Quito. 20.01.94. Custionamientos formales, de procedimiento y de
fondo se han dado a la decisión de la mayoría parlamentaria de
aumentar el número de diputados. Duras críticas han surgido desde
las bancadas legislativas del centro izquierda y de la izquierda.
La Constitución, según esta posición, exige la aprobación de las
reformas constitucionales en dos debates y con el voto favorable
de las dos terceras partes del Congreso.
El diputado Andrés Vallejo, durante su intervención del martes,
cuestionó repetidamente el procedimiento seguido y mostró actas
de Secretaría en que se demostraba que los textos aprobados en
segunda diferían sustancialmente de los textos aprobados en
primera. Incluso aseguró que el texto según el cual se aumenta el
número de diputados fue negado en primera pero fue incluido en el
informe para segundo debate.
Sin embargo, el diputado socialcristiano Ricardo Noboa dijo que
la Constitución ha fijado el primer debate para que en él se
aprueben los principios básicos y que, con las observaciones,
pasen al informe para segundo debate. Noboa se remitió al inciso
segundo del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa que dice que "con las observaciones efectuadas en el
primer debate volverá el proyecto a la Comisión y con el informe
de ésta el Congreso Nacional lo debatirá y aprobará en segunda".
Sin embargo varios diputados desestimaron la posibilidad de
acudir ante el TGC ya que, dijeron, el próximo organismo será
conformado de acuerdo a los intereses de la mayoría
socialcristiana, gobiernista e independiente.
Además inconveniente
Aparte del argumento jurídico, la reforma tendiente a aumentar el
número de diputados mereció la crítica unánime de los partidos de
centro izquierda e izquierda en el sentido de que esto
significará un gran costo al presupuesto del Estado.
Antonio Rodríguez de la Izquierda Democrática dijo que si el
presupuesto de la Función Legislativa actualmente es de 35 mil
millones, en el futuro será de algo más de 100 mil millones. En
este sentido, Rodríguez emplazó al presidente de la República,
Sixto Durán Ballén, para que se pronuncie sobre esta reforma que,
según el diputado, va en contra de la política de achicamiento
del Estado.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Rubén Vélez que
habló a nombre de la bancada de la Democracia Popular. Según
Vélez no solo que el aumento de diputados significará un mayor
costo para el Estado sino que implicará un descenso en la
eficiencia del trabajo legislativo, puesto que a más diputados
mayores dificultades para legislar se presentan.
Campaña de desprestigio
Por su lado, el jefe de la bancada socialcristiana Heinz Moeller
dijo que los partidos de centro izquierda y algunos medios de
comunicación se hallan empeñados en desprestigiar esta reforma.
Según Moeller no hay motivo de alarmarse puesto que en 1968, en
que fue legislador, habían más de 100 diputados en el Congreso
Nacional. En ese entonces, dijo, Guayas tenía 16 diputados y
nadie se escandalizaba.
Según Moeller, la centro izquierda se opone a esta reforma por su
incapacidad de penetrar en la Costa. Además, dijo, el que las
provincias grandes aumenten su representación significa que la
provincia de Pichincha, que es bastión de la centro izquierda,
también va a aumentar la suya con el consiguiente beneficio de la
ID y DP.
Según Moeller no hay democracia en el mundo en la que su
representatividad no tenga relación con el factor demográfico.
Por otro lado, Moeller dijo que para que se desvanezca la crítica
en el sentido de que el aumento de diputados perjudicará al
erario nacional, su partido presentará la moción para que en la
Constitución o en la Ley de Presupuesto se eliminen las partidas
de interés provincial, actualmente fijadas en 600 millones para
cada diputado. Moeller aseguró que ha adelantado conversaciones
con varios sectores con el fin de que se apruebe esta moción para
que no se diga que el aumento de diputados resulta en exceso
caro.
Según Moeller, de aprobarse esta reforma, se ahorraría 120 mil
millones de sucres con lo cual se financiaría el aumento de
diputados.
El gobierno no desea pronunciarse todavía
El Gobierno se pronunciará sobre el contenido de las reformas
constitucionales una vez que el Congreso remita a consideración
del Ejecutivo el proyecto de ley definitivo.
