Cincuenta y cinco hectáreas de terreno dividieron a los pobladores de Crucita, en la provincia de Manabí.
Cinco personas, entre ellas tres extranjeras, se disputan una propiedad que fue desalojada en diciembre, en un impresionante operativo policial en el que participaron más de 100 uniformados, varios patrulleros, una ambulancia e incluso el carro antimotines que la Policía utiliza en casos extremos.
El conflicto judicial comenzó en agosto de 2005, cuando Yanko Jaramillo Martinetti apareció en Manabí, después de siete años de ausencia, y aseguró ser el legítimo propietario de las 55 hectáreas ubicadas en la loma de Crucita, a pesar de que existe un primer mapa en el que solo se le adjudican 5,75 hectáreas.
Jaramillo, a través de su abogado, Luis Fernández, hermano del ex gobernador César Fernández, sentenciado a 16 años de reclusión por narcotráfico, afirmó que compró las tierras a Rosa Mejía y en julio de 1998 las hipotecó al banco La Previsora, luego fusionado con Filanbanco, que hoy está en proceso de liquidación.
Cuando Jaramillo hizo su aparición en esa ciudad, dos empresas estadounidenses estaban en posesión de los terrenos que compraron mediante escritura pública a Kendru Guerrero, un empresario de la zona.
De lado y lado presentaron escritos al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), pues ambas partes contaban con documentos que los habilitaban como legítimos propietarios de las tierras. La diferencia es que durante los últimos años los estadounidenses invirtieron $500 mil en el lugar, al que dotaron de agua potable, caminos, senderos turísticos y viviendas.
La oficina del INDA en Portoviejo trató de resolver el problema, causado según el inspector de tierras, Johnny Barcia, por un error al realizar las inspecciones a los predios y por presiones políticas que no puntualizó.
Durante meses el Inda recibió comunicados y siguió los procesos administrativos que en ocasiones favorecían a Jaramillo y en otras a los estadounidenses.
Finalmente, el Inda les informó que administrativamente ellos no podían hacer nada más para resolver el problema e invitaron a las partes para que acudan a la justicia civil.
Pero la Gobernación, la Tenencia Política, la Intendencia y el Comando Provincial de Policía en Manabí, tomaron atribuciones, que por ley no les competían, y el 22 de diciembre el Teniente Político, encargado de la gobernación, Stalin Mendoza, emitió la orden de desalojo.
La Policía fue notificada y la orden fue sacar a los supuestos invasores de la loma de Crucita. (VC)
Es la peor mentira, dicen los pobladores de Crucita
Los moradores más antiguos del lugar aseguran que las tierras les pertenecieron
Manuel Panta, Julio Castro, Alfredo Bavo y Manuel Mejía son solo algunos de los moradores de Crucita que se reunieron con este Diario para presentar su posición de rechazo a lo que ellos llaman la peor mentira que se puede haber inventado.
Ellos están indignados pues aseguran que desde antaño los terrenos que hoy están en disputa les pertenecieron a sus padres y luego a ellos, hasta que decidieron venderlos a Kendru Guerrero y este a su vez a los empresarios estadounidenses. Ellos ahora amenazan con medidas de hecho si las autoridades no resuelven el problema cuanto antes. (VC)
CRONOLOGIA
Vacíos de la Ley de Desarrollo Agrario
- Falta de normas imperativas para la estructuración del INDA, que ha devenido en problemas en la organización y capacidad de la institución, para ejecutar las funciones que le asigna la ley, especialmente en las áreas de catastro y la titulación de tierras.
- Ambigüedad en el procedimiento establecido para adjudicar derechos en tierras públicas.
- Falta de definición y regulación de cuáles son los "derechos ancestrales" de las comunidades indígenas para acceder a tierras.
- Falta de claridad en la asignación de funciones a las entidades públicas del sector agropecuario para ejecutar las acciones previstas en la Ley de Desarrollo Agrario y su reglamento.
