La estrategia política adoptada por el Gobierno para defenderse de las acusaciones de un supuesto aporte de un partido mexicano a la campaña de Lucio Gutiérrez no dio resultado. Anoche el Pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó la reapertura de las cuentas electorales de Sociedad Patriótica (SP).
El pedido fue presentado por el diputado de la Izquierda Democrática (ID) Carlos González, quien ha denunciado aportes extranjeros y del narcotráfico al binomio Lucio Gutiérrez-Alfredo Palacio, prohibidos por la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral.
Los votos a favor del pedido de González fueron de los vocales Carlos Aguinaga (DP), José Cevallos (PK), Nicanor Moscoso (Prian), Jorge Valdospinos (ID) y Juan Aguirre (conservador). El Partido Social Crisitiano (PSC) y el PRE no tomaron partido en la decisión, pues el vocal, Eduardo Villaquirán (PSC) no asistió a la reunión del pleno del TSE, mientras que el roldosista Carlos Pardo se salió de ella porque no estaba de acuerdo con la reapertura de las cuentas.
A las 10:00, en Carondelet y a último minuto, se convocó a una reunión del Frente Político, que fue encabezada por el presidente Gutiérrez, para analizar este tema. En la cita estuvieron el ministro de Gobierno, Raúl Baca; el secretario de la Administración, Xavier Ledesma; el secretario de la Presidencia, Carlos Pólit; la secretaria de Comunicación, Yolanda Torres; y los asesores políticos. A las 13:00 terminó la sesión.
Las denuncias, que comenzaron en noviembre, se han producido cuando la agitación social es alta, por los innumerables paros, el retraso en el pago de salarios y en la entrega de asignaciones para el normal funcionamientos de cárceles, hospitales, escuelas...
Para el Gobierno, como lo ha dicho en más de una ocasión el presidente Gutiérrez, el tema es una conspiración de los naranja, a quienes acusó de recibir dinero del narcotráfico en una de sus campañas electorales de los años ochenta.
Hasta el momento, los demás partidos se han mantenido a una distancia prudencial de estos ataques y contrataques, a pesar de que en el viaje a México del mes pasado, la Comisión de Fiscalización del Congreso señaló que había indicios "suficientes" para iniciar una investigación por aportes mexicanos. Este mismo organismo hizo una investigación sobre el aporte del narcotráfico y no llegó a ninguna conclusión, como lo dijo Vicente Taiano (Prian). (SL)
LEGISLACION
La Ley sanciona los aportes ilícitos
La Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral señala, en el artículo 21, que no se pueden receptar recursos, aportaciones y contribuciones de origen ilícito, tales como los provenientes de operaciones o recursos originados en el narcotráfico o de cualquier tipo de actividad u organización prohibida por la Ley. Tampoco se pueden aceptar aportaciones de personas jurídicas extranjeras, así como de las instituciones financieras y de las personas naturales o jurídicas nacionales que tengan contratos con el Estado.
Quienes violen estas disposiciones, de acuerdo con el artículo 37, serán sancionados. El responsable económico de la campaña y el aportante, con la pérdida de los derechos políticos por dos años; el candidato electo o no, con el pago de unamulta igual al doble de la aportación ilícita recibida. Pero, si se comprueba que el candidato que resultó electo recibió dolosamente contribuciones del narcotráfico, además, perderá la designación que obtuvo.
La destitución la deberá notificar el Tribunal Supremo Electoral y es aplicable si no viola la Constitución. (SL)
EL ATAQUE DE LA ID
Las aportaciones del PT de México tienen sustento documental, pero las del narcotráfico no
Los supuestos aportes del narcotráfico y del extranjero a la campaña presidencial de Sociedad Patriótica (SP) y de su candidato, el actual presidente Lucio Gutiérrez, son las dos investigaciones que ha impulsado el diputado de la ID, Carlos González.
En noviembre del año pasado, cuando se receptaban los testimonios de los detenidos por el caso "Aniversario" (narcotráfico), obtuvo la declaración de Tania Villaseñor, ante la fiscalía de Manabí. En ella, esta mexicana afirmaba que se reunió con el cuñado del presidente, Napoleón Villa, su esposa Jeaneth Gutiérrez, otro mexicano, el francés Alain Boullard y otros personajes, aparentemente del Gobierno, que no fueron identificados, en el Hotel Marriot de Quito. En ese encuentro habían conversado sobre el interés del francés en comprar las acciones de la zona franca de Manabí. Villa, cuando fue preguntado sobre el tema, dijo que solo se habló de manera general sobre este tema.
