Quito. 11 ene 2002. Con la ruptura de las negociaciones de paz entre el
Gobierno y las FARC, Colombia vive horas de extremo desconcierto e
incertidumbre. En su intervención, la noche del miércoles, el presidente
Andrés Pastrana confirmó la decisión que había anunciado horas antes el
Alto Comisionada para la Paz: "El Gobierno entiende que las FARC no
continúan en la mesa de diálogo y, en consecuencia, contarían con las 48
horas pactadas para su retiro de la zona...".
Las Fuerzas Armadas deberían ingresar a San Vicente del Caguán este día,
a las 16 horas, cuando se cumple el plazo establecido, si se lo cuenta
desde cuando se conoció, por primera vez, la suspensión de las
negociaciones.
Pero nadie puede asegurar que acontezca aquello. Más aún, el vocero
militar ha rectificado una declaración inicial, al dejar en claro que la
orden para dar tal paso solo corresponde al presidente de la República.
Pero el propio Pastrana utilizó el modo potencial al referirse al plazo
y no precisó desde cuándo corría este, para que los guerrilleros
abandonaran la zona de despeje, los 42 000 kilómetros cuadrados que, tres
años y medio atrás, concedió su Gobierno con la finalidad de facilitar
las negociaciones de paz.
El presidente decidió jugarse una carta muy firme, y el reloj no dejará
de marcar las horas, ni estas se dilatarán más allá de la cuenta como
para postergar indefinidamente la acción militar a fin de recuperar la
zona de despeje.
Semanas atrás, Manuel Marulanda, el jefe de las FARC, dio ya una suerte
de ultimátum al Gobierno, al exigir que cesara el control militar
alrededor de la zona de despeje donde los guerrilleros, sin embargo,
hacían y deshacían a su antojo, como autoridades de otro Estado. La
aceptación de tal exigencia constituía una renuncia de Colombia al
ejercicio de la soberanía, lo cual estaba descartado de antemano, más aún
cuando la concesión de la zona había provocado fundadas objeciones, al
menos por la total falta de resultados después de tres años y medio de
iniciado el proceso.
En ese lapso, las FARC se han fortalecido militarmente, pero también
utilizaron San Vicente del Caguán para ocultar secuestrados y, según se
les acusa, para desarrollar actividades de narcotráfico; además,
organismos de los derechos humanos denunciaron reiteradamente violaciones
a los derechos humanos por parte de las FARC, en lesión de la población
civil de la zona.
Ciertamente, no han cesado los secuestros, los crímenes selectivos, el
acoso y asesinato a poblaciones, la voladura de torres de electricidad y
otras acciones de violencia criminal.
Con estos antecedentes, se podía prever la interrupción del laberíntico
proceso de paz. Pero son imprevisibles las consecuencias de este hecho.
No obstante, la más temible es el inicio de una guerra total. No hay
duda que la suspensión del proceso de paz provocará una escalada de la
violencia.
Este hecho es muy nocivo para Colombia, no solo por las implicaciones
para la reactivación de su economía, sino por la posibilidad de bloquear
el proceso electoral para elegir nuevo presidente de la República este
año.
Pero también lo es para toda América Latina y, sobre todo para Ecuador
que, por la cercanía con la zona del conflicto, sufrirá las consecuencias
del una escalada militar.
En una carrera contra el reloj, el único hilo para salir del laberinto
es la mediación de los delegados de la ONU, que habían venido actuando
antes.
Solo una intervención eficaz así podría salvar el proceso para que las
partes restañen la herida confianza mutua. Pero resulta difícil que los
propios colombianos y la comunidad internacional dejen de ver sin
escepticismo la viabilidad del proceso.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
Gobierno y las FARC, Colombia vive horas de extremo desconcierto e
incertidumbre. En su intervención, la noche del miércoles, el presidente
Andrés Pastrana confirmó la decisión que había anunciado horas antes el
Alto Comisionada para la Paz: "El Gobierno entiende que las FARC no
continúan en la mesa de diálogo y, en consecuencia, contarían con las 48
horas pactadas para su retiro de la zona...".
Las Fuerzas Armadas deberían ingresar a San Vicente del Caguán este día,
a las 16 horas, cuando se cumple el plazo establecido, si se lo cuenta
desde cuando se conoció, por primera vez, la suspensión de las
negociaciones.
Pero nadie puede asegurar que acontezca aquello. Más aún, el vocero
militar ha rectificado una declaración inicial, al dejar en claro que la
orden para dar tal paso solo corresponde al presidente de la República.
Pero el propio Pastrana utilizó el modo potencial al referirse al plazo
y no precisó desde cuándo corría este, para que los guerrilleros
abandonaran la zona de despeje, los 42 000 kilómetros cuadrados que, tres
años y medio atrás, concedió su Gobierno con la finalidad de facilitar
las negociaciones de paz.
El presidente decidió jugarse una carta muy firme, y el reloj no dejará
de marcar las horas, ni estas se dilatarán más allá de la cuenta como
para postergar indefinidamente la acción militar a fin de recuperar la
zona de despeje.
Semanas atrás, Manuel Marulanda, el jefe de las FARC, dio ya una suerte
de ultimátum al Gobierno, al exigir que cesara el control militar
alrededor de la zona de despeje donde los guerrilleros, sin embargo,
hacían y deshacían a su antojo, como autoridades de otro Estado. La
aceptación de tal exigencia constituía una renuncia de Colombia al
ejercicio de la soberanía, lo cual estaba descartado de antemano, más aún
cuando la concesión de la zona había provocado fundadas objeciones, al
menos por la total falta de resultados después de tres años y medio de
iniciado el proceso.
En ese lapso, las FARC se han fortalecido militarmente, pero también
utilizaron San Vicente del Caguán para ocultar secuestrados y, según se
les acusa, para desarrollar actividades de narcotráfico; además,
organismos de los derechos humanos denunciaron reiteradamente violaciones
a los derechos humanos por parte de las FARC, en lesión de la población
civil de la zona.
Ciertamente, no han cesado los secuestros, los crímenes selectivos, el
acoso y asesinato a poblaciones, la voladura de torres de electricidad y
otras acciones de violencia criminal.
Con estos antecedentes, se podía prever la interrupción del laberíntico
proceso de paz. Pero son imprevisibles las consecuencias de este hecho.
No obstante, la más temible es el inicio de una guerra total. No hay
duda que la suspensión del proceso de paz provocará una escalada de la
violencia.
Este hecho es muy nocivo para Colombia, no solo por las implicaciones
para la reactivación de su economía, sino por la posibilidad de bloquear
el proceso electoral para elegir nuevo presidente de la República este
año.
Pero también lo es para toda América Latina y, sobre todo para Ecuador
que, por la cercanía con la zona del conflicto, sufrirá las consecuencias
del una escalada militar.
En una carrera contra el reloj, el único hilo para salir del laberinto
es la mediación de los delegados de la ONU, que habían venido actuando
antes.
Solo una intervención eficaz así podría salvar el proceso para que las
partes restañen la herida confianza mutua. Pero resulta difícil que los
propios colombianos y la comunidad internacional dejen de ver sin
escepticismo la viabilidad del proceso.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
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