El INDA carga con fallas históricas
Desde 1994 se dio al INDA dos funciones básicas: titulación y catastro de tierras, pero luego de un levantamiento indígena se le encargó, además, resolver los conflictos pendientes que dejaba el Ierac. Esa nueva responsabilidad ocasionó la acumulación de trámites y la imposibilidad de solucionarlos.
El nuevo sistema intentó realizar el seguimiento de procesos de titulación y propuso crear un banco de datos automatizado sobre predios titulados, adjudicados, expropiados, invadidos y tomados; y, además, mantener actualizado el mapa de información predial. Pero, hasta el momento no hay un inventario actualizado de causas pendientes ni de las de tierras patrimonio del INDA.
ENTREVISTA
Rosa solo recuerda que es la legítima propietaria
Vive en una casa de caña pero asegura tener 200 hectáreas de tierra
Rosa Mejía no recordaba su edad exacta, pero sí aseguró ser la legítima propietaria de los terrenos de la loma de Crucita.
Prefirió hablar ante la presencia de su abogado (Luis Fernández, representante legal del comprador Yanko Jaramillo).
Rosa es de pocas palabras, y son sus hijos o sus nietos quienes defienden lo que aseguran fue y es suyo por herencia.
La anciana les prohibió decir más allá de esas palabras, les gritó que no dijeran nada, que las 55 hectáreas son suyas y punto.
Rosa insistió en que son 55 hectáreas, quizás un poco más, aunque reconoció que no tenía papeles para demostrarlo, solo una escritura hecha a favor de Jaramillo.
La anciana y sus hijos estuvieron presentes en el desalojo del 22 de diciembre, pese a que ya había vendido los predios a Yanko Jaramillo.
Rosa, totalmente molesta, dijo que prefería no hablar del tema, pero su nieto reconoció que estuvieron en el desalojo porque su abuela es dueña de 200 hectáreas (aparte de las 55 vendidas).
Pero tampoco tiene papeles para probarlo. (VC)
Rosa Mejía C.
No precisa su edad pero no sobrepasa los 85 años. Las tierras que vendió a Jaramillo eran la herencia que le dejó su esposo antes de morir. Ella no tiene papeles para demostrar que es la legítima dueña, pues en ese entonces los terrenos eran adjudicados a las personas por posesión, es decir, después de vivir ahí 15 años.
Sergina Mejía
Es una vergüenza en esto que nos ha metido mi hermana, asegura Sergina, hermana mayor de Rosa Mejía Cruzatti, la vendedora de las tierras.
A sus 90 años, Sergina recuerda todo claramente. Ella asegura que las únicas tierra que su hermana ha poseído son las 12 hectáreas que le dejó su esposo después de morir.
Todo lo demás es mentira, asegura la anciana, pues dice que es imposible que su hermana sea la dueña ni siquiera de 55 hectáreas, peor de las 200 que ahora dice poseer.
Sergina insiste en que su hermana miente, que ella sabe que se reunió con una gente de dinero, que le ofrecieron cosas y ella aceptó adueñarse de algo sin importarle el daño que podía causar.
Los sobrinos de Rosa Mejía comparten la misma versión que Sergina, incluso cuentan que en las últimas semanas su tía y sus primos les dijeron que son dueños de otros terrenos y que les acompañen a pelearlos porque alguien se adueñó de ellos. Pero todos están seguros de que se trata de otra mentira. (VC)
El "Justiciero" estaría detrás de todo...
Varios testigos afirman que el primo de Yanko Jaramillo manipula a las autoridades para que tomen decisiones que lo favorecen
Tiene 35 años, es de tez blanca, alto y ojos claros. Nadie sabe dónde vive exactamente ni tampoco a lo que se dedica en realidad.
