Quito. 03 jun 97. La decisión de Carlos Solórzano podría
servir para un fallo a favor de los Ortega. Ocho personas
tienen orden de prisión.
Luego del fracaso del proceso de venta del Banco Continental,
la última providencia del Presidente de la Corte Suprema de
Justicia significó un duro golpe para el Banco Central del
Ecuador (BCE) y el Estado, que lo ubica en la imposibilidad de
recuperar, en el corto plazo, los 150 millones de dólares que
dispuso para evitar un colapso económico.
La providencia de Carlos Solórzano, que ordena la captura de
ex gerente del Banco Central, Augusto de la Torre; la ex
presidenta de la Junta Monetaria, Ana Lucía Armijos; y, el ex
Superintendente de Bancos, Mauro Intriago Dunn, además de
otras personas, complica la situación para el BCE en el juicio
planteado contra los antiguos accionistas del Banco
Continental en Bahamas.
Ahora el argumento utilizado por Solórzano puede servir para
que los jueces de ese país fallen a favor del grupo Ortega. De
ser así se crearía un escenario peligroso en la situación
económica del BCE. Con el fallo a su favor la familia Ortega
podría demandar por daños y perjuicios, lo que equivaldría a
que el Instituto Emisor deba indemnizarlos.
El nuevo escenario establecido tras la providencia es aún
confuso en cuanto a sus repercusiones. Lo que sí queda claro
es que Leonidas Ortega obtuvo un triunfo con la acción de
Solórzano, ya que el argumento que ha utilizado, de que la
situación en el Banco Continental era conocida por las
anteriores autoridades monetarias, tiene más fuerza.
¿Y la rápida recuperación de los 150 millones de dólares que
la Junta Monetaria autorizó entregar como préstamo subordinado
para suplir una deficiencia patrimonial del Continental? Cada
vez se vuelve más difícil.
Este préstamo concedido luego de una sesión maratónica del 20
de marzo de 1996, se lo hizo en momentos en que el país estaba
cerca de una crisis de liquidez, y en donde el cierre del
Banco Continental pudo llevar a un pánico financiero, sostuvo
en su momento Augusto de la Torre, ex gerente del BCE.
Solórzano en su providencia trasluce la opinión de que al
momento de la concesión del préstamo subordinado, las entonces
autoridades monetarias sabían de la piramidación de capitales,
aumentos ficticios de capital y revalorización indebida de
activos.
El abogado León Roldós advierte que esto no es consecuencia
del sumario, sino de la acción del BCE para sincerar el
balance. Con estos hechos, donde lo político no queda de lado,
Roldós dice que si bien no se puede discutir que hubo
debilidad de control de la Superintendencia de Bancos, no se
la puede asimilar a un hecho de peculado, es decir un acto de
mala fe y encubrimiento del delito.
El préstamo subordinado se debatió entre la necesidad de
concederlo o la quiebra del Continental, según los enfoques de
esa fecha, pero lo cierto es que los estudios técnicos del BCE
y luego los del Swiss Bank, demostraron lo contrario. La
disyuntiva estaba en concederlo o caso contrario, el 20 de
marzo de 1996, el Continental abriera sus puertas sin que
tenga medios para pagar, lo que hubiera conllevado a una
situación de pánico generalizado, que comprometa la
estabilidad económica del país, tomando en cuenta que en los
primeros días de diciembre de 1995, hubo una crisis
financiera.
Con el argumento sostenido por los ex accionistas del
Continental desde un principio del consentimiento tácito de
las autoridades monetarias, y reafirmado por Solórzano en su
providencia del viernes pasado, una probable consecuencia es
que el juez sentencie la nulidad de lo actuado, esto es, que
el préstamo subordinado sea declarado nulo.
"Con esto llegaríamos a como estaban las cosas antes del 19 de
marzo de 1996", sostiene Roldós, con lo que el dueño del Grupo
Conticorp (la familia Ortega) y por ende del Banco
Continental, reclamaría la propiedad del Banco, algo que lo
hace reiteradamente.
Todo lleva a un punto, la necesidad de que los hechos penales
se aclaren. De lo contrario el mensaje a las futuras
autoridades es de susto: nadie querrá tomar decisiones
económicas por miedo a líos legales posteriores.
