El presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, dijo ayer que existe decisión política en el Parlamento para acelerar la aprobación del proyecto que obliga a las Fuerzas Armadas a reubicar los polvorines.
El funcionario anunció que el Congreso nacional exigirá un informe a las Fuerzas Armadas con respecto al siniestro y dispondrá una investigación exhaustiva.
No descartó que se pida la comparecencia del ministro de Defensa, Nelson Herrera, y del comandante de la Marina, Víctor Hugo Rosero, al Congreso, para que revelen las causas del siniestro.
El proyecto, que se debatirá y votará en esta semana por los legisladores, determina mecanismos de control en manejo de equipo militar especializado, así como garantiza que los lugares donde estén almacenados no constituyan una permanente amenaza para los ciudadanos.
La reubicación de los polvorines militares fuera del perímetro urbano no tiene plazo, según consta en el informe para segundo y definitivo debate del proyecto que elaboró la Comisión de lo Civil del Congreso.
Mientras, el ministro fiscal general subrogante, Guillermo Mosquera Soto, recorrió ayer la Base Naval para inspeccionar la bodega de armas que explotó la madrugada del domingo pasado.
Mosquera indicó que esperará los informes de la Policía, Cuerpo de Bomberos y la Comandancia Naval, para establecer las causas y el alcance de la tragedia.
El funcionario público añadió que una vez que conozca los resultados de los tres reportes tomará la decisión de iniciar o no una indagación como inicio de un proceso investigativo por parte de la Fiscalía General.
REACCIONES
Ya no estamos en guerra, así que no se justifica tener municiones o material explosivo cerca de áreas habitadas.
JAIME CUCALÓN
PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
Si se comprueba alguna falta de mayor control o alguna irresponsabilidad, obviamente que tenemos que sancionar.
LUCIO GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
La Armada está abierta para cualquier investigación relacionada con la explosión.
MANUEL ZAPATER
JEFE DE OPERACIONES DE LA I ZONA NAVAL
Las Fuerzas Armadas tienen sus propias normas de seguridad militar interna, en las cuales los municipios no tienen injerencia.
GUILLERMO ARGÜELLO
DIRECTOR MUNICIPAL DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO CANTONAL
Afectados evalúan daños
Los perjudicados por el estallido del polvorín de la Base Naval Sur exigieron la reparación de sus viviendas y la devolución de sus enseres.
No esperaron el censo. Los moradores de la cooperativa Carlos Guevara Moreno hicieron ayer su propia evaluación de los daños materiales, que provocó la explosión del polvorín de la Base Naval Sur, la madrugada del domingo pasado.
Antes de que llegaran funcionarios de la Fiscalía de la Nación, Armada, Cruz Roja y Defensa Civil, a las 09h00 de ayer, ya tenían en lista los principales destrozos: pisos cuarteados, paredes con grietas y agujeros en los techos.
En la fachada no se observan los daños, pero adentro sí, repetía Teresa Sojos al invitar a pasar a su vivienda.
Hugo Morán, de 39 años, hacía lo mismo. Su vivienda la empezó a construir hace ocho meses, había avanzado el 50%, pero el domingo quedó peor que al principio: sin casa ni enseres, pues todos sus bienes se quemaron con la explosión.
Aunque su casa de caña no se afectó, Ana María Cornejo sí reclamó la recuperación de sus electrodomésticos, robados después que abandonó su casa por el estallido del polvorín.
Con una bata viejita y en interior salí; mis niños, sin zapatos, recordó ayer mientras observaba cómo la Armada rellenaba el terreno para iniciar hoy la reconstrucción de las nueve casas destruidas.
Se devolverá los bienes que la Armada considere necesarios para vivir, pues por ahí alguien ha dicho que tenía DVD..., comentó Manuel Zapater, jefe de la I Zona Naval.
Queremos recuperar nuestros enseres perdidos: un televisor, equipo de sonido, refrigeradora, cocina, cilindro de gas y dos ventiladores, dijo Ángel Ramos.
Zapater respondió: Acaso ustedes no sabían que aquí estaba la Marina antes de venir, lo que provocó la ira de varios afectados, quienes dijeron habitar la cooperativa desde hace 14 años.
Un día después de la tragedia, varias instituciones ofrecieron atención médica y ropa gratuita a los afectados por la detonación.
Desde las 08h00, unidades móviles de salud municipal brindaron asistencia a los habitantes, quienes aún permanecían nerviosos y visiblemente preocupados.
Queremos saber si aún hay riesgo de explosiones, preguntó Ramos a varios marinos, quienes negaron que haya peligro.
El jefe de Imagen y Promoción de la I Zona Naval, Pablo Tascón, anunció que hoy se iniciará la construcción de nueve viviendas. Se las hará con el mismo material que tenían, este viernes se espera entregarlas, indicó.
Gutiérrez: habrá sanciones
El presidente, coronel Lucio Gutiérrez, aseguró ayer que garantizará que se apliquen sanciones en contra de los responsables de la explosión de la Base Naval Sur, en Guayaquil, ocurrida la madrugada del pasado domingo.
Si se comprueba alguna falta de mayor control o alguna irresponsabilidad, obviamente que tenemos que sancionar, resaltó al salir del hospital de las Fuerzas Armadas, en donde permaneció ayer durante más de diez horas realizándose chequeos de salud.
Gutiérrez señaló que se deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar si existió negligencia por parte de las autoridades del recinto militar, en manejo del material explosivo.
Respecto a la ayuda para los damnificados por la explosión, aseguró que en un plazo máximo de una semana esos moradores contarán con casas iguales o mejores.
El Mandatario calificó a la desgracia como relativamente leve y ratificó la complejidad para llevar adelante el plan que tienen las FF.AA. para reubicar los polvorines a lugares despoblados, tras recordar que se requieren 70 millones de dólares.
