Quito (Ecuador). 15 oct 95. El asilo solicitado por el
vicepresidente Alberto Dahik, en Costa Rica, ha reactualizado
en ese país, el debate sobre este tema, puesto que el caso del
político ecuatoriano no es el primero que ha ocurrido en los
últimos años.
Personajes de Venezuela, de Perú, y de Guatemala, vinculados
generalmente con la política de sus respectivos países, y que
se han visto envueltos en procesos judiciales, han buscado
refugio ese país centroamericano.
Las crónicas que se publican en esta página, recogidas de la
prensa costaricense, en algún momento de los episodios de
exilio de esos personajes, testimonian el hecho de que ese
pequeño país se ha convertido en el paraíso de muchos
autoexiliados, y algunas de las incidencias, evocan
precisamente las que está protagonizando el dimitente
vicepresidente ecuatoriano.
Un hecho significativo es que alguno de los exiliados escogió
Costa Rica, precisamente porque este país no tenía convenio de
extradición con el suyo de origen, exactamente lo que esta
ocurriendo con Dahik.
No obstante, al igual que lo que ahora ocurre con Dahik, la
presencia de los exiliados, provoca polémica entre diversos
círculos de opinión de esos países. La gente desea saber a
quien está dando asilo su gobierno.
No es una novedad que políticos extranjeros, cuestionados en
su país de origen, escojan como su destino final suelo
costarricense para solicitar asilo político.
El caso más polémico es el de Blanca Ibáñez Piña, ex
secretaria privada y esposa del ex presidente venezolano Jaime
Lusinchi, a quien se le concedió asilo en nuestro país el 31
de agosto de 1992, con el argumento de que era perseguida
política.
Pese a que Ibáñez era cuestionada por corrupción en su país,
el gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier (1990-1994) le
concedió la condición de asilada política.
Ayudada por el expresidente Luis Alberto Monge, la venezolana
estuvo hospedada en la quinta Bri-Bri, en Santa Ana, propiedad
del empresario Calixto Chaves.
Ibáñez, quien todavía se encuentra en Costa Rica, fue
condenada en su país a un año de prisión por cargos de
peculado, cometido durante el Gobierno de su esposo (1984-89).
El fallo fue emitido por haber utilizado fondos públicos para
comprar 64 jeeps y regalarlos a amigos y miembros del partido
socialdemócrata Acción Democrática (AD), para lo que empleó
una partida secreta del Ministerio del Interior.
El caso de Ibáñez produjo fuertes cuestionamientos contra
Calderón y el excanciller Bernd Niehaus, quienes le otorgaron
el beneficio a solicitud de Monge. Además, Julio Suñol, ex
embajador en Venezuela, presentó su dimisión tras cuestionar
la gestión.
Un caso similar ocurrió con el exvicepresidente guatemalteco
Gustavo Espina Salguero, a quien se le dio refugio en junio de
1993, también durante la administración Calderón.
El político fue destituido de su cargo el 1 de junio del 93,
acusado de participar en el fallido golpe de Estado del
depuesto presidente guatemalteco Jorge Serrano.
Espina, acusado de al menos 11 delitos -entre ellos violación
de la Constitución, malversación de fondos y usurpación de
funciones-, permaneció casi 20 meses como asilado en nuestro
país.
Luego regresó a Guatemala y se entregó a las autoridades que
habían dictado su orden de captura.
Vicepresidente Espina: un caso de conspiración
El presidente de Guatemala, Ramiro de León Carpio, estudia la
petición de un salvoconducto para que el exvicepresidente
Gustavo Adolfo Espina pueda viajar a Costa Rica, que le
concedió asilo político desde el miércoles, según declaró ayer
a medios de prensa de ese país.
Espina se encuentra "sin su familia, muy bien de salud; está
bien atendido al estilo tico", aseguró el cónsul costarricense
en Guatemala, Roberto Chávez, quien expresó que no era
conveniente entrevistar al exvicepresidente ya que los
teléfonos de la legación "están intervenidos, se lo aseguró".
