Quito. 13.08.95. Una nueva consulta popular será convocada
para noviembre próximo con el fin de dilucidar sobre algunas
reformas a la constitución que han quedado relegadas del
tratamiento parlamentario.
La Constitución faculta someter a consulta popular aquellos
temas que generan entredicho al interior de las más altas
funciones del Estado o cuando un proyecto de Ley aprobado por
el Congreso ha merecido el veto del Ejecutivo o alguna
iniciativa de éste que no ha tenido la acogida correspondiente
por parte del Parlamento.
A criterio del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral,
Medardo Oleas, siempre es conveniente consultar al pueblo
sobre los temas de trascendencia nacional y los gobernantes
deberían acostumbrarse a consultar permanentemente la voluntad
popular como un camino lícito para fortalecer los procesos
democráticos de una nación.
Pero la gran pregunta es conocer bajo qué parámetros y en qué
circunstancias se la convoca, así como sus objetivos. Se trata
de un recurso constitucional privativo del presidente de la
República en funciones por lo que su utilización también puede
interesar a un solo sector del convivir nacional.
Sucedió ya una experiencia cuando el gobierno presidido por el
socialcristiano León Febres Cordero, utilizó la consulta para
proclamar la elección de los diputados en la primera vuelta
electoral. Pero el pueblo le dijo no.
La consulta de 1994
En febrero de 1994 el gobierno de Sixto Durán Ballén
atravesaba por la etapa más crítica de popularidad y una
oposición radical en el Congreso. Entonces se le ocurrió
convocar a un plebiscito para que el pueblo decida la
disolución del Congreso Nacional, entre otras preguntas. El
objetivo esencial era reorganizar el parlamento para dar paso
a los proyectos de ley preparados por el ejecutivo y que eran
la base del plan modernizador del Estado.
Fue así que en los primeros meses del año anterior a pretexto
del plebiscito del 28 de agosto, el denominado Comité de
Información y Contacto Externo (CICE) financió una campaña
pública de descrédito de los partidos políticos y el Congreso.
El cálculo del costo de la campaña iba desde los 15 mil
millones de sucres hasta los 45 mil millones de sucres.
Pese a las negativas del gobierno, una comisión especial del
Congreso investigó el caso, concluyéndose que el CICE no fue
financiado por una entidad privada y que no tenía cuenta
corriente en ninguna entidad bancaria a pesar que manejaba
mucho dinero. Esto solo podía conducir a la "cuenta" de los
gastos reservados del gobierno. Al final, la consulta se
realizó en agosto de 1994 aunque excluyó la primera pregunta
relacionada con la disolución del Congreso. Dicha consulta
popular fue convocada sin que esté precedida por un proyecto
de reformas constitucionales que haya sido conocido por el
Congreso.
Nueva experiencia
Ahora existe de por medio una nueva convocatoria a consulta en
vista que el Congreso dejó a un lado el análisis de algunas
reformas básicas para el Gobierno. El presidente de la
República otorgó al Congreso un plazo de 100 días para
resolver las reformas pendientes y no pudo hacerlo en el plazo
previsto.
El Congreso conoció por alrededor de 2 meses y medio el tercer
grupo de reformas constitucionales. Ese tercer grupo está
compuesto por 24 artículos todos los cuales fueron aprobados
en el primer debate. Los artículos versan sobre: Recursos de
Amparo, Educación, Trabajo, Sindicalización Pública, Medio
Ambiente, Seguridad Social, Función Legislativa, Tribunal de
lo Constitucional, Descentralización, Organismos de control e
interpretación y sectores estratégicos de la economía.
Solamente fueron negados totalmente la reforma a la Función
Judicial y los sectores de la economía. También fue negada
parcialmente la propuesta sobre seguridad social. Estos tres
temas negados total o parcialmente podrían ser los únicos
temas que van a consulta popular en lo que a reformas
constitucionales se refiere.
A criterio del diputado socialcristiano Xavier Neira, el
Gobierno ha encontrado este gran pretexto para tener distraído
al país. "Y como ya se le está acabando el tiempo, el gran
predigitador, el segundo mandatario que nos gobierna, se ha
dedicado a rodar una telenovela sobre la corrupción".
Dijo que el Gobierno ha tomado como señuelo el tema de la
consulta popular que ya lo probó el año pasado cuando durante
todo el año 94 estuvo preparando la consulta popular.
Medardo Oleas, del TSE señaló que hace falta un sistema
técnico que permita evitar la manipulación de la voluntad
popular.