Lo únicos datos certeros sobre la vida de Mauricio Montesdeoca Martinetti parece ser que se salvó de morir la noche del 28 de diciembre de 1997, cuando tres encapuchados entraron al patio de su casa y asesinaron a sus dos hermanos mayores: José Rey y Nicola Montesdeoca Martinetti (arrestado en 1996 por estafa), y a dos amigos con quienes esa noche compartían unas cervezas.
Luego del incidente, que fue registrado por todos los diarios manabitas, Mauricio tuvo que huir a los Estados Unidos por motivos de seguridad, pero meses después regresó a Manabí; muchos aseguran que fue para tomar venganza por los crímenes de su familia.
Esta afirmación se basa en las extrañas ejecuciones de delincuentes que de alguna manera estuvieron o pudieron estar vinculados con el asesinato de los hermanos de Mauricio Montesdeoca, a quien apodaron El Justiciero.
Esas muertes están envueltas en la historia de un encapuchado que viste uniforme, que sube a sus víctimas, amenzándoles a punta de pistola, en una camioneta doble cabina. Después, esas personas aparecen abandonadas en terrenos valdíos con un número similar de tiros, con los que mataron a sus hermanos. Hasta la fecha, la Policía no ha encontrado un solo culpable de esos crímenes.
Montesdeoca dijo, en una conversación telefónica con HOY, que recuerda claramente el asesinato de su familia pero asegura que todo lo demás es solo una leyenda urbana en la que lo involucraron.
Luego, aseguró ser un comerciante pero, cuando no pudo contestar qué vendía, aseguró que trabajaba en una empresa de seguridad, que tampoco pudo precisar cuál era y prefirió cortar la llamada.
Este personaje, que estuvo estrechamente ligado con la Policía desde su regreso al país luego de la muerte de sus hermanos, es primo directo de Yanko Jaramillo Martinetti, quien se dijo el dueño legítimo de la loma de Crucita.
Los presuntos perjudicados dicen que esa relación con la Policía, además del temor que infunde en los habitantes de toda la provincia y en las autoridades locales, fue una de las principales razones para que se ordenara el desalojo, a pesar de que el Inda había indicado que no era procedente.
Según los testimonios de los perjudicados, Mauricio Montesdeoca estuvo presente en los terrenos de la loma en varias ocasiones, acompañado por policías y su objetivo fue atemorizar a los trabajadores de las empresas Marjo Inc. y Lariomar, indicándoles que tienen un mes para abandonar el sitio o que se atendrían a las consecuencias.
Además, Mauricio Montesdeoca lideró el desalojo al que acudieron más de un centenar de policías y ahora acompaña a los uniformados a la loma, en donde realizan prácticas de tiro.
La Policía de Portoviejo, sin embargo, dice no conocer a este personaje.
El coronel Diego Cruz, subjefe del Comando Provincial de Policía de Portoviejo, asegura no saber ni el nombre de Mauricio Montesdeoca Martinetti, más conocido como El Justiciero. Esto a pesar de que existen versiones e incluso denuncias de personas que aseguran haberlo visto con el uniforme del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y acompañando a los miembros del grupo en varios operativos especiales.
Narcisa Pisco es una de las pocas personas que se atrevió a denunciar que Montesdeoca, porque haciéndose pasar por Policía, amenazó de muerte a su hijo. Esa denuncia motivó una investigación al interior del comando provincial, que al final no le sirvió de mucho a Pisco, pues, pocas semanas después, su hijo fue ejecutado. Pero si bien hubo un muerto por esa investigación, la Policía tuvo que reconocer que Mauricio Montesdeoca Martinetti no pertenece a la institución policial, pero sí se desempeña en el Grupo de Intervención y Rescate de Manta, en calidad de informante.