El secretario general de la Administración, Carlos Larreátegui,
manifestó ayer que el Ejecutivo se pronunciará sobre las reformas
a la Constitución luego de que la Legislatura formalice el envío
del proyecto de Ley; mientras eso no ocurra, puntualizó que el
Gobierno no se inmiscuirá "en los asuntos internos del Congreso",
como es la aprobación del proyecto.
El funcionario desestimó también las acusaciones de los partidos
opositores en el sentido de que el Gobierno estaría auspiciando
el incremento del número de diputados de 77, que son en la
actualidad, a 113. De todas maneras, señaló que el régimen está
siguiendo con atención el curso de los acontecimientos al
interior del Parlamento.
Como se sabe, la mayoría parlamentaria conformada por
socialcristianos, conservadores, republicanos e independientes
aprobó este martes -entre otras reformas- el aumento del número
de legisladores. Al respecto, el vocero sostuvo que el presidente
de la República no ha instruido a sus legisladores "ni está
dirigiendo las decisiones, los pronunciamientos, los criterios de
los diputados afines al Gobierno".
Al ser preguntado si el incremento de 36 legisladores, lo cual
significaría el aumento del presupuesto actual de la Función
Legislativa de 35 mil millones a más de 100 mil millones de
sucres, según se ha calculado, es contrario a las tesis
pregonadas por el Ejecutivo y su Frente Económico sobre la
austeridad fiscal y reducción del tamaño del Estado, Larreátegui
indicó que precisamente por ello el Ejecutivo espera el proyecto
de reformas, en cuyo análisis entrará en juego el factor
económico.
Autoprórroga no pasará
En cuanto a la eventualidad de que la mayoría legislativa incluya
la autoprórroga en el proyecto de reformas a la Constitución, el
funcionario recordó que el criterio del presidente de la
República respecto al tema es "no a la autoprórroga en ninguna
de sus formas".
¿Qué dicen las cuatro reformas?
Las reformas aprobadas por el Congreso hasta el momento son las
de la doble nacionalidad, el aumento del número de diputados,
eliminación de las elecciones intermedias y la posibilidad de que
los independientes puedan ser elegidos para toda dignidad, con
excepción de presidente y vicepresidente de la República.
La doble nacionalidad
Según esta reforma, los ecuatorianos por nacimiento que hubieran
adquirido otra nacionalidad conservarán la ecuatoriana. En otras
palabras, aquellos ecuatorianos que, por vivir en el exterior,
hubieren adquirido la nacionalidad del país en el que están,
conservarán sin perjuicio de ello la ecuatoriana. Esta reforma se
la hizo por presiones de los miles de ecuatorianos que viven en
los EEUU y que, por facilitar su permanencia en ese país,
tuvieron que adoptar la nacionalidad norteamericana.
Esta reforma, a pesar de que contó con una gran mayoría a su
favor, incluyendo a los partidos de izquierda, ha tenido como
crítica principal el argumento de que en los EEUU a las personas
que adoptan la nacionalidad de ese país se les hace jurar que
defenderán a su nuevo país en caso de guerra contra su país de
origen. Aceptar esto, se ha dicho, es adoptar una posición
humillante.
Independientes diputados
La reforma aprobada dice: "Unicamente los partidos políticos
reconocidos por la Ley pueden presentar candidatos para elegir
presidente y vicepresidente de la República. Para intervenir como
candidato a diputado, prefecto, alcalde, presidente de Concejo,
consejero y concejal se requiere únicamente cumplir con los
requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes, sin
necesidad de estar afiliado a partido político alguno".
Esta reforma fue aprobada por presión del bloque de diputados
independientes. El partido Social Cristiano, que la apoyó, se vio
obligado a aceptar esa presión a pesar que anteriormente se había
pronunciado contrario a la reforma. Los socialcristianos, al
igual que los partidos de centro izquierda, habían acordado
anteriormente en permitir únicamente la participación de los
independientes hasta el cargo de alcalde y prefecto. El
fundamento era de que los cargos de carácter regional son
técnicos y no ideológicos, por lo que no importaba la filiación
política de esos funcionarios. Sin embargo, se aceptó el que los
independientes puedan ser diputados.