Con ello, González dijo, el 25 de noviembre, que se probaba la presencia de narcotráfico en el Gobierno, por lo que pidió la renuncia del mandatario. Además, se sustentó en las denuncias publicadas por diario El Comercio, que afirmó que el jefe de Estado recibió un aporte de $30 mil de César Fernández, detenido en el mismo operativo, quien fue gobernador de Manabí en el Gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) y participó en la campaña de SP en Manabí. El presidente Gutiérrez negó conocerlo, sin embargo, circuló y se publicó más de una foto junto a él y a los dirigentes más importantes de la lista 3.
Casi al mismo tiempo, González investigaba los aportes extranjeros a SP, pero esto no logró comprobarlos hasta el 23 de marzo pasado, fecha en que dio a conocer el informe preliminar de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que días antes viajó a México para recabar información documental, para luego remitirla al Tribunal Supremo Electoral y lograr y pedir la reapertura de cuentas de ese partido.
En esa fecha se conoció que Gaby Cárdenas, militante del Partido del Trabajo de México (PT), envió a Quito 61 bultos con material gráfico para la campaña: 1 000 carteles, 9 000 adhesivos, 23 100 pancartas, 255 600 pendones y 3 000 trípticos, reportadas por un valor de 42 250 pesos.
La importación se hizo a través de la Corporación Aduanal Hernández que, según uno de sus miembros, José Hernández Sánchez, no tiene responsabilidad en lo que se envió, puesto que Cárdenas eran quien conocía el contenido de la mercancía.
El 28 de agosto de 2002, la militante de PT dio instrucciones por escrito a la importadora, en las que señalaba que el envío se haría mediante la Comercial Distribuidora del Sur, en ciudad de México, y que el destinatario en Quito sería Marco Sánchez, quien era uno de los responsables de manejar la propaganda de SP y que actualmente trabaja en el Ministerio de Bienestar Social.
La mercancía llegó por Lan Chile el 3 de septiembre de 2003, es decir, durante la primera vuelta electoral, con una factura que evitaba el pago de impuestos aduaneros.
SP, luego de conocer la denuncia, dijo que Sánchez hizo la importación a título personal. Sin embargo, Guillermo Haro, diputado de la ID, quien también ha hecho diferentes denuncias contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas, dijo que probablemente Gutiérrez y Cárdenas se conocieron en 2001, durante el quinto seminario internacional del PT, cuyas invitaciones fueron firmadas por ella, y las que también constaron como convocantes el grupo irregular colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Haro denunció las vinculaciones de Marco Velasco, ex asesor presidencial de Gutiérrez, con supuestos actos de corrupción. Velasco era uno de los hombres fuertes de SP en la Sierra centro, especialmente en Ambato, donde tiene varios negocios, uno de ellos de venta de vehículos. (SL)
EL CONTRATAQUE DE SP
SP entrega un video como prueba; el PSC habla de no proteger más la estabilidad democrática
El Gobierno amplió ayer sus acusaciones contra la ID, pero esta vez usó el Pleno del Congreso como escenario, a propósito de que cada inicio de semana los diputados pueden referirse a los temas que consideran vitales. Con la ayuda de un video, el jefe de bloque de la bancada oficialista, Gilmar Gutiérrez, ratificó la denuncia de que la ID recibió, en 1988, un aporte económico del Gobierno de Cuba para la campaña presidencial de Rodrigo Borja.
La grabación era una entrevista a Enrique García, supuesto ex agente cubano y ex agente de la CIA, en HIT TV de Miami, quien asegura haber entregado a Borja y a su ex secretario, Andrés Vallejo, $310 mil. La entrega se habría hecho en billetes de $100 contenidos en sobres de manila y en presencia del ex ministro de Gobierno, César Verduga.
García dice que el Gobierno de Fidel Castro entregó a la ID $1 500 para que le transfiriera información secreta de Ecuador y se permitiera el ingreso de 7 toneladas de armas a territorio ecuatoriano, para integrar movimientos subversivos.
La respuesta de la ID fue inmediata, por medio del jefe de bloque de ese partido, Jorge Sánchez, quien dijo que la denuncia de SP "es descabellada", porque fue en el Gobierno de Borja en que el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) entregó sus armas.