La petición de salvoconducto se basa en el Convenio de
Ginebra, que establece el derecho de asilo.
Estamos en trámites del salvoconducto para que pueda viajar lo
más pronto posible. Presenté la solicitud al Ministerio de
Relaciones Exteriores como jefe que soy de la misión
diplomática, ya que el nuevo embajador aún no ha presentado
sus credenciales", expresó Chávez a La Nación.
La Cancillería guatemalteca trasladó al presidente De León
Carpio la solicitud de salvoconducto en favor de Espina, de 46
años, a quien el mandatario de Costa Rica, Rafael Angel
Calderón, ofreció abrirle las puertas de esta nación.
La transferencia de la petición se dio debido a que el
ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Menéndez Park, puso
su renuncia a disposición del gobernante, quien asumió el
poder tras el frustrado intento de Espina de suceder al
depuesto presidente Jorge Serrano Elías.
Denuncias contra Espina
Espina, quien inicialmente apoyó el autogolpe dado por Serrano
-25 de mayo- pero luego reclamó el derecho constitucional de
reemplazarlo, enfrenta acusaciones en Guatemala.
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de Instrucción
ordenó su detención por 11 cargos, entre ellos violación de la
Constitución Política, relacionados con la prohibición de
ocupar la Presidencia por su corresponsabilidad en aquel
suceso político.
Según periodistas del diario guatemalteco Siglo XXI y de la
revista Crónica, un fallo emitido el 4 de junio por la Corte
de Constitucionalidad estableció que "de las actuaciones del
(entonces) Vicepresidente, en un régimen que alteró el orden
constitucional, emana la consecuencia de que se encuentra
inhabilitado para continuar en el ejercicio de su cargo y para
optar a la Presidencia de la República".
Explicaron que el salvoconducto podría darse si se aprueba en
el Congreso un pedido de amnistía en favor de Espina, pues
sobre este pesa una orden de arraigo que le impide abandonar
Guatemala.
Blanca Ibañez de Lusinchi, acusada de corrupción
La cancillería costarricense revisará el asilo político
otorgado a Blanca Ibáñez de Lusinchi, un vez que sea
presentada la solicitud de extradición de la Corte de Justicia
venezolana.
Una información emitida desde Caracas adelantó que Venezuela
invocará el código Bustamante precisamente para demandar de
Costa Rica la extradición de la señora Ibáñez, esposa del ex
presidente Jaime Lusinchi.
La Corte Suprema de Justicia de Venezuela (CSJ) había fallado
a favor de que Ibáñez y otros altos funcionarios del gobierno
de Lusinchi sean extraditados para que respondan de las
acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos.
La justicia venezolana explicó que en el caso de Ibáñez, que
logró el asilo político en Costa Rica, país que no tiene
tratado de extradición con Venezuela, se recurrirá al código
Bustamante, un convenio suscrito en 1928 que proporcionará la
base legal para tramitar la extradición.
La determinación en el sentido de revisar el asilo concedido a
la señora Ibáñez, sin embargo, según fuentes costarricense no
implicaba que se vaya a revocar el beneficio otorgado a
Ibáñez.
A la segunda esposa del ex mandatario venezolano, se le
atribuyeron presuntos manejos dolosos contra el patrimonio
público -bajo la figura del delito de tráfico de influencias-,
durante el período en que fungió como secretaria privada de su
cónyuge (1984-89).
La solicitud de extradición que también afecta a los ex
funcionarios de la administración Lusinchi: José Angel
Ciliberto, ex ministro del Interior, y Jorge Mogna, ex jefe de
administración de ese despacho, así como al empresario Omar
Camero. Todos están acusados por el presunto delito de
corrupción por la compra de 65 vehículos rústicos. La
autoridades presuponen que ellos estarían en Miami.
El empresario peruano Vera
Pese a que había prometido explicar su situación una vez que
rindiera declaración ante la Cancillería, el empresario Julio
Vera Gutiérrez, quien se encuentra asilado en el país, no
quiso explicar las razones por las que se considera un
perseguido político.
