CASI OCHO meses ha durado reclamo a la aseguradora para que indemnice por daños al edificio.
El MBS tiene un seguro que no le paga por incendio.
LOS ARGUMENTOS del ministro Alberto Rigaíl se estrellaron con la Superintendencia de Bancos.
El Ministerio de Bienestar Social fue una de las edificaciones que más daños sufrió durante la revuelta del pasado 20 de abril. Y pese a que han transcurrido
ocho meses, aún existen las huellas del incendio, porque la aseguradora se niega a pagar los daños ocasionados por ese flagelo.
El ministro Alberto Rigaíl Arosemena fue posesionado el 26 de abril de este año.
Pero, cuatro días antes, los funcionarios del Ministerio iniciaron los trámites para reclamar a la compañía El Fénix del Ecuador el pago de los valores ocasionados por el siniestro.
El Ministerio reclama una indemnización de $365 220,50, aplicables a la póliza de incendio n.º IN-100228 contratada con la referida aseguradora.
Pero todos los trámites han fallado. En forma sistemática, la compañía se ha negado a pagar con el argumento de que los móviles del incendio del edificio se hallan excluidos de la cobertura, por ejemplo, el derrocamiento de un Gobierno.
La negativa no arredró a Rigail, quien elevó un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Bancos y Seguros. Él y sus asesores creyeron que esa instancia ordenaría el pago. Pero no fue así.
El intendente nacional del sistema de Seguro Privado, Renán Calderón Villacís, resolvió rechazar el reclamo del Ministerio, entre otras cosas, porque no tiene competencia para emitir juicios de valor respecto a las causas del siniestro. Así llegamos al 28 de julio.
Pero el ministro tampoco se conformó con esa respuesta y apeló ante la Junta Bancaria, que tomó a cargo el proceso el pasado 17 de agosto. Desde entonces han transcurrido cerca de cuatro meses, sin que haya un pronunciamiento. En el ínterin, ha habido dos extensiones de plazo: una por 60 días y otra, cuyo término finalizará el 20 de diciembre.
El 9 de septiembre, Alberto Rigaíl pidió ser recibido en comisión general para fundamentar el recurso. Todavía espera la respuesta de la Junta Bancaria. (AA/MAR)
EL COMITÉ ESPECIAL
El 8 de octubre de 2004, el entonces ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas Guatatuca, mediante acuerdo n.º 4332 expidió un reglamento interno para la contratación de seguros del Ministerio de Bienestar Social.
Allí se conformó un comité, integrado por el subsecretario de Fortalecimiento Institucional (Bolívar González), el director de Servicios Institucionales, el asesor jurídico y un asesor productor de seguros. Esta última era la compañía Conseseg, designada previamente (2 de agosto de 2004), mediante acuerdo firmado por González, que en esa fecha era ministro encargado.
Ellos convocaron a un concurso, en el que resultó favorecida la compañía El Fénix del Ecuador.
El contrato se firmó el 24 de diciembre del año anterior y cubre todas las propiedades del Ministerio a escala nacional, avaluadas en $42 270 366.
El documento tiene una vigencia de dos años y empezó a regir el 31 de diciembre de 2004. (AA/MAR)
Ajustador dice que el reclamo no procede
EL INFORME lo emitió la empresa que fue designada por la firma aseguradora. No se aceptó al del Ministerio
El asesor jurídico del Ministerio, Édison Viteri, asegura que, al beneficiario de la póliza, le corresponde designar el ajustador de siniestros.
Por esta razón, el Ministerio encargó al ajustador Francisco Suárez para que elaborara el informe preliminar. Esto ocurrió el 29 de abril de este año.
Alberto Rigail añade que El Fénix aceptó verbalmente esa designación, pero la compañía dice que el nombre fue dado cuando aún no había representante legal del Ministerio .
Sin embargo, días antes (25 de abril) la aseguradora se había anticipado a designar a la compañía Inspesec como ajustadora del siniestro.
Esta empresa habría concluido, en su informe preliminar, que: "El reclamo presentado por el Ministerio de Bienestar Social no está sujeto a indemnización, pues la causa que originó el evento en dicha edificación no goza de cobertura, bajo las condiciones suscritas en las respectivas pólizas".
