Quito. 8 mar 99. La Ley de Racionalización de las Finanzas
Públicas, enviada con el carácter de emergencia económica por el
Ejecutivo, espera su aprobación por parte del Congreso.
Es la primera de una serie de cinco, que el presidente Mahuad
entregará al Congreso, en busca de una radical reforma política.
La Legislatura deberá tomar una decisión, sobre la base de una
complicada relación de fuerzas, pues el Gobierno no dispone con una
mayoría neta, si no cuenta con los votos del Partido Social
Cristiano.
La leyes deben aprobarse con la mitad más uno de los asistentes.
Si, por ejemplo, el PSC resuelve, en cualquier caso, abandonar la
sala, se necesitará el respaldo de al menos 47 votos; el partido de
Gobierno, la Democracia Popular, cuenta con 35 diputados.
Las fuerzas políticas están representadas en el Congreso Nacional
de la sigueinte forma: DP 35 diputados; PSC 29; ID 12; Pacakutik
7; Conservadores 2; FRA 3; MPD 2, CFP 1, con un total 120
legisladores. (DCM)
Ley del Gasto Publico
El Gobierno controla la masa salarial del sector público, congela
los salarios, limita el monto de sueldos, corta las alas a los
sindicatos del sector. Condiciona el pago de las "conquistas" de
los contratos colectivos: pago en bonos del Estado, plazos hasta 10
años, sin intereses, en lo que rebase lo estipulado en el Código de
Trabajo.
Impuesto al Valor Agregado IVA
Un incremento del 10 al 15% servirá para paliar el déficit fiscal
(USD 700 millones). Cada punto produce 80 millones de dólares,
dice Mahuad. Si el Congreso ajusta el déficit público, podría
quedar un saldorojo "manejable". El presidnete plantea eliminar
las exenciones, con excepción de alimentos, medicinas e insumos
agrícolas.
Ley de Privatizaciones
Es "la ley de las empresas eléctricas" (la privatización del sector
eléctrico podría arojar dos mil millones de dólares, según Mahuad).
El quid del asunto es que se propone elevar del 39% al 51% lel
accionariado privado, para hacerlas "más atractivas". Según el
Conam, 28 bancos de inversión están interesados, si cambia la ley,
claro.
Reformas a la Seguridad Social
El jefe de Estado considera "excelentes" las proposiciones de la
Comisión Interventora del IESS. Plantea un incremento del aporte y
una reducción de 65 a 60 años en la edad para la jubilación. El
Instituto se convertirá en una banca de segundo piso y en
intermediaria de servicios de salud. Se crea una Superintendencia
de Seguros.
Reforma Educativa
Contiene una profunda descentralización administrativa y
fiananciera de la educación pública.Prevé unidades de autogestión
con la comunidad, que definen los contenidos y pagan salarios en
cada unidad de autogestión. Es una suerte de privatización de la
educación pública, con lo que el Estado deja de ser el patrono.
Moncayo, por el Estado
Paco Moncayo critica el "enfoque general que caracteriza a las
reformas del Gobierno": la intención de reducir el tamaño del
Estado, en perjuicio de los derechos laborales.
Para Moncayo, el modelo económico es "neoliberal" a ultranza. El
Gobierno no puede -advierte- ceder el control del Estado sobre
áreas estratégicas y eliminar los principios de solidaridad en
seguridad social y educación. (EVC)
Lo que dice Paco Moncayo (ID)
Es inconstitucional. El Estado debe garantizar, mejorar y ampliar
los derechos de los trabajadores. La Constitución respalda, además,
el derecho a la huelga y a los contratos colectivos. La Ley
contradice los acuerdos internacionales y supone un retroceso en
los derechos laborales.
La ID apoya dos puntos: la prohibición de sueldos en dólares y su
conversión a sucres, y las normas para controlar las
indemnizaciones excesivas.