Para conseguir los recursos dijo que el Gobierno manejará adecuadamente el gasto público con un mejor control en las aduanas y una mejor recaudación tributaria.
Aunque aclaró que los recursos adicionales que se obtengan serán destinados de manera prioritaria al sector social y luego para la reubicar los polvorines.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, exigió ayer que se aclaren las coincidencias presentadas respecto a las tres últimas explosiones registradas en unidades militares en los recientes cuatro meses.
Las coincidencias tienen que ser aclaradas porque si siguen presentándose y acumulándose puede ser sospechoso, expresó.
Mencionó que por el bien de las Fuerzas Armadas se deben aplicar sanciones a los responsables, en caso de comprobarse que existió algún grado de negligencia.
Necesitamos que el nombre de las Fuerzas Armadas quede limpio y la única forma, no hay otra, es con investigación a fondo, insistió.
Palacio se comprometió a entregar viviendas nuevas a las nueve familias que perdieron sus casas a causa de la explosión. Explicó que las casas serán construidas por medio de la Fundación Hogar de Cristo a un costo de 500 dólares cada una.
El jefe de Operaciones de la I Zona Naval, Manuel Zapater, recorrió el área afectada y afirmó que la Armada está abierta para cualquier investigación relacionada con la explosión. La hipótesis que se tiene es que un incendio provocó la explosión, pero no se puede hablar de un auto-atentado, indicó Zapater.
GLOSARIO
PolvorínSitio en el cual se almacenan las municiones. El mantenimiento de esta instalación requiere una temperatura de hasta 40°C. Normalmente, la instalación cuenta con aire acondicionado.
RastrilloLugar de almacenamiento de armas. También hay municiones, pero a menor escala.
MisilObjeto explosivo autopropulsado. Es decir, que debe tener un motor.
Proyectiles o balasNecesitan un dispositivo de lanzamiento. La Armada tiene balas de 9mm hasta de 76 mm (antiaéreos y antibuques).
Fiscal inspeccionó lugar de estallido
El ministro fiscal general subrogante, Guillermo Mosquera Soto, realizó ayer un recorrido al interior de la Base Naval Sur, para inspeccionar la bodega de armas y municiones que explotó la madrugada del domingo pasado.
Mosquera, quien acudió acompañado del ministro fiscal del Guayas y Galápagos, Walter Tomsich, efectuó el reconocimiento del sitio del estallido e indicó que esperará los informes de la Policía, Cuerpo de Bomberos y la Comandancia Naval, para establecer las causas y el alcance de la tragedia.
Explicó que una vez que conozca los resultados de los tres reportes tomará la decisión de iniciar o no una indagación como inicio de un proceso investigativo por parte de la Fiscalía General.
Mosquera, quien actuó en reemplazo de la ministra fiscal general, Mariana Yépez, afirmó que la investigación fiscal estará a cargo de los agentes del Ministerio Público, Lorena Benalcázar y Andrés Piedra quienes empezaron a recopilar datos.
Persiste peligro
Los periodistas no pudieron ingresar al lugar de la explosión, ya que según explicó el jefe de Operaciones de la I Zona Naval, Manuel Zapater, aún hay restos de armas regados en un diámetro de 200 metros a la redonda, lo que podría resultar peligroso.
Mosquera resaltó que la acción de la Fiscalía es independiente de cualquier denuncia o demanda que civiles quieran plantear respecto a la explosión en el polvorín de la Armada, respecto a la inquietud de los moradores de Fertisa que han planteado la necesidad de exigir respuestas a la Armada y una indemnización por los bienes muebles e inmuebles que perdieron por la explosión.
Policía dice que no hubo saqueos
A la Policía no le consta que hubo saqueos en los domicilios de los afectados por la explosión del polvorín de la Base Naval Sur, dijo ayer el coronel Fausto Flores, jefe de la Policía Judicial del Guayas.
Si ocurrieron (los robos), fueron los primeros 20 minutos y constituyeron una cosa lógica, porque a la Policía le comunicaron la novedad a las 02h05, afirmó Flores.
La madrugada del domingo pasado, la perjudicada Narcisa Barreno, manifestó que a las personas que vivían en la planta baja de los bloques familiares de la Armada les robaron delincuentes que rompieron una malla lateral.
Flores indicó ayer que eso lo escuchó a través de los medios de comunicación. Pero, cuando llegamos al sitio todo fue controlado, dijo.
Aseguró que no hubo detenciones, porque ese momento no nos interesaba buscar a quién detener con un televisor o un artefacto eléctrico, sino sacar la gente para evitar desgracias personales.
Recordó que al inicio del incendio mucha gente salía con sus bienes, otros sin nada y no se podía saber si lo que llevaban era robado, incluso ni los afectados podían fijarse.
Complicó la falta de energía eléctrica, y la magnitud del incendio nos obligó a actuar para socorrer a las personas heridas, argumentó.
Flores reiteró que no les consta que hubo saqueos.
Pudieron ocurrir, porque los delincuentes no se conmueven del dolor ajeno y aprovechan estas circunstancias, acotó.
Perjudicados solicitan se inicie investigación
Los perjudicados por la explosión en el polvorín de la Base Naval Sur, que se produjo la madrugada del domingo, solicitaron ayer al Ministerio Público iniciar las investigaciones para determinar responsabilidades y el origen de la tragedia.
Por solicitud de los demandantes, el ministro fiscal subrogante del Guayas, Santiago San Miguel, autorizó un sorteo extraordinario de la demanda lo que permitirá que hoy mismo el fiscal Manuel Vera pueda oficiar el inicio de las indagaciones.