También cuestionó la autenticidad del video, al afirmar que fue editado en MCR Producciones, de propiedad del diputado Vicente Olmedo y con la voz del diputado alterno Iván Moreta, ambos afines al Gobierno. No solamente Sánchez se dio cuenta de que la voz en off era familiar. Varios diputados comentaban que la locución era de Moreta, quien en ese momento, coincidentalmente, estaba sentado junto a Gutiérrez.
Al hermano del presidente de la República no le importaron estas observaciones, pero reconoció que no tiene más que el video como prueba de sus acusaciones. No tenemos documentos, dijo, pero el video es más que suficiente para investigar la campaña de la ID y al Gobierno que "cometió traición a la Patria".
La cinta será presentada ante la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como prueba de su denuncia y dijo que García está dispuesto a venir a Ecuador a confirmar sus declaraciones.
Otra medida adoptada por SP es el llamado al estado de movilización de sus militantes, para defender la institucionalidad y la democracia, a través de marchas y manifestaciones. Estas, sin embargo, no tienen una fecha de inicio.
ID, PK, DP por reapertura de cuentas de SP
Los diputados Jorge Guamán (Pachakutik), Carlos González (ID) y Ramiro Rivera (DP) aseguraron que los vocales de sus partidos en el TSE votarían a favor de volver a juzgar las cuentas de SP.
Carlos Vallejo, del Prian, se pronunció a favor de la revisión de las cuentas, pero dijo no conocer cuál será el pronunciamiento de su coideario Nicanor Moscoso, en el TSE.
El PSC tiene otra postura, aunque prefiere mantenerse alejado de los ataques entre la ID y SP, insiste en su intención de marcar distancias con el Gobierno y fiscalizar su gestión en las áreas estratégicas como telecomunicaciones, petróleo y energía.
Xavier Sandoval, diputado alterno de León Febres Cordero, indicó ayer que las denuncias sobre que el presidente Lucio Gutiérrez habría querido encubrir irregularidades en Pacifictel "son demasiado serias como para no investigarlas". Al igual que su coideario, Alfredo Serrano dijo que si se llega a comprobar irregularidades en la telefónica de Guayaquil, Petroecuador y otras instancias, "el PSC dejará su defensa de la estabilidad democrática" y no se opondrá a una salida del Gobierno de Gutiérrez. "Si mantener la estabilidad democrática significa seguir permitiendo actos de corrupción en el Gobierno, qué pena, se acabó la estabilidad democrática", aseguró Serrano. (PACH)
El pedido fue presentado por el diputado de la Izquierda Democrática (ID) Carlos González, quien ha denunciado aportes extranjeros y del narcotráfico al binomio Lucio Gutiérrez-Alfredo Palacio, prohibidos por la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral.
Los votos a favor del pedido de González fueron de los vocales Carlos Aguinaga (DP), José Cevallos (PK), Nicanor Moscoso (Prian), Jorge Valdospinos (ID) y Juan Aguirre (conservador). El Partido Social Crisitiano (PSC) y el PRE no tomaron partido en la decisión, pues el vocal, Eduardo Villaquirán (PSC) no asistió a la reunión del pleno del TSE, mientras que el roldosista Carlos Pardo se salió de ella porque no estaba de acuerdo con la reapertura de las cuentas.
A las 10:00, en Carondelet y a último minuto, se convocó a una reunión del Frente Político, que fue encabezada por el presidente Gutiérrez, para analizar este tema. En la cita estuvieron el ministro de Gobierno, Raúl Baca; el secretario de la Administración, Xavier Ledesma; el secretario de la Presidencia, Carlos Pólit; la secretaria de Comunicación, Yolanda Torres; y los asesores políticos. A las 13:00 terminó la sesión.
Las denuncias, que comenzaron en noviembre, se han producido cuando la agitación social es alta, por los innumerables paros, el retraso en el pago de salarios y en la entrega de asignaciones para el normal funcionamientos de cárceles, hospitales, escuelas...
Para el Gobierno, como lo ha dicho en más de una ocasión el presidente Gutiérrez, el tema es una conspiración de los naranja, a quienes acusó de recibir dinero del narcotráfico en una de sus campañas electorales de los años ochenta.