Montesdeoca, para completar su leyenda, es famoso también porque su nombre apareció en la lista de los ecuatorianos fallecidos en los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. (VC)
El jefe desconoce lo que pasa junto a su oficina
Carros recuperados por la Policía de Portoviejo son usados para ir de paseo
El coronel Jaime Bastidas, jefe de la Policía Judicial de Portoviejo, aseguró que los carros que son recuperados por los agentes de la Unidad de Automotores no pueden ser usados por los uniformados bajo ningún concepto, pues existe la orden del comandante general para que esos vehículos permanezcan en los patios de la institución mientras sus dueños los reconocen y realizan los trámites respectivos para retirarlos del lugar en donde se los guarda.
El Renault gris de las fotografías fue recuperado hace un tiempo atrás, según indicó el coronel. Se trata de un auto colombiano que fue robado e introducido ilegalmente hasta Portoviejo.
Se supone que ese carro, al igual que lo otros que están en los patios del cuartel, no podía salir de allí pero, como confirman las fotos, estuvo en los terrenos que fueron desalojados por la presunta invasión y luego fue guardado nuevamente en la Policía Judicial.
El coronel aseguró que eso es teóricamente imposible, pues las llaves de los carros recuperados se guardan en su cajón y nadie las toca; pero esa versión no coincidió con la del teniente de Automotores, quien dijo que las llaves las tiene el policía que está en semana pero no se nos permitió hablar con él ni conocer su nombre.
Adicionalmente, el coronel Bastidas dijo que ningún miembro de la Policía Judicial tiene autorización para subir a la loma de Crucita; sin embargo, el auto que le da la institución al coronel para uso personal también ha sido fotografiado en la loma.
Cuando Bastidas conoció aquello, recordó que subió un par de ocasiones a hacer parapente; pero los dueños del único lugar en donde se practica ese deporte aseguran que el coronel nunca fue a su negocio.
Por su parte, los albañiles y empleados que trabajan en la loma, en la construcción de una casa, aseguraron que esa vivienda le pertenecía al coronel Bastidas, aunque el oficial lo negó; además, comentaron que hay otros carros sin placas y vidrios polarizados que suben a la loma y que también pertenecen a policías. (VC)
Autoridades siempre se contradecían en el tema
El desalojo, según los perjudicados, fue ilegal, hubo exceso de fuerza y destrozos
El desalojo de la loma de Crucita fue ordenado por primera vez el 9 de diciembre de 2005 por la Gobernación de Manabí, que en ese entonces había quedado a cargo del teniente político, Stalin Mendoza, pues el gobernador había viajado a Quito para poner a disposición su cargo.
Las empresas Marjo Inc. y Lariomar, de propiedad de empresarios estadounidenses, protestaron por la orden y acudieron hasta el Inda, con la documentación que los acreditaba como dueños, para pedir que se solucionase ese problema.
Al día siguiente, es decir, el 10 de diciembre, el mismo Stalin Mendoza dejó sin efecto la orden de desalojo pues existían dos informes contrarios: uno que decía que los predios eran de Yanko Jaramillo y otro que decía que los terrenos pertenecen a las empresas.
Esta nueva orden no fue notificada a Yanko Jaramillo pues, según los escritos, este no tiene un casillero judicial para recibir los comunicados.
Para el 16 de diciembre se emitió una nueva orden y un pedido del intendente de Manabí, Juan Ramón Jiménez, dirigido a la Policía, en el que pedía apoyo para desalojar el predio de Jaramillo y para resguardarlo luego de la acción, pues Filanbanco (que está en proceso de liquidación) reclamó ese predio como suyo y del Estado.
Inmediatamente, la Policía designó a agentes de Inteligencia para que revisaran el lugar y emitieran un informe en el que se indicara cuántos efectivos serían necesarios para el desalojo.
El informe decía que serían suficientes 60 policías, pero el 22 de diciembre llegaron más de 100 acompañados por los supuestos vendedores de las tierras, por los beneficiarios del desalojo y por maquinaria pesada que destrozó las viviendas que se encontraban en el lugar.