El abogado de los perjudicados, Carlos Esteves, anotó que en la demanda se pide identificar a la persona que estaba a cargo de la custodia polvorín, así como copias certificadas de los informes de la explosión de la Base Naval Sur y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Además, se exige conocer el monto del seguro por daños a terceros que debe tener el polvorín, ya sea a nombre del Comando de la Armada o del Ministerio de Defensa, como estipula la Ley de Fabricación de Explosivos.
Esteves dijo que la investigación indicará si es factible un enjuiciamiento penal. Sus clientes llevaron como evidencia restos de proyectiles de hasta 1,50 m de largo y 15 libras de peso.
El lunes presentarán la demanda civil para exigir la indemnización a 300 familias por daños al patrimonio, morales y psicológicos.
Albergados en batallón por tragedia
La Base Naval San Eduardo alberga de manera provisional a nueve familias afectadas por la explosión.
El álbum de fotos, aquel que conserva las gráficas del paseo a Baños (Ambato) junto a su fallecido esposo César Ruiz, se convirtió en ceniza. Ni siquiera un retrato de sus primeros años de matrimonio le quedó a Rosa Túa Pilataxi, de 68 años, después que el estallido del polvorín de la Base Naval Sur destruyó completamente su vivienda, de madera y cemento, en la cooperativa Carlos Guevara Moreno.
Sentada en una cama, dentro del coliseo de la Base Naval San Eduardo, pasa su mano temblorosa sobre la frente y observa con algo de vergüenza el traje de flores amarillas que lleva puesto y las zapatillas donadas por la Defensa Civil.
No logra evitar el llanto. Con el estallido a la 01h30 del domingo pasado se incendiaron sus sueños de mejorar su vivienda, su próspero negocio y los ocho pollos que criaba para sus cuatro hijos.
Los 108 dólares del capital de su negocio se quemaron junto con la refrigeradora, necesaria para la venta de cervezas y colas, una cocina recién comprada, una cocineta, un televisor, un equipo de sonido, dos cómodas y los juegos de comedor y sala.
¿Empezar de nuevo?, ella dice que no podrá. Si Dios me dio la llaga, Él mismo me dará la medicina, señala rodeada de sus familiares.
Cuando ocurrió la explosión, Rosa Túa Pilataxi estaba durmiendo. El estruendo despertó a sus dos hijas y fueron ellas quienes la sacaron de la casa, prendida en llamas.
Su hija mayor, Inés Ruiz, hubiera querido rescatar la ropa de bebé que guardaba de su niña de 9 años y la pluma bañada en oro que le obsequió su hermano por su graduación.
A las 12h30 de ayer, la familia Túa Ruiz esperaba la repartición del rancho, como llaman los militares de la Base San Eduardo al almuerzo.
En el mismo regimiento, 29 personas ocupaban camas literas colocadas improvisadamente en el coliseo, donde permanecerán hasta este viernes, día en que la Armada tiene previsto concluir la reconstrucción de sus viviendas.
Jéssica Gómez espera que el plazo sea cierto. Con evidente enojo observa el ambiente en que vive provisionalmente y casi forzados suenan sus relatos. ¿Cómo quiere que esté, si me he quedado sin nada?, dice mientras aguarda a su esposo Roberto Varas, quien ayer regresó a la cooperativa Carlos Guevara Moreno para rebuscar entre escombros algo que sirva, pero el relleno nuevo cubrió hasta las cenizas.
Damnificados
Nómina
Los damnificados que permanecen en la Base Militar San Eduardo son: Pedro Chango Túa, Mariana Carbo, Pedro, Adriana y Fabián Chango Carbo, Elena Ruiz, Rosa Túa, Manuel Chango, Washington Carbo, Inés Ruiz, María Fernanda y Gregorio Carbo, Juan Jaramillo, Nelly Arreaga, Luis Gudiño, Mauricio y Eder Gudiño Cajamarca, Estalin Coello, Martha Lazo, José Rosales, Ángela Rosales, Andrea Montero, Joffre Chaguay, Johnny Bautista, Julio Varas, Jéssica Gómez, Jennifer y Alba Gómez y Johanna e Israel Varas.
Alimentación
Los militares les ofrecen a los damnificados la alimentación diaria y el hospedaje. Adicionalmente les obsequiaron ropa y zapatos, abrigos y sábanas. También se brinda atención médica a quienes lo necesiten, especialmente niños y ancianos. Mientras esperan la construcción de sus casas, algunos niños se distraen con el juego de pelota, en un espacio cercano dentro del coliseo.
Sin plazo para reubicación
La reubicación de los polvorines militares fuera del perímetro urbano no tiene plazo, según consta en el informe para segundo y definitivo debate del proyecto que elaboró la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso.
El cambio se aplica al artículo 25 de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
A diferencia del texto que se tramitó en primer debate, el informe desechó el plazo de 90 días para la reubicación de los polvorines.
Ahora se deja en libertad para que las Fuerzas Armadas, en el transcurso del 2003, retiren de los repartos militares ubicados en los centros poblados todos los depósitos de armas de guerra, así como de pólvora, bombas y explosivos, a fin de trasladarlos a lugares adecuados en coordinación con cada municipio. Cálculos iniciales de las mismas FF.AA. señalan que el traslado costaría unos 70 millones de dólares.
Existe decisión política en el Congreso para acelerar la aprobación del proyecto que obliga a las Fuerzas Armadas a reubicar los polvorines, aseveró ayer el presidente de esa función del Estado, Guillermo Landázuri.
Comparecencia
El funcionario, tras lamentar la tragedia en la Base Naval Sur de Guayaquil el pasado domingo, anunció que el Parlamento exigirá un informe a las FF.AA. respecto del siniestro y dispondrá una investigación.
