Ayer, productores arroceros, ganaderos, maiceros, camaroneros y bananeros protagonizaron un reclamo por las calles de la ciudad riosense. Además pidieron la salida del ministro Ramón Espinel



Las diferencias entre el Gobierno y los sectores productivos parecen subir de tono. Ayer, arroceros, maiceros, ganaderos, incluso camaroneros, llegaron hasta las calles de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, para protestar en contra de la actual política agropecuaria.

Los arroceros, que organizaron la manifestación, fueron los más efusivos y directos. Exigieron al Gobierno mejoras en la comercialización externa de la gramínea y, al mismo tiempo, la salida del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ramón Espinel.

El primer pedido obedece a que las bodegas de la Unidad de Nacional Almacenamiento (UNA) se hallan repletas de arroz viejo, el cual según Víctor Haón, de la Asociación de Productores de Ciclo Corto, ya estaría afectado por plagas como gorgojo, palomilla y roedores.

"Están embodegadas más de 80 mil toneladas de grano, cuando la capacidad es para 40 mil y la producción arrocera y maicera supera el 1,4 millones de toneladas", aseguró el representante de los arroceros y organizador de las protestas.

De hecho, la situación podría empeorar cuando, en 60 días, empiece a salir la cosecha arrocera de este año, que representaría unas 900 mil toneladas métricas.

Otro reclamo tiene que ver con la decisión del Gobierno de destinar $60 millones para comprar arroz entre 2008 y 2009 con el argumento de garantizar un mayor movimiento comercial. "Ese sistema nunca funcionó, aún habemos agricultores a los que no se nos paga por lo que compraron, pues dicen que no hay dinero", denunció Milton Ortiz, agricultor de Quevedo.

Además, acotó Haón, el Gobierno ha anunciado la próxima exportación de 150 mil toneladas métricas de arroz a Venezuela, "pero eso no sería suficiente, queremos vender a Colombia", sostuvo el dirigente de Los Ríos.

A todo esto, los arroceros ven con preocupación que Colombia no quiera comprar el producto. Lo mismo sienten los maiceros, quienes dijeron no tener dónde almacenar el grano porque el arroz ha copado las bodegas.

Otro sector que está molesto con el Gobierno es el ganadero. Campesinos de El Carmen (Manabí) y Guayas que no pudieron asistir a la marcha efectuada la semana pasada en Guayaquil, se sumaron a la protesta.

"Ya estamos cansados la dirigencia no puede hacer nada y nosotros queremos realidades y menos discursos", manifestó Wilfrido López, ganadero de El Carmen.

Los ganaderos insisten en portar armas para defenderse de los cuatreros y exigen el incremento del precio de la leche (¢10 al precio actual de ¢35). Esto, pese a que el lunes el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, en una reunión en Guayaquil, dispuso la creación de un instructivo para que los gremios registren a los socios que tienen armas y ofreciera evaluar la posibilidad de permitirles portar armas en casos excepcionales.

También cuestionan a Espinel porque ha transcurrido más de una semana desde que, a título personal, aceptara aumentar ¢10 al precio del litro de leche y dijera que solo espera la aceptación del presidente Rafael Correa. "Han pasado siete días, es hora de que hable en serio", dijo López. (NMCH)

Ley Aguas preocupa a camaroneros

Mientras en Quevedo (provincia de Los Ríos) un grupo de camaroneros se sumó a la marcha convocada por los productores arroceros y maiceros, en Machala (El Oro) los representantes del sector exportador mantuvieron una reunión para tratar sobre la Ley de Aguas. Ellos señalaron los riesgos que correrían al aplicarse esta normativa.

"Esta ley causaría un perjuicio al desarrollo de la actividad acuícola nacional, ya que el sector se vería sometido al pago de un nuevo impuesto por utilizar el agua del mar; el sector no consume este recurso, sino que lo utiliza y devuelve a su fuente original", dijo en su momento César Monge, titular de la Cámara Nacional de Acuacultura.

Este gremio sostiene que, con la vigencia de la Ley de Aguas, el Estado pretende cobrarle valores al sector acuícola por el uso del agua de las zonas costeras, entendida como agua salada o agua de mar. Ellos señalan que se pretende legislar para que el agua dulce, que es un recurso no renovable y limitado por el cual compiten varios sectores productivos del país, tenga la misma consideración de aprovechamiento y cobro que el agua de mar, al que consideran un recurso renovable y no limitado que el sector no consume, pero que sí utiliza y recircula para las actividades productivas de Manabí, El Oro, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas.

Mediante comunicado público los camaroneros hicieron un llamado especial a todo el sector para que defina las acciones a tomar, entre estas no se descarta una nueva manifestación, más grande de la que realizaron, hace poco, en los bajos del edificio del ex Ministerio del Litoral. (NMCH)
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