, tema
que se habla desde julio del 97. Se han barajado 5
alternativas desde ese entonces y hasta ahora no hay decisión
por ninguna.
La priorización de deudas
Como lo señaló el ministro de Finanzas, Marco Flores, el
presidente Alarcón ratificó la decisión de optimizar los
desembolsos externos como parte de las acciones correctivas
para que se cumpla el programa macroeconómico. La
racionalización de estos créditos se hará en función de las
posibilidades efectivas de su utilización, señaló.
Flores dijo anteriormente que los desembolsos externos
significan más deuda externa. Además, hay muchos proyectos que
tienen retrasos en su ejecución y los desembolsos no llegan a
efectivizarse, por lo que se pueden recortar esos recursos.
"Luego del análisis técnico y profesional vimos que se puede
recortar desembolsos que no se van a efectivizar, pero que
fueron considerados en el Presupuesto".
Los cálculos de las autoridades señalan que esta medida
producirá un ahorro por aproximadamente 180 millones de
dólares, un 0,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Esta racionalización, sin embargo, no afectará el
desenvolvimiento de ningún proyecto, según el Gobierno.
El programa macroeconómico para 1998 establece que en el
presente año la deuda externa pública crecería en unos 500
millones de dólares, llegando a fines de año a un total de
13.000 millones de dólares.
Alarcón destacó que el año pasado la relación deuda
externa/PIB se redujo de 65,9 a 63,2 por ciento y que en 1998
se va a mantener esta proporción.
El Banco Central considera que el índice de endeudamiento del
país aún es alto, pues el promedio de América Latina está en
el 45 por ciento, nivel al que hay que tender.
Pero queda una pregunta que Finanzas no ha respondido. Si es
factible y adecuado que el Gobierno haga una racionalización
de desembolsos externos, pues no se utilizarán esos recursos,
¿por qué no se lo hizo antes de elaborar el Presupuesto del
Estado?
La salvaguardia del 4 por ciento
Al igual que el año pasado, el Gobierno confirmó que
implementará el cobro de un arancel temporal (salvaguardia)
del 4 por ciento a las importaciones.
"Hay la decisión de reiniciar de forma inmediata, dentro del
marco constitucional, legal, y dentro de los acuerdos
internacionales del país con los organismos internacionales,
el cobro del 4 por ciento a las importaciones".
Esta medida significaría ingresos para el Fisco por 100
millones de dólares, un 0,5 por ciento del Producto Interno
Bruto.
Los afectados directos de esta acción serían los importadores,
tanto de bienes de consumo, como de materias primas y bienes
de capital.
El Gobierno maneja la tesis de que esta medida es posible
aplicarla pues la situación crítica del país permite usar este
tipo de acciones. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Quito
señala que no procede aplicar aranceles de salvaguardia tal
como pretende hacerlo el actual Gobierno, dado que este
impuesto solo puede ser dictado en dos casos. El primero es
cuando las importaciones causen o amenacen con un daño
irreparable a la producción interna, usualmente promovido por
la competencia desleal.
El segundo caso es cuando el país presenta problemas serios de
balanza de pagos. Nicolás Espinosa, presidente de la Cámara de
Comercio de Quito, señaló que jamás pueden dictarse medidas de
salvaguardia para resolver problemas fiscales.
A eso se suma otra situación. En el supuesto que el Gobierno
tenga argumentos para aplicar esta salvaguardia por razones de
balanza de pagos, debe acudir a la Junta Monetaria y al
Consejo de Comercio Exterior (Comexi) para resolverlo, y de
ninguna manera al Comité Técnico Aduanero, como lo hizo en
días pasados. "Esta acción se vería como un incumplimiento de
los compromisos internacionales".
La reforma tributaria va
Aunque el Congreso Nacional tiene la decisión, el Presidente
de la República anunció que la Ley de Reforma Tributaria,
elaborada por el Ministerio de Finanzas, está también dentro
de sus acciones para corregir un posible déficit fiscal.
El proyecto de ley será presentado con carácter económico de
urgente, pues el Gobierno ya tiene la experiencia de lo que
sucedió con el Proyecto de Ley de Aduanas. Este se envió por
la vía normal y hasta el momento no se resuelve, pese a que el
Congreso se comprometió a tramitarlo en 15 días.
Las autoridades estiman recaudar 100 millones de dólares
adicionales con la vigencia de esta ley, lo que es equivalente
al 0,5 por ciento del PIB.
El proyecto tiene como uno de sus puntos principales el cobro
de al menos el 1,25 por ciento a los ingresos brutos de las
empresas, quienes serán por ende los principales afectados.
En este sentido las cámaras de la producción se mostraron
contrarias al trámite de este proyecto de ley pues no fueron
consultadas. Los industriales solicitaron al Presidente que
desista de esta propuesta, pues no tiene sustento
constitucional y es un impuesto inequitativo. Para ellos el
problema no es crear más impuestos sino saber recaudar los
existentes.
Adicionalmente el proyecto prevé ampliar la base de
tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque se
mantendría exentos de pago los bienes para las áreas de salud
y cultura.
Para ayer estuvo prevista la comparecencia del Ministro de
Finanzas al Congreso Nacional, donde se hará la presentación
del proyecto ante los legisladores. Ahí se intentará
convencerlos de la necesidad de aprobar este proyecto con el
argumento de que la evasión tributaria en el país tiene su
resquicio en el marco legal que existe actualmente.
Tributos * Su implementación es cuestionada por las Cámaras
La Ley Flores, otro as de Alarcón
USD 1.556 millones se espera recaudar este año con la reforma.
De USD 100 millones que se buscan, el IVA representaría el 60
por ciento.
