Ahora produce hasta $40 millones anuales. Solo $10 millones menos de lo que genera el narcotráfico, según estadísticas de la Fiscalía. El coyotaje es más lucrativo y menos complejo porque en él participan varios actores que facilitan su cometimiento: funcionarios de Cancillería, miembros de la Policía y personal de algunas embajadas, señalan varias autoridades
Los controles y las visas favorecen a los coyotes
Sin la concurrencia de personal de embajadas, policías y funcionarios de la Cancillería, el delito por tráfico de personas no daría tan buenos rendimientos
Tras seis meses de investigaciones, la Policía de Migración desarticuló, el 26 de julio, una organización para el tráfico ilegal de personas que operaba en Quito y Cuenca.
Cada estafado pagó $12 mil para adquirir la visa falsa para entrar a EEUU. Para ello, se endeudaron y vendieron sus bienes, pero no llegaron a viajar porque no pasaron los filtros migratorios.
Ellos no encontraban la forma de recuperar su dinero. Entonces decidieron acusar a los esposos Liliana Vázquez y Galo Salazar, quienes junto a sus contadores (María Espinoza y Juan Magi) contactaban en Cuenca y Cañar a quienes querían viajar, en su mayoría a través de Daniel Solís y Diego Salto. El ofrecimiento se lo realizaba en la casa de Vásquez y de Salazar, recién adquirida por $280 mil en Miravalle, al este de Quito, o dentro de la agencia de viajes Millennium travel, de su propiedad, en la capital.
Este caso (aplicado al análisis del fiscal de Migración, Roberto Guzmán) no está tipificado en el Código Penal, en los artículos 440-A y 440-B sobre tráfico ilegal, porque las personas no llegaron a viajar y el delito no se consumó. Guzmán asegura que, muchas veces, el tráfico ilegal o coyotaje es confundido con estafa, otro delito susceptible de fianza, de la que no lo es el del tráfico ilegal, que se castiga con tres a seis años de prisión.
Por eso, según algunos fiscales provinciales, los coyotes están "fascinados" con la ruta a Europa, pues tienen muchos menos riesgos y complicaciones que la de EEUU, aunque no el mismo rendimiento económico. Y sus negocios proliferan aceleradamente desde que la Unión Europea decidió, el año pasado, solicitar visa a los ecuatorianos.
Los investigadores de este tipo de delitos señalan que se trata de bandas internacionales bien organizadas. Para ello cuentan con "contactos" entre el personal de las embajadas en Quito, policías y funcionarios de la Cancillería. De hecho, para los investigadores, esta es la parte más difícil de su trabajo, porque, en el caso de los diplomáticos, por la inmunidad y el celo político, se pueden crear problemas con sus países. De todos modos, embajadas, como la de EEUU, han denunciado a las personas que, en los alrededores o desde el interior, han facilitado la salida ilegal de personas a ese país.
Por ejemplo, ahora se ofrecen pasaportes europeos falsificados que garantizan el ingreso a Europa o el tránsito por EEUU, que en muchos sirve para quedarse en este país. La razón: como ya existen muchos ecuatorianos en Europa, se pueden falsificar los pasaportes sin crear demasiadas sospechas, ni por los apellidos ni por la apariencia física. El paquete completo cuesta entre $5 000 y $10 mil. Incluso, el trámite no pasa de ocho días, desde que el "cliente" lo solicita.
Cada coyote negociaría entre 15 y 20 personas al mes. Eso le genera un ingreso hasta de $100 mil mensuales. Por eso se entiende la declaración del fiscal Hernán Flores de que luego del narcotráfico, el coyotaje se convierte en el segundo negocio ilegal más lucrativo, al mover anualmente $40 millones.
Para movilizar a personas a EEUU, las cosas son más difíciles y los controles más estrictos. Sin embargo, el castigo legal todavía es muy ambiguo.
Para que un caso sea considerado como tráfico ilegal, además de la consumación del viaje, se necesitan: la intención de migrar de la persona y establecerse en el extranjero; que el medio de viaje sea ilegal y que el traficante tenga la intención de trasladar a los viajantes a su destino. Guzmán dice que, en Ecuador, operan hasta 10 bandas bien organizadas de tráfico ilegal de personas. Se los identifica por la forma de falsificar los documentos: usan los mismos sellos falsos o documentos alterados con los mismos datos.