Rechaza la elevación del IVA. Dice que sin exoneraciones daría al
fisco 2.000 millones de dólares (ahora genera 830). Propone
regresar al impuesto a la renta; mantener las exenciones únicamente
para alimentos y medicamentos; cobrar una tarifa de transporte de
crudo, similar a la que el país cancela por el uso del oleoducto;
vender el petróleo al exterior sin intermediarios; y eliminar las
exoneraciones aduaneras para las FFAA, Policía, ONGs e
instituciones religiosas, para cubrir el déficit
La participación de la inversión extranjera es necesaria. Si el
Gobierno decide plantear la venta de un mínimo del 51% de las
empresas estatales "es un asunto secundario", la Ley debe apoyar
una gestión compartida del Estado y el sector privado en áreas
estratégicas y garantizar que los recursos que obtenga el Estado
sean utilizados en inversión. El sector privado debe capitalizar
las empresas en las que interviene.
Rechaza las reformas parciales. Apoya el incremento de los aportes
para mejorar la prestación, como lo plantea el primer paquete
enviado por la Comisión Interventora al Congreso. Se opone a que la
reforma priorice la captación de ahorro previsional para alentar,
con recursos frescos, a la economía. "El Seguro Social debe ser
obligatorio y solidario", argumenta.
Los proyectos de Gobierno han sido elaborados desde una visión
inmediatista y coyuntural, "apuntan a destruir a la UNE y a la
búsqueda de un esquema para pagar menos a los maestros". Moncayo
apoya la participación de padres de familia y comunidad en la
administración de fondos para la educación, pero "el Estado no
puede eximirse de esta responsabilidad". La ID alista una
contrapropuesta en el tema de la educación.
Nebot, no sólo un testarudo
La posición anti impuestos de Jaime Nebot es, según él, algo más
que una promesa de campaña. En ella está una crítica de fondo al
modelo monetarista "impuesto por el Fondo Monetario Internacional",
donde la creación de más tributos no soluciona, en realidad, el
déficit fiscal.
No obstante, estima que el "impasse" político en torno a las
reformas, sí uede ser superado en el Congreso.
Lo que dice Jaime Nebot (PSC)
El socialcristianismo respalda la Ley Ley de Racionalización de
las Finanzas Públicas y, en consecuencia, votará por su aprobación
en el Congreso Nacional. En términos generales, la ley se enmarca
en sus propuestas de racionalización del Estado, por la vía de la
eficiencia y la reducción de la nómina de funcionarios, así como
con la supresión de los "absurdos privilegios" concedidos por los
contratos colectivos.
Si sube el IVA, "el remedio será peor que la enfermedad", porque es
inflacionario. Considera, no obstante, que se debe mejorar el cobro
de lo que ya existe (10%). Está de acuerdo en eliminar todas las
exenciones o escudos fiscales del IVA, con excepción de alimentos,
medicinas e insumos agrícolas. Dice que quienes presionan por el
aumento, son los funcionarios público que ya no cobran coimas como
lo hacían con el impueto a la renta, cuya vigencia cesó con el 1%.
De acuerdo con el incremento de la participación del 51%, siempre
y cuando se legisle, a la vez, en favor del antimonopolio en el
sector. Nebor propugna por la creación de un estatuto para la
minoría de accionistas en las empresas públicas, que puedan ser
privatizadas. No obstante, estima que hay problemas más profundos
que desobligan a los inversionistas del exterior, que se expresan
en una errática política monetaria.
El Partido Social Cristiano no propugna la desaparición del
Intituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Cree que hay que
consolidar el seguro social obligatorio y mejorar las pensiones
para los jubilados. Jaime Nebot cree que deben discutirse las
propuestas de la Comisión Interventora del IESS, encabezada por el
ex ministro Alfredo Mancero, que aún no han sido difundidas.
El PSC está, en términos generales, de acuerdo con una
transformación del sistema de educación pública del Ecuador. Es una
de las reformas que permanece todavía en la carpeta del presidente,
por lo que sus contenidos no son ampliamente conocidos. El PSC está
"dispuesto a sentarse" con los maestros para debatir la reforma,
que deberá ser aplicada por la jefa del Frente Social, la ministra
de Educación, Rosángela Adoum. (DIARIO HOY) (P. 3-A)
Públicas, enviada con el carácter de emergencia económica por el
Ejecutivo, espera su aprobación por parte del Congreso.
