El presidente Rafael Correa desafió hoy a los abogados colombianos que presentaron una demanda en su contra por presuntos nexos de su Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a que la lleven a la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta semana, un grupo de abogados presentó ante la Fiscalía de Colombia una demanda contra Correa, por los presuntos nexos de su Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunciaron que pedirán que sea denunciado ante la CPI por el delito de "terrorismo internacional".

El jurista Abelardo de la Espriella dijo a la televisión colombiana que la denuncia también incluye al ex ministro de Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea y al ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvín, para quienes solicitan procesos por el mismo delito.

"No saben cuánto se los agradecería. Llévenme a la Corte Internacional de la Haya y demostraremos quiénes son los terroristas, aquí van a encontrar dignidad y soberanía", dijo.

"Por favor, a esos abogados que contactó Lucio Gutiérrez, vinculados con los paramilitares, defensores de esa pirámide que lavaba dineros y que fue descubierta aquí en Ecuador...llévenme a la Corte Internacional", dijo en su informe semanal de labores.

Reiteró que ahí demostrarán "quiénes son los terroristas, quiénes son los vinculados a los paramilitares, al narcotráfico, en qué país existe narcopolítica, parapolítica. No existe en Ecuador".

Añadió que no usarán como prueba los supuestos documentos que Colombia asegura estaban en las computadores que dijo haber rescatado del campamento de las FARC, bombardeado el 1 de marzo de 2008 en el enclave ecuatoriano de Angostura.

"Vamos a llevar testimonios de personas vivas (...), que sabe dónde están los terroristas, los narcopolíticos y los parapolíticos. Ojalá que nos lleven a la Corte Penal Internacional de La Haya, para demostrar cómo aquí sí se respeta el régimen de derecho", apuntó.

Subrayó que en su país no hay pena de muerte ni guerras al recordar el bombardeo del Ejército colombiano en territorio de Ecuador, donde murieron al menos 26 personas, entre ellas el portavoz internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes", un ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos.

"Ciertas mafias colombianas no entienden que los políticos y el Gobierno ecuatoriano, ya no son los de antes, que aquí hay soberanía y dignidad y van a encontrar respuesta adecuada a toda su prepotencia", dijo enérgico en su informe emitido desde Quito.

El gobernante indicó que "si hay algo de decencia" en la Fiscalía colombiana no va a acoger la demanda de los abogados de ese país, algo que tampoco cree que prospere en la CPI.

Recalcó que su país investiga delitos, pero "ciertos personajes colombianos, en revancha, odio, politiquería, quiere perseguir personas. Eso hacen los fascistas, que sigan estos fascistoides haciendo lo que les da la gana. Nosotros responderemos con la ley en la mano y con sobra de soberanía y dignidad".

"No jueguen con fuego, aquí en Ecuador encontrarán soberanía y dignidad. Nunca más habrá otro 1 de marzo, nunca más habrá otro Angostura. Encontrarán la respuesta que merecen sus actos, qué prepotencia, qué abuso, qué atentado al derecho internacional", dijo Correa.

Esta semana, el ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, opinó que la demanda de los abogados colombianos es una "acción política" en respuesta a los actos de la justicia local contra el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos.

"Creo que estas son acciones políticas de reacción a la actuación del juez de Sucumbíos", dijo Carvajal al recordar que se dictó una orden de detención contra Santos, imputado en el caso por el bombardeo a un campamento que las FARC habían instalado en este país.

El Gobierno ecuatoriano consideró que su país y Colombia atraviesan el "peor momento" en sus relaciones, que Quito rompió el 3 de marzo de 2008 tras el bombardeo colombiano, dos días antes, al campamento que las FARC y para lo cual los militares atravesaron la frontera sin autorización ecuatoriana hasta el enclave de Angostura. (EFE)

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