Legalmente es complicado el juzgamiento. Como ofrecen pasar la frontera a como dé lugar y en los intentos que sean necesarios para cruzarla, los viajantes no acusan a los integrantes de estas organizaciones. Además, se requiere la denuncia que permite iniciar un proceso legal. Sin ella, ocurriría lo que cuenta Jaime Vaca, director de la Policía de Migración: "Se han capturado a varias bandas, pero salen en seguida porque los jueces no tienen la denuncia que respalde la detención". (OP/SC)
LOS DATOS
En lo que va de 2004, 49 emigrantes latinoamericanos murieron ahogados solo en el Río Blanco, en la frontera entre Estados Unidos y México. Todos ellos pretendían pasar ilegalmente la frontera con la ayuda de coyotes.
México deportó, en 2003, 1 058 ecuatorianos que tenían intenciones de llegar a Estados Unidos de forma ilegal. También se deportaron de ese país, 81 316 guatemaltecos y 896 brasileños.
De los que lograron pasar el control mexicano, 108 448 emigrantes fueron detenidos en la frontera por la Policía de Estados Unidos.
Cada año se deportan 486 658 personas desde EEUU. No se toman en cuenta a quienes tengan más de dos días detenidos antes de su deportación.
En la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilegal de Migrantes, de Pichincha, se han recibido 15 denuncias en 2004. Y desde 2001 hasta la presente fecha, ya suman 1 200.
De los aproximadamente 400 casos que llegan cada año a la Fiscalía de Migración, el 60% inicia instrucción fiscal; de esta cantidad, el 85% termina en abstenciones y el 15% restante son acusaciones, de las cuales, solo el 10% recibe condena.
"Desgraciadamente, hemos tomado decisiones demasiado tarde, porque el delito ha progresado. Estuve en Guatemala y Costa Rica por el último caso en el que se rescató a 345 emigrantes que fueron capturados en tres buques. La tripulación fue capturada y van a tener un juicio justo": Héctor Flores, coordinador nacional en el combate del tráfico de emigrantes de la Fiscalía. (OP/SC).
La vía aérea se complica para el tráfico ilegal
El nuevo personal finge aceptar el soborno para apresar a los ilegales
A raíz de varias acusaciones de corrupción y soborno en el control migratorio en el aeropuerto, todo el personal de la Policía de migración que laboraba en esta área fue reemplazado el 25 de mayo. Este nuevo cuerpo policial está conformado por 37 mujeres policías, un jefe de operaciones y tres oficiales.
Desde entonces, la vía aérea dejó de ser la ruta favorita para salir ilegalmente. Los coyotes enviaban a los viajeros por avión con la complicidad de los efectivos, ahora reemplazados en el filtro migratorio.
El sistema de control es el mismo; solo cambió el personal, que recibió preparación de la Fiscalía en cuanto a la detección de documentos adulterados. Mónica Vinueza, una de las nuevas controladoras, fue tentada por Gilberto Merchán, con $100 para que le pusiera un sello en el pasaporte de otra persona. Vinueza aceptó el pago y realizó un parte a su superior en el que adjunta el billete como evidencia del delito. Merchán fue arrestado.
Desde el 25 de mayo hasta el siete de julio, se ha detenido a cinco personas por sellos falsos; siete, por visas falsas; 14, para realizar investigaciones y seis por suplantar la identidad. Roberto Guzmán, fiscal de Migración, asegura que con este nuevo cambio llegan menos casos y los que llegan son efectivamente los que falsifican, adulteran o usan documentos ajenos: "Ahora, la Policía ya no hace detenciones falsas".
Con todo, está pendiente una nueva evaluación de este sistema, con otro tipo de controles. Todavía se corre el riesgo de que al no confirmarse la legalidad de los documentos en las embajadas y consulados, viajeros legales sean retenidos, y hasta que se solucione el problema, aplacen o pierdan su vuelo. (OP/SC)
Un negocio que atrae a los funcionarios públicos
En casi todos los pasos para facilitar la emigración existen personas vinculadas a entidades públicas, embajadas y Cancillería de los países de partida y destino
El fiscal de la Unidad de Delitos Migratorios y de Extranjería del Guayas, Antonio Gagliardo, criticó la agilidad con la que se libera en los casos de coyoterismo y lamentó el número reducido de jueces que permiten el avance de las investigaciones.
Como fiscal inició la instrucción contra los detenidos, pero los jueces aducen garantías constitucionales y los liberan; lo extraño es que no aplican estas garantías en los casos en que sí son necesarias.
