Quito. 07 sep 96. Uno de los temas que incidirá en el Plan Macroeconómico del
nuevo Gobierno será la mayor o menor apertura, en concesiones
a la empresa privada, para la construcción y mantenimiento de
obras de infraestructura pública. El Centro de Estudios y
Análisis analiza el tema desde un punto de vista jurídico bajo
el actual régimen de concesiones.
Desde el primero de enero de 1994 rige en el país la Ley de
Modernización del Estado que confiere al Presidente de la
República atribuciones -algunas incluso de carácter
legislativo- para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Luego de tres años de vigencia de este marco jurídico
regulatorio, cabe señalar que el Consejo Nacional de
Modernización (CONAM) ha dado varios pasos en materia
portuaria, vial y de telecomunicaciones. Sin embargo -desde la
perspectiva del CEA- la transición política y los resultados
de la consulta electoral han impedido que áreas como seguridad
social, electrificación e infraestructura sanitaria registren
algún avance.
Montos cercanos a la deuda externa
De acuerdo con el Centro de Estudios, la falta de ahorro
interno impide invertir y crecer. Por ello, el país mantiene
déficits en servicios de agua potable, alcantarillado,
tratamiento de desechos sólidos, teléfonos, infraestructura
vial y energía eléctrica.
Las inversiones para desarrollar el sector hidrocarburífero y
los otros sectores citados representan un volumen casi igual
al de la actual deuda externa y, con los parámetros actuales
de una inversión anual, que bordea 22 por ciento del Producto
Interno Bruto, no habrá posibilidad de cubrir los déficits.
El CONAM ha propuesto al Gobierno un proyecto de ley que
permita la participación del sector privado en la creación de
todo tipo de infraestructura a través de mecanismos de
coinversión y concesión, ejecución y administración de obras.
Entre las obras que podrían concesionarse se encuentran: la
ampliación del oleoducto transecuatoriano, vías y aeropuertos,
puentes, terminales terrestres y estacionamientos, centrales
hidroeléctricas, entre otros.
El constructor, por su parte, cobra una tarifa por el servicio
brindado. Esta tarifa, que depende del monto invertido
inicialmente en el proyecto y del tráfico vehicular diario,
incluye factores cualitativos como la calidad y eficiencia del
servicio.
El CEA sugiere que estos procesos implican ciertas condiciones
necesarias para alcanzar los resultados esperados. Las
concesiones exigen llevar adelante políticas macroeconómicas
adecuadas y estables, libre repatriación de utilidades al
exterior, marco legal y jurídico que garantice el cumplimiento
de las leyes, ofrecimiento de garantía de solvencia
financiera.
Alternativa
Ante la insuficiencia de recursos locales para atender la
demanda insatisfecha de servicios básicos-afirma el Centro de
Estudios y Análisis- la figura de la concesión, con todas sus
modalidades, parecería ser la mejor alternativa para cumplir
con el programa macroeconómico del régimen.
A través de ellas, el país presentará la imagen de un
territorio físicamente integrado y con infraestructura
suficiente para que las inversiones privadas puedan aprovechar
las ventajas comparativas y competitivas del país.
CONCESIONES
La vía Alóag-Santo Domingo no ha podido ser concesionada por
la falta de propuestas. En las bases originales se solicitó
una inversión de 120 a 150 millones de dólares, que se
redujeron a 70 millones.
En cuanto a la vía Quito-Pifo, por el momento su concesión se
encuentra paralizada ya que existe un problema referente a la
expropiación de terrenos habitados.
El Ministerio de Obras Públicas tenía como propósito
fundamental la construcción y mejoramiento de dos grupos de
carreteras que en total suman mil 500 kilómetros. Debido a
que el tráfico vehicular es muy bajo, se redujo el plan, por
lo que únicamente se concesionaron 706 kilómetros.
En 1996, la Comisión de Nuevos Aeropuertos resolvió la
construcción de los dos nuevos aeropuertos bajo la modalidad
de sociedades anónimas entre la Dirección de Aviación Civil
(DAC) y las empresas privadas. Las nuevas sociedades anónimas
tendrán la concesión para la administración y operación de los
actuales aeropuertos y para la planificación, construcción,
administración y operación de los nuevos.
El plazo de duración del contrato es por 15 años, luego de lo
cual la sociedad anónima entregará los bienes concesionados a
esta Comisión. El cálculo de las inversiones es de de 282,8
millones de dólares para el aeropuerto de Quito, y de 209
millones de dólares para el de Guayaquil.
Entre los proyectos hidroeléctricos que se planea concesionar
a corto y largo plazo se encuentran los de San Francisco,
Daule Peripa, Toachi-Pilatón y Paute-Mazar.
Las otras obras que se podrían concesionar al sector privado y
que significarían un ahorro en la inversión se concentran en
materia de pavimentación. Las carreteras que podrían entrar en
el plan son: Lago Agrio-Coca, Troncal- Coca, Tena-Baeza,
Lago Agrio-Tulcán, Cuenca- Azógues y Guarumales-Méndez. En
estos rubros, el Estado ahorraría alrededor de 250 millones de
dólares.
CLAUSULAS NECESARIAS
La legislación para concesiones prevé cláusulas llamadas
"necesarias" que garantizan la transparencia del sistema.
Define objeto y lugar en que se realizará la concesión, el
tiempo durante el cual el contratista prestará el servicio, su
retribución y obligaciones en la ejecución y mantenimiento del
proyecto.