A Vera Gutiérrez dueño del Canal 9 de la televisión de Perú,
el régimen de Alberto Fujimori lo acusa de ser cómplice en el
fallido golpe de estado del 13 de noviembre, ya que los
sublevados utilizaron un vehículo y equipo de comunicación de
su propiedad, durante la intentona.
Se presentó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Relaciones Exteriores, donde por espacio de una hora rindió
declaración. Al final solamente se limitó a agradecer la
acogida que le dio el país, pero no quiso profundizar sobre
los conflictos que aparentemente enfrenta en Perú.
En primera instancia dijo que posteriormente ofrecerá una
conferencia de prensa, pero luego -ante reiteradas preguntas
de los periodistas- expresó que lo concerniente a la situación
en su patria y la relación que tuvo con los golpistas, sólo lo
hará cuando vuelva a Perú.
Durante la comparecencia estuvo acompañado por el embajador de
Costa Rica en Perú, Luis Carlos Regidor Mattey, quien se ha
convertido en una especie de protector del exiliado. Incluso
por momentos respondió a las preguntas que los reporteros
nacionales le hicieron al señor Vera Gutiérrez.
El asilado es un hombre de avanzada edad. Su tono de voz fue
quejumbroso y su caminar, pausado. Al abandonar la
Cancillería reveló que tenía problemas cardíacos.
Al ser consultado sobre si se quedaría a residir permanente en
Costa Rica, sólo comento: "A quién no le gustaría vivir en un
país tan bonito". Empero, expresó que cuando los trámites de
asilo estén concretado decidirá si trae a su familia.
En el informe que Regidor Mattey envió a la Cancillería, se
dice que la casa de Vera Gutiérrez -en Lima- se encuentra
sitiada por efectivos policiales y que las de sus familiares
han sido allanadas sin orden judicial. También que el
Gobierno retiró el resguardo militar que protegía a su
televisora de eventuales ataques o atentados. (Política)
(Diario HOY) (6A)
vicepresidente Alberto Dahik, en Costa Rica, ha reactualizado
en ese país, el debate sobre este tema, puesto que el caso del
político ecuatoriano no es el primero que ha ocurrido en los
últimos años.
Personajes de Venezuela, de Perú, y de Guatemala, vinculados
generalmente con la política de sus respectivos países, y que
se han visto envueltos en procesos judiciales, han buscado
refugio ese país centroamericano.
Las crónicas que se publican en esta página, recogidas de la
prensa costaricense, en algún momento de los episodios de
exilio de esos personajes, testimonian el hecho de que ese
pequeño país se ha convertido en el paraíso de muchos
autoexiliados, y algunas de las incidencias, evocan
precisamente las que está protagonizando el dimitente
vicepresidente ecuatoriano.
Un hecho significativo es que alguno de los exiliados escogió
Costa Rica, precisamente porque este país no tenía convenio de
extradición con el suyo de origen, exactamente lo que esta
ocurriendo con Dahik.
No obstante, al igual que lo que ahora ocurre con Dahik, la
presencia de los exiliados, provoca polémica entre diversos
círculos de opinión de esos países. La gente desea saber a
quien está dando asilo su gobierno.
No es una novedad que políticos extranjeros, cuestionados en
su país de origen, escojan como su destino final suelo
costarricense para solicitar asilo político.
El caso más polémico es el de Blanca Ibáñez Piña, ex
secretaria privada y esposa del ex presidente venezolano Jaime
Lusinchi, a quien se le concedió asilo en nuestro país el 31
de agosto de 1992, con el argumento de que era perseguida
política.
Pese a que Ibáñez era cuestionada por corrupción en su país,
el gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier (1990-1994) le
concedió la condición de asilada política.
Ayudada por el expresidente Luis Alberto Monge, la venezolana
estuvo hospedada en la quinta Bri-Bri, en Santa Ana, propiedad
del empresario Calixto Chaves.