Es la primera de una serie de cinco, que el presidente Mahuad
entregará al Congreso, en busca de una radical reforma política.
La Legislatura deberá tomar una decisión, sobre la base de una
complicada relación de fuerzas, pues el Gobierno no dispone con una
mayoría neta, si no cuenta con los votos del Partido Social
Cristiano.
La leyes deben aprobarse con la mitad más uno de los asistentes.
Si, por ejemplo, el PSC resuelve, en cualquier caso, abandonar la
sala, se necesitará el respaldo de al menos 47 votos; el partido de
Gobierno, la Democracia Popular, cuenta con 35 diputados.
Las fuerzas políticas están representadas en el Congreso Nacional
de la sigueinte forma: DP 35 diputados; PSC 29; ID 12; Pacakutik
7; Conservadores 2; FRA 3; MPD 2, CFP 1, con un total 120
legisladores. (DCM)
Ley del Gasto Publico
El Gobierno controla la masa salarial del sector público, congela
los salarios, limita el monto de sueldos, corta las alas a los
sindicatos del sector. Condiciona el pago de las "conquistas" de
los contratos colectivos: pago en bonos del Estado, plazos hasta 10
años, sin intereses, en lo que rebase lo estipulado en el Código de
Trabajo.
Impuesto al Valor Agregado IVA
Un incremento del 10 al 15% servirá para paliar el déficit fiscal
(USD 700 millones). Cada punto produce 80 millones de dólares,
dice Mahuad. Si el Congreso ajusta el déficit público, podría
quedar un saldorojo "manejable". El presidnete plantea eliminar
las exenciones, con excepción de alimentos, medicinas e insumos
agrícolas.
Ley de Privatizaciones
Es "la ley de las empresas eléctricas" (la privatización del sector
eléctrico podría arojar dos mil millones de dólares, según Mahuad).
El quid del asunto es que se propone elevar del 39% al 51% lel
accionariado privado, para hacerlas "más atractivas". Según el
Conam, 28 bancos de inversión están interesados, si cambia la ley,
claro.
Reformas a la Seguridad Social
El jefe de Estado considera "excelentes" las proposiciones de la
Comisión Interventora del IESS. Plantea un incremento del aporte y
una reducción de 65 a 60 años en la edad para la jubilación. El
Instituto se convertirá en una banca de segundo piso y en
intermediaria de servicios de salud. Se crea una Superintendencia
de Seguros.
Reforma Educativa
Contiene una profunda descentralización administrativa y
fiananciera de la educación pública.Prevé unidades de autogestión
con la comunidad, que definen los contenidos y pagan salarios en
cada unidad de autogestión. Es una suerte de privatización de la
educación pública, con lo que el Estado deja de ser el patrono.
Moncayo, por el Estado
Paco Moncayo critica el "enfoque general que caracteriza a las
reformas del Gobierno": la intención de reducir el tamaño del
Estado, en perjuicio de los derechos laborales.
Para Moncayo, el modelo económico es "neoliberal" a ultranza. El
Gobierno no puede -advierte- ceder el control del Estado sobre
áreas estratégicas y eliminar los principios de solidaridad en
seguridad social y educación. (EVC)
Lo que dice Paco Moncayo (ID)
Es inconstitucional. El Estado debe garantizar, mejorar y ampliar
los derechos de los trabajadores. La Constitución respalda, además,
el derecho a la huelga y a los contratos colectivos. La Ley
contradice los acuerdos internacionales y supone un retroceso en
los derechos laborales.
La ID apoya dos puntos: la prohibición de sueldos en dólares y su
conversión a sucres, y las normas para controlar las
indemnizaciones excesivas.