El Estado se reserva el derecho a calificar las tecnologías,
imponer sanciones por incumplimiento, exigir garantías y
seguros en salvaguarda de los bienes públicos. Inclusive la
facultad de declarar por terminado el contrato por
incumplimiento. (Diario HOY) (6A)
nuevo Gobierno será la mayor o menor apertura, en concesiones
a la empresa privada, para la construcción y mantenimiento de
obras de infraestructura pública. El Centro de Estudios y
Análisis analiza el tema desde un punto de vista jurídico bajo
el actual régimen de concesiones.
Desde el primero de enero de 1994 rige en el país la Ley de
Modernización del Estado que confiere al Presidente de la
República atribuciones -algunas incluso de carácter
legislativo- para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Luego de tres años de vigencia de este marco jurídico
regulatorio, cabe señalar que el Consejo Nacional de
Modernización (CONAM) ha dado varios pasos en materia
portuaria, vial y de telecomunicaciones. Sin embargo -desde la
perspectiva del CEA- la transición política y los resultados
de la consulta electoral han impedido que áreas como seguridad
social, electrificación e infraestructura sanitaria registren
algún avance.
Montos cercanos a la deuda externa
De acuerdo con el Centro de Estudios, la falta de ahorro
interno impide invertir y crecer. Por ello, el país mantiene
déficits en servicios de agua potable, alcantarillado,
tratamiento de desechos sólidos, teléfonos, infraestructura
vial y energía eléctrica.
Las inversiones para desarrollar el sector hidrocarburífero y
los otros sectores citados representan un volumen casi igual
al de la actual deuda externa y, con los parámetros actuales
de una inversión anual, que bordea 22 por ciento del Producto
Interno Bruto, no habrá posibilidad de cubrir los déficits.
El CONAM ha propuesto al Gobierno un proyecto de ley que
permita la participación del sector privado en la creación de
todo tipo de infraestructura a través de mecanismos de
coinversión y concesión, ejecución y administración de obras.
Entre las obras que podrían concesionarse se encuentran: la
ampliación del oleoducto transecuatoriano, vías y aeropuertos,
puentes, terminales terrestres y estacionamientos, centrales
hidroeléctricas, entre otros.
El constructor, por su parte, cobra una tarifa por el servicio
brindado. Esta tarifa, que depende del monto invertido
inicialmente en el proyecto y del tráfico vehicular diario,
incluye factores cualitativos como la calidad y eficiencia del
servicio.
El CEA sugiere que estos procesos implican ciertas condiciones
necesarias para alcanzar los resultados esperados. Las
concesiones exigen llevar adelante políticas macroeconómicas
adecuadas y estables, libre repatriación de utilidades al
exterior, marco legal y jurídico que garantice el cumplimiento
de las leyes, ofrecimiento de garantía de solvencia
financiera.
Alternativa
Ante la insuficiencia de recursos locales para atender la
demanda insatisfecha de servicios básicos-afirma el Centro de
Estudios y Análisis- la figura de la concesión, con todas sus
modalidades, parecería ser la mejor alternativa para cumplir
con el programa macroeconómico del régimen.
A través de ellas, el país presentará la imagen de un
territorio físicamente integrado y con infraestructura
suficiente para que las inversiones privadas puedan aprovechar
las ventajas comparativas y competitivas del país.
CONCESIONES
La vía Alóag-Santo Domingo no ha podido ser concesionada por
la falta de propuestas. En las bases originales se solicitó
una inversión de 120 a 150 millones de dólares, que se
redujeron a 70 millones.
En cuanto a la vía Quito-Pifo, por el momento su concesión se
encuentra paralizada ya que existe un problema referente a la
expropiación de terrenos habitados.
El Ministerio de Obras Públicas tenía como propósito
fundamental la construcción y mejoramiento de dos grupos de
carreteras que en total suman mil 500 kilómetros. Debido a
que el tráfico vehicular es muy bajo, se redujo el plan, por
lo que únicamente se concesionaron 706 kilómetros.
En 1996, la Comisión de Nuevos Aeropuertos resolvió la
construcción de los dos nuevos aeropuertos bajo la modalidad
de sociedades anónimas entre la Dirección de Aviación Civil
(DAC) y las empresas privadas. Las nuevas sociedades anónimas
tendrán la concesión para la administración y operación de los
actuales aeropuertos y para la planificación, construcción,
administración y operación de los nuevos.
El plazo de duración del contrato es por 15 años, luego de lo
cual la sociedad anónima entregará los bienes concesionados a
esta Comisión. El cálculo de las inversiones es de de 282,8
millones de dólares para el aeropuerto de Quito, y de 209
millones de dólares para el de Guayaquil.
Entre los proyectos hidroeléctricos que se planea concesionar
a corto y largo plazo se encuentran los de San Francisco,
Daule Peripa, Toachi-Pilatón y Paute-Mazar.
Las otras obras que se podrían concesionar al sector privado y
que significarían un ahorro en la inversión se concentran en
materia de pavimentación. Las carreteras que podrían entrar en
el plan son: Lago Agrio-Coca, Troncal- Coca, Tena-Baeza,
Lago Agrio-Tulcán, Cuenca- Azógues y Guarumales-Méndez. En
estos rubros, el Estado ahorraría alrededor de 250 millones de
dólares.
CLAUSULAS NECESARIAS
La legislación para concesiones prevé cláusulas llamadas
"necesarias" que garantizan la transparencia del sistema.
Define objeto y lugar en que se realizará la concesión, el
tiempo durante el cual el contratista prestará el servicio, su
retribución y obligaciones en la ejecución y mantenimiento del
proyecto.
El Estado se reserva el derecho a calificar las tecnologías,
imponer sanciones por incumplimiento, exigir garantías y
seguros en salvaguarda de los bienes públicos. Inclusive la
facultad de declarar por terminado el contrato por
incumplimiento. (Diario HOY) (6A)
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