Quito. 16 jun 97 .- En la edición del 5 de mayo, bajo el título
"Continental ¿a qué le apostó Solórzano?" José Zevallos hace
afirmaciones que, según Leonidas Ortega Trujillo, atentan contra
el honor de él y su familia. El ex directivo del Banco
Continental hace algunas precisiones:
1. Que la prisión contra nosotros [los hermanos Ortega] no causa
sorpresa porque hicimos un aumento de capital ficticio.
Esto no es verdad. El Dr. Pablo Lucio Paredes, ex administrador
por el Banco Central, en oficio del 3 de junio de 1996 dice al
ex superintendente de Bancos, Mauro Intriago: "que los registros
contables realizados en el Banco Continental en las fechas
respectivas se ajustan a las normas contables y viendo
exclusivamente los movimientos en esa entidad, es imposible que
el incremento patrimonial era ficticio".
Así lo confirma el informe pericial del 4 de septiembre de 1996,
ordenado por el Juez, y la orden de la Superintendencia de Bancos
de crear reservas con cargo a nuestro capital.
2. Que nuestra prisión no causa sorpresa porque realizamos entre
abril de 1995 y enero de 1996 transferencias que benefician a mi
familia y perjudicaron a depositantes.
Esto es falso, ningún Ortega Trujillo ni compañía que les
pertenezca, vendió al Banco o sus compañías, bienes de su
propiedad. Las transacciones a las que puede haberse referido son
las que calumniosamente fueron distorsionadas por el Dr. Augusto
de la Torre, para desprestigiarnos.
Las transacciones realizadas durante este período fueron
meticulosamente aprobadas y revisadas por la Superintendencia en
los 54 actos de revisión efectuados desde diciembre de 1994 hasta
mayo de 1996 que consta en la "Narración de Eventos" presentada
en el juicio por la Superintendencia de fojas 452 y 465.
3. Que según un informe del Banco Central, los Ortega habríamos
drenado el capital del Banco, al cancelar sin pagar, deudas por
USD 150 millones.
Cantidad tan elevada no se puede disponer de un banco, sin que
los entes de control lo conozcan, peor en épocas de iliquidez
severa como las que se vivieron en 1995 y principios de 1996.
Esta acusación como no podía ser probada en el Ecuador, porque
jamás se produjeron los hechos que la sustentan, fue trasladada
a Bahamas en un juicio iniciado en mayo de 1996.
La demanda debió ser formalizada 30 días después de presentada
y sin embargo, hasta febrero de 1997, fue objeto de pedidos de
prórroga por el Dr. De la Torre. Se formalizó después de cambiar
de abogados y, curiosamente, cuando el Presidente de la Corte
Suprema le pidió informes sobre el estado del juicio.
4. Que entregamos información falsa a las autoridades de
supervisión bancaria para obtener créditos de liquidez.
El Banco, en sus 22 años de mi administración, recibió del Banco
Central 3 créditos. El primero, el 6 de febrero de 1995 por
63.500 millones de sucres, durante la guerra con el Perú, y lo
prepagó. El segundo, el 27 de noviembre por 62.000 millones de
sucres, para colaborar con las autoridades reduciendo las tasas
de interés, y se pagó a su vencimiento. El tercero, el 30 de
enero de 1996 por 485.000 mil millones de sucres, que vencía el
30 de abril de ese mismo año, para solventar la crisis de
liquidez originada por los rumores, el cual, ante la persistencia
de los retiros, fue sustituido por el subordinado.
El subordinado daba al Banco Central el control total del
Continental puesto que se lo condicionó a la entrega de sus
acciones a un fideicomiso en garantía y la renuncia de los
administradores. Además, le permitía recuperar activos de primer
orden por valor del 140 por ciento del préstamo de liquidez, que
estaban prendados al Banco Central y así contar con nuevos
recursos de liquidez y un mayor plazo para neutralizar los
rumores.