Según sus estadísticas, cada mes se detiene a un promedio de cinco personas en el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil al intentar salir del país ilegalmente. De ellos, apenas a uno se le sigue el proceso; el resto es liberado.
Las estadísticas evidencian que Guayaquil es en una vía útil para el tráfico ilegal de viajeros. Según el fiscal, esto es producto de la debilidad de los jueces y las leyes ecuatorianas. La mayoría de los casos se trata de ciudadanos de Perú, Colombia y Chile.
De acuerdo con el artículo 343 del primer inciso del Código Penal, quienes falsifiquen, adulteren pasaportes o hagan uso doloso de documentos de viaje tendrán una pena de tres a seis meses de reclusión. Las supuestas víctimas, a las que se les ha suplantado el pasaporte o visas, han sido colaboradores de los que pretenden viajar. Los jueces aducen que son víctimas y los liberan.
Otra figura jurídica tiene que ver con la del traficante de personas, es decir, quien facilita los medios ilícitos para viajar fuera del país. Aquí se enmarcan también los falsificadores de pasaportes, visas y quienes organizan viajes en barcos. En el caso de que hubiera un muerto, la pena podría aumentar hasta nueve años.
Si en cada nave viajan entre 120 y 200 personas y cada una paga en promedio $10 mil, las ganancias son considerables. Y en algunos casos producen hasta $2 millones por viaje. Es el negocio de economías subterráneas más lucrativos a escala mundial, dice Gagliardo.
Según las fiscalías provinciales, el negocio se incrementa en la misma medida que arriban los emigrantes. La fórmula es: "Si yo llego, yo te llevo después". (BMS/OP)
UN JEFE POLITICO ESTA EN LA CARCEL
Los perjudicados por Carlos Guamán Riofrío, jefe político del cantón El Triunfo (Guayas), y subdirector cantonal del partido de Gobierno, Sociedad Patriótica, lo demandaron penalmente, tras acusarlo de coyotaje y estafa. Fue detenido el domingo último.
El juez undécimo de lo penal de Milagro, Carlos Hoyos, ordenó la prisión preventiva de Guamán y su traslado a la penitenciaría del Litoral. Además, dispuso encarcelar a Alberto Loyola, vinculado a Guamán, quien transportó a un grupo de indocumentados a República Dominicana, pero fueron detenidos por la Marina de EEUU.
Yoris Vergara Prado, uno de los perjudicados, dijo que entregó $13 mil a Guamán para que lo trasladara a EEUU "pero solo llegamos a República Dominicana".
Otras tres personas perjudicadas demandaron a Guamán. Roberto Macías, Johanna Mosquera y Félix Jordán aseveraron que también entregaron aproximadamente $12 mil a Guamán, pero que les falló. En El Triunfo, hay otros ciudadanos que no lo denuncian porque han sido amenazados por familiares de Guamán. Los afectados denunciaron que Guamán tenía contactos con autoridades seccionales y en las oficinas de pasaportes de Guayaquil. El gobernador del Guayas, Felipe Mantilla, negó tal versión. (AM)
PUNTO DE VISTA
El coyotaje no solo es un tema policíaco
Las dudas son fuertes: ¿quiénes son los responsables del fenómeno del coyotaje, que ahora tiene en jaque a las autoridades de América Latina y Estados Unidos? ¿Un ciudadano que facilita la emigración, porque por las vías legales a cualquier ciudadano común y corriente, sin grandes sumas de dinero en los bancos no le dan visa? ¿El ecuatoriano que no encuentra en su país las condiciones u oportunidades para realizarse existencialmente o, por lo menos, garantizar un futuro decente a sus hijos?
Si alguien se lanza al mar, no es porque está loco y ya no tiene cura. La expectativa de mejoramiento es un imán poderoso, y la inversión (cualquiera que sea esta) vale la pena. Quizá por eso, los coyotes encontraron la ocasión de hacer dinero y lo logran, porque en un país con instituciones fácilmente corruptibles, es posible.