Hasta el momento, los demás partidos se han mantenido a una distancia prudencial de estos ataques y contrataques, a pesar de que en el viaje a México del mes pasado, la Comisión de Fiscalización del Congreso señaló que había indicios "suficientes" para iniciar una investigación por aportes mexicanos. Este mismo organismo hizo una investigación sobre el aporte del narcotráfico y no llegó a ninguna conclusión, como lo dijo Vicente Taiano (Prian). (SL)
LEGISLACION
La Ley sanciona los aportes ilícitos
La Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral señala, en el artículo 21, que no se pueden receptar recursos, aportaciones y contribuciones de origen ilícito, tales como los provenientes de operaciones o recursos originados en el narcotráfico o de cualquier tipo de actividad u organización prohibida por la Ley. Tampoco se pueden aceptar aportaciones de personas jurídicas extranjeras, así como de las instituciones financieras y de las personas naturales o jurídicas nacionales que tengan contratos con el Estado.
Quienes violen estas disposiciones, de acuerdo con el artículo 37, serán sancionados. El responsable económico de la campaña y el aportante, con la pérdida de los derechos políticos por dos años; el candidato electo o no, con el pago de unamulta igual al doble de la aportación ilícita recibida. Pero, si se comprueba que el candidato que resultó electo recibió dolosamente contribuciones del narcotráfico, además, perderá la designación que obtuvo.
La destitución la deberá notificar el Tribunal Supremo Electoral y es aplicable si no viola la Constitución. (SL)
EL ATAQUE DE LA ID
Las aportaciones del PT de México tienen sustento documental, pero las del narcotráfico no
Los supuestos aportes del narcotráfico y del extranjero a la campaña presidencial de Sociedad Patriótica (SP) y de su candidato, el actual presidente Lucio Gutiérrez, son las dos investigaciones que ha impulsado el diputado de la ID, Carlos González.
En noviembre del año pasado, cuando se receptaban los testimonios de los detenidos por el caso "Aniversario" (narcotráfico), obtuvo la declaración de Tania Villaseñor, ante la fiscalía de Manabí. En ella, esta mexicana afirmaba que se reunió con el cuñado del presidente, Napoleón Villa, su esposa Jeaneth Gutiérrez, otro mexicano, el francés Alain Boullard y otros personajes, aparentemente del Gobierno, que no fueron identificados, en el Hotel Marriot de Quito. En ese encuentro habían conversado sobre el interés del francés en comprar las acciones de la zona franca de Manabí. Villa, cuando fue preguntado sobre el tema, dijo que solo se habló de manera general sobre este tema.
Con ello, González dijo, el 25 de noviembre, que se probaba la presencia de narcotráfico en el Gobierno, por lo que pidió la renuncia del mandatario. Además, se sustentó en las denuncias publicadas por diario El Comercio, que afirmó que el jefe de Estado recibió un aporte de $30 mil de César Fernández, detenido en el mismo operativo, quien fue gobernador de Manabí en el Gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) y participó en la campaña de SP en Manabí. El presidente Gutiérrez negó conocerlo, sin embargo, circuló y se publicó más de una foto junto a él y a los dirigentes más importantes de la lista 3.
Casi al mismo tiempo, González investigaba los aportes extranjeros a SP, pero esto no logró comprobarlos hasta el 23 de marzo pasado, fecha en que dio a conocer el informe preliminar de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que días antes viajó a México para recabar información documental, para luego remitirla al Tribunal Supremo Electoral y lograr y pedir la reapertura de cuentas de ese partido.
En esa fecha se conoció que Gaby Cárdenas, militante del Partido del Trabajo de México (PT), envió a Quito 61 bultos con material gráfico para la campaña: 1 000 carteles, 9 000 adhesivos, 23 100 pancartas, 255 600 pendones y 3 000 trípticos, reportadas por un valor de 42 250 pesos.
La importación se hizo a través de la Corporación Aduanal Hernández que, según uno de sus miembros, José Hernández Sánchez, no tiene responsabilidad en lo que se envió, puesto que Cárdenas eran quien conocía el contenido de la mercancía.
El 28 de agosto de 2002, la militante de PT dio instrucciones por escrito a la importadora, en las que señalaba que el envío se haría mediante la Comercial Distribuidora del Sur, en ciudad de México, y que el destinatario en Quito sería Marco Sánchez, quien era uno de los responsables de manejar la propaganda de SP y que actualmente trabaja en el Ministerio de Bienestar Social.
La mercancía llegó por Lan Chile el 3 de septiembre de 2003, es decir, durante la primera vuelta electoral, con una factura que evitaba el pago de impuestos aduaneros.