Con esa base, El Fénix negó el pago. La comunicación de la aseguradora tiene fecha 20 de mayo de 2004. Fue ingresada al Ministerio el 23 de ese mismo mes de 2005. La empresa dice que la equivocación en la fecha es un "error
mecanográfico".
Otro oficio de 14 de junio de 2004 reitera la negativa. Un nuevo "error mecanográfico", según El Fénix, pues debía constar 2005. (AA/MAR)
Súper" evita calificar causas del siniestro
EL INTENDENTE nacional de Seguros afirma no tener competencia para pronunciarse, por eso lo rechaza
El Ministerio ha pedido conocer el informe preliminar de la compañía Inspesec, pero todavía no lo tiene en su poder. "Jamás existió ese documento de los ajustadores", afirma el asesor jurídico, Édison Viteri.
También indica que el intendente nacional del Seguro Privado, Renán Calderón, nunca se preocupó por conocer si en verdad existía el informe.
Pero mediante la resolución n.º SBS-INSP-2005-281, ese funcionario se refiere al contenido del informe de Inspesec, entre los sustentos de su rechazo al reclamo
del Ministerio y su declaratoria de falta de competencia para calificar pruebas y emitir juicios de valor sobre las causas del siniestro.
Reitera que los argumentos planteados por El Fénix, es decir, los fundamentos de su negativa y objeción al siniestro solo pueden ser valorados y reconocidos por
un juez de derecho, porque la entidad de control (Superintendencia de Bancos y Seguros) carece de competencia para eso.
El ministro Rigaíl y su asesor jurídico se muestran sorprendidos. Estiman que a la intendencia de Seguros sí le competía reconocer que el incendio del edificio
se originó por alteración del orden público, como argumenta el Ministerio.
El Fénix concuerda con la resolución del intendente de Seguros. Dice que eso le corresponde determinar a un juez.
BLANCO Y NEGRO intentó conversar con Calderón, pero su secretaria, María Zapater, informó que este se hallaba en reuniones, las tres veces que se lo llamó por teléfono para concretar una cita. (AA/MAR)
BIENESTAR: "EL MÓVIL DEL INCENDIO FUE VANDALISMO"
LA FISCAL DE la Nación, Cecilia Armas, ordenó una indagación previa por los actos en contra de esa dependencia del Estado.
El Ministerio de Bienestar Social reclamó a El Fénix la indemnización de la póliza de incendio.
Alberto Rigaíl indica que los hechos que originaron la reclamación se encuentran contenidos en la póliza de incendio.
Allí, al definir el "objeto asegurado", entre las aclaraciones de los bienes que se hallan cubiertos constan: "Todos los activos, muebles e inmuebles, bajo techo y/o intemperie, propios del giro de la actividad del asegurado, de su propiedad y/o de terceros, por los cuales sea legalmente responsable, tales como pero no
limitados a edificios y sus contenidos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos eléctricos y electrónicos, equipos de taller, combustibles, etc."
Según el Ministerio, el móvil del incendio lo constituyen los actos vandálicos que se produjeron el miércoles 20 de abril de 2005, en contra de esa dependencia estatal.
Al día siguiente, la fiscal de la Nación, Cecilia Armas, dispuso al agente fiscal Miguel Jiménez, que abriera una indagación previa, "a fin de dar con los culpables de tan reprochables acontecimientos".
Por esas consideraciones, Rigaíl sostiene que los actos ocurridos el 20 de abril se enmarcan dentro del ámbito del "alboroto popular", que se halla expresamente reconocido como un evento o hecho amparado y cubierto dentro de la cláusula de "motín y huelga" de la póliza de incendio.
Esa cláusula de rigor (se la incluye en todas las pólizas de incendios) fue aprobada por la Superintendencia de Bancos el 10 de diciembre de 1979, mediante resolución n.º 79-258-S.
En su parte pertinente señala: "cubre además: los daños o pérdidas físicas, incluyendo los causados por incendio, que sufran los bienes asegurados descritos en la póliza, producidos directamente por personas que intervengan en cualquier clase de motín y/o alborotos populares y/o disturbios laborales." (AA/MAR)
El 20 de abril hubo revuelta Popular
EL PAÍS presenció los hechos a través de la TV.