No descartó que se pida la comparecencia del ministro de Defensa, Nelson Herrera, y del comandante de la Marina, Víctor Hugo Rosero, al pleno del Congreso, para que revelen las causas del fuego.
El proyecto, que se debatirá y votará en esta semana, determina mecanismos de control en manejo de equipo militar especializado, así como garantiza que los lugares donde se encuentren almacenados no constituyan una permanente amenaza para los ciudadanos. En este se determina que el almacenamiento de explosivos debe estar fuera de las urbes.
PROYECTO
APROBACIÓN
De acuerdo con el proyecto, la ubicación de los polvorines deberá ser aprobada y autorizada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Municipio de la localidad y por el Ministerio de Defensa.
TRÁMITE
El primer debate del proyecto de reubicación de los polvorines se tramitó el 25 de febrero pasado, luego de tres meses de producida la explosión de la Brigada Blindada Galápagos en Riobamba.
REFORMA
La reforma sobre la reubicación de los polvorines se realiza luego de que la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas está en vigencia por más de 20 años.
LOCALESEn los locales donde se guardan armas y municiones solo permanecerá personal especializado de las FF.AA., destinado al cuidado y mantenimiento de los explosivos, y bajo estrictas medidas de seguridad. Estos lugares deben ser reubicados en zonas despobladas, para evitar que ocurran accidentes y haya víctimas.
Pólit dijo que accidentes podrían ser coincidencias
El gobernador de la provincia, Carlos Pólit, informó ayer en una rueda de prensa, que según el primer informe de la Armada nacional, un cortocircuito en la bodega de armamento de la Base fue lo que provocó un incendio y posteriormente la explosión.
Descartó que se trate de un problema interno de la institución militar. Las coincidencias también se dan, dijo al recordar el accidente del submarino Shyri, el 2 de febrero pasado en el mismo lugar; y el accidente del polvorín de Riobamba, el 20 de noviembre del 2002.
Esperemos que terminen las investigaciones de la Policía y del fiscal antes de adelantar conclusiones, agregó.
Sostuvo que en las próximas horas habrá un pronunciamiento del ministro de Defensa, Nelson Herrera.
Desestimó que el suceso responda a un atentado del grupo Milicias Revolucionarias del Pueblo (MRP). Pero como medida de precaución dijo, se duplicará la seguridad en instituciones públicas.
El director municipal del Plan de Desarrollo Urbano Cantonal, Guillermo Argüello, afirmó ayer que no hay ordenanzas que regulen la ubicación de polvorines en Guayaquil.
Las Fuerzas Armadas tienen sus propias normas de seguridad militar interna, en las cuales los municipios no tienen injerencia, explicó.
Si bien es cierto, dijo, que cuando se construyó la Base Naval Sur no había asentamientos en el área aledaña, hace años que se consolidaron las invasiones y por tanto debió reubicarse el polvorín o mantenerlo con todas las medidas técnicas de seguridad posible.
Murió una víctima del percance
Jimmy Wilson Argudo Caicedo, de 24 años, herido por una esquirla en la madrugada del domingo pasado, falleció ayer, aproximadamente a las 14h00 en la Base Naval Sur.
Rosa Vincent Fernández, madre de la primera víctima mortal del percance, informó que solicitará una indemnización a la Armada del Ecuador o una mensualidad para la manutención de ella debido a que él (Argudo) la ayudaba económicamente.
Julio Silver, amigo de Argudo, comentó que el deceso de Jimmy posiblemente se deba a una mala práctica médica.
El día del percance se lo trasladó al hospital del IESS, donde lo operaron por casi 4 horas, debido a que un artefacto había impactado en la arteria femoral. Sin conseguir un resultado favorable en ese centro de salud, se lo llevó al Hospital Naval en donde le practicaron una cirugía, que duró 5 horas, pero al parecer no pudieron hacer mucho, acotó Silver.
Un oficial de la Marina, que pidió no ser identificado, informó que la Armada se hará cargo de todos los gastos del funeral y estudiarán el pago de una mensualidad para la familia afectada con esta pérdida humana. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Policía para realizar la autopsia.
Reacciones
La Cruz Roja les entregará vituallas, colchones, vajillas y artículos de cocina. Para eso estamos haciendo un censo, nuestros voluntarios están registrando a las personas más necesitadas, indicó Guido Carrera, director administrativo de la Cruz Roja del Guayas.
Víctor Ruiz observaba televisión cuando escuchó las detonaciones. Al salir a la calle vio cómo el cielo se volvió rojo en el área de la Base Naval Sur. Junto a su familia permaneció en la avenida principal de Fertisa hasta que los bomberos lograron apagar el incendio. Sus hijos debieron dormir en la calzada hasta las 07h00.
Cerca de las 11h00 de ayer, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló el sector de las nueve casas destruidas por la explosión. Algunos moradores criticaron la presencia tardía de policías y comentaron que hubiese sido oportuno el día del incidente para evitar robos.
Pilar Pérez y su esposo Hugo Morán lograron sacar a sus tres niños dos de ellos varones de la casa, que se prendió en llamas después del estallido del polvorín. Soy albañil eventual, no tengo trabajo seguro, indicó Morán mientras enseñaba cómo quedó su vivienda. Él agradeció que su familia haya salido ilesa.
Los delincuentes no lograron entrar a la casa de Freddy Caiche, pues él permaneció dentro de su vivienda después que ubicó en un lugar seguro a su familia. Las esquirlas cayeron sobre su casa y ocasionaron agujeros en el techo, grietas en las paredes y cuartearon los pisos.
Estaba despierta cuando escuché la explosión. Todo se quemó, mi mochila recién comprada y mis útiles escolares, porque entro a clases el próximo lunes, indicó la niña Jennifer Gómez, de 7 años. Ella estudia en la escuela Lindero Divino de la cooperativa Carlos Guevara Moreno.
