Quito. 13 mar 97. El plazo para el pago del préstamo
subordinado de 485 mil millones de sucres que recibió el Banco
Continental de las autoridades de control, el 20 de marzo de
1996, se cumple la próxima semana. La situación de la entidad
financiera empieza a definirse.
El préstamo impuso -según el entonces gerente del Instituto
Emisor, Augusto de la Torre- fuertes condiciones al banco en
problemas. La firma de un convenio de fideicomiso de acciones
permitió al Central controlar la administración del Banco
Continental, el grupo Conticorp y desplazar a sus
tradicionales administradores: los Ortega.
Tal como se presenta el panorama, el 20 de marzo próximo se
produciría una "clarificación" de la situación de propiedad
del Banco Continental: desaparecería la participación
patrimonial de los antiguos accionistas y el Banco Central
pasaría de prestamista subordinado a propietario legal y único
accionista.
Un año para la venta
A finales de 1995, el artículo 147 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero permitió al Continental
acudir al Banco Central para salvar una situación de iliquidez
que le colocó al borde de la quiebra.
Hasta los primeros días de marzo de 1996, el Central había
otorgado alrededor de 460 mil millones de sucres al
Continental en créditos de liquidez emergente que no mejoraron
-tal como lo esperaban las autoridades- las cifras del banco.
La incertidumbre en el mercado colocó a la institución
bancaria frente a un retiro importante de depósitos en la
unidad local y en el Banco Continental Overseas (Curazao). Se
perdieron alrededor de 150 millones de dólares.
El convenio de fideicomiso, condición para el préstamo
subordinado que salvó al Continental y permitió a las
autoridades descubrir -posteriormente- irregularidades en el
manejo de la entidad, estableció -para su pago- un plazo de
330 días desde su suscripción.
Si el valor del crédito no se cancelara con recursos de un
incremento de capital, se procedería a castigar el patrimonio
de los antiguos accionistas de acuerdo al monto de pérdidas
registradas.
El plazo indicado se cumplió en febrero pasado. Al
clarificarse la propiedad del Continental, el patrimonio del
banco no se alteraría pues al reducirse la participación de
los anteriores dueños disminuirían, por un valor similar, las
pérdidas que para 1996 llegaron a 143 mil 163 millones de
sucres.
Ahora, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley General de
Instituciones Financieras existe un plazo adicional de 12
meses para que el nuevo dueño, es decir el Banco Central,
venda su participación accionaria en el Banco Continental.
Las autoridades consideran las propuestas de venta que se
canalizan a través del Swiss Bank Corporation-Warburg,
institución internacional que, desde hace dos meses, asesora
el proceso.
La venta tiene dos esquemas
El proceso de venta del Continental ha generado el interés de
empresarios y banqueros de Colombia y Venezuela y cinco bancos
ecuatorianos. Con la asesoría del Swiss Bank se consideran
dos grandes mecanismos de venta de la entidad bancaria.
El primero contempla la venta de acciones; el segundo, la
venta de activos y pasivos que no están relacionados con los
hermanos Ortega Trujillo. El uno supone la venta de la razón
social, la licencia de operación y la venta de todos los
activos y pasivos existentes. El otro implica el manejo de un
esquema más restringido y supone, básicamente, la venta de
activos y pasivos no comprometidos con los antiguos
administradores.
El esquema de venta de acciones tiene claras ventajas: el
comprador se llevaría todo el paquete, incluidos los
conflictos legales que arrastra el Banco Continental; el
proceso no requeriría de las aprobaciones de la
Superintendencia de Bancos y se facilitaría el traspaso.
No obstante, la venta de acciones no disminuiría la cantidad
de bancos en el sistema, se podría llegar a debilitar las
acciones legales que el Banco Central y la Superintendencia de
Bancos han iniciado contra los antiguos accionistas y, así,
olvidar un problema de Estado que al dejar de ser un asunto
económico y de corrupción podría pasar a ser considerado,
exclusivamente, como un problema moral. Además, al no existir
un pronunciamiento de las autoridades de control, los antiguos
administradores podrían intentar la recompra de acciones.
Entre tanto, el esquema de venta de activos y pasivos podría
disminuir el tamaño del sistema financiero, mantener con
fuerza las acciones legales iniciadas por el Estado en contra
de los antiguos administradores, mientras el comprador podría
adquirir un banco sin problemas legales y totalmente saneado.
Las desventajas de este segundo sistema giran alrededor de
tres posibilidades: si un banco extranjero adquiere el
Continental, se tendría que definir una nueva razón social y
obtener una licencia de operación, lo que podría ser
engorroso; podría dar origen a un proceso de liquidación y a
confusiones entre los depositantes. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
subordinado de 485 mil millones de sucres que recibió el Banco
Continental de las autoridades de control, el 20 de marzo de
1996, se cumple la próxima semana. La situación de la entidad
financiera empieza a definirse.