El proyecto de Reforma Tributaria del Ministro de Finanzas
cuenta entre las medidas del Gobierno para recuperar unos USD
100 millones para el fisco.
En 1998 los tributos serían la salida para cubrir la caída del
precio del petróleo y solventar los daños provocados por el
fenómeno de El Niño.
En total, para este año se prevé obtener unos 9,67 billones de
sucres por concepto de impuestos, un 37,2 por ciento más que
los 7 billones de este año -unos USD 1.555 millones-.
La medida es duramente criticada por la Cámara de Comercio de
Quito. Su presidente, Nicolás Espinosa opina que, debido al
corto tiempo que le queda al Gobierno Interino, esta reforma
será difícilmente aplicable.
Espinosa opina que el Gobierno debería concentrarse en tomar
medidas específicas como la focalización de subsidios al gas y
a la electricidad que le darían más de USD 150 millones.
Además opina que debería dejarse bien organizado el nuevo
Servicio de Rentas Internas y ampliar el número de
contribuyentes: "a los informales nunca se les ha cobrado
impuestos".
En cuanto al origen de los USD 100 millones, el cálculo del
ministro de Finanzas Marco Flores parte de la recaudación por
eliminación de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) -excepto a alimentos básicos, educación y salud-.
Cuentan la eliminación de exenciones de las que gozan los
entes públicos, los productos agropecuarios no alimenticios,
"las que benefician injustificadamente", según el proyecto.
Por lo demás, no está bien claro el esquema de obtención de
esos 100 millones. Un técnico de la entidad oficial estima que
por cada sector que sale de las exenciones se podrían
recaudar, al menos, USD 14 millones.
Otro de los temas polémicos del proyecto es el impuesto del
1,25 por ciento a los ingresos brutos de las empresas.
Al respecto, Espinosa insiste en que lo mejor sería ampliar la
base de contribuyentes. Las empresas formales son los únicos
contribuyentes -dice-, pero la Dirección de rentas ha sido el
centro de la corrupción y del chantaje a las empresas
privadas. "Todos los gobiernos han hablado de modernizar ese
departamento, todos dicen que han comprado o han logrado
créditos para comprar equipos. Pero vaya a ver si hay una base
de datos con nuevos contribuyentes que incluyan a informales".
El proyecto, además, supone el incremento de algunas bases
imponibles para productos nacionales sujetos al Impuesto a los
Consumos Especiales (ICE). Este se aplica sobre el consumo de
artículos considerados suntuarios como por ejemplo,
cigarrillos o bebidas alcohólicas. El problema con este
impuesto es que está cuestionado por Estados Unidos. Se lo
considera discriminatorio contra los productos provenientes
del exterior que tienen una mayor gravación.
El proyecto no establece exoneración para los impuestos a los
rendimientos financieros de papeles de la deuda pública y los
de papeles privados.
Solo se exonera a las cooperativas campesinas.
El Impuesto a la Renta se mantiene y está acorde con el
principio constitucional de quien más tiene más aporta al
Estado. Este mecanismo permite gravar buena parte del sector
de hidrocarburos, el turismo y la minería.
¿CUALES SON LOS CAMBIOS SEGUN EL ULTIMO PROYECTO?
EN VIGENCIA
* Impuesto a la Renta *
Las sociedades constituidas en el país y que obtengan ingresos
que son objeto de gravación, están sometidas a la tarifa
impositiva del 20 por ciento sobre sus utilidades
distributivas y las utilidades reinvertidas a la tarifa del 10
por ciento.
* El IVA *
Su base imponible es el valor total de los bienes muebles de
naturaleza corporal que se transfieren, o de los servicios que
se presten, calculados según sus precios, que incluyen
impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente
imputables al precio.
* El ICE *
El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se aplica para los
cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, aguas minerales,
aguas purificadas y productos alcohólicos. El gravamen
corresponde al precio de fábrica antes de que ingrese a las
Aduanas.
* Las exenciones *
Las utilidades obtenidas por el Estado, consejos provinciales,
municipios y entidades regidas por la Ley Orgánica de la
Administración Financiera y Control; y, bonos, certificados de
tesorería y títulos valores emitidos por el Estado no pagan.
* Los servicios *
Las utilidades que obtengan los contratistas de prestación de
servicios petroleros pagarán el impuesto a la renta con tarifa
44,4 por ciento. En caso de inversión en el país se reduce un
25 por ciento. Petroecuador administrará estas recaudaciones.
LA PROPUESTA
* Una base *
Las empresas y sociedades jurídicas pagarán un margen mínimo
de sus utilidades generadas con un piso del 1,25 por ciento.
Pero son exentas las empresas que se crean en su primer año.
En el segundo año pagarán el 0,5 y en el tercero 1 por ciento.
* Más ingreso *
Por concepto del IVA se eliminan las exenciones. Solo se
mantendrían para los artículos de primera necesidad. Es decir,
los que conforman la canasta familiar (alimentos y bebidas),
la salud (medicamentos) y la educación (libros, revistas y
papel).
* Lo agregado *
La base imponible de los productos de fabricación nacional
sujetos al ICE serán el precio fuera de fábrica, fuera de
aduana, incrementados en un 25 por ciento. El fabricante
deberá registrar este impuesto en los envases de los productos
gravados.
* Más contribuyentes *
El Servicio de Rentas Internas (SRI) comprobará mediante la
contratación de auditores externos privados, los ingresos de
las instituciones que presentan las propuestas de exención de
impuestos. Esta entidad ya fue creada desde este año.
* Lo que retienen *
Petroecuador actuará como agente de retención del Impuesto a
la Renta, del 1 por ciento de la tasa neta de servicios para
investigación tecnología y participación laboral. Depositará
en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional los 31 de enero. (Texto
tomado de El Comercio)
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