Guayaquil. 17 mar 2000. Entre las reformas a la Ley Trolebús se
cambia la composición interna del Directorio de la CAE. Al ente se
incorporará el Director del Servicio de Rentas.
Los cuatro cambios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)
que se incluyen en las reformas a la Ley de Transformación
Económica (Trolebús) no tienen conformes a los miembros del
Directorio del sector privado.
Los representantes de las federaciones de cámaras de Comercio,
Industrias y de la Pequeña Industria tendrán minoría en el
Directorio con la incorporación de un representante del Servicio
de Rentas Internas (SRI). Con él, los miembros del Gobierno suman
cuatro: el delegado de Finanzas, de la Presidencia de la República
y el de Comercio Exterior.
A más de eso, la CAE pasará a ser parte del Ejecutivo y se
sujetará a sus controles directos. El quórum mínimo de cinco de
seis miembros también se modificó. Cuatro de los siete miembros
serán suficientes para la toma de decisiones, además del voto
dirimente del delegado del Presidente de la República.
Las cámaras prefieren retirar a sus delegados. "Si continúan en la
CAE se transformarán en simples testigos de las decisiones", dijo
Joyce de Ginatta, presidenta de los pequeños industriales.
Por esta razón, le solicitó al representante de su gremio, Max
Escobar, que renuncie a su cargo desde noviembre, aunque su pedido
que no fue obedecido.
"Con eso queda demostrado el conflicto interno que existe dentro
de los organismos privados", sostuvo el ex presidente de la CAE,
Ramiro Pita.
De su administración nació la idea de que el Estado maneje la
potestad aduanera pues, según su criterio, "el sistema de votos
compartidos imponía obstáculos para la modernización de las
Aduanas".
Es más, dijo que los funcionarios privados elegidos ni siquiera
contaban con la experiencia empresarial necesaria. El sistema
funcionaría bajo una economía mixta donde los miembros del
Directorio aporten su dinero. Solo así, "operarán con eficiencia y
claridad, pero la concesión no ha sido entregada".
El gerente de la CAE, Luis Hidalgo, no concuerda con Pita. "Con
esta decisión se retrasará el proceso de modernización y se
regresará la antigua Aduana cuando los funcionarios cumplían sus
compromisos políticos y llenaban cargos clave para sacar provecho
de ellos". El sistema con mayor representación gubernamental
funciona cuando el Gobierno legisla de buena intención. "Una vez
que se cambie de dirigente se podría administrar con otras
intenciones".
Una solución puede ser la exclusión del Directorio del
representante de Finanzas, lo que dejaría todo igual, según
Francisco Alarcón, presidente de los industriales. Ginatta lo
apoya pues considera que la presencia del funcionario de Rentas es
más indispensable para la interconexión de la información de
Aduanas con el SRI. Mientras tanto, aún no se posisesiona el nuevo
presidente de la CAE y delegado del Presidente, Rubén Landázuri,
un militar en retiro.
Por su parte el SRI informó que "si no hay dobles intenciones no
hay por qué preocuparse de la nueva conformación del organismo".
La administración tributaria sostiene que es necesaria una mayor
coordinación de actividades entre las dos entidades, de allí que
el Gobierno consideró conveniente la incorporación del Director
General del SRI a la CAE.
La Comisión Anticorrupción investiga irregularidades
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) denunció más
irregularidades en las Aduanas. Se detectaron diferencias entre
los valores declarados y supuestamente pagados con los realmente
recaudados. Además, al cruzar información con la almacenera
Almaconti se confirmó que se liberaron 62 242,44 kilos de
mercancías sin DUIT, perjudicando al Fisco en 1 393 millones de
sucres por derechos arancelarios no cobrados.
También se determinaron indicios de falsificación de facturas
comerciales, evasión fiscal y trámite doloso en la declaración
aduanera con refrendo 025124-2, del importador Antonio Arregui
Medina, ex gerente de Autoridad Portuaria en Guayaquil (APG). El
trámite desaduanizaba 137 kilos de mercadería por un valor irreal
de 720 dólares.
En la Subadministración de la Zona de Carga del Aeropuerto Simón
Bolívar, Guayaquil, de 20 muestras se detectaron indicios de
falsificación de documentos y evasión fiscal en tres
declaraciones, por 4 728, 12 245 y 7 515 dólares respectivamente.
Techint hizo una declaración aduanera, para nacionalizar equipos y
maquinaria, con una base imponible de USD 1 016 que generaba una
liquidación de 2 699 023 sucres. Sin embargo, la verificadora
Cotecna Inspection estableció -con el aforo físico- la base
imponible de USD 522 778.
La empresa Abbot laboratorios del Ecuador presentó tres DUI en las
aduanas de Quito para la desaduanización de reactivos de
laboratorio, declarando datos diferentes a los de las guías
aéreas. En la Autoridad Portuaria de Guayaquil hay supuestas
irregularidades en en la provisión e instalación de las defensas
de los muelles del Puerto de Guayaquil. (Texto tomado de El
Comercio)
cambia la composición interna del Directorio de la CAE. Al ente se
incorporará el Director del Servicio de Rentas.