Además en el juicio se tendría que definir la supremacía de la
Ley de Instituciones Financieras (mayo de 1994) o de Régimen
Monetario (mayo de 1992), que están en contraposición con la
autorización a que el BCE sea accionista de un banco local.
En medio de esta telaraña de dudas judiciales, luego de los
ajustes realizados y del sinceramiento de las cuentas, el
Continental ocupa, al 31 de marzo de 1997, el décimo lugar en
el sistema financiero, según la revista "Entorno" del Banco de
Guayaquil.
A esa fecha el patrimonio del Continental era negativo en
139.357 millones de sucres, lo que se trasluce en la más alta
provisión del sistema bancario nacional (20,02 por ciento),
aunque registra 492.432 millones de sucres en depósitos del
público.
Las razones de la Corte
Carlos Solórzano, para disponer la orden de prisión en contra
de las ex autoridades de la Junta Monetaria y los ex
directivos del Banco Continental se basó en que "hay indicios
de que las autoridades monetarias concedieron los 485 mil
millones de sucres al Continental a pesar de que en esa
entidad se había encontrado piramidación de capital, indebidas
revalorizaciones de los activos y ficticios aumentos de
capital". A esa conclusión llegó luego de que revisó los
documentos enviados por los bancos Central y Continental, la
Superintendencia de Bancos, los informes técnicos y
periciales, así como el informe del gerente del Continental,
Jorge Gallardo.
Solórzano, en su providencia, dice que se ha producido un
grave perjuicio al Estado y un impacto negativo en la economía
nacional. Pese a la entrega de grandes cantidades de dinero la
situación del Continental es crítica al punto de que las
expectativas para su venta han fracasado.
Entonces dictó las órdenes de captura en contra de la ex
presidenta de la Junta Monetaria, Ana Lucía Armijos; el ex
gerente del Banco Central, Augusto de la Torre; el ex
superintendente de Bancos, Mauro Intriago; el ex auditor del
Continental, Jorge Romero, y los hermanos Fabián, Leonidas,
Jaime y Jorge Ortega Trujillo.
Se ordenó que los fondos de las cuentas bancarias de los
sindicados sean inmovilizadas y se prohibió la enajenación de
los bienes. (Texto tomado de EL COMERCIO)
servir para un fallo a favor de los Ortega. Ocho personas
tienen orden de prisión.
Luego del fracaso del proceso de venta del Banco Continental,
la última providencia del Presidente de la Corte Suprema de
Justicia significó un duro golpe para el Banco Central del
Ecuador (BCE) y el Estado, que lo ubica en la imposibilidad de
recuperar, en el corto plazo, los 150 millones de dólares que
dispuso para evitar un colapso económico.
La providencia de Carlos Solórzano, que ordena la captura de
ex gerente del Banco Central, Augusto de la Torre; la ex
presidenta de la Junta Monetaria, Ana Lucía Armijos; y, el ex
Superintendente de Bancos, Mauro Intriago Dunn, además de
otras personas, complica la situación para el BCE en el juicio
planteado contra los antiguos accionistas del Banco
Continental en Bahamas.
Ahora el argumento utilizado por Solórzano puede servir para
que los jueces de ese país fallen a favor del grupo Ortega. De
ser así se crearía un escenario peligroso en la situación
económica del BCE. Con el fallo a su favor la familia Ortega
podría demandar por daños y perjuicios, lo que equivaldría a
que el Instituto Emisor deba indemnizarlos.
El nuevo escenario establecido tras la providencia es aún
confuso en cuanto a sus repercusiones. Lo que sí queda claro
es que Leonidas Ortega obtuvo un triunfo con la acción de
Solórzano, ya que el argumento que ha utilizado, de que la
situación en el Banco Continental era conocida por las
anteriores autoridades monetarias, tiene más fuerza.
¿Y la rápida recuperación de los 150 millones de dólares que
la Junta Monetaria autorizó entregar como préstamo subordinado
para suplir una deficiencia patrimonial del Continental? Cada
vez se vuelve más difícil.
Este préstamo concedido luego de una sesión maratónica del 20
de marzo de 1996, se lo hizo en momentos en que el país estaba
cerca de una crisis de liquidez, y en donde el cierre del
Banco Continental pudo llevar a un pánico financiero, sostuvo
en su momento Augusto de la Torre, ex gerente del BCE.
