Entre los argumentos de los grupos dirigentes esmeraldeños, respecto de su reivindicación territorial de La Concordia en oposición a Pichincha, no se consideran los antecedentes jurídicos y administrativos de esa parroquia. Probablemente a alguien no conviene que se los conozca, y discuta.
En apariencia, para esos dirigentes, todo se reduce a una posición de fuerza y de hechos consumados, con la presión de un intolerable paro provincial en que se ha embarcado incluso a jóvenes, escolares, profesores, sacerdotes y monjas, con el objetivo de sumar La Concordia al territorio de la provincia de Esmeraldas... “y punto”.
En esa estrategia, han actuado coordinadamente los diputados bucaramistas y emepedistas, que arrastraron a otros, la semana anterior, para forzar al Congreso a considerar una moción temeraria: que la parroquia de La Concordia se convierta, por ley, en un cantón esmeraldeño... “y punto”.
Hay ciudadanos de esa provincia que saben que todo ello es parte de un juego preelectoral, incluso discrepan con el bucaramismo y el emepedismo y, no obstante, cierran los ojos por un sentido de exacerbado territorialismo provinciano, lo que es incomprensible.
Ahora, ya no es ni bueno ni malo, “simplemente es”, que este conflicto genere ventajas electoralistas a los grupos mencionados, ante quienes los ciudadanos de Esmeraldas, sin embargo, no exigen el cumplimiento de las ofertas de campaña, la solución a los problemas inveterados de esa provincia y el fin de la corrupción, tantas veces comprobada en esas autoridades.
Todo comenzó con un paro de La Concordia, que reclamaba su ‘ascenso’ a cantón. Ante ello, Esmeraldas ‘se compró la pelea’ añadiendo el planteamiento de la adscripción territorial. En ese momento los concordenses suspendieron la protesta, pero sus oficiosos ‘protectores’ continuaron con una paralización que está ocasionando pérdidas millonarias a la economía nacional.
De esa situación, como por arte de birlibirloque, se hicieron eco los diputados, en una actitud equivocada y ciega. Ellos no han querido ver que, al presentarse el contencioso, inmediatamente el prefecto de Pichincha, Ramiro González, propuso una salida constitucional: un plebiscito por medio del cual los concordenses decidan a qué provincia quieren o les conviene pertenecer. Esta es una opción abierta, democrática, que privilegia la autodeterminación de los pobladores en vez de las maniobras y aspiraciones de dos facciones políticas bien identificadas.
La opinión pública de todo el país ha reaccionado favorablemente ante esta forma de buscar una solución y ha criticado la instrumentalización de aspiraciones regionales y locales, que solo busca dinamizar una campaña electoral que, de este modo, eludirá los contenidos que reclaman los ecuatorianos de todas las regiones, como el fin de la corrupción, la necesidad de la rendición de cuentas de los elegidos, la lucha contra la pobreza, la democratización del ejercicio del poder público, la creación de fuentes de trabajo, la seguridad para todo el país, en especial ante las amenazas que se ciernen en la frontera norte, de la cual hace parte, precisamente, la provincia de Esmeraldas
EXPLORED
en Ciudad Quito

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