Los cuatro cambios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)
que se incluyen en las reformas a la Ley de Transformación
Económica (Trolebús) no tienen conformes a los miembros del
Directorio del sector privado.
Los representantes de las federaciones de cámaras de Comercio,
Industrias y de la Pequeña Industria tendrán minoría en el
Directorio con la incorporación de un representante del Servicio
de Rentas Internas (SRI). Con él, los miembros del Gobierno suman
cuatro: el delegado de Finanzas, de la Presidencia de la República
y el de Comercio Exterior.
A más de eso, la CAE pasará a ser parte del Ejecutivo y se
sujetará a sus controles directos. El quórum mínimo de cinco de
seis miembros también se modificó. Cuatro de los siete miembros
serán suficientes para la toma de decisiones, además del voto
dirimente del delegado del Presidente de la República.
Las cámaras prefieren retirar a sus delegados. "Si continúan en la
CAE se transformarán en simples testigos de las decisiones", dijo
Joyce de Ginatta, presidenta de los pequeños industriales.
Por esta razón, le solicitó al representante de su gremio, Max
Escobar, que renuncie a su cargo desde noviembre, aunque su pedido
que no fue obedecido.
"Con eso queda demostrado el conflicto interno que existe dentro
de los organismos privados", sostuvo el ex presidente de la CAE,
Ramiro Pita.
De su administración nació la idea de que el Estado maneje la
potestad aduanera pues, según su criterio, "el sistema de votos
compartidos imponía obstáculos para la modernización de las
Aduanas".
Es más, dijo que los funcionarios privados elegidos ni siquiera
contaban con la experiencia empresarial necesaria. El sistema
funcionaría bajo una economía mixta donde los miembros del
Directorio aporten su dinero. Solo así, "operarán con eficiencia y
claridad, pero la concesión no ha sido entregada".
El gerente de la CAE, Luis Hidalgo, no concuerda con Pita. "Con
esta decisión se retrasará el proceso de modernización y se
regresará la antigua Aduana cuando los funcionarios cumplían sus
compromisos políticos y llenaban cargos clave para sacar provecho
de ellos". El sistema con mayor representación gubernamental
funciona cuando el Gobierno legisla de buena intención. "Una vez
que se cambie de dirigente se podría administrar con otras
intenciones".
Una solución puede ser la exclusión del Directorio del
representante de Finanzas, lo que dejaría todo igual, según
Francisco Alarcón, presidente de los industriales. Ginatta lo
apoya pues considera que la presencia del funcionario de Rentas es
más indispensable para la interconexión de la información de
Aduanas con el SRI. Mientras tanto, aún no se posisesiona el nuevo
presidente de la CAE y delegado del Presidente, Rubén Landázuri,
un militar en retiro.
Por su parte el SRI informó que "si no hay dobles intenciones no
hay por qué preocuparse de la nueva conformación del organismo".
La administración tributaria sostiene que es necesaria una mayor
coordinación de actividades entre las dos entidades, de allí que
el Gobierno consideró conveniente la incorporación del Director
General del SRI a la CAE.
La Comisión Anticorrupción investiga irregularidades
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) denunció más
irregularidades en las Aduanas. Se detectaron diferencias entre
los valores declarados y supuestamente pagados con los realmente
recaudados. Además, al cruzar información con la almacenera
Almaconti se confirmó que se liberaron 62 242,44 kilos de
mercancías sin DUIT, perjudicando al Fisco en 1 393 millones de
sucres por derechos arancelarios no cobrados.
También se determinaron indicios de falsificación de facturas
comerciales, evasión fiscal y trámite doloso en la declaración
aduanera con refrendo 025124-2, del importador Antonio Arregui
Medina, ex gerente de Autoridad Portuaria en Guayaquil (APG). El
trámite desaduanizaba 137 kilos de mercadería por un valor irreal
de 720 dólares.
En la Subadministración de la Zona de Carga del Aeropuerto Simón
Bolívar, Guayaquil, de 20 muestras se detectaron indicios de
falsificación de documentos y evasión fiscal en tres
declaraciones, por 4 728, 12 245 y 7 515 dólares respectivamente.
Techint hizo una declaración aduanera, para nacionalizar equipos y
maquinaria, con una base imponible de USD 1 016 que generaba una
liquidación de 2 699 023 sucres. Sin embargo, la verificadora
Cotecna Inspection estableció -con el aforo físico- la base
imponible de USD 522 778.
La empresa Abbot laboratorios del Ecuador presentó tres DUI en las
aduanas de Quito para la desaduanización de reactivos de
laboratorio, declarando datos diferentes a los de las guías
aéreas. En la Autoridad Portuaria de Guayaquil hay supuestas
irregularidades en en la provisión e instalación de las defensas
de los muelles del Puerto de Guayaquil. (Texto tomado de El
Comercio)
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