Este fenómeno, más allá de lo policíaco que podría parecer, lanza mensajes a varios países. A EEUU, porque la demanda de mano de obra es enorme y solo se satisface con emigrantes ilegales. A Europa, porque en vez de racionalizar un sistema de migración, con el requerimiento de visa, fomenta una entrada ilegal. Y, particularmente, a Ecuador, donde no existen los tendones suficientes para sostener una relación armónica con su sistema productivo, expectativas de vida y garantías para realizar sus proyectos personales. Entonces, acabar con el coyotaje no es un problema policíaco. (OP). (BLANCO Y NEGRO)
Los controles y las visas favorecen a los coyotes
Sin la concurrencia de personal de embajadas, policías y funcionarios de la Cancillería, el delito por tráfico de personas no daría tan buenos rendimientos
Tras seis meses de investigaciones, la Policía de Migración desarticuló, el 26 de julio, una organización para el tráfico ilegal de personas que operaba en Quito y Cuenca.
Cada estafado pagó $12 mil para adquirir la visa falsa para entrar a EEUU. Para ello, se endeudaron y vendieron sus bienes, pero no llegaron a viajar porque no pasaron los filtros migratorios.
Ellos no encontraban la forma de recuperar su dinero. Entonces decidieron acusar a los esposos Liliana Vázquez y Galo Salazar, quienes junto a sus contadores (María Espinoza y Juan Magi) contactaban en Cuenca y Cañar a quienes querían viajar, en su mayoría a través de Daniel Solís y Diego Salto. El ofrecimiento se lo realizaba en la casa de Vásquez y de Salazar, recién adquirida por $280 mil en Miravalle, al este de Quito, o dentro de la agencia de viajes Millennium travel, de su propiedad, en la capital.
Este caso (aplicado al análisis del fiscal de Migración, Roberto Guzmán) no está tipificado en el Código Penal, en los artículos 440-A y 440-B sobre tráfico ilegal, porque las personas no llegaron a viajar y el delito no se consumó. Guzmán asegura que, muchas veces, el tráfico ilegal o coyotaje es confundido con estafa, otro delito susceptible de fianza, de la que no lo es el del tráfico ilegal, que se castiga con tres a seis años de prisión.
Por eso, según algunos fiscales provinciales, los coyotes están "fascinados" con la ruta a Europa, pues tienen muchos menos riesgos y complicaciones que la de EEUU, aunque no el mismo rendimiento económico. Y sus negocios proliferan aceleradamente desde que la Unión Europea decidió, el año pasado, solicitar visa a los ecuatorianos.
Los investigadores de este tipo de delitos señalan que se trata de bandas internacionales bien organizadas. Para ello cuentan con "contactos" entre el personal de las embajadas en Quito, policías y funcionarios de la Cancillería. De hecho, para los investigadores, esta es la parte más difícil de su trabajo, porque, en el caso de los diplomáticos, por la inmunidad y el celo político, se pueden crear problemas con sus países. De todos modos, embajadas, como la de EEUU, han denunciado a las personas que, en los alrededores o desde el interior, han facilitado la salida ilegal de personas a ese país.
Por ejemplo, ahora se ofrecen pasaportes europeos falsificados que garantizan el ingreso a Europa o el tránsito por EEUU, que en muchos sirve para quedarse en este país. La razón: como ya existen muchos ecuatorianos en Europa, se pueden falsificar los pasaportes sin crear demasiadas sospechas, ni por los apellidos ni por la apariencia física. El paquete completo cuesta entre $5 000 y $10 mil. Incluso, el trámite no pasa de ocho días, desde que el "cliente" lo solicita.
Cada coyote negociaría entre 15 y 20 personas al mes. Eso le genera un ingreso hasta de $100 mil mensuales. Por eso se entiende la declaración del fiscal Hernán Flores de que luego del narcotráfico, el coyotaje se convierte en el segundo negocio ilegal más lucrativo, al mover anualmente $40 millones.
Para movilizar a personas a EEUU, las cosas son más difíciles y los controles más estrictos. Sin embargo, el castigo legal todavía es muy ambiguo.
Para que un caso sea considerado como tráfico ilegal, además de la consumación del viaje, se necesitan: la intención de migrar de la persona y establecerse en el extranjero; que el medio de viaje sea ilegal y que el traficante tenga la intención de trasladar a los viajantes a su destino. Guzmán dice que, en Ecuador, operan hasta 10 bandas bien organizadas de tráfico ilegal de personas. Se los identifica por la forma de falsificar los documentos: usan los mismos sellos falsos o documentos alterados con los mismos datos.