El funcionario anunció que el Congreso nacional exigirá un informe a las Fuerzas Armadas con respecto al siniestro y dispondrá una investigación exhaustiva.
No descartó que se pida la comparecencia del ministro de Defensa, Nelson Herrera, y del comandante de la Marina, Víctor Hugo Rosero, al Congreso, para que revelen las causas del siniestro.
El proyecto, que se debatirá y votará en esta semana por los legisladores, determina mecanismos de control en manejo de equipo militar especializado, así como garantiza que los lugares donde estén almacenados no constituyan una permanente amenaza para los ciudadanos.
La reubicación de los polvorines militares fuera del perímetro urbano no tiene plazo, según consta en el informe para segundo y definitivo debate del proyecto que elaboró la Comisión de lo Civil del Congreso.
Mientras, el ministro fiscal general subrogante, Guillermo Mosquera Soto, recorrió ayer la Base Naval para inspeccionar la bodega de armas que explotó la madrugada del domingo pasado.
Mosquera indicó que esperará los informes de la Policía, Cuerpo de Bomberos y la Comandancia Naval, para establecer las causas y el alcance de la tragedia.
El funcionario público añadió que una vez que conozca los resultados de los tres reportes tomará la decisión de iniciar o no una indagación como inicio de un proceso investigativo por parte de la Fiscalía General.
REACCIONES
Ya no estamos en guerra, así que no se justifica tener municiones o material explosivo cerca de áreas habitadas.
JAIME CUCALÓN
PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
Si se comprueba alguna falta de mayor control o alguna irresponsabilidad, obviamente que tenemos que sancionar.
LUCIO GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
La Armada está abierta para cualquier investigación relacionada con la explosión.
MANUEL ZAPATER
JEFE DE OPERACIONES DE LA I ZONA NAVAL
Las Fuerzas Armadas tienen sus propias normas de seguridad militar interna, en las cuales los municipios no tienen injerencia.
GUILLERMO ARGÜELLO
DIRECTOR MUNICIPAL DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO CANTONAL
Afectados evalúan daños
Los perjudicados por el estallido del polvorín de la Base Naval Sur exigieron la reparación de sus viviendas y la devolución de sus enseres.
No esperaron el censo. Los moradores de la cooperativa Carlos Guevara Moreno hicieron ayer su propia evaluación de los daños materiales, que provocó la explosión del polvorín de la Base Naval Sur, la madrugada del domingo pasado.
Antes de que llegaran funcionarios de la Fiscalía de la Nación, Armada, Cruz Roja y Defensa Civil, a las 09h00 de ayer, ya tenían en lista los principales destrozos: pisos cuarteados, paredes con grietas y agujeros en los techos.
En la fachada no se observan los daños, pero adentro sí, repetía Teresa Sojos al invitar a pasar a su vivienda.
Hugo Morán, de 39 años, hacía lo mismo. Su vivienda la empezó a construir hace ocho meses, había avanzado el 50%, pero el domingo quedó peor que al principio: sin casa ni enseres, pues todos sus bienes se quemaron con la explosión.
Aunque su casa de caña no se afectó, Ana María Cornejo sí reclamó la recuperación de sus electrodomésticos, robados después que abandonó su casa por el estallido del polvorín.
Con una bata viejita y en interior salí; mis niños, sin zapatos, recordó ayer mientras observaba cómo la Armada rellenaba el terreno para iniciar hoy la reconstrucción de las nueve casas destruidas.
Se devolverá los bienes que la Armada considere necesarios para vivir, pues por ahí alguien ha dicho que tenía DVD..., comentó Manuel Zapater, jefe de la I Zona Naval.
Queremos recuperar nuestros enseres perdidos: un televisor, equipo de sonido, refrigeradora, cocina, cilindro de gas y dos ventiladores, dijo Ángel Ramos.
Zapater respondió: Acaso ustedes no sabían que aquí estaba la Marina antes de venir, lo que provocó la ira de varios afectados, quienes dijeron habitar la cooperativa desde hace 14 años.
Un día después de la tragedia, varias instituciones ofrecieron atención médica y ropa gratuita a los afectados por la detonación.
Desde las 08h00, unidades móviles de salud municipal brindaron asistencia a los habitantes, quienes aún permanecían nerviosos y visiblemente preocupados.
Queremos saber si aún hay riesgo de explosiones, preguntó Ramos a varios marinos, quienes negaron que haya peligro.
El jefe de Imagen y Promoción de la I Zona Naval, Pablo Tascón, anunció que hoy se iniciará la construcción de nueve viviendas. Se las hará con el mismo material que tenían, este viernes se espera entregarlas, indicó.
Gutiérrez: habrá sanciones
El presidente, coronel Lucio Gutiérrez, aseguró ayer que garantizará que se apliquen sanciones en contra de los responsables de la explosión de la Base Naval Sur, en Guayaquil, ocurrida la madrugada del pasado domingo.
Si se comprueba alguna falta de mayor control o alguna irresponsabilidad, obviamente que tenemos que sancionar, resaltó al salir del hospital de las Fuerzas Armadas, en donde permaneció ayer durante más de diez horas realizándose chequeos de salud.
Gutiérrez señaló que se deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar si existió negligencia por parte de las autoridades del recinto militar, en manejo del material explosivo.
Respecto a la ayuda para los damnificados por la explosión, aseguró que en un plazo máximo de una semana esos moradores contarán con casas iguales o mejores.
El Mandatario calificó a la desgracia como relativamente leve y ratificó la complejidad para llevar adelante el plan que tienen las FF.AA. para reubicar los polvorines a lugares despoblados, tras recordar que se requieren 70 millones de dólares.