Extrañamente, el predio, hipotecado a Filanbanco, fue entregado a Yanko Jaramillo y hasta hoy él realiza trabajos en el lugar a pesar de no haber pagado la deuda. (VC)
Cinco personas, entre ellas tres extranjeras, se disputan una propiedad que fue desalojada en diciembre, en un impresionante operativo policial en el que participaron más de 100 uniformados, varios patrulleros, una ambulancia e incluso el carro antimotines que la Policía utiliza en casos extremos.
El conflicto judicial comenzó en agosto de 2005, cuando Yanko Jaramillo Martinetti apareció en Manabí, después de siete años de ausencia, y aseguró ser el legítimo propietario de las 55 hectáreas ubicadas en la loma de Crucita, a pesar de que existe un primer mapa en el que solo se le adjudican 5,75 hectáreas.
Jaramillo, a través de su abogado, Luis Fernández, hermano del ex gobernador César Fernández, sentenciado a 16 años de reclusión por narcotráfico, afirmó que compró las tierras a Rosa Mejía y en julio de 1998 las hipotecó al banco La Previsora, luego fusionado con Filanbanco, que hoy está en proceso de liquidación.
Cuando Jaramillo hizo su aparición en esa ciudad, dos empresas estadounidenses estaban en posesión de los terrenos que compraron mediante escritura pública a Kendru Guerrero, un empresario de la zona.
De lado y lado presentaron escritos al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), pues ambas partes contaban con documentos que los habilitaban como legítimos propietarios de las tierras. La diferencia es que durante los últimos años los estadounidenses invirtieron $500 mil en el lugar, al que dotaron de agua potable, caminos, senderos turísticos y viviendas.
La oficina del INDA en Portoviejo trató de resolver el problema, causado según el inspector de tierras, Johnny Barcia, por un error al realizar las inspecciones a los predios y por presiones políticas que no puntualizó.
Durante meses el Inda recibió comunicados y siguió los procesos administrativos que en ocasiones favorecían a Jaramillo y en otras a los estadounidenses.
Finalmente, el Inda les informó que administrativamente ellos no podían hacer nada más para resolver el problema e invitaron a las partes para que acudan a la justicia civil.
Pero la Gobernación, la Tenencia Política, la Intendencia y el Comando Provincial de Policía en Manabí, tomaron atribuciones, que por ley no les competían, y el 22 de diciembre el Teniente Político, encargado de la gobernación, Stalin Mendoza, emitió la orden de desalojo.
La Policía fue notificada y la orden fue sacar a los supuestos invasores de la loma de Crucita. (VC)
Es la peor mentira, dicen los pobladores de Crucita
Los moradores más antiguos del lugar aseguran que las tierras les pertenecieron
Manuel Panta, Julio Castro, Alfredo Bavo y Manuel Mejía son solo algunos de los moradores de Crucita que se reunieron con este Diario para presentar su posición de rechazo a lo que ellos llaman la peor mentira que se puede haber inventado.
Ellos están indignados pues aseguran que desde antaño los terrenos que hoy están en disputa les pertenecieron a sus padres y luego a ellos, hasta que decidieron venderlos a Kendru Guerrero y este a su vez a los empresarios estadounidenses. Ellos ahora amenazan con medidas de hecho si las autoridades no resuelven el problema cuanto antes. (VC)
CRONOLOGIA
Vacíos de la Ley de Desarrollo Agrario
- Falta de normas imperativas para la estructuración del INDA, que ha devenido en problemas en la organización y capacidad de la institución, para ejecutar las funciones que le asigna la ley, especialmente en las áreas de catastro y la titulación de tierras.
- Ambigüedad en el procedimiento establecido para adjudicar derechos en tierras públicas.
- Falta de definición y regulación de cuáles son los "derechos ancestrales" de las comunidades indígenas para acceder a tierras.
- Falta de claridad en la asignación de funciones a las entidades públicas del sector agropecuario para ejecutar las acciones previstas en la Ley de Desarrollo Agrario y su reglamento.