Rechaza la elevación del IVA. Dice que sin exoneraciones daría al
fisco 2.000 millones de dólares (ahora genera 830). Propone
regresar al impuesto a la renta; mantener las exenciones únicamente
para alimentos y medicamentos; cobrar una tarifa de transporte de
crudo, similar a la que el país cancela por el uso del oleoducto;
vender el petróleo al exterior sin intermediarios; y eliminar las
exoneraciones aduaneras para las FFAA, Policía, ONGs e
instituciones religiosas, para cubrir el déficit
La participación de la inversión extranjera es necesaria. Si el
Gobierno decide plantear la venta de un mínimo del 51% de las
empresas estatales "es un asunto secundario", la Ley debe apoyar
una gestión compartida del Estado y el sector privado en áreas
estratégicas y garantizar que los recursos que obtenga el Estado
sean utilizados en inversión. El sector privado debe capitalizar
las empresas en las que interviene.
Rechaza las reformas parciales. Apoya el incremento de los aportes
para mejorar la prestación, como lo plantea el primer paquete
enviado por la Comisión Interventora al Congreso. Se opone a que la
reforma priorice la captación de ahorro previsional para alentar,
con recursos frescos, a la economía. "El Seguro Social debe ser
obligatorio y solidario", argumenta.
Los proyectos de Gobierno han sido elaborados desde una visión
inmediatista y coyuntural, "apuntan a destruir a la UNE y a la
búsqueda de un esquema para pagar menos a los maestros". Moncayo
apoya la participación de padres de familia y comunidad en la
administración de fondos para la educación, pero "el Estado no
puede eximirse de esta responsabilidad". La ID alista una
contrapropuesta en el tema de la educación.
Nebot, no sólo un testarudo
La posición anti impuestos de Jaime Nebot es, según él, algo más
que una promesa de campaña. En ella está una crítica de fondo al
modelo monetarista "impuesto por el Fondo Monetario Internacional",
donde la creación de más tributos no soluciona, en realidad, el
déficit fiscal.
No obstante, estima que el "impasse" político en torno a las
reformas, sí uede ser superado en el Congreso.
Lo que dice Jaime Nebot (PSC)
El socialcristianismo respalda la Ley Ley de Racionalización de
las Finanzas Públicas y, en consecuencia, votará por su aprobación
en el Congreso Nacional. En términos generales, la ley se enmarca
en sus propuestas de racionalización del Estado, por la vía de la
eficiencia y la reducción de la nómina de funcionarios, así como
con la supresión de los "absurdos privilegios" concedidos por los
contratos colectivos.
Si sube el IVA, "el remedio será peor que la enfermedad", porque es
inflacionario. Considera, no obstante, que se debe mejorar el cobro
de lo que ya existe (10%). Está de acuerdo en eliminar todas las
exenciones o escudos fiscales del IVA, con excepción de alimentos,
medicinas e insumos agrícolas. Dice que quienes presionan por el
aumento, son los funcionarios público que ya no cobran coimas como
lo hacían con el impueto a la renta, cuya vigencia cesó con el 1%.
De acuerdo con el incremento de la participación del 51%, siempre
y cuando se legisle, a la vez, en favor del antimonopolio en el
sector. Nebor propugna por la creación de un estatuto para la
minoría de accionistas en las empresas públicas, que puedan ser
privatizadas. No obstante, estima que hay problemas más profundos
que desobligan a los inversionistas del exterior, que se expresan
en una errática política monetaria.
El Partido Social Cristiano no propugna la desaparición del
Intituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Cree que hay que
consolidar el seguro social obligatorio y mejorar las pensiones
para los jubilados. Jaime Nebot cree que deben discutirse las
propuestas de la Comisión Interventora del IESS, encabezada por el
ex ministro Alfredo Mancero, que aún no han sido difundidas.
El PSC está, en términos generales, de acuerdo con una
transformación del sistema de educación pública del Ecuador. Es una
de las reformas que permanece todavía en la carpeta del presidente,
por lo que sus contenidos no son ampliamente conocidos. El PSC está
"dispuesto a sentarse" con los maestros para debatir la reforma,
que deberá ser aplicada por la jefa del Frente Social, la ministra
de Educación, Rosángela Adoum. (DIARIO HOY) (P. 3-A)
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