Quito. 19 feb 2002. El Gobierno presentará una demanda para demostrar que
el TC no tiene capacidad para ejecutar las resoluciones que adopte.
El Gobierno presentará una demanda de inconstitucionalidad del reglamento
de trámite de expedientes emitido por el Tribunal Constitucional (TC).
Tendrá por objeto demostrar que el TC no tiene capacidad para ejecutar
las resoluciones que adopte, porque no lo contempla la Constitución ni
ninguna ley, dijeron fuentes gubernamentales. En consecuencia, "no podrá
tener valor su pronunciamiento en el caso de la venta del 51% de las
acciones del Fondo de Solidaridad en 17 empresas de distribución
eléctrica".
Los abogados del Gobierno y del Consejo Nacional de Modernización del
Estado (Conam) preparan el documento que será enviado en las próximas
horas al propio TC, con el respaldo de 1 000 firmas.
El reglamento fue expedido por el Tribunal para tratar de subsanar ese
vacío legal que le impide hacer cumplir las resoluciones que tome en
todos los casos en los cuales tiene que pronunciarse.
El art. 60 del reglamento que impugnará el Gobierno faculta al TC a que
remita al fiscal un pedido de enjuiciamiento penal para los funcionarios
que supuestamente desacaten sus resoluciones.
Las fuentes indicaron que el reglamento contiene atribuciones que llegan
a reformar la Constitución de la República. Por ejemplo, imponiendo
restricciones al recurso de amparo constitucional.
Este conflicto por la venta de las eléctricas hizo que el Consejo de
Modernización del Sector Eléctrico (Comosel) difierese para otra fecha la
reunión que estaba prevista para hoy, con objeto de conocer la valoración
de las eléctricas y fijar la fecha de la subasta.
No obstante, el pleno del TC se reunirá hoy a las 09:15 sin que conste en
el orden del día el tema de las eléctricas.
Los personeros del Conam hicieron ayer consultas telefónicas con las
casas matrices de las tres operadoras interesadas en EEUU, España y
Argentina: Allied Energy System, Unión Fenosa y Pérez Companc, así como
con el consorcio Salomon Smith Barney que fue el que valoró las empresas.
Indígenas advierten con movilizaciones
"El pueblo indígena se levantará, si el Gobierno desacata la resolución
del Tribunal Constitucional que prohíbe la venta de las empresas
eléctricas".
Así lo advirtió ayer Salvador Quishpe, dirigente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien ratificó que el
sector indígena respaldaría las medidas de protesta preparadas para esta
semana por varias organizaciones sociales, en rechazo a la subasta de las
empresas eléctricas.
Quishpe aseguró que la Conaie, la Feine y la Fenocín (las tres
organizaciones indígenas más representativas) estarán pendientes de lo
que ocurra hoy cuando el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie
nuevamente sobre la legalidad de la venta de las empresas eléctricas.
"Lo que esperamos es que el Tribunal ratifique la prohibición de la
subasta y declare en desacato al Gobierno, para que los funcionarios que
insisten en privatizar el sector eléctrico sean sancionados", manifestó.
Por su parte, el Gobierno ha asegurado que espera conocer primero la
decisión que hoy adopte el Tribunal Constitucional para ofrecer un
pronunciamiento sobre el tema. (PACH)
La sanción toca a Fiscalía
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidirá si existe o no
desacato del Gobierno respecto de la ratificación de la resolución de
diciembre de 2000, en el sentido de que la venta del 51% de las acciones
de las distribuidoras eléctricas es ilegal.
El miembro del organismo, Hernán Ribadeneira, dijo que en la resolución
del TC estarían inmersos el Conam y las entidades del sector eléctrico.
Tras afirmar que deben buscarse opciones a la venta, Ribadeneira indicó
que el desacato es sancionado por la Fiscalía luego de presentarse la
acusación.
Si alguien goza de fuero de Corte, el caso pasa al juez competente para
el juicio penal.