El INDA carga con fallas históricas
Desde 1994 se dio al INDA dos funciones básicas: titulación y catastro de tierras, pero luego de un levantamiento indígena se le encargó, además, resolver los conflictos pendientes que dejaba el Ierac. Esa nueva responsabilidad ocasionó la acumulación de trámites y la imposibilidad de solucionarlos.
El nuevo sistema intentó realizar el seguimiento de procesos de titulación y propuso crear un banco de datos automatizado sobre predios titulados, adjudicados, expropiados, invadidos y tomados; y, además, mantener actualizado el mapa de información predial. Pero, hasta el momento no hay un inventario actualizado de causas pendientes ni de las de tierras patrimonio del INDA.
ENTREVISTA
Rosa solo recuerda que es la legítima propietaria
Vive en una casa de caña pero asegura tener 200 hectáreas de tierra
Rosa Mejía no recordaba su edad exacta, pero sí aseguró ser la legítima propietaria de los terrenos de la loma de Crucita.
Prefirió hablar ante la presencia de su abogado (Luis Fernández, representante legal del comprador Yanko Jaramillo).
Rosa es de pocas palabras, y son sus hijos o sus nietos quienes defienden lo que aseguran fue y es suyo por herencia.
La anciana les prohibió decir más allá de esas palabras, les gritó que no dijeran nada, que las 55 hectáreas son suyas y punto.
Rosa insistió en que son 55 hectáreas, quizás un poco más, aunque reconoció que no tenía papeles para demostrarlo, solo una escritura hecha a favor de Jaramillo.
La anciana y sus hijos estuvieron presentes en el desalojo del 22 de diciembre, pese a que ya había vendido los predios a Yanko Jaramillo.
Rosa, totalmente molesta, dijo que prefería no hablar del tema, pero su nieto reconoció que estuvieron en el desalojo porque su abuela es dueña de 200 hectáreas (aparte de las 55 vendidas).
Pero tampoco tiene papeles para probarlo. (VC)
Rosa Mejía C.
No precisa su edad pero no sobrepasa los 85 años. Las tierras que vendió a Jaramillo eran la herencia que le dejó su esposo antes de morir. Ella no tiene papeles para demostrar que es la legítima dueña, pues en ese entonces los terrenos eran adjudicados a las personas por posesión, es decir, después de vivir ahí 15 años.
Sergina Mejía
Es una vergüenza en esto que nos ha metido mi hermana, asegura Sergina, hermana mayor de Rosa Mejía Cruzatti, la vendedora de las tierras.
A sus 90 años, Sergina recuerda todo claramente. Ella asegura que las únicas tierra que su hermana ha poseído son las 12 hectáreas que le dejó su esposo después de morir.
Todo lo demás es mentira, asegura la anciana, pues dice que es imposible que su hermana sea la dueña ni siquiera de 55 hectáreas, peor de las 200 que ahora dice poseer.
Sergina insiste en que su hermana miente, que ella sabe que se reunió con una gente de dinero, que le ofrecieron cosas y ella aceptó adueñarse de algo sin importarle el daño que podía causar.
Los sobrinos de Rosa Mejía comparten la misma versión que Sergina, incluso cuentan que en las últimas semanas su tía y sus primos les dijeron que son dueños de otros terrenos y que les acompañen a pelearlos porque alguien se adueñó de ellos. Pero todos están seguros de que se trata de otra mentira. (VC)
El "Justiciero" estaría detrás de todo...
Varios testigos afirman que el primo de Yanko Jaramillo manipula a las autoridades para que tomen decisiones que lo favorecen
Tiene 35 años, es de tez blanca, alto y ojos claros. Nadie sabe dónde vive exactamente ni tampoco a lo que se dedica en realidad.
Lo únicos datos certeros sobre la vida de Mauricio Montesdeoca Martinetti parece ser que se salvó de morir la noche del 28 de diciembre de 1997, cuando tres encapuchados entraron al patio de su casa y asesinaron a sus dos hermanos mayores: José Rey y Nicola Montesdeoca Martinetti (arrestado en 1996 por estafa), y a dos amigos con quienes esa noche compartían unas cervezas.
