CONTINUARA EL GRADUALISMO
Quito. 18. 09. 90. Tras deslindar responsabilidades en la
generación de la pugna de poderes, el presidente Rodrigo Borja
expresó ayer en Guayaquil la firmeza del poder Ejecutivo
frente a las últimas y controvertidas acciones
legislativas.
Por un lado manifestó su convicción de continuar con la
política gradualista en la aplicación de los precios de los
combustibles, y, por otro, de apoyar a Fernando Guerrero en la
continuación de su cargo de Superintendente de Bancos.En ambos
casos, Borja desconoció resoluciones del Congreso, a las que
calificó de "inconstitucionales".
El martes cuatro de este mes, el Parlamento aprobó una
resolución, presentada por el presidente de la legislatura
Averroes Bucaram, que dejaba sin efecto el acuerdo del
Ministerio de Energía que estableció el incremento mensual de
los precios de los combustibles.
Esta acción legislativa generó un conflicto legal, pues
diversos políticos y juristas independientes consideraron que
una resolución del Congreso no puede en ningún caso eliminar
un acuerdo de la administración pública, aparte de que es
atribución exclusiva del Ejecutivo fijar los precios de los
combustibles.
El gobierno en esa ocasión, a través del secretario de la
administración, Washington Herrera, dejó entrever que no
acataría la resolución.
El proyecto de ley original del CFP estipulaba la congelación
de los precios de los combustibles, considerada una utopía
para algunos sectores políticos, como el Partido
Socialcristiano, que terminó adhiriéndose,sin embargo, a la
resolución, interpretándola como contraria el gradualismo.
"No hemos pedido la congelación de precios, ni hemos quitado
al Ejecutivo la facultad de fijar los precios. En lo que
estamos en desacuerdo es en la forma de hacerlo", explicó ayer
el diputado Jaime Nebot.
Borja reafirmó ayer en Guayaquil que su gobierno "no va a
obedecer" la resolución del Congreso por ser "absolutamente
inconstitucional e ilegal" y que "continuará con la política
gradualista, ya que no hay otra alternativa.
Caso superintendente
De otro lado, a principios de la semana pasada el Congreso
resolvió destituir al superintendente de Bancos, Fernando
Guerrero, acusado de haber proferido injurias contra el
Parlamento. "El Congreso es una vergüenza", fue la frase que
colgó a Guerrero, quien, luego de su destitución, reaccionó
diciendo que no podía acatar una decisión "anticonstitucional,
ilegal y antirreglamentaria.
"Esto sucedía el mismo día en que el ministro de gobierno,
César Verduga, en una iniciativa hacia la distensión, se
reunió reservadamente con el presidente del Congreso.
Apoya a Guerrero
Ayer, Borja calificó también de "anticonstitucional" la
decisión de remover a Guerrero, y explicó que para
destituirlo se necesita de una infracción contemplada en la
Constitución y en la Ley, es decir, una infracción cometida
por el Superintendente en el ejercicio de sus funciones, " y
nada de eso a ocurrido". "Luego, se necesita que el Congreso
siga un procedimiento especial de enjuiciamiento político y,
después de ello, probar que se han cometido infracciones",
agregó.
Acotó que Guerrero fue removido a través de una resolución
"sin ser escuchado ni permitirle el derecho de defensa o
enjuiciarlo políticamente, solo por una causa risible y
ridícula, como es el hecho de que el Superintendente comparte
la opinión de 10 millones de ecuatorianos sobre el
comportamiento del Congreso". Pero aclaró que ese no es un
problema entre el Gobierno y el Congreso porque el
Superintendente es un funcionario autónomo e independiente.
Borja, que la semana pasada advirtió sobre cualquier intento
de arrebatarle sus facultades ejecutivas, y que anteriormente
había provocado la indignación del Congreso al hablar de él
como una "gavilla de patanes", esta vez volvió a insistir en
que hay legisladores "que se creen dictadores omnímodos, que
creen que pueden estar por encima de la Constitución. Ese
pequeño grupo, conmigo se equivoca', sentenció. (A-5).