Para conseguir los recursos dijo que el Gobierno manejará adecuadamente el gasto público con un mejor control en las aduanas y una mejor recaudación tributaria.
Aunque aclaró que los recursos adicionales que se obtengan serán destinados de manera prioritaria al sector social y luego para la reubicar los polvorines.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, exigió ayer que se aclaren las coincidencias presentadas respecto a las tres últimas explosiones registradas en unidades militares en los recientes cuatro meses.
Las coincidencias tienen que ser aclaradas porque si siguen presentándose y acumulándose puede ser sospechoso, expresó.
Mencionó que por el bien de las Fuerzas Armadas se deben aplicar sanciones a los responsables, en caso de comprobarse que existió algún grado de negligencia.
Necesitamos que el nombre de las Fuerzas Armadas quede limpio y la única forma, no hay otra, es con investigación a fondo, insistió.
Palacio se comprometió a entregar viviendas nuevas a las nueve familias que perdieron sus casas a causa de la explosión. Explicó que las casas serán construidas por medio de la Fundación Hogar de Cristo a un costo de 500 dólares cada una.
El jefe de Operaciones de la I Zona Naval, Manuel Zapater, recorrió el área afectada y afirmó que la Armada está abierta para cualquier investigación relacionada con la explosión. La hipótesis que se tiene es que un incendio provocó la explosión, pero no se puede hablar de un auto-atentado, indicó Zapater.
GLOSARIO
PolvorínSitio en el cual se almacenan las municiones. El mantenimiento de esta instalación requiere una temperatura de hasta 40°C. Normalmente, la instalación cuenta con aire acondicionado.
RastrilloLugar de almacenamiento de armas. También hay municiones, pero a menor escala.
MisilObjeto explosivo autopropulsado. Es decir, que debe tener un motor.
Proyectiles o balasNecesitan un dispositivo de lanzamiento. La Armada tiene balas de 9mm hasta de 76 mm (antiaéreos y antibuques).
Fiscal inspeccionó lugar de estallido
El ministro fiscal general subrogante, Guillermo Mosquera Soto, realizó ayer un recorrido al interior de la Base Naval Sur, para inspeccionar la bodega de armas y municiones que explotó la madrugada del domingo pasado.
Mosquera, quien acudió acompañado del ministro fiscal del Guayas y Galápagos, Walter Tomsich, efectuó el reconocimiento del sitio del estallido e indicó que esperará los informes de la Policía, Cuerpo de Bomberos y la Comandancia Naval, para establecer las causas y el alcance de la tragedia.
Explicó que una vez que conozca los resultados de los tres reportes tomará la decisión de iniciar o no una indagación como inicio de un proceso investigativo por parte de la Fiscalía General.
Mosquera, quien actuó en reemplazo de la ministra fiscal general, Mariana Yépez, afirmó que la investigación fiscal estará a cargo de los agentes del Ministerio Público, Lorena Benalcázar y Andrés Piedra quienes empezaron a recopilar datos.
Persiste peligro
Los periodistas no pudieron ingresar al lugar de la explosión, ya que según explicó el jefe de Operaciones de la I Zona Naval, Manuel Zapater, aún hay restos de armas regados en un diámetro de 200 metros a la redonda, lo que podría resultar peligroso.
Mosquera resaltó que la acción de la Fiscalía es independiente de cualquier denuncia o demanda que civiles quieran plantear respecto a la explosión en el polvorín de la Armada, respecto a la inquietud de los moradores de Fertisa que han planteado la necesidad de exigir respuestas a la Armada y una indemnización por los bienes muebles e inmuebles que perdieron por la explosión.
Policía dice que no hubo saqueos
A la Policía no le consta que hubo saqueos en los domicilios de los afectados por la explosión del polvorín de la Base Naval Sur, dijo ayer el coronel Fausto Flores, jefe de la Policía Judicial del Guayas.
Si ocurrieron (los robos), fueron los primeros 20 minutos y constituyeron una cosa lógica, porque a la Policía le comunicaron la novedad a las 02h05, afirmó Flores.
La madrugada del domingo pasado, la perjudicada Narcisa Barreno, manifestó que a las personas que vivían en la planta baja de los bloques familiares de la Armada les robaron delincuentes que rompieron una malla lateral.
Flores indicó ayer que eso lo escuchó a través de los medios de comunicación. Pero, cuando llegamos al sitio todo fue controlado, dijo.
Aseguró que no hubo detenciones, porque ese momento no nos interesaba buscar a quién detener con un televisor o un artefacto eléctrico, sino sacar la gente para evitar desgracias personales.
Recordó que al inicio del incendio mucha gente salía con sus bienes, otros sin nada y no se podía saber si lo que llevaban era robado, incluso ni los afectados podían fijarse.
Complicó la falta de energía eléctrica, y la magnitud del incendio nos obligó a actuar para socorrer a las personas heridas, argumentó.
Flores reiteró que no les consta que hubo saqueos.
Pudieron ocurrir, porque los delincuentes no se conmueven del dolor ajeno y aprovechan estas circunstancias, acotó.
Perjudicados solicitan se inicie investigación
Los perjudicados por la explosión en el polvorín de la Base Naval Sur, que se produjo la madrugada del domingo, solicitaron ayer al Ministerio Público iniciar las investigaciones para determinar responsabilidades y el origen de la tragedia.
Por solicitud de los demandantes, el ministro fiscal subrogante del Guayas, Santiago San Miguel, autorizó un sorteo extraordinario de la demanda lo que permitirá que hoy mismo el fiscal Manuel Vera pueda oficiar el inicio de las indagaciones.