Ibáñez, quien todavía se encuentra en Costa Rica, fue
condenada en su país a un año de prisión por cargos de
peculado, cometido durante el Gobierno de su esposo (1984-89).
El fallo fue emitido por haber utilizado fondos públicos para
comprar 64 jeeps y regalarlos a amigos y miembros del partido
socialdemócrata Acción Democrática (AD), para lo que empleó
una partida secreta del Ministerio del Interior.
El caso de Ibáñez produjo fuertes cuestionamientos contra
Calderón y el excanciller Bernd Niehaus, quienes le otorgaron
el beneficio a solicitud de Monge. Además, Julio Suñol, ex
embajador en Venezuela, presentó su dimisión tras cuestionar
la gestión.
Un caso similar ocurrió con el exvicepresidente guatemalteco
Gustavo Espina Salguero, a quien se le dio refugio en junio de
1993, también durante la administración Calderón.
El político fue destituido de su cargo el 1 de junio del 93,
acusado de participar en el fallido golpe de Estado del
depuesto presidente guatemalteco Jorge Serrano.
Espina, acusado de al menos 11 delitos -entre ellos violación
de la Constitución, malversación de fondos y usurpación de
funciones-, permaneció casi 20 meses como asilado en nuestro
país.
Luego regresó a Guatemala y se entregó a las autoridades que
habían dictado su orden de captura.
Vicepresidente Espina: un caso de conspiración
El presidente de Guatemala, Ramiro de León Carpio, estudia la
petición de un salvoconducto para que el exvicepresidente
Gustavo Adolfo Espina pueda viajar a Costa Rica, que le
concedió asilo político desde el miércoles, según declaró ayer
a medios de prensa de ese país.
Espina se encuentra "sin su familia, muy bien de salud; está
bien atendido al estilo tico", aseguró el cónsul costarricense
en Guatemala, Roberto Chávez, quien expresó que no era
conveniente entrevistar al exvicepresidente ya que los
teléfonos de la legación "están intervenidos, se lo aseguró".
La petición de salvoconducto se basa en el Convenio de
Ginebra, que establece el derecho de asilo.
Estamos en trámites del salvoconducto para que pueda viajar lo
más pronto posible. Presenté la solicitud al Ministerio de
Relaciones Exteriores como jefe que soy de la misión
diplomática, ya que el nuevo embajador aún no ha presentado
sus credenciales", expresó Chávez a La Nación.
La Cancillería guatemalteca trasladó al presidente De León
Carpio la solicitud de salvoconducto en favor de Espina, de 46
años, a quien el mandatario de Costa Rica, Rafael Angel
Calderón, ofreció abrirle las puertas de esta nación.
La transferencia de la petición se dio debido a que el
ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Menéndez Park, puso
su renuncia a disposición del gobernante, quien asumió el
poder tras el frustrado intento de Espina de suceder al
depuesto presidente Jorge Serrano Elías.
Denuncias contra Espina
Espina, quien inicialmente apoyó el autogolpe dado por Serrano
-25 de mayo- pero luego reclamó el derecho constitucional de
reemplazarlo, enfrenta acusaciones en Guatemala.
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de Instrucción
ordenó su detención por 11 cargos, entre ellos violación de la
Constitución Política, relacionados con la prohibición de
ocupar la Presidencia por su corresponsabilidad en aquel
suceso político.
Según periodistas del diario guatemalteco Siglo XXI y de la
revista Crónica, un fallo emitido el 4 de junio por la Corte
de Constitucionalidad estableció que "de las actuaciones del
(entonces) Vicepresidente, en un régimen que alteró el orden
constitucional, emana la consecuencia de que se encuentra
inhabilitado para continuar en el ejercicio de su cargo y para
optar a la Presidencia de la República".
Explicaron que el salvoconducto podría darse si se aprueba en
el Congreso un pedido de amnistía en favor de Espina, pues
sobre este pesa una orden de arraigo que le impide abandonar
Guatemala.