No obstante, la consulta popular enfrenta la incertidumbre de
una eventual reorganización del TSE, que podría concretarse en
el periodo ordinario de sesiones del parlamento, que acaba de
comenzar.
Cronología
- A comienzos de 1994, el gobierno enfrentaba una aguda baja
de su popularidad.
- En coincidencia con ese hecho, el vicepresidente Alberto
Dahik, anunció la intención del gobierno de convocar a una
consulta popular.
- Una serie de reacciones surgieron en torno a esa iniciativa:
para muchos era inoportuna dado el alto grado de desprestigio
del gobierno mientras que para otros era una forma de resolver
el problema de gobernabilidad que enfrentaba el Gobierno.
- El ministro de Información y Turismo, Carlos Vera criticó al
vicepresidente de la República, Alberto Dahik, por haber hecho
público la intención del presidente de la República, Sixto
Durán Ballén, de llamar al pueblo a una consulta popular. (HOY
febrero 19-94).
- El presidente del Congreso, Samuel Belletini, denunció que
el Ejecutivo pretendía disolver el Congreso mediante la
consulta popular.
- El Tribunal Supremo Electoral resolvió denegar el pedido de
convocar a consulta popular el 1+ de mayo de 1994, formulado
ante ese organismo por el presidente Durán Ballén.
- Pero, el gobierno, tras negociaciones con el Tribunal
Supremo Electoral, el presidente Sixto Durán Ballén convocó a
consulta popular para el 28 de agosto de 1994.
- La participación de los independientes, la doble
nacionalidad para los ecuatorianos residentes en el exterior y
otros fueron los temas de consulta.
- Solamente un 36.31% de los ciudadanos empadronados
finalmente consignó su voto válidamente en la consulta popular
del domingo 28 de agosto. El ausentismo fue del 45.36%.
- De quienes votaron válidamente la mayoría se pronunció a
favor de conceder el plazo de 100 días para que el Congreso
apruebe las reformas constitucionales pendientes.
- El Gobierno convocará para el 19 de noviembre una nueva
consulta electoral para que el pueblo se pronuncie sobre 10
temas claves como la conformación de la función Judicial, el
cambio en el sistema de la Seguridad Social, la
sindicalización pública, descentralización administrativa,
etc. (Diario HOY) (3A)
para noviembre próximo con el fin de dilucidar sobre algunas
reformas a la constitución que han quedado relegadas del
tratamiento parlamentario.
La Constitución faculta someter a consulta popular aquellos
temas que generan entredicho al interior de las más altas
funciones del Estado o cuando un proyecto de Ley aprobado por
el Congreso ha merecido el veto del Ejecutivo o alguna
iniciativa de éste que no ha tenido la acogida correspondiente
por parte del Parlamento.
A criterio del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral,
Medardo Oleas, siempre es conveniente consultar al pueblo
sobre los temas de trascendencia nacional y los gobernantes
deberían acostumbrarse a consultar permanentemente la voluntad
popular como un camino lícito para fortalecer los procesos
democráticos de una nación.
Pero la gran pregunta es conocer bajo qué parámetros y en qué
circunstancias se la convoca, así como sus objetivos. Se trata
de un recurso constitucional privativo del presidente de la
República en funciones por lo que su utilización también puede
interesar a un solo sector del convivir nacional.
Sucedió ya una experiencia cuando el gobierno presidido por el
socialcristiano León Febres Cordero, utilizó la consulta para
proclamar la elección de los diputados en la primera vuelta
electoral. Pero el pueblo le dijo no.
La consulta de 1994
En febrero de 1994 el gobierno de Sixto Durán Ballén
atravesaba por la etapa más crítica de popularidad y una
oposición radical en el Congreso. Entonces se le ocurrió
convocar a un plebiscito para que el pueblo decida la
disolución del Congreso Nacional, entre otras preguntas. El
objetivo esencial era reorganizar el parlamento para dar paso
a los proyectos de ley preparados por el ejecutivo y que eran
la base del plan modernizador del Estado.
Fue así que en los primeros meses del año anterior a pretexto
del plebiscito del 28 de agosto, el denominado Comité de
Información y Contacto Externo (CICE) financió una campaña
pública de descrédito de los partidos políticos y el Congreso.
El cálculo del costo de la campaña iba desde los 15 mil
millones de sucres hasta los 45 mil millones de sucres.