Aumento de diputados
La reforma según la cual se aumenta el número de diputados dice:
"La Función Legislativa es ejercida por el Congreso Nacional con
sede en Quito, integrada por doce diputados elegidos por votación
nacional; dos diputados elegidos por cada provincia; y además,
por un diputado elegido por cada 150 mil habitantes o fracción
que pase de cien mil.
"La base de elección de 150 mil o fracción de 100 mil se
aumentará en la misma proporción en que se incremente la
población nacional de acuerdo con los censos.
"Excepcionalmente, el Congreso Nacional se reunirá en cualquier
otra ciudad".
Eliminación de elecciones intermedias
Las elecciones intermedias han sido eliminadas, a partir de 1996.
La reforma que dio paso a esto dice: "Los diputados nacionales y
provinciales durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser
reelegidos.
"Los diputados nacionales deben ser ecuatorianos por nacimiento,
gozar de los derechos de ciudadanía y tener 35 años de edad, por
lo menos, al momento de la inscripción de las listas. Son
miembros del Plenario de las Comisiones Legislativas.
"Los diputados provinciales deben ser ecuatorianos por
nacimiento, ser oriundos de la provincia respectiva o haber
tenido la residencia o actividad económica o profesional de modo
ininterrumpido en ella, tres años anteriores a la elección y
tener 35 años de edad por lo menos al momento de la inscripción
de las listas".
Esta reforma implica primero que para ser diputado provincial es
necesario tener 5 años más que los que disponía la Constitución
hasta ser reformada. Además que diputado provincial podrá ser
cualquier persona que tenga una actividad económica en la
provincia respectiva. Según esto, se ha dicho, cualquier
empresario que tenga barcos o un hotel en Galápagos puede ser
diputado de esa provincia sin que ni siquiera la conozca. O que
un petrolero sea diputado por la provincia de Sucumbíos.
¿Qué ganó el Gobierno?
El período extra de sesiones del Congreso Nacional seguramente
será suspendido luego de que los diputados han aprobado las
reformas constitucionales.
Esta suspensión, dicen diputados de la ID y la DP, sería el
resultado de un acuerdo entre el partido Social Cristiano y el
Gobierno con el fin de evitar que se efectúen los juicios
políticos planteados en contra de varios ministros de Estado. Al
estar suspendido el período no puede ser convocado otro para los
juicios.
En efecto, analistas políticos vinculados a esos partidos se
preguntan ¿Qué ganó el Gobierno con las reformas aprobadas? ¿Por
qué las apoyó para permitir sobrepasar el número de 52 votos
necesarios para aprobarlas?. Los independientes consiguieron su
anhelo de que se les permita candidatizarse a diputados, los
socialcristianos consiguieron el aumento del número de diputados
que tiene como trasfondo el aumento de la representatividad de la
Costa en perjuicio de las pequeñas provincias de la Sierra. Pero
ni una ni otra reforma beneficia al Gobierno ni al partido
Conservador. Entonces los observadores llegan a la conclusión de
que el beneficio del Gobierno sería la suspensión de los juicios
políticos. Para ello, como paso previo, los socialcristianos
plantearon algunos, a modo de presión hacia el Gobierno. El
anuncio de los juicios en contra de los ministros de Finanzas y
de Obras Públicas habría sido la amenaza necesaria para lograr el
apoyo del Gobierno y de sus diputados a las reformas.
Esta versión, empero, fue negado de forma enfática por el jefe
del bloque socialcristiano Heinz Moeller, quien lo atribuyó a la
campaña de desprestigio que en contra de su partido llevan
adelante los partidos de centro izquierda a través de varios
medios de comunicación. En dicha campaña, que según Moeller está
comandada por Andrés Vallejo, se ha tratado de presentar una
imagen negativa del aumento de diputados del Congreso del que es
partidario el PSC.
Sin embargo Moeller confirmó que se analiza la posibilidad de
suspender el período extra aunque agregó que no se descarta la
clausura. Luego de afirmar que el rumor es "incorrecto y falso"
Moeller dijo que el partido Social Cristiano tiene sustanciado
juicios en contra del ministro de Finanzas y de Obras Públicas.
El diputado dijo que los juicios serán tramitados durante la
primera quincena de marzo y que de darse la suspensión, ésta no
durará más de quince días.
La suspensión, dijo, se debe a la falta de acuerdo que existe
para conformar el Tribunal de Garantías Constitucionales. (5A)
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