El ex subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, organizó marchas "contraforajidas" para respaldar al ex presidente Lucio Gutiérrez.
La tarde del 19 de abril y la madrugada del 20, llegaron a Quito personas contratadas para participar en las contramarchas. Venían desde Manabí y otras provincias, con la esperanza de cobrar $10 diarios, más alimentación, transporte y alojamiento. Así lo dijeron, en las indagaciones iniciales, varios de los 23 detenidos en el interior del Ministerio, tras la fuga de González y la caída de Gutiérrez.
La mañana del 20, un grupo de "forajidos" rodeó el edificio del Ministerio de Bienestar Social, porque González había concentrado allí a la marcha "contraforajida". Además estaban molestos porque ese funcionario, durante los días previos, había insultado a los ciudadanos de Quito que protestaban en contra del régimen.
Ellos fueron recibidos con disparos, desde el interior del edificio, como lo pudo observar todo el país a través de las imágenes de televisión que transmitían en vivo los hechos. También hubo disparos desde una de las esquinas
de la edificación.
En todo momento la Policía protegió a la gente de González y hubo represión contra los "forajidos". Durante la trifulca se lanzaron cocteles molotov al interior del edificio. Adentro, en el parqueadero, había material inflamable como antorchas, combustible, colchones, pancartas.
Días después, cuando el fiscal de Delitos Contra la Vida Henry Estrada indagaba el caso, uno de los detenidos reconoció haber disparado por dos ocasiones en contra de los "forajidos". (AA/MAR)
El Fénix: "Derrocamiento no se incluye en el seguro"
LA COMPAÑÍA también atribuye el móvil al vandalismo, pero indica que hubo un acto deliberado de causar daño, que no lo ampara la póliza.
La plana mayor de El Fénix explica las razones por las que se niega a pagar al Ministerio.
El abogado de la compañía, José Alvear (ex diputado y desafiliado del PSC), concuerda en que el móvil del incendio es un hecho vandálico, pero sostiene que esta causal está excluida de la póliza contratada por Bienestar Social.
Dice que la compañía reconoce cuando se producen flagelos por causas fortuitas, fuerza mayor o por un descuido asegurado.
Por eso se acoge a las exclusiones de la cláusula de "motín y huelga". Esta señala que no se pagará indemnización por las pérdidas o daños que se produzcan
por: guerra, invasión extranjera y/o revolución.
También excluye del pago cuando un incendio tiene como móvil el que "un bando pretenda el derrocamiento del Gobierno de jure o de facto".
El ministro acude a la misma cláusula para reclamar la indemnización. Su alegato se ciñe a la primera parte que incluye daños provocados por motines, alborotos
populares, huelgas y disturbios.
Alvear señala que, en el caso específico del 20 de abril, se produjeron actos humanos con voluntad de hacer daño. "Los señores que incendiaron, con su reacción popular política, justa o no, es otra cosa, pero hubo un acto deliberado de hacer daño. Eso está excluido de la póliza", enfatiza.
Sostiene que quienes deben pagar son las personas que incendiaron el edificio: "Están identificadas en las fotografías de los periódicos".
Alvear y el gerente, Fausto Malo, dicen que el Ministerio equivocó la forma de reclamar: "Hubo negligencia de sus autoridades", porque debieron haber hecho una inspección judicial, establecer el monto de los daños (indican que no hay un avalúo). Anotan que el problema es jurídico y debe ventilarse ante un juez. (AA/MAR)
La aseguradora indemnizará solo si un juez lo ordena
El ex corredor de autos y ex gobernador de Pichincha (fue nombrado por el ex presidente Abdalá Bucaram), Mauricio Rojas, integra la plana mayor de la compañía de seguros. "Formo parte del Directorio", dijo a BLANCO Y NEGRO.
Los directivos de El Fénix dicen que el Ministerio no hizo un avalúo de los daños. Sin embargo, en la apelación presentada ante la Junta Bancaria, Alberto Rigaíl menciona la suma de $365 220,05.
La compañía sostiene que la Intendencia General de Seguros no tiene competencia para resolver jurídicamente el tema y estima que la Junta Bancaria responderá al Ministerio de igual forma, es decir, rechazará el pedido de Rigaíl para que ordene a El Fénix pagar la indemnización.