Luego del incidente, que fue registrado por todos los diarios manabitas, Mauricio tuvo que huir a los Estados Unidos por motivos de seguridad, pero meses después regresó a Manabí; muchos aseguran que fue para tomar venganza por los crímenes de su familia.
Esta afirmación se basa en las extrañas ejecuciones de delincuentes que de alguna manera estuvieron o pudieron estar vinculados con el asesinato de los hermanos de Mauricio Montesdeoca, a quien apodaron El Justiciero.
Esas muertes están envueltas en la historia de un encapuchado que viste uniforme, que sube a sus víctimas, amenzándoles a punta de pistola, en una camioneta doble cabina. Después, esas personas aparecen abandonadas en terrenos valdíos con un número similar de tiros, con los que mataron a sus hermanos. Hasta la fecha, la Policía no ha encontrado un solo culpable de esos crímenes.
Montesdeoca dijo, en una conversación telefónica con HOY, que recuerda claramente el asesinato de su familia pero asegura que todo lo demás es solo una leyenda urbana en la que lo involucraron.
Luego, aseguró ser un comerciante pero, cuando no pudo contestar qué vendía, aseguró que trabajaba en una empresa de seguridad, que tampoco pudo precisar cuál era y prefirió cortar la llamada.
Este personaje, que estuvo estrechamente ligado con la Policía desde su regreso al país luego de la muerte de sus hermanos, es primo directo de Yanko Jaramillo Martinetti, quien se dijo el dueño legítimo de la loma de Crucita.
Los presuntos perjudicados dicen que esa relación con la Policía, además del temor que infunde en los habitantes de toda la provincia y en las autoridades locales, fue una de las principales razones para que se ordenara el desalojo, a pesar de que el Inda había indicado que no era procedente.
Según los testimonios de los perjudicados, Mauricio Montesdeoca estuvo presente en los terrenos de la loma en varias ocasiones, acompañado por policías y su objetivo fue atemorizar a los trabajadores de las empresas Marjo Inc. y Lariomar, indicándoles que tienen un mes para abandonar el sitio o que se atendrían a las consecuencias.
Además, Mauricio Montesdeoca lideró el desalojo al que acudieron más de un centenar de policías y ahora acompaña a los uniformados a la loma, en donde realizan prácticas de tiro.
La Policía de Portoviejo, sin embargo, dice no conocer a este personaje.
El coronel Diego Cruz, subjefe del Comando Provincial de Policía de Portoviejo, asegura no saber ni el nombre de Mauricio Montesdeoca Martinetti, más conocido como El Justiciero. Esto a pesar de que existen versiones e incluso denuncias de personas que aseguran haberlo visto con el uniforme del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y acompañando a los miembros del grupo en varios operativos especiales.
Narcisa Pisco es una de las pocas personas que se atrevió a denunciar que Montesdeoca, porque haciéndose pasar por Policía, amenazó de muerte a su hijo. Esa denuncia motivó una investigación al interior del comando provincial, que al final no le sirvió de mucho a Pisco, pues, pocas semanas después, su hijo fue ejecutado. Pero si bien hubo un muerto por esa investigación, la Policía tuvo que reconocer que Mauricio Montesdeoca Martinetti no pertenece a la institución policial, pero sí se desempeña en el Grupo de Intervención y Rescate de Manta, en calidad de informante.
Montesdeoca, para completar su leyenda, es famoso también porque su nombre apareció en la lista de los ecuatorianos fallecidos en los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. (VC)
El jefe desconoce lo que pasa junto a su oficina
Carros recuperados por la Policía de Portoviejo son usados para ir de paseo
El coronel Jaime Bastidas, jefe de la Policía Judicial de Portoviejo, aseguró que los carros que son recuperados por los agentes de la Unidad de Automotores no pueden ser usados por los uniformados bajo ningún concepto, pues existe la orden del comandante general para que esos vehículos permanezcan en los patios de la institución mientras sus dueños los reconocen y realizan los trámites respectivos para retirarlos del lugar en donde se los guarda.