SP, luego de conocer la denuncia, dijo que Sánchez hizo la importación a título personal. Sin embargo, Guillermo Haro, diputado de la ID, quien también ha hecho diferentes denuncias contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas, dijo que probablemente Gutiérrez y Cárdenas se conocieron en 2001, durante el quinto seminario internacional del PT, cuyas invitaciones fueron firmadas por ella, y las que también constaron como convocantes el grupo irregular colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Haro denunció las vinculaciones de Marco Velasco, ex asesor presidencial de Gutiérrez, con supuestos actos de corrupción. Velasco era uno de los hombres fuertes de SP en la Sierra centro, especialmente en Ambato, donde tiene varios negocios, uno de ellos de venta de vehículos. (SL)
EL CONTRATAQUE DE SP
SP entrega un video como prueba; el PSC habla de no proteger más la estabilidad democrática
El Gobierno amplió ayer sus acusaciones contra la ID, pero esta vez usó el Pleno del Congreso como escenario, a propósito de que cada inicio de semana los diputados pueden referirse a los temas que consideran vitales. Con la ayuda de un video, el jefe de bloque de la bancada oficialista, Gilmar Gutiérrez, ratificó la denuncia de que la ID recibió, en 1988, un aporte económico del Gobierno de Cuba para la campaña presidencial de Rodrigo Borja.
La grabación era una entrevista a Enrique García, supuesto ex agente cubano y ex agente de la CIA, en HIT TV de Miami, quien asegura haber entregado a Borja y a su ex secretario, Andrés Vallejo, $310 mil. La entrega se habría hecho en billetes de $100 contenidos en sobres de manila y en presencia del ex ministro de Gobierno, César Verduga.
García dice que el Gobierno de Fidel Castro entregó a la ID $1 500 para que le transfiriera información secreta de Ecuador y se permitiera el ingreso de 7 toneladas de armas a territorio ecuatoriano, para integrar movimientos subversivos.
La respuesta de la ID fue inmediata, por medio del jefe de bloque de ese partido, Jorge Sánchez, quien dijo que la denuncia de SP "es descabellada", porque fue en el Gobierno de Borja en que el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) entregó sus armas.
También cuestionó la autenticidad del video, al afirmar que fue editado en MCR Producciones, de propiedad del diputado Vicente Olmedo y con la voz del diputado alterno Iván Moreta, ambos afines al Gobierno. No solamente Sánchez se dio cuenta de que la voz en off era familiar. Varios diputados comentaban que la locución era de Moreta, quien en ese momento, coincidentalmente, estaba sentado junto a Gutiérrez.
Al hermano del presidente de la República no le importaron estas observaciones, pero reconoció que no tiene más que el video como prueba de sus acusaciones. No tenemos documentos, dijo, pero el video es más que suficiente para investigar la campaña de la ID y al Gobierno que "cometió traición a la Patria".
La cinta será presentada ante la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como prueba de su denuncia y dijo que García está dispuesto a venir a Ecuador a confirmar sus declaraciones.
Otra medida adoptada por SP es el llamado al estado de movilización de sus militantes, para defender la institucionalidad y la democracia, a través de marchas y manifestaciones. Estas, sin embargo, no tienen una fecha de inicio.
ID, PK, DP por reapertura de cuentas de SP
Los diputados Jorge Guamán (Pachakutik), Carlos González (ID) y Ramiro Rivera (DP) aseguraron que los vocales de sus partidos en el TSE votarían a favor de volver a juzgar las cuentas de SP.
Carlos Vallejo, del Prian, se pronunció a favor de la revisión de las cuentas, pero dijo no conocer cuál será el pronunciamiento de su coideario Nicanor Moscoso, en el TSE.
El PSC tiene otra postura, aunque prefiere mantenerse alejado de los ataques entre la ID y SP, insiste en su intención de marcar distancias con el Gobierno y fiscalizar su gestión en las áreas estratégicas como telecomunicaciones, petróleo y energía.
Xavier Sandoval, diputado alterno de León Febres Cordero, indicó ayer que las denuncias sobre que el presidente Lucio Gutiérrez habría querido encubrir irregularidades en Pacifictel "son demasiado serias como para no investigarlas". Al igual que su coideario, Alfredo Serrano dijo que si se llega a comprobar irregularidades en la telefónica de Guayaquil, Petroecuador y otras instancias, "el PSC dejará su defensa de la estabilidad democrática" y no se opondrá a una salida del Gobierno de Gutiérrez. "Si mantener la estabilidad democrática significa seguir permitiendo actos de corrupción en el Gobierno, qué pena, se acabó la estabilidad democrática", aseguró Serrano. (PACH)
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