El préstamo impuso -según el entonces gerente del Instituto
Emisor, Augusto de la Torre- fuertes condiciones al banco en
problemas. La firma de un convenio de fideicomiso de acciones
permitió al Central controlar la administración del Banco
Continental, el grupo Conticorp y desplazar a sus
tradicionales administradores: los Ortega.
Tal como se presenta el panorama, el 20 de marzo próximo se
produciría una "clarificación" de la situación de propiedad
del Banco Continental: desaparecería la participación
patrimonial de los antiguos accionistas y el Banco Central
pasaría de prestamista subordinado a propietario legal y único
accionista.
Un año para la venta
A finales de 1995, el artículo 147 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero permitió al Continental
acudir al Banco Central para salvar una situación de iliquidez
que le colocó al borde de la quiebra.
Hasta los primeros días de marzo de 1996, el Central había
otorgado alrededor de 460 mil millones de sucres al
Continental en créditos de liquidez emergente que no mejoraron
-tal como lo esperaban las autoridades- las cifras del banco.
La incertidumbre en el mercado colocó a la institución
bancaria frente a un retiro importante de depósitos en la
unidad local y en el Banco Continental Overseas (Curazao). Se
perdieron alrededor de 150 millones de dólares.
El convenio de fideicomiso, condición para el préstamo
subordinado que salvó al Continental y permitió a las
autoridades descubrir -posteriormente- irregularidades en el
manejo de la entidad, estableció -para su pago- un plazo de
330 días desde su suscripción.
Si el valor del crédito no se cancelara con recursos de un
incremento de capital, se procedería a castigar el patrimonio
de los antiguos accionistas de acuerdo al monto de pérdidas
registradas.
El plazo indicado se cumplió en febrero pasado. Al
clarificarse la propiedad del Continental, el patrimonio del
banco no se alteraría pues al reducirse la participación de
los anteriores dueños disminuirían, por un valor similar, las
pérdidas que para 1996 llegaron a 143 mil 163 millones de
sucres.
Ahora, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley General de
Instituciones Financieras existe un plazo adicional de 12
meses para que el nuevo dueño, es decir el Banco Central,
venda su participación accionaria en el Banco Continental.
Las autoridades consideran las propuestas de venta que se
canalizan a través del Swiss Bank Corporation-Warburg,
institución internacional que, desde hace dos meses, asesora
el proceso.
La venta tiene dos esquemas
El proceso de venta del Continental ha generado el interés de
empresarios y banqueros de Colombia y Venezuela y cinco bancos
ecuatorianos. Con la asesoría del Swiss Bank se consideran
dos grandes mecanismos de venta de la entidad bancaria.
El primero contempla la venta de acciones; el segundo, la
venta de activos y pasivos que no están relacionados con los
hermanos Ortega Trujillo. El uno supone la venta de la razón
social, la licencia de operación y la venta de todos los
activos y pasivos existentes. El otro implica el manejo de un
esquema más restringido y supone, básicamente, la venta de
activos y pasivos no comprometidos con los antiguos
administradores.
El esquema de venta de acciones tiene claras ventajas: el
comprador se llevaría todo el paquete, incluidos los
conflictos legales que arrastra el Banco Continental; el
proceso no requeriría de las aprobaciones de la
Superintendencia de Bancos y se facilitaría el traspaso.
No obstante, la venta de acciones no disminuiría la cantidad
de bancos en el sistema, se podría llegar a debilitar las
acciones legales que el Banco Central y la Superintendencia de
Bancos han iniciado contra los antiguos accionistas y, así,
olvidar un problema de Estado que al dejar de ser un asunto
económico y de corrupción podría pasar a ser considerado,
exclusivamente, como un problema moral. Además, al no existir
un pronunciamiento de las autoridades de control, los antiguos
administradores podrían intentar la recompra de acciones.
Entre tanto, el esquema de venta de activos y pasivos podría
disminuir el tamaño del sistema financiero, mantener con
fuerza las acciones legales iniciadas por el Estado en contra
de los antiguos administradores, mientras el comprador podría
adquirir un banco sin problemas legales y totalmente saneado.
Las desventajas de este segundo sistema giran alrededor de
tres posibilidades: si un banco extranjero adquiere el
Continental, se tendría que definir una nueva razón social y
obtener una licencia de operación, lo que podría ser
engorroso; podría dar origen a un proceso de liquidación y a
confusiones entre los depositantes. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
Más en el