Pese a las negativas del gobierno, una comisión especial del
Congreso investigó el caso, concluyéndose que el CICE no fue
financiado por una entidad privada y que no tenía cuenta
corriente en ninguna entidad bancaria a pesar que manejaba
mucho dinero. Esto solo podía conducir a la "cuenta" de los
gastos reservados del gobierno. Al final, la consulta se
realizó en agosto de 1994 aunque excluyó la primera pregunta
relacionada con la disolución del Congreso. Dicha consulta
popular fue convocada sin que esté precedida por un proyecto
de reformas constitucionales que haya sido conocido por el
Congreso.
Nueva experiencia
Ahora existe de por medio una nueva convocatoria a consulta en
vista que el Congreso dejó a un lado el análisis de algunas
reformas básicas para el Gobierno. El presidente de la
República otorgó al Congreso un plazo de 100 días para
resolver las reformas pendientes y no pudo hacerlo en el plazo
previsto.
El Congreso conoció por alrededor de 2 meses y medio el tercer
grupo de reformas constitucionales. Ese tercer grupo está
compuesto por 24 artículos todos los cuales fueron aprobados
en el primer debate. Los artículos versan sobre: Recursos de
Amparo, Educación, Trabajo, Sindicalización Pública, Medio
Ambiente, Seguridad Social, Función Legislativa, Tribunal de
lo Constitucional, Descentralización, Organismos de control e
interpretación y sectores estratégicos de la economía.
Solamente fueron negados totalmente la reforma a la Función
Judicial y los sectores de la economía. También fue negada
parcialmente la propuesta sobre seguridad social. Estos tres
temas negados total o parcialmente podrían ser los únicos
temas que van a consulta popular en lo que a reformas
constitucionales se refiere.
A criterio del diputado socialcristiano Xavier Neira, el
Gobierno ha encontrado este gran pretexto para tener distraído
al país. "Y como ya se le está acabando el tiempo, el gran
predigitador, el segundo mandatario que nos gobierna, se ha
dedicado a rodar una telenovela sobre la corrupción".
Dijo que el Gobierno ha tomado como señuelo el tema de la
consulta popular que ya lo probó el año pasado cuando durante
todo el año 94 estuvo preparando la consulta popular.
Medardo Oleas, del TSE señaló que hace falta un sistema
técnico que permita evitar la manipulación de la voluntad
popular.
No obstante, la consulta popular enfrenta la incertidumbre de
una eventual reorganización del TSE, que podría concretarse en
el periodo ordinario de sesiones del parlamento, que acaba de
comenzar.
Cronología
- A comienzos de 1994, el gobierno enfrentaba una aguda baja
de su popularidad.
- En coincidencia con ese hecho, el vicepresidente Alberto
Dahik, anunció la intención del gobierno de convocar a una
consulta popular.
- Una serie de reacciones surgieron en torno a esa iniciativa:
para muchos era inoportuna dado el alto grado de desprestigio
del gobierno mientras que para otros era una forma de resolver
el problema de gobernabilidad que enfrentaba el Gobierno.
- El ministro de Información y Turismo, Carlos Vera criticó al
vicepresidente de la República, Alberto Dahik, por haber hecho
público la intención del presidente de la República, Sixto
Durán Ballén, de llamar al pueblo a una consulta popular. (HOY
febrero 19-94).
- El presidente del Congreso, Samuel Belletini, denunció que
el Ejecutivo pretendía disolver el Congreso mediante la
consulta popular.
- El Tribunal Supremo Electoral resolvió denegar el pedido de
convocar a consulta popular el 1+ de mayo de 1994, formulado
ante ese organismo por el presidente Durán Ballén.
- Pero, el gobierno, tras negociaciones con el Tribunal
Supremo Electoral, el presidente Sixto Durán Ballén convocó a
consulta popular para el 28 de agosto de 1994.
- La participación de los independientes, la doble
nacionalidad para los ecuatorianos residentes en el exterior y
otros fueron los temas de consulta.
- Solamente un 36.31% de los ciudadanos empadronados
finalmente consignó su voto válidamente en la consulta popular
del domingo 28 de agosto. El ausentismo fue del 45.36%.
- De quienes votaron válidamente la mayoría se pronunció a
favor de conceder el plazo de 100 días para que el Congreso
apruebe las reformas constitucionales pendientes.
- El Gobierno convocará para el 19 de noviembre una nueva
consulta electoral para que el pueblo se pronuncie sobre 10
temas claves como la conformación de la función Judicial, el
cambio en el sistema de la Seguridad Social, la
sindicalización pública, descentralización administrativa,
etc. (Diario HOY) (3A)
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