Previamente, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central
inspeccionaron a fondo la gestión del Continental, su aumento de
capital, el uso de sus recursos y, mientras yo lo dirigí, jamás
recibí observación que insinuara la comisión de algún delito; ni
siquiera cuando la Comisión de Fiscalización del Congreso, en
abril de 1996, llamó a las ex autoridades y a mí, a explicar las
causas del subordinado.
5. Que con la orden de prisión de las autoridades se pensará que
ellas fueron cómplices nuestros y que recibieron dinero a cambio
de su decisión.
Las ex autoridades, así como el Banco en mi administración,
actuamos con responsabilidad cuando acordamos, oportuna y
legalmente, acogernos al préstamo subordinado. Las actitudes
posteriores del Dr. De la Torre y Mauro Intriago obedecieron al
temor o miedo a un injustificado cuestionamiento público y por
ello decidieron montar toda esta historieta contra mi familia.
Así se explica que la primera noticia de haberse descubierto
supuestos delitos bancarios, la haya recibido de la
Superintendencia de Bancos el 7 de mayo de 1996 a las 21 horas;
curiosamente al día siguiente que el Presidente de la Corte
Suprema le había solicitado al Dr. De la Torre información al
respecto. Y ¡qué coincidencia! 48 horas después, la Junta
Bancaria de ese entonces, con la participación del Dr. De la
Torre, resuelve removerme de funciones que ya no tenía y acusarme
ante un agente fiscal de Guayaquil, el cual al día siguiente,
después de estudiar más de 700 páginas anexas a la denuncia,
decide exitar al Juez de lo Penal, el cual inicia el juicio en
contra de mis hermanos, otras personas y mío.
6. Que la providencia nos debe haber tranquilizado porque nos
acusa de la "infracción bancaria de piramidación".
¿Cómo puede alguien estar feliz de ser sindicado en un proceso
penal, por muy ligera que sea la sanción, cuando nunca lo
habíamos sido y hemos probado hasta la saciedad nuestra
inocencia; cuando tenemos hijos a los que estamos obligados a dar
ejemplo de buen comportamiento; cuando mantenemos empresas y
colaboradores que creen en el país y su gente; cuando, gracias
a Dios, aún tenemos una madre viva que, a nuestro lado, sufre por
la insaciable persecución de que somos víctimas y a la que
esperamos darle la satisfacción de volvernos a ver libres?
7. Que la providad nos beneficia porque debilita el juicio en
Bahamas y así solo tendremos que defendernos en el Ecuador, donde
nuestras posibilidades de ganar son mayores.
Esta falsedad demuestra que quien la dijo no conoce que en el
juicio en las Bahamas, su última instancia se ventila ante la
Corte de los Lores en Londres, por lo que estará lejos de
influencia nuestra. Además, basta observar cómo hemos sido
tratados dentro del proceso seguido en el Ecuador para concluir
que no podemos sentir la seguridad insinuada.
8. Que la providencia del Dr. Solórzano vuelve evidente el riesgo
de trabajar en el sector público y dificultará el manejo del
país.
En esta aseveración no entiendo por qué no la extiende a
empresarios privados, como nosotros, que han dedicado su vida a
trabajar en el país con espíritu creativo y sin distingos
regionales, creando fuentes de trabajo y riqueza. Por qué nos
niega el derecho a la presunción de inocencia y nos califica de
culpables, cuando respecto de los funcionarios públicos, les
reconoce la posibilidad del error "frente a un problema
técnicamente complejo".
Aunque el articulista reconoce que los negocios privados también
pueden perder, como ocurre con el de su símil, el petrolero, lo
cual como él bien afirma no puede ser causal para ir a la cárcel,
no comprendo por qué no admite igual realidad en el negocio
bancario, como ocurrió con el nuestro cuando se confabularon las
circunstancias del país en los intereses ocultos.