El abogado de los perjudicados, Carlos Esteves, anotó que en la demanda se pide identificar a la persona que estaba a cargo de la custodia polvorín, así como copias certificadas de los informes de la explosión de la Base Naval Sur y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Además, se exige conocer el monto del seguro por daños a terceros que debe tener el polvorín, ya sea a nombre del Comando de la Armada o del Ministerio de Defensa, como estipula la Ley de Fabricación de Explosivos.
Esteves dijo que la investigación indicará si es factible un enjuiciamiento penal. Sus clientes llevaron como evidencia restos de proyectiles de hasta 1,50 m de largo y 15 libras de peso.
El lunes presentarán la demanda civil para exigir la indemnización a 300 familias por daños al patrimonio, morales y psicológicos.
Albergados en batallón por tragedia
La Base Naval San Eduardo alberga de manera provisional a nueve familias afectadas por la explosión.
El álbum de fotos, aquel que conserva las gráficas del paseo a Baños (Ambato) junto a su fallecido esposo César Ruiz, se convirtió en ceniza. Ni siquiera un retrato de sus primeros años de matrimonio le quedó a Rosa Túa Pilataxi, de 68 años, después que el estallido del polvorín de la Base Naval Sur destruyó completamente su vivienda, de madera y cemento, en la cooperativa Carlos Guevara Moreno.
Sentada en una cama, dentro del coliseo de la Base Naval San Eduardo, pasa su mano temblorosa sobre la frente y observa con algo de vergüenza el traje de flores amarillas que lleva puesto y las zapatillas donadas por la Defensa Civil.
No logra evitar el llanto. Con el estallido a la 01h30 del domingo pasado se incendiaron sus sueños de mejorar su vivienda, su próspero negocio y los ocho pollos que criaba para sus cuatro hijos.
Los 108 dólares del capital de su negocio se quemaron junto con la refrigeradora, necesaria para la venta de cervezas y colas, una cocina recién comprada, una cocineta, un televisor, un equipo de sonido, dos cómodas y los juegos de comedor y sala.
¿Empezar de nuevo?, ella dice que no podrá. Si Dios me dio la llaga, Él mismo me dará la medicina, señala rodeada de sus familiares.
Cuando ocurrió la explosión, Rosa Túa Pilataxi estaba durmiendo. El estruendo despertó a sus dos hijas y fueron ellas quienes la sacaron de la casa, prendida en llamas.
Su hija mayor, Inés Ruiz, hubiera querido rescatar la ropa de bebé que guardaba de su niña de 9 años y la pluma bañada en oro que le obsequió su hermano por su graduación.
A las 12h30 de ayer, la familia Túa Ruiz esperaba la repartición del rancho, como llaman los militares de la Base San Eduardo al almuerzo.
En el mismo regimiento, 29 personas ocupaban camas literas colocadas improvisadamente en el coliseo, donde permanecerán hasta este viernes, día en que la Armada tiene previsto concluir la reconstrucción de sus viviendas.
Jéssica Gómez espera que el plazo sea cierto. Con evidente enojo observa el ambiente en que vive provisionalmente y casi forzados suenan sus relatos. ¿Cómo quiere que esté, si me he quedado sin nada?, dice mientras aguarda a su esposo Roberto Varas, quien ayer regresó a la cooperativa Carlos Guevara Moreno para rebuscar entre escombros algo que sirva, pero el relleno nuevo cubrió hasta las cenizas.
Damnificados
Nómina
Los damnificados que permanecen en la Base Militar San Eduardo son: Pedro Chango Túa, Mariana Carbo, Pedro, Adriana y Fabián Chango Carbo, Elena Ruiz, Rosa Túa, Manuel Chango, Washington Carbo, Inés Ruiz, María Fernanda y Gregorio Carbo, Juan Jaramillo, Nelly Arreaga, Luis Gudiño, Mauricio y Eder Gudiño Cajamarca, Estalin Coello, Martha Lazo, José Rosales, Ángela Rosales, Andrea Montero, Joffre Chaguay, Johnny Bautista, Julio Varas, Jéssica Gómez, Jennifer y Alba Gómez y Johanna e Israel Varas.
Alimentación
Los militares les ofrecen a los damnificados la alimentación diaria y el hospedaje. Adicionalmente les obsequiaron ropa y zapatos, abrigos y sábanas. También se brinda atención médica a quienes lo necesiten, especialmente niños y ancianos. Mientras esperan la construcción de sus casas, algunos niños se distraen con el juego de pelota, en un espacio cercano dentro del coliseo.
Sin plazo para reubicación
La reubicación de los polvorines militares fuera del perímetro urbano no tiene plazo, según consta en el informe para segundo y definitivo debate del proyecto que elaboró la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso.
El cambio se aplica al artículo 25 de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
A diferencia del texto que se tramitó en primer debate, el informe desechó el plazo de 90 días para la reubicación de los polvorines.
Ahora se deja en libertad para que las Fuerzas Armadas, en el transcurso del 2003, retiren de los repartos militares ubicados en los centros poblados todos los depósitos de armas de guerra, así como de pólvora, bombas y explosivos, a fin de trasladarlos a lugares adecuados en coordinación con cada municipio. Cálculos iniciales de las mismas FF.AA. señalan que el traslado costaría unos 70 millones de dólares.
Existe decisión política en el Congreso para acelerar la aprobación del proyecto que obliga a las Fuerzas Armadas a reubicar los polvorines, aseveró ayer el presidente de esa función del Estado, Guillermo Landázuri.
Comparecencia
El funcionario, tras lamentar la tragedia en la Base Naval Sur de Guayaquil el pasado domingo, anunció que el Parlamento exigirá un informe a las FF.AA. respecto del siniestro y dispondrá una investigación.
No descartó que se pida la comparecencia del ministro de Defensa, Nelson Herrera, y del comandante de la Marina, Víctor Hugo Rosero, al pleno del Congreso, para que revelen las causas del fuego.