Alvear considera que el ministro debe seguir "el sano consejo" de la Intendencia de Seguros que, al declararse incompetente para dilucidar el problema, implícitamente se habría pronunciado porque esto se lo trate en el ámbito de la justicia.
El gerente, Fausto Malo, se queja de que hay una persecución a la compañía para que pague, mientras aún no se instaura una instrucción fiscal en contra de los responsables del incendio y los destrozos (el caso está en indagación). (AA)
PUNTO DE VISTA
Las secuelas de la "dictocracia"
Que ocho meses después de los hechos abominables que se suscitaron en el Ministerio de Bienestar Social (MBS) desde donde las fuerzas del gutierrato, a punta de pistola, intentaban detener a los "forajidos" que querían que se reinstaurara la democracia, aún no hayan sido investigados y sancionados, muestran al país de cuerpo entero. Aquí la impunidad campea.
Pero si esto sucede en el ámbito judicial respecto del comportamiento de funcionarios y de gente contratada con el fin de enfrentar a los manifestantes, lo que pasa con los seguros del MBS es otro tomo de lo mismo.
Sería necio pensar que la empresa de seguros iba a pagar "sin chistar" el costo de los daños ocasionados en actos vandálicos que allí se suscitaron. Lo "normal"
era esperar una reñida controversia, para la cual el MBS tenía que estar preparado.
Pero lo que que nadie podía esperar es que la Intendencia Nacional de Seguros se declarase incompetente para conocer el caso que el Ministerio de Bienestar Social puso en sus manos, como la máxima autoridad.
Pero tampoco esta acción es extraña; es más, en los últimos tiempos acciones como estas han sido comunes en la Superintendencia de Bancos y sus entidades adscritas que se muestran ciegas, sordas y mudas ante hechos ocurridos a la luz pública.
Por eso, la controversia entre Bienestar Social y la compañía El Fénix parece graficar el irrespeto a las leyes y a los convenios, y es una secuela más de la dictocracia. (TFF))(BLANCO Y NEGRO)
El MBS tiene un seguro que no le paga por incendio.
LOS ARGUMENTOS del ministro Alberto Rigaíl se estrellaron con la Superintendencia de Bancos.
El Ministerio de Bienestar Social fue una de las edificaciones que más daños sufrió durante la revuelta del pasado 20 de abril. Y pese a que han transcurrido
ocho meses, aún existen las huellas del incendio, porque la aseguradora se niega a pagar los daños ocasionados por ese flagelo.
El ministro Alberto Rigaíl Arosemena fue posesionado el 26 de abril de este año.
Pero, cuatro días antes, los funcionarios del Ministerio iniciaron los trámites para reclamar a la compañía El Fénix del Ecuador el pago de los valores ocasionados por el siniestro.
El Ministerio reclama una indemnización de $365 220,50, aplicables a la póliza de incendio n.º IN-100228 contratada con la referida aseguradora.
Pero todos los trámites han fallado. En forma sistemática, la compañía se ha negado a pagar con el argumento de que los móviles del incendio del edificio se hallan excluidos de la cobertura, por ejemplo, el derrocamiento de un Gobierno.
La negativa no arredró a Rigail, quien elevó un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Bancos y Seguros. Él y sus asesores creyeron que esa instancia ordenaría el pago. Pero no fue así.
El intendente nacional del sistema de Seguro Privado, Renán Calderón Villacís, resolvió rechazar el reclamo del Ministerio, entre otras cosas, porque no tiene competencia para emitir juicios de valor respecto a las causas del siniestro. Así llegamos al 28 de julio.
Pero el ministro tampoco se conformó con esa respuesta y apeló ante la Junta Bancaria, que tomó a cargo el proceso el pasado 17 de agosto. Desde entonces han transcurrido cerca de cuatro meses, sin que haya un pronunciamiento. En el ínterin, ha habido dos extensiones de plazo: una por 60 días y otra, cuyo término finalizará el 20 de diciembre.