En ese momento nosotros actuamos, con estricto apego a la Ley y
a la buena fe por lo cual tampoco merecemos ir presos. (Texto
tomado de El Comercio)
"Continental ¿a qué le apostó Solórzano?" José Zevallos hace
afirmaciones que, según Leonidas Ortega Trujillo, atentan contra
el honor de él y su familia. El ex directivo del Banco
Continental hace algunas precisiones:
1. Que la prisión contra nosotros [los hermanos Ortega] no causa
sorpresa porque hicimos un aumento de capital ficticio.
Esto no es verdad. El Dr. Pablo Lucio Paredes, ex administrador
por el Banco Central, en oficio del 3 de junio de 1996 dice al
ex superintendente de Bancos, Mauro Intriago: "que los registros
contables realizados en el Banco Continental en las fechas
respectivas se ajustan a las normas contables y viendo
exclusivamente los movimientos en esa entidad, es imposible que
el incremento patrimonial era ficticio".
Así lo confirma el informe pericial del 4 de septiembre de 1996,
ordenado por el Juez, y la orden de la Superintendencia de Bancos
de crear reservas con cargo a nuestro capital.
2. Que nuestra prisión no causa sorpresa porque realizamos entre
abril de 1995 y enero de 1996 transferencias que benefician a mi
familia y perjudicaron a depositantes.
Esto es falso, ningún Ortega Trujillo ni compañía que les
pertenezca, vendió al Banco o sus compañías, bienes de su
propiedad. Las transacciones a las que puede haberse referido son
las que calumniosamente fueron distorsionadas por el Dr. Augusto
de la Torre, para desprestigiarnos.
Las transacciones realizadas durante este período fueron
meticulosamente aprobadas y revisadas por la Superintendencia en
los 54 actos de revisión efectuados desde diciembre de 1994 hasta
mayo de 1996 que consta en la "Narración de Eventos" presentada
en el juicio por la Superintendencia de fojas 452 y 465.
3. Que según un informe del Banco Central, los Ortega habríamos
drenado el capital del Banco, al cancelar sin pagar, deudas por
USD 150 millones.
Cantidad tan elevada no se puede disponer de un banco, sin que
los entes de control lo conozcan, peor en épocas de iliquidez
severa como las que se vivieron en 1995 y principios de 1996.
Esta acusación como no podía ser probada en el Ecuador, porque
jamás se produjeron los hechos que la sustentan, fue trasladada
a Bahamas en un juicio iniciado en mayo de 1996.
La demanda debió ser formalizada 30 días después de presentada
y sin embargo, hasta febrero de 1997, fue objeto de pedidos de
prórroga por el Dr. De la Torre. Se formalizó después de cambiar
de abogados y, curiosamente, cuando el Presidente de la Corte
Suprema le pidió informes sobre el estado del juicio.
4. Que entregamos información falsa a las autoridades de
supervisión bancaria para obtener créditos de liquidez.
El Banco, en sus 22 años de mi administración, recibió del Banco
Central 3 créditos. El primero, el 6 de febrero de 1995 por
63.500 millones de sucres, durante la guerra con el Perú, y lo
prepagó. El segundo, el 27 de noviembre por 62.000 millones de
sucres, para colaborar con las autoridades reduciendo las tasas
de interés, y se pagó a su vencimiento. El tercero, el 30 de
enero de 1996 por 485.000 mil millones de sucres, que vencía el
30 de abril de ese mismo año, para solventar la crisis de
liquidez originada por los rumores, el cual, ante la persistencia
de los retiros, fue sustituido por el subordinado.
El subordinado daba al Banco Central el control total del
Continental puesto que se lo condicionó a la entrega de sus
acciones a un fideicomiso en garantía y la renuncia de los
administradores. Además, le permitía recuperar activos de primer
orden por valor del 140 por ciento del préstamo de liquidez, que
estaban prendados al Banco Central y así contar con nuevos
recursos de liquidez y un mayor plazo para neutralizar los
rumores.