El proyecto, que se debatirá y votará en esta semana, determina mecanismos de control en manejo de equipo militar especializado, así como garantiza que los lugares donde se encuentren almacenados no constituyan una permanente amenaza para los ciudadanos. En este se determina que el almacenamiento de explosivos debe estar fuera de las urbes.
PROYECTO
APROBACIÓN
De acuerdo con el proyecto, la ubicación de los polvorines deberá ser aprobada y autorizada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Municipio de la localidad y por el Ministerio de Defensa.
TRÁMITE
El primer debate del proyecto de reubicación de los polvorines se tramitó el 25 de febrero pasado, luego de tres meses de producida la explosión de la Brigada Blindada Galápagos en Riobamba.
REFORMA
La reforma sobre la reubicación de los polvorines se realiza luego de que la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas está en vigencia por más de 20 años.
LOCALESEn los locales donde se guardan armas y municiones solo permanecerá personal especializado de las FF.AA., destinado al cuidado y mantenimiento de los explosivos, y bajo estrictas medidas de seguridad. Estos lugares deben ser reubicados en zonas despobladas, para evitar que ocurran accidentes y haya víctimas.
Pólit dijo que accidentes podrían ser coincidencias
El gobernador de la provincia, Carlos Pólit, informó ayer en una rueda de prensa, que según el primer informe de la Armada nacional, un cortocircuito en la bodega de armamento de la Base fue lo que provocó un incendio y posteriormente la explosión.
Descartó que se trate de un problema interno de la institución militar. Las coincidencias también se dan, dijo al recordar el accidente del submarino Shyri, el 2 de febrero pasado en el mismo lugar; y el accidente del polvorín de Riobamba, el 20 de noviembre del 2002.
Esperemos que terminen las investigaciones de la Policía y del fiscal antes de adelantar conclusiones, agregó.
Sostuvo que en las próximas horas habrá un pronunciamiento del ministro de Defensa, Nelson Herrera.
Desestimó que el suceso responda a un atentado del grupo Milicias Revolucionarias del Pueblo (MRP). Pero como medida de precaución dijo, se duplicará la seguridad en instituciones públicas.
El director municipal del Plan de Desarrollo Urbano Cantonal, Guillermo Argüello, afirmó ayer que no hay ordenanzas que regulen la ubicación de polvorines en Guayaquil.
Las Fuerzas Armadas tienen sus propias normas de seguridad militar interna, en las cuales los municipios no tienen injerencia, explicó.
Si bien es cierto, dijo, que cuando se construyó la Base Naval Sur no había asentamientos en el área aledaña, hace años que se consolidaron las invasiones y por tanto debió reubicarse el polvorín o mantenerlo con todas las medidas técnicas de seguridad posible.
Murió una víctima del percance
Jimmy Wilson Argudo Caicedo, de 24 años, herido por una esquirla en la madrugada del domingo pasado, falleció ayer, aproximadamente a las 14h00 en la Base Naval Sur.
Rosa Vincent Fernández, madre de la primera víctima mortal del percance, informó que solicitará una indemnización a la Armada del Ecuador o una mensualidad para la manutención de ella debido a que él (Argudo) la ayudaba económicamente.
Julio Silver, amigo de Argudo, comentó que el deceso de Jimmy posiblemente se deba a una mala práctica médica.
El día del percance se lo trasladó al hospital del IESS, donde lo operaron por casi 4 horas, debido a que un artefacto había impactado en la arteria femoral. Sin conseguir un resultado favorable en ese centro de salud, se lo llevó al Hospital Naval en donde le practicaron una cirugía, que duró 5 horas, pero al parecer no pudieron hacer mucho, acotó Silver.
Un oficial de la Marina, que pidió no ser identificado, informó que la Armada se hará cargo de todos los gastos del funeral y estudiarán el pago de una mensualidad para la familia afectada con esta pérdida humana. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Policía para realizar la autopsia.
Reacciones
La Cruz Roja les entregará vituallas, colchones, vajillas y artículos de cocina. Para eso estamos haciendo un censo, nuestros voluntarios están registrando a las personas más necesitadas, indicó Guido Carrera, director administrativo de la Cruz Roja del Guayas.
Víctor Ruiz observaba televisión cuando escuchó las detonaciones. Al salir a la calle vio cómo el cielo se volvió rojo en el área de la Base Naval Sur. Junto a su familia permaneció en la avenida principal de Fertisa hasta que los bomberos lograron apagar el incendio. Sus hijos debieron dormir en la calzada hasta las 07h00.
Cerca de las 11h00 de ayer, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló el sector de las nueve casas destruidas por la explosión. Algunos moradores criticaron la presencia tardía de policías y comentaron que hubiese sido oportuno el día del incidente para evitar robos.
Pilar Pérez y su esposo Hugo Morán lograron sacar a sus tres niños dos de ellos varones de la casa, que se prendió en llamas después del estallido del polvorín. Soy albañil eventual, no tengo trabajo seguro, indicó Morán mientras enseñaba cómo quedó su vivienda. Él agradeció que su familia haya salido ilesa.
Los delincuentes no lograron entrar a la casa de Freddy Caiche, pues él permaneció dentro de su vivienda después que ubicó en un lugar seguro a su familia. Las esquirlas cayeron sobre su casa y ocasionaron agujeros en el techo, grietas en las paredes y cuartearon los pisos.
Estaba despierta cuando escuché la explosión. Todo se quemó, mi mochila recién comprada y mis útiles escolares, porque entro a clases el próximo lunes, indicó la niña Jennifer Gómez, de 7 años. Ella estudia en la escuela Lindero Divino de la cooperativa Carlos Guevara Moreno.
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