El Renault gris de las fotografías fue recuperado hace un tiempo atrás, según indicó el coronel. Se trata de un auto colombiano que fue robado e introducido ilegalmente hasta Portoviejo.
Se supone que ese carro, al igual que lo otros que están en los patios del cuartel, no podía salir de allí pero, como confirman las fotos, estuvo en los terrenos que fueron desalojados por la presunta invasión y luego fue guardado nuevamente en la Policía Judicial.
El coronel aseguró que eso es teóricamente imposible, pues las llaves de los carros recuperados se guardan en su cajón y nadie las toca; pero esa versión no coincidió con la del teniente de Automotores, quien dijo que las llaves las tiene el policía que está en semana pero no se nos permitió hablar con él ni conocer su nombre.
Adicionalmente, el coronel Bastidas dijo que ningún miembro de la Policía Judicial tiene autorización para subir a la loma de Crucita; sin embargo, el auto que le da la institución al coronel para uso personal también ha sido fotografiado en la loma.
Cuando Bastidas conoció aquello, recordó que subió un par de ocasiones a hacer parapente; pero los dueños del único lugar en donde se practica ese deporte aseguran que el coronel nunca fue a su negocio.
Por su parte, los albañiles y empleados que trabajan en la loma, en la construcción de una casa, aseguraron que esa vivienda le pertenecía al coronel Bastidas, aunque el oficial lo negó; además, comentaron que hay otros carros sin placas y vidrios polarizados que suben a la loma y que también pertenecen a policías. (VC)
Autoridades siempre se contradecían en el tema
El desalojo, según los perjudicados, fue ilegal, hubo exceso de fuerza y destrozos
El desalojo de la loma de Crucita fue ordenado por primera vez el 9 de diciembre de 2005 por la Gobernación de Manabí, que en ese entonces había quedado a cargo del teniente político, Stalin Mendoza, pues el gobernador había viajado a Quito para poner a disposición su cargo.
Las empresas Marjo Inc. y Lariomar, de propiedad de empresarios estadounidenses, protestaron por la orden y acudieron hasta el Inda, con la documentación que los acreditaba como dueños, para pedir que se solucionase ese problema.
Al día siguiente, es decir, el 10 de diciembre, el mismo Stalin Mendoza dejó sin efecto la orden de desalojo pues existían dos informes contrarios: uno que decía que los predios eran de Yanko Jaramillo y otro que decía que los terrenos pertenecen a las empresas.
Esta nueva orden no fue notificada a Yanko Jaramillo pues, según los escritos, este no tiene un casillero judicial para recibir los comunicados.
Para el 16 de diciembre se emitió una nueva orden y un pedido del intendente de Manabí, Juan Ramón Jiménez, dirigido a la Policía, en el que pedía apoyo para desalojar el predio de Jaramillo y para resguardarlo luego de la acción, pues Filanbanco (que está en proceso de liquidación) reclamó ese predio como suyo y del Estado.
Inmediatamente, la Policía designó a agentes de Inteligencia para que revisaran el lugar y emitieran un informe en el que se indicara cuántos efectivos serían necesarios para el desalojo.
El informe decía que serían suficientes 60 policías, pero el 22 de diciembre llegaron más de 100 acompañados por los supuestos vendedores de las tierras, por los beneficiarios del desalojo y por maquinaria pesada que destrozó las viviendas que se encontraban en el lugar.
Extrañamente, el predio, hipotecado a Filanbanco, fue entregado a Yanko Jaramillo y hasta hoy él realiza trabajos en el lugar a pesar de no haber pagado la deuda. (VC)
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