Legalmente es complicado el juzgamiento. Como ofrecen pasar la frontera a como dé lugar y en los intentos que sean necesarios para cruzarla, los viajantes no acusan a los integrantes de estas organizaciones. Además, se requiere la denuncia que permite iniciar un proceso legal. Sin ella, ocurriría lo que cuenta Jaime Vaca, director de la Policía de Migración: "Se han capturado a varias bandas, pero salen en seguida porque los jueces no tienen la denuncia que respalde la detención". (OP/SC)
LOS DATOS
En lo que va de 2004, 49 emigrantes latinoamericanos murieron ahogados solo en el Río Blanco, en la frontera entre Estados Unidos y México. Todos ellos pretendían pasar ilegalmente la frontera con la ayuda de coyotes.
México deportó, en 2003, 1 058 ecuatorianos que tenían intenciones de llegar a Estados Unidos de forma ilegal. También se deportaron de ese país, 81 316 guatemaltecos y 896 brasileños.
De los que lograron pasar el control mexicano, 108 448 emigrantes fueron detenidos en la frontera por la Policía de Estados Unidos.
Cada año se deportan 486 658 personas desde EEUU. No se toman en cuenta a quienes tengan más de dos días detenidos antes de su deportación.
En la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilegal de Migrantes, de Pichincha, se han recibido 15 denuncias en 2004. Y desde 2001 hasta la presente fecha, ya suman 1 200.
De los aproximadamente 400 casos que llegan cada año a la Fiscalía de Migración, el 60% inicia instrucción fiscal; de esta cantidad, el 85% termina en abstenciones y el 15% restante son acusaciones, de las cuales, solo el 10% recibe condena.
"Desgraciadamente, hemos tomado decisiones demasiado tarde, porque el delito ha progresado. Estuve en Guatemala y Costa Rica por el último caso en el que se rescató a 345 emigrantes que fueron capturados en tres buques. La tripulación fue capturada y van a tener un juicio justo": Héctor Flores, coordinador nacional en el combate del tráfico de emigrantes de la Fiscalía. (OP/SC).
La vía aérea se complica para el tráfico ilegal
El nuevo personal finge aceptar el soborno para apresar a los ilegales
A raíz de varias acusaciones de corrupción y soborno en el control migratorio en el aeropuerto, todo el personal de la Policía de migración que laboraba en esta área fue reemplazado el 25 de mayo. Este nuevo cuerpo policial está conformado por 37 mujeres policías, un jefe de operaciones y tres oficiales.
Desde entonces, la vía aérea dejó de ser la ruta favorita para salir ilegalmente. Los coyotes enviaban a los viajeros por avión con la complicidad de los efectivos, ahora reemplazados en el filtro migratorio.
El sistema de control es el mismo; solo cambió el personal, que recibió preparación de la Fiscalía en cuanto a la detección de documentos adulterados. Mónica Vinueza, una de las nuevas controladoras, fue tentada por Gilberto Merchán, con $100 para que le pusiera un sello en el pasaporte de otra persona. Vinueza aceptó el pago y realizó un parte a su superior en el que adjunta el billete como evidencia del delito. Merchán fue arrestado.
Desde el 25 de mayo hasta el siete de julio, se ha detenido a cinco personas por sellos falsos; siete, por visas falsas; 14, para realizar investigaciones y seis por suplantar la identidad. Roberto Guzmán, fiscal de Migración, asegura que con este nuevo cambio llegan menos casos y los que llegan son efectivamente los que falsifican, adulteran o usan documentos ajenos: "Ahora, la Policía ya no hace detenciones falsas".
Con todo, está pendiente una nueva evaluación de este sistema, con otro tipo de controles. Todavía se corre el riesgo de que al no confirmarse la legalidad de los documentos en las embajadas y consulados, viajeros legales sean retenidos, y hasta que se solucione el problema, aplacen o pierdan su vuelo. (OP/SC)
Un negocio que atrae a los funcionarios públicos
En casi todos los pasos para facilitar la emigración existen personas vinculadas a entidades públicas, embajadas y Cancillería de los países de partida y destino
El fiscal de la Unidad de Delitos Migratorios y de Extranjería del Guayas, Antonio Gagliardo, criticó la agilidad con la que se libera en los casos de coyoterismo y lamentó el número reducido de jueces que permiten el avance de las investigaciones.
Como fiscal inició la instrucción contra los detenidos, pero los jueces aducen garantías constitucionales y los liberan; lo extraño es que no aplican estas garantías en los casos en que sí son necesarias.
Según sus estadísticas, cada mes se detiene a un promedio de cinco personas en el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil al intentar salir del país ilegalmente. De ellos, apenas a uno se le sigue el proceso; el resto es liberado.