El vocal dijo que el artículo 151 del Código Penal determina una sanción
de uno a cinco años de cárcel. (TH) (Diario Hoy)
el TC no tiene capacidad para ejecutar las resoluciones que adopte.
El Gobierno presentará una demanda de inconstitucionalidad del reglamento
de trámite de expedientes emitido por el Tribunal Constitucional (TC).
Tendrá por objeto demostrar que el TC no tiene capacidad para ejecutar
las resoluciones que adopte, porque no lo contempla la Constitución ni
ninguna ley, dijeron fuentes gubernamentales. En consecuencia, "no podrá
tener valor su pronunciamiento en el caso de la venta del 51% de las
acciones del Fondo de Solidaridad en 17 empresas de distribución
eléctrica".
Los abogados del Gobierno y del Consejo Nacional de Modernización del
Estado (Conam) preparan el documento que será enviado en las próximas
horas al propio TC, con el respaldo de 1 000 firmas.
El reglamento fue expedido por el Tribunal para tratar de subsanar ese
vacío legal que le impide hacer cumplir las resoluciones que tome en
todos los casos en los cuales tiene que pronunciarse.
El art. 60 del reglamento que impugnará el Gobierno faculta al TC a que
remita al fiscal un pedido de enjuiciamiento penal para los funcionarios
que supuestamente desacaten sus resoluciones.
Las fuentes indicaron que el reglamento contiene atribuciones que llegan
a reformar la Constitución de la República. Por ejemplo, imponiendo
restricciones al recurso de amparo constitucional.
Este conflicto por la venta de las eléctricas hizo que el Consejo de
Modernización del Sector Eléctrico (Comosel) difierese para otra fecha la
reunión que estaba prevista para hoy, con objeto de conocer la valoración
de las eléctricas y fijar la fecha de la subasta.
No obstante, el pleno del TC se reunirá hoy a las 09:15 sin que conste en
el orden del día el tema de las eléctricas.
Los personeros del Conam hicieron ayer consultas telefónicas con las
casas matrices de las tres operadoras interesadas en EEUU, España y
Argentina: Allied Energy System, Unión Fenosa y Pérez Companc, así como
con el consorcio Salomon Smith Barney que fue el que valoró las empresas.
Indígenas advierten con movilizaciones
"El pueblo indígena se levantará, si el Gobierno desacata la resolución
del Tribunal Constitucional que prohíbe la venta de las empresas
eléctricas".
Así lo advirtió ayer Salvador Quishpe, dirigente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien ratificó que el
sector indígena respaldaría las medidas de protesta preparadas para esta
semana por varias organizaciones sociales, en rechazo a la subasta de las
empresas eléctricas.
Quishpe aseguró que la Conaie, la Feine y la Fenocín (las tres
organizaciones indígenas más representativas) estarán pendientes de lo
que ocurra hoy cuando el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie
nuevamente sobre la legalidad de la venta de las empresas eléctricas.
"Lo que esperamos es que el Tribunal ratifique la prohibición de la
subasta y declare en desacato al Gobierno, para que los funcionarios que
insisten en privatizar el sector eléctrico sean sancionados", manifestó.
Por su parte, el Gobierno ha asegurado que espera conocer primero la
decisión que hoy adopte el Tribunal Constitucional para ofrecer un
pronunciamiento sobre el tema. (PACH)
La sanción toca a Fiscalía
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidirá si existe o no
desacato del Gobierno respecto de la ratificación de la resolución de
diciembre de 2000, en el sentido de que la venta del 51% de las acciones
de las distribuidoras eléctricas es ilegal.
El miembro del organismo, Hernán Ribadeneira, dijo que en la resolución
del TC estarían inmersos el Conam y las entidades del sector eléctrico.
Tras afirmar que deben buscarse opciones a la venta, Ribadeneira indicó
que el desacato es sancionado por la Fiscalía luego de presentarse la
acusación.
Si alguien goza de fuero de Corte, el caso pasa al juez competente para
el juicio penal.
El vocal dijo que el artículo 151 del Código Penal determina una sanción
de uno a cinco años de cárcel. (TH) (Diario Hoy)
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