BOGOTÁ. La Comisión de la Verdad encargada de investigar la ocupación guerrillera del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, en la que murieron más de 100 personas, reveló hoy que hubo ejecuciones extrajudiciales y acusó al Gobierno de no haber hecho lo suficiente para salvar a los rehenes.
El comité, conformado por tres juristas que en algún momento ejercieron la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estableció que al menos ocho rebeldes que participaron en la acción presentan heridas fatales que sugieren una ejecución sumaria.
Estos guerrilleros hacían parte del conjunto de cerca de cuarenta insurgentes del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) que el 6 de noviembre de 1985 se tomaron por asalto el Palacio de Justicia, situado en el centro de la capital colombiana.
Los rebeldes, que se habían propuesto someter a un juicio al entonces presidente, el conservador Belisario Betancur (1982-1986), dieron lugar a uno de los peores hechos en el casi medio siglo de historia del conflicto armado interno.
La acción fue repelida mediante una "retoma" militar en la que se usaron tanques de guerra, y terminó al día siguiente, con el edificio judicial arrasado por las llamas y las armas pesadas.
"El responsable primario es el M-19", declaró hoy el letrado Nilson Pinilla tras la presentación del informe final elaborado por el comité investigador, conformado además por los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera.
El estudio, que será editado en libro, está contenido en unos 300 folios, y se derivó de una tarea emprendida hace cuatro años por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (CVPJ), constituida por la CSJ en el aniversario veinte de esta tragedia.
Pinilla, aún activo, y sus antiguos colegas entregaron el texto original al actual presidente de este alto tribunal, Augusto Ibáñez, quien lo recibió con la remembranza del dramático, y también desoído, llamamiento que hizo por las radios su inmolado antecesor, Alfonso Reyes Echandía: "que cese el fuego".
"Ante el llamado humanitario del presidente de la Corte del año 85, cese el fuego, esa noche la respuesta oficial fue la transmisión de un partido de fútbol", recordó Ibáñez, y apuntó que "meses después, el pacto de silencio, y hoy, el pacto de la agresión, volvemos a decir: 'sin cese el fuego'".
La transmisión la ordenó la ministra de Comunicaciones de entonces y después canciller y diplomática, Noemí Sanín, según lo confirmado por los investigadores, que la acusaron por "censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero".
Es un ingrediente de los muchos que llevaron al magistrado Pinilla a reconocer también ante la prensa que de los hechos también "es responsable el Gobierno nacional, son responsables las Fuerzas Armadas, pero hay un gran número de responsables, que somos todos los colombianos, por indolentes, por haber dejado que esto permaneciera tantos años en la indiferencia".
Las responsabilidades, en el ámbito judicial, apenas se atisban ahora, aunque de manera parcial, con el enjuiciamiento de uno de los militares implicados en la "retoma", el coronel en retiro Alfonso Plazas, que espera sentencia.
La CVPJ concluyó que "no existe duda" de que los siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, tres visitantes ocasionales y una rebelde del M-19 "fueron víctimas de desaparición forzada".
El Estado "no les ha dado una respuesta eficaz en materia de verdad, justicia y reparación moral" a las familias de estos desaparecidos, afirmó el mismo comité, que denunció que esta parte de la tragedia, como las demás, han tenido como característica la "impunidad rampante".(EFE)
El comité, conformado por tres juristas que en algún momento ejercieron la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estableció que al menos ocho rebeldes que participaron en la acción presentan heridas fatales que sugieren una ejecución sumaria.
Estos guerrilleros hacían parte del conjunto de cerca de cuarenta insurgentes del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) que el 6 de noviembre de 1985 se tomaron por asalto el Palacio de Justicia, situado en el centro de la capital colombiana.
Los rebeldes, que se habían propuesto someter a un juicio al entonces presidente, el conservador Belisario Betancur (1982-1986), dieron lugar a uno de los peores hechos en el casi medio siglo de historia del conflicto armado interno.
La acción fue repelida mediante una "retoma" militar en la que se usaron tanques de guerra, y terminó al día siguiente, con el edificio judicial arrasado por las llamas y las armas pesadas.
"El responsable primario es el M-19", declaró hoy el letrado Nilson Pinilla tras la presentación del informe final elaborado por el comité investigador, conformado además por los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera.
El estudio, que será editado en libro, está contenido en unos 300 folios, y se derivó de una tarea emprendida hace cuatro años por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (CVPJ), constituida por la CSJ en el aniversario veinte de esta tragedia.
Pinilla, aún activo, y sus antiguos colegas entregaron el texto original al actual presidente de este alto tribunal, Augusto Ibáñez, quien lo recibió con la remembranza del dramático, y también desoído, llamamiento que hizo por las radios su inmolado antecesor, Alfonso Reyes Echandía: "que cese el fuego".
"Ante el llamado humanitario del presidente de la Corte del año 85, cese el fuego, esa noche la respuesta oficial fue la transmisión de un partido de fútbol", recordó Ibáñez, y apuntó que "meses después, el pacto de silencio, y hoy, el pacto de la agresión, volvemos a decir: 'sin cese el fuego'".
La transmisión la ordenó la ministra de Comunicaciones de entonces y después canciller y diplomática, Noemí Sanín, según lo confirmado por los investigadores, que la acusaron por "censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero".
Es un ingrediente de los muchos que llevaron al magistrado Pinilla a reconocer también ante la prensa que de los hechos también "es responsable el Gobierno nacional, son responsables las Fuerzas Armadas, pero hay un gran número de responsables, que somos todos los colombianos, por indolentes, por haber dejado que esto permaneciera tantos años en la indiferencia".
Las responsabilidades, en el ámbito judicial, apenas se atisban ahora, aunque de manera parcial, con el enjuiciamiento de uno de los militares implicados en la "retoma", el coronel en retiro Alfonso Plazas, que espera sentencia.
La CVPJ concluyó que "no existe duda" de que los siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, tres visitantes ocasionales y una rebelde del M-19 "fueron víctimas de desaparición forzada".
El Estado "no les ha dado una respuesta eficaz en materia de verdad, justicia y reparación moral" a las familias de estos desaparecidos, afirmó el mismo comité, que denunció que esta parte de la tragedia, como las demás, han tenido como característica la "impunidad rampante".(EFE)
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