Las estadísticas evidencian que Guayaquil es en una vía útil para el tráfico ilegal de viajeros. Según el fiscal, esto es producto de la debilidad de los jueces y las leyes ecuatorianas. La mayoría de los casos se trata de ciudadanos de Perú, Colombia y Chile.
De acuerdo con el artículo 343 del primer inciso del Código Penal, quienes falsifiquen, adulteren pasaportes o hagan uso doloso de documentos de viaje tendrán una pena de tres a seis meses de reclusión. Las supuestas víctimas, a las que se les ha suplantado el pasaporte o visas, han sido colaboradores de los que pretenden viajar. Los jueces aducen que son víctimas y los liberan.
Otra figura jurídica tiene que ver con la del traficante de personas, es decir, quien facilita los medios ilícitos para viajar fuera del país. Aquí se enmarcan también los falsificadores de pasaportes, visas y quienes organizan viajes en barcos. En el caso de que hubiera un muerto, la pena podría aumentar hasta nueve años.
Si en cada nave viajan entre 120 y 200 personas y cada una paga en promedio $10 mil, las ganancias son considerables. Y en algunos casos producen hasta $2 millones por viaje. Es el negocio de economías subterráneas más lucrativos a escala mundial, dice Gagliardo.
Según las fiscalías provinciales, el negocio se incrementa en la misma medida que arriban los emigrantes. La fórmula es: "Si yo llego, yo te llevo después". (BMS/OP)
UN JEFE POLITICO ESTA EN LA CARCEL
Los perjudicados por Carlos Guamán Riofrío, jefe político del cantón El Triunfo (Guayas), y subdirector cantonal del partido de Gobierno, Sociedad Patriótica, lo demandaron penalmente, tras acusarlo de coyotaje y estafa. Fue detenido el domingo último.
El juez undécimo de lo penal de Milagro, Carlos Hoyos, ordenó la prisión preventiva de Guamán y su traslado a la penitenciaría del Litoral. Además, dispuso encarcelar a Alberto Loyola, vinculado a Guamán, quien transportó a un grupo de indocumentados a República Dominicana, pero fueron detenidos por la Marina de EEUU.
Yoris Vergara Prado, uno de los perjudicados, dijo que entregó $13 mil a Guamán para que lo trasladara a EEUU "pero solo llegamos a República Dominicana".
Otras tres personas perjudicadas demandaron a Guamán. Roberto Macías, Johanna Mosquera y Félix Jordán aseveraron que también entregaron aproximadamente $12 mil a Guamán, pero que les falló. En El Triunfo, hay otros ciudadanos que no lo denuncian porque han sido amenazados por familiares de Guamán. Los afectados denunciaron que Guamán tenía contactos con autoridades seccionales y en las oficinas de pasaportes de Guayaquil. El gobernador del Guayas, Felipe Mantilla, negó tal versión. (AM)
PUNTO DE VISTA
El coyotaje no solo es un tema policíaco
Las dudas son fuertes: ¿quiénes son los responsables del fenómeno del coyotaje, que ahora tiene en jaque a las autoridades de América Latina y Estados Unidos? ¿Un ciudadano que facilita la emigración, porque por las vías legales a cualquier ciudadano común y corriente, sin grandes sumas de dinero en los bancos no le dan visa? ¿El ecuatoriano que no encuentra en su país las condiciones u oportunidades para realizarse existencialmente o, por lo menos, garantizar un futuro decente a sus hijos?
Si alguien se lanza al mar, no es porque está loco y ya no tiene cura. La expectativa de mejoramiento es un imán poderoso, y la inversión (cualquiera que sea esta) vale la pena. Quizá por eso, los coyotes encontraron la ocasión de hacer dinero y lo logran, porque en un país con instituciones fácilmente corruptibles, es posible.
Este fenómeno, más allá de lo policíaco que podría parecer, lanza mensajes a varios países. A EEUU, porque la demanda de mano de obra es enorme y solo se satisface con emigrantes ilegales. A Europa, porque en vez de racionalizar un sistema de migración, con el requerimiento de visa, fomenta una entrada ilegal. Y, particularmente, a Ecuador, donde no existen los tendones suficientes para sostener una relación armónica con su sistema productivo, expectativas de vida y garantías para realizar sus proyectos personales. Entonces, acabar con el coyotaje no es un problema policíaco. (OP). (BLANCO Y NEGRO)
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