El 9 de septiembre, Alberto Rigaíl pidió ser recibido en comisión general para fundamentar el recurso. Todavía espera la respuesta de la Junta Bancaria. (AA/MAR)
EL COMITÉ ESPECIAL
El 8 de octubre de 2004, el entonces ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas Guatatuca, mediante acuerdo n.º 4332 expidió un reglamento interno para la contratación de seguros del Ministerio de Bienestar Social.
Allí se conformó un comité, integrado por el subsecretario de Fortalecimiento Institucional (Bolívar González), el director de Servicios Institucionales, el asesor jurídico y un asesor productor de seguros. Esta última era la compañía Conseseg, designada previamente (2 de agosto de 2004), mediante acuerdo firmado por González, que en esa fecha era ministro encargado.
Ellos convocaron a un concurso, en el que resultó favorecida la compañía El Fénix del Ecuador.
El contrato se firmó el 24 de diciembre del año anterior y cubre todas las propiedades del Ministerio a escala nacional, avaluadas en $42 270 366.
El documento tiene una vigencia de dos años y empezó a regir el 31 de diciembre de 2004. (AA/MAR)
Ajustador dice que el reclamo no procede
EL INFORME lo emitió la empresa que fue designada por la firma aseguradora. No se aceptó al del Ministerio
El asesor jurídico del Ministerio, Édison Viteri, asegura que, al beneficiario de la póliza, le corresponde designar el ajustador de siniestros.
Por esta razón, el Ministerio encargó al ajustador Francisco Suárez para que elaborara el informe preliminar. Esto ocurrió el 29 de abril de este año.
Alberto Rigail añade que El Fénix aceptó verbalmente esa designación, pero la compañía dice que el nombre fue dado cuando aún no había representante legal del Ministerio .
Sin embargo, días antes (25 de abril) la aseguradora se había anticipado a designar a la compañía Inspesec como ajustadora del siniestro.
Esta empresa habría concluido, en su informe preliminar, que: "El reclamo presentado por el Ministerio de Bienestar Social no está sujeto a indemnización, pues la causa que originó el evento en dicha edificación no goza de cobertura, bajo las condiciones suscritas en las respectivas pólizas".
Con esa base, El Fénix negó el pago. La comunicación de la aseguradora tiene fecha 20 de mayo de 2004. Fue ingresada al Ministerio el 23 de ese mismo mes de 2005. La empresa dice que la equivocación en la fecha es un "error
mecanográfico".
Otro oficio de 14 de junio de 2004 reitera la negativa. Un nuevo "error mecanográfico", según El Fénix, pues debía constar 2005. (AA/MAR)
Súper" evita calificar causas del siniestro
EL INTENDENTE nacional de Seguros afirma no tener competencia para pronunciarse, por eso lo rechaza
El Ministerio ha pedido conocer el informe preliminar de la compañía Inspesec, pero todavía no lo tiene en su poder. "Jamás existió ese documento de los ajustadores", afirma el asesor jurídico, Édison Viteri.
También indica que el intendente nacional del Seguro Privado, Renán Calderón, nunca se preocupó por conocer si en verdad existía el informe.
Pero mediante la resolución n.º SBS-INSP-2005-281, ese funcionario se refiere al contenido del informe de Inspesec, entre los sustentos de su rechazo al reclamo
del Ministerio y su declaratoria de falta de competencia para calificar pruebas y emitir juicios de valor sobre las causas del siniestro.
Reitera que los argumentos planteados por El Fénix, es decir, los fundamentos de su negativa y objeción al siniestro solo pueden ser valorados y reconocidos por
un juez de derecho, porque la entidad de control (Superintendencia de Bancos y Seguros) carece de competencia para eso.
El ministro Rigaíl y su asesor jurídico se muestran sorprendidos. Estiman que a la intendencia de Seguros sí le competía reconocer que el incendio del edificio
se originó por alteración del orden público, como argumenta el Ministerio.
El Fénix concuerda con la resolución del intendente de Seguros. Dice que eso le corresponde determinar a un juez.
BLANCO Y NEGRO intentó conversar con Calderón, pero su secretaria, María Zapater, informó que este se hallaba en reuniones, las tres veces que se lo llamó por teléfono para concretar una cita. (AA/MAR)
BIENESTAR: "EL MÓVIL DEL INCENDIO FUE VANDALISMO"
LA FISCAL DE la Nación, Cecilia Armas, ordenó una indagación previa por los actos en contra de esa dependencia del Estado.