Blanca Ibañez de Lusinchi, acusada de corrupción
La cancillería costarricense revisará el asilo político
otorgado a Blanca Ibáñez de Lusinchi, un vez que sea
presentada la solicitud de extradición de la Corte de Justicia
venezolana.
Una información emitida desde Caracas adelantó que Venezuela
invocará el código Bustamante precisamente para demandar de
Costa Rica la extradición de la señora Ibáñez, esposa del ex
presidente Jaime Lusinchi.
La Corte Suprema de Justicia de Venezuela (CSJ) había fallado
a favor de que Ibáñez y otros altos funcionarios del gobierno
de Lusinchi sean extraditados para que respondan de las
acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos.
La justicia venezolana explicó que en el caso de Ibáñez, que
logró el asilo político en Costa Rica, país que no tiene
tratado de extradición con Venezuela, se recurrirá al código
Bustamante, un convenio suscrito en 1928 que proporcionará la
base legal para tramitar la extradición.
La determinación en el sentido de revisar el asilo concedido a
la señora Ibáñez, sin embargo, según fuentes costarricense no
implicaba que se vaya a revocar el beneficio otorgado a
Ibáñez.
A la segunda esposa del ex mandatario venezolano, se le
atribuyeron presuntos manejos dolosos contra el patrimonio
público -bajo la figura del delito de tráfico de influencias-,
durante el período en que fungió como secretaria privada de su
cónyuge (1984-89).
La solicitud de extradición que también afecta a los ex
funcionarios de la administración Lusinchi: José Angel
Ciliberto, ex ministro del Interior, y Jorge Mogna, ex jefe de
administración de ese despacho, así como al empresario Omar
Camero. Todos están acusados por el presunto delito de
corrupción por la compra de 65 vehículos rústicos. La
autoridades presuponen que ellos estarían en Miami.
El empresario peruano Vera
Pese a que había prometido explicar su situación una vez que
rindiera declaración ante la Cancillería, el empresario Julio
Vera Gutiérrez, quien se encuentra asilado en el país, no
quiso explicar las razones por las que se considera un
perseguido político.
A Vera Gutiérrez dueño del Canal 9 de la televisión de Perú,
el régimen de Alberto Fujimori lo acusa de ser cómplice en el
fallido golpe de estado del 13 de noviembre, ya que los
sublevados utilizaron un vehículo y equipo de comunicación de
su propiedad, durante la intentona.
Se presentó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Relaciones Exteriores, donde por espacio de una hora rindió
declaración. Al final solamente se limitó a agradecer la
acogida que le dio el país, pero no quiso profundizar sobre
los conflictos que aparentemente enfrenta en Perú.
En primera instancia dijo que posteriormente ofrecerá una
conferencia de prensa, pero luego -ante reiteradas preguntas
de los periodistas- expresó que lo concerniente a la situación
en su patria y la relación que tuvo con los golpistas, sólo lo
hará cuando vuelva a Perú.
Durante la comparecencia estuvo acompañado por el embajador de
Costa Rica en Perú, Luis Carlos Regidor Mattey, quien se ha
convertido en una especie de protector del exiliado. Incluso
por momentos respondió a las preguntas que los reporteros
nacionales le hicieron al señor Vera Gutiérrez.
El asilado es un hombre de avanzada edad. Su tono de voz fue
quejumbroso y su caminar, pausado. Al abandonar la
Cancillería reveló que tenía problemas cardíacos.
Al ser consultado sobre si se quedaría a residir permanente en
Costa Rica, sólo comento: "A quién no le gustaría vivir en un
país tan bonito". Empero, expresó que cuando los trámites de
asilo estén concretado decidirá si trae a su familia.
En el informe que Regidor Mattey envió a la Cancillería, se
dice que la casa de Vera Gutiérrez -en Lima- se encuentra
sitiada por efectivos policiales y que las de sus familiares
han sido allanadas sin orden judicial. También que el
Gobierno retiró el resguardo militar que protegía a su
televisora de eventuales ataques o atentados. (Política)
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