Previamente, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central
inspeccionaron a fondo la gestión del Continental, su aumento de
capital, el uso de sus recursos y, mientras yo lo dirigí, jamás
recibí observación que insinuara la comisión de algún delito; ni
siquiera cuando la Comisión de Fiscalización del Congreso, en
abril de 1996, llamó a las ex autoridades y a mí, a explicar las
causas del subordinado.
5. Que con la orden de prisión de las autoridades se pensará que
ellas fueron cómplices nuestros y que recibieron dinero a cambio
de su decisión.
Las ex autoridades, así como el Banco en mi administración,
actuamos con responsabilidad cuando acordamos, oportuna y
legalmente, acogernos al préstamo subordinado. Las actitudes
posteriores del Dr. De la Torre y Mauro Intriago obedecieron al
temor o miedo a un injustificado cuestionamiento público y por
ello decidieron montar toda esta historieta contra mi familia.
Así se explica que la primera noticia de haberse descubierto
supuestos delitos bancarios, la haya recibido de la
Superintendencia de Bancos el 7 de mayo de 1996 a las 21 horas;
curiosamente al día siguiente que el Presidente de la Corte
Suprema le había solicitado al Dr. De la Torre información al
respecto. Y ¡qué coincidencia! 48 horas después, la Junta
Bancaria de ese entonces, con la participación del Dr. De la
Torre, resuelve removerme de funciones que ya no tenía y acusarme
ante un agente fiscal de Guayaquil, el cual al día siguiente,
después de estudiar más de 700 páginas anexas a la denuncia,
decide exitar al Juez de lo Penal, el cual inicia el juicio en
contra de mis hermanos, otras personas y mío.
6. Que la providencia nos debe haber tranquilizado porque nos
acusa de la "infracción bancaria de piramidación".
¿Cómo puede alguien estar feliz de ser sindicado en un proceso
penal, por muy ligera que sea la sanción, cuando nunca lo
habíamos sido y hemos probado hasta la saciedad nuestra
inocencia; cuando tenemos hijos a los que estamos obligados a dar
ejemplo de buen comportamiento; cuando mantenemos empresas y
colaboradores que creen en el país y su gente; cuando, gracias
a Dios, aún tenemos una madre viva que, a nuestro lado, sufre por
la insaciable persecución de que somos víctimas y a la que
esperamos darle la satisfacción de volvernos a ver libres?
7. Que la providad nos beneficia porque debilita el juicio en
Bahamas y así solo tendremos que defendernos en el Ecuador, donde
nuestras posibilidades de ganar son mayores.
Esta falsedad demuestra que quien la dijo no conoce que en el
juicio en las Bahamas, su última instancia se ventila ante la
Corte de los Lores en Londres, por lo que estará lejos de
influencia nuestra. Además, basta observar cómo hemos sido
tratados dentro del proceso seguido en el Ecuador para concluir
que no podemos sentir la seguridad insinuada.
8. Que la providencia del Dr. Solórzano vuelve evidente el riesgo
de trabajar en el sector público y dificultará el manejo del
país.
En esta aseveración no entiendo por qué no la extiende a
empresarios privados, como nosotros, que han dedicado su vida a
trabajar en el país con espíritu creativo y sin distingos
regionales, creando fuentes de trabajo y riqueza. Por qué nos
niega el derecho a la presunción de inocencia y nos califica de
culpables, cuando respecto de los funcionarios públicos, les
reconoce la posibilidad del error "frente a un problema
técnicamente complejo".
Aunque el articulista reconoce que los negocios privados también
pueden perder, como ocurre con el de su símil, el petrolero, lo
cual como él bien afirma no puede ser causal para ir a la cárcel,
no comprendo por qué no admite igual realidad en el negocio
bancario, como ocurrió con el nuestro cuando se confabularon las
circunstancias del país en los intereses ocultos.
En ese momento nosotros actuamos, con estricto apego a la Ley y
a la buena fe por lo cual tampoco merecemos ir presos. (Texto
tomado de El Comercio)
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