La Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ratificó el fallo de un juez que se abstuvo de acusar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y llamó a juicio a seis oficiales colombianos por presunto asesinato a raíz de un ataque contra las FARC en Ecuador en 2008, informó ayer la Fiscalía.
"Hay la ratificación de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos del auto de llamamiento a juicio en contra de los seis oficiales y el sobreseimiento temporal del señor Santos", dijo el fiscal del caso, Carlos Jiménez.
En un fallo de primera instancia, a finales de marzo pasado, el juez Daniel Méndez acogió un dictamen de la Fiscalía que acusó de asesinato a los mandos militares y policiales colombianos en la época del bombardeo, pero se abstuvo de hacerlo contra Santos debido a su inmunidad como mandatario.
Santos era ministro de Defensa en el momento de la incursión colombiana en la que fueron abatidas 25 personas, entre ellas Raúl Reyes, quien era el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
Los imputados son el actual director de la Policía, general Oscar Naranjo, y los antiguos jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; el Ejército, Mario Montoya; la Marina, Guillermo Barrera; y la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, además del coronel Camilo Alvarez.
Según un boletín de la Fiscalía, la Corte de Sucumbíos (noreste) determinó que "existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y participación de los procesados en calidad de autores del delito" de asesinato.
Debido a ello, la sala única del tribunal "confirma en todas sus partes el auto" de Méndez, añadió el reporte.
Tras la decisión de la Corte ecuatoriana, el proceso volverá al juez que deberá remitirlo al Tribunal Penal de Sucumbíos para que convoque la audiencia de juzgamiento, explicó a su vez Jiménez.
El gobierno de Colombia rechazó la decisión y aseveró que "desestima las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil", según un comunicado de la cancillería.
Colombia, "con sujeción al Derecho Internacional Humanitario, adelantó la operación (militar) Fénix en contra de un campamento de las FARC que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana. Esa operación constituye un acto de Estado contra terroristas internacionales", zanjó.
A raíz del ataque en el poblado de Angostura (Sucumbíos), Quito rompió relaciones con Bogotá, pero éstas fueron restablecidas plenamente el pasado 26 de noviembre. (AFP)
"Hay la ratificación de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos del auto de llamamiento a juicio en contra de los seis oficiales y el sobreseimiento temporal del señor Santos", dijo el fiscal del caso, Carlos Jiménez.
En un fallo de primera instancia, a finales de marzo pasado, el juez Daniel Méndez acogió un dictamen de la Fiscalía que acusó de asesinato a los mandos militares y policiales colombianos en la época del bombardeo, pero se abstuvo de hacerlo contra Santos debido a su inmunidad como mandatario.
Santos era ministro de Defensa en el momento de la incursión colombiana en la que fueron abatidas 25 personas, entre ellas Raúl Reyes, quien era el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
Los imputados son el actual director de la Policía, general Oscar Naranjo, y los antiguos jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; el Ejército, Mario Montoya; la Marina, Guillermo Barrera; y la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, además del coronel Camilo Alvarez.
Según un boletín de la Fiscalía, la Corte de Sucumbíos (noreste) determinó que "existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y participación de los procesados en calidad de autores del delito" de asesinato.
Debido a ello, la sala única del tribunal "confirma en todas sus partes el auto" de Méndez, añadió el reporte.
Tras la decisión de la Corte ecuatoriana, el proceso volverá al juez que deberá remitirlo al Tribunal Penal de Sucumbíos para que convoque la audiencia de juzgamiento, explicó a su vez Jiménez.
El gobierno de Colombia rechazó la decisión y aseveró que "desestima las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil", según un comunicado de la cancillería.
Colombia, "con sujeción al Derecho Internacional Humanitario, adelantó la operación (militar) Fénix en contra de un campamento de las FARC que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana. Esa operación constituye un acto de Estado contra terroristas internacionales", zanjó.
A raíz del ataque en el poblado de Angostura (Sucumbíos), Quito rompió relaciones con Bogotá, pero éstas fueron restablecidas plenamente el pasado 26 de noviembre. (AFP)
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