Quito. 18. 09. 90. Tras deslindar responsabilidades en la
generación de la pugna de poderes, el presidente Rodrigo Borja
expresó ayer en Guayaquil la firmeza del poder Ejecutivo
frente a las últimas y controvertidas acciones
legislativas.
Por un lado manifestó su convicción de continuar con la
política gradualista en la aplicación de los precios de los
combustibles, y, por otro, de apoyar a Fernando Guerrero en la
continuación de su cargo de Superintendente de Bancos.En ambos
casos, Borja desconoció resoluciones del Congreso, a las que
calificó de "inconstitucionales".
El martes cuatro de este mes, el Parlamento aprobó una
resolución, presentada por el presidente de la legislatura
Averroes Bucaram, que dejaba sin efecto el acuerdo del
Ministerio de Energía que estableció el incremento mensual de
los precios de los combustibles.
Esta acción legislativa generó un conflicto legal, pues
diversos políticos y juristas independientes consideraron que
una resolución del Congreso no puede en ningún caso eliminar
un acuerdo de la administración pública, aparte de que es
atribución exclusiva del Ejecutivo fijar los precios de los
combustibles.
El gobierno en esa ocasión, a través del secretario de la
administración, Washington Herrera, dejó entrever que no
acataría la resolución.
El proyecto de ley original del CFP estipulaba la congelación
de los precios de los combustibles, considerada una utopía
para algunos sectores políticos, como el Partido
Socialcristiano, que terminó adhiriéndose,sin embargo, a la
resolución, interpretándola como contraria el gradualismo.
"No hemos pedido la congelación de precios, ni hemos quitado
al Ejecutivo la facultad de fijar los precios. En lo que
estamos en desacuerdo es en la forma de hacerlo", explicó ayer
el diputado Jaime Nebot.
Borja reafirmó ayer en Guayaquil que su gobierno "no va a
obedecer" la resolución del Congreso por ser "absolutamente
inconstitucional e ilegal" y que "continuará con la política
gradualista, ya que no hay otra alternativa.
Caso superintendente
De otro lado, a principios de la semana pasada el Congreso
resolvió destituir al superintendente de Bancos, Fernando
Guerrero, acusado de haber proferido injurias contra el
Parlamento. "El Congreso es una vergüenza", fue la frase que
colgó a Guerrero, quien, luego de su destitución, reaccionó
diciendo que no podía acatar una decisión "anticonstitucional,
ilegal y antirreglamentaria.
"Esto sucedía el mismo día en que el ministro de gobierno,
César Verduga, en una iniciativa hacia la distensión, se
reunió reservadamente con el presidente del Congreso.
Apoya a Guerrero
Ayer, Borja calificó también de "anticonstitucional" la
decisión de remover a Guerrero, y explicó que para
destituirlo se necesita de una infracción contemplada en la
Constitución y en la Ley, es decir, una infracción cometida
por el Superintendente en el ejercicio de sus funciones, " y
nada de eso a ocurrido". "Luego, se necesita que el Congreso
siga un procedimiento especial de enjuiciamiento político y,
después de ello, probar que se han cometido infracciones",
agregó.
Acotó que Guerrero fue removido a través de una resolución
"sin ser escuchado ni permitirle el derecho de defensa o
enjuiciarlo políticamente, solo por una causa risible y
ridícula, como es el hecho de que el Superintendente comparte
la opinión de 10 millones de ecuatorianos sobre el
comportamiento del Congreso". Pero aclaró que ese no es un
problema entre el Gobierno y el Congreso porque el
Superintendente es un funcionario autónomo e independiente.
Borja, que la semana pasada advirtió sobre cualquier intento
de arrebatarle sus facultades ejecutivas, y que anteriormente
había provocado la indignación del Congreso al hablar de él
como una "gavilla de patanes", esta vez volvió a insistir en
que hay legisladores "que se creen dictadores omnímodos, que
creen que pueden estar por encima de la Constitución. Ese
pequeño grupo, conmigo se equivoca', sentenció. (A-5).
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