Solórzano en su providencia trasluce la opinión de que al
momento de la concesión del préstamo subordinado, las entonces
autoridades monetarias sabían de la piramidación de capitales,
aumentos ficticios de capital y revalorización indebida de
activos.
El abogado León Roldós advierte que esto no es consecuencia
del sumario, sino de la acción del BCE para sincerar el
balance. Con estos hechos, donde lo político no queda de lado,
Roldós dice que si bien no se puede discutir que hubo
debilidad de control de la Superintendencia de Bancos, no se
la puede asimilar a un hecho de peculado, es decir un acto de
mala fe y encubrimiento del delito.
El préstamo subordinado se debatió entre la necesidad de
concederlo o la quiebra del Continental, según los enfoques de
esa fecha, pero lo cierto es que los estudios técnicos del BCE
y luego los del Swiss Bank, demostraron lo contrario. La
disyuntiva estaba en concederlo o caso contrario, el 20 de
marzo de 1996, el Continental abriera sus puertas sin que
tenga medios para pagar, lo que hubiera conllevado a una
situación de pánico generalizado, que comprometa la
estabilidad económica del país, tomando en cuenta que en los
primeros días de diciembre de 1995, hubo una crisis
financiera.
Con el argumento sostenido por los ex accionistas del
Continental desde un principio del consentimiento tácito de
las autoridades monetarias, y reafirmado por Solórzano en su
providencia del viernes pasado, una probable consecuencia es
que el juez sentencie la nulidad de lo actuado, esto es, que
el préstamo subordinado sea declarado nulo.
"Con esto llegaríamos a como estaban las cosas antes del 19 de
marzo de 1996", sostiene Roldós, con lo que el dueño del Grupo
Conticorp (la familia Ortega) y por ende del Banco
Continental, reclamaría la propiedad del Banco, algo que lo
hace reiteradamente.
Todo lleva a un punto, la necesidad de que los hechos penales
se aclaren. De lo contrario el mensaje a las futuras
autoridades es de susto: nadie querrá tomar decisiones
económicas por miedo a líos legales posteriores.
Además en el juicio se tendría que definir la supremacía de la
Ley de Instituciones Financieras (mayo de 1994) o de Régimen
Monetario (mayo de 1992), que están en contraposición con la
autorización a que el BCE sea accionista de un banco local.
En medio de esta telaraña de dudas judiciales, luego de los
ajustes realizados y del sinceramiento de las cuentas, el
Continental ocupa, al 31 de marzo de 1997, el décimo lugar en
el sistema financiero, según la revista "Entorno" del Banco de
Guayaquil.
A esa fecha el patrimonio del Continental era negativo en
139.357 millones de sucres, lo que se trasluce en la más alta
provisión del sistema bancario nacional (20,02 por ciento),
aunque registra 492.432 millones de sucres en depósitos del
público.
Las razones de la Corte
Carlos Solórzano, para disponer la orden de prisión en contra
de las ex autoridades de la Junta Monetaria y los ex
directivos del Banco Continental se basó en que "hay indicios
de que las autoridades monetarias concedieron los 485 mil
millones de sucres al Continental a pesar de que en esa
entidad se había encontrado piramidación de capital, indebidas
revalorizaciones de los activos y ficticios aumentos de
capital". A esa conclusión llegó luego de que revisó los
documentos enviados por los bancos Central y Continental, la
Superintendencia de Bancos, los informes técnicos y
periciales, así como el informe del gerente del Continental,
Jorge Gallardo.
Solórzano, en su providencia, dice que se ha producido un
grave perjuicio al Estado y un impacto negativo en la economía
nacional. Pese a la entrega de grandes cantidades de dinero la
situación del Continental es crítica al punto de que las
expectativas para su venta han fracasado.
Entonces dictó las órdenes de captura en contra de la ex
presidenta de la Junta Monetaria, Ana Lucía Armijos; el ex
gerente del Banco Central, Augusto de la Torre; el ex
superintendente de Bancos, Mauro Intriago; el ex auditor del
Continental, Jorge Romero, y los hermanos Fabián, Leonidas,
Jaime y Jorge Ortega Trujillo.
Se ordenó que los fondos de las cuentas bancarias de los
sindicados sean inmovilizadas y se prohibió la enajenación de
los bienes. (Texto tomado de EL COMERCIO)
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