El Ministerio de Bienestar Social reclamó a El Fénix la indemnización de la póliza de incendio.
Alberto Rigaíl indica que los hechos que originaron la reclamación se encuentran contenidos en la póliza de incendio.
Allí, al definir el "objeto asegurado", entre las aclaraciones de los bienes que se hallan cubiertos constan: "Todos los activos, muebles e inmuebles, bajo techo y/o intemperie, propios del giro de la actividad del asegurado, de su propiedad y/o de terceros, por los cuales sea legalmente responsable, tales como pero no
limitados a edificios y sus contenidos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos eléctricos y electrónicos, equipos de taller, combustibles, etc."
Según el Ministerio, el móvil del incendio lo constituyen los actos vandálicos que se produjeron el miércoles 20 de abril de 2005, en contra de esa dependencia estatal.
Al día siguiente, la fiscal de la Nación, Cecilia Armas, dispuso al agente fiscal Miguel Jiménez, que abriera una indagación previa, "a fin de dar con los culpables de tan reprochables acontecimientos".
Por esas consideraciones, Rigaíl sostiene que los actos ocurridos el 20 de abril se enmarcan dentro del ámbito del "alboroto popular", que se halla expresamente reconocido como un evento o hecho amparado y cubierto dentro de la cláusula de "motín y huelga" de la póliza de incendio.
Esa cláusula de rigor (se la incluye en todas las pólizas de incendios) fue aprobada por la Superintendencia de Bancos el 10 de diciembre de 1979, mediante resolución n.º 79-258-S.
En su parte pertinente señala: "cubre además: los daños o pérdidas físicas, incluyendo los causados por incendio, que sufran los bienes asegurados descritos en la póliza, producidos directamente por personas que intervengan en cualquier clase de motín y/o alborotos populares y/o disturbios laborales." (AA/MAR)
El 20 de abril hubo revuelta Popular
EL PAÍS presenció los hechos a través de la TV.
El ex subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, organizó marchas "contraforajidas" para respaldar al ex presidente Lucio Gutiérrez.
La tarde del 19 de abril y la madrugada del 20, llegaron a Quito personas contratadas para participar en las contramarchas. Venían desde Manabí y otras provincias, con la esperanza de cobrar $10 diarios, más alimentación, transporte y alojamiento. Así lo dijeron, en las indagaciones iniciales, varios de los 23 detenidos en el interior del Ministerio, tras la fuga de González y la caída de Gutiérrez.
La mañana del 20, un grupo de "forajidos" rodeó el edificio del Ministerio de Bienestar Social, porque González había concentrado allí a la marcha "contraforajida". Además estaban molestos porque ese funcionario, durante los días previos, había insultado a los ciudadanos de Quito que protestaban en contra del régimen.
Ellos fueron recibidos con disparos, desde el interior del edificio, como lo pudo observar todo el país a través de las imágenes de televisión que transmitían en vivo los hechos. También hubo disparos desde una de las esquinas
de la edificación.
En todo momento la Policía protegió a la gente de González y hubo represión contra los "forajidos". Durante la trifulca se lanzaron cocteles molotov al interior del edificio. Adentro, en el parqueadero, había material inflamable como antorchas, combustible, colchones, pancartas.
Días después, cuando el fiscal de Delitos Contra la Vida Henry Estrada indagaba el caso, uno de los detenidos reconoció haber disparado por dos ocasiones en contra de los "forajidos". (AA/MAR)
El Fénix: "Derrocamiento no se incluye en el seguro"
LA COMPAÑÍA también atribuye el móvil al vandalismo, pero indica que hubo un acto deliberado de causar daño, que no lo ampara la póliza.
La plana mayor de El Fénix explica las razones por las que se niega a pagar al Ministerio.
El abogado de la compañía, José Alvear (ex diputado y desafiliado del PSC), concuerda en que el móvil del incendio es un hecho vandálico, pero sostiene que esta causal está excluida de la póliza contratada por Bienestar Social.
Dice que la compañía reconoce cuando se producen flagelos por causas fortuitas, fuerza mayor o por un descuido asegurado.
Por eso se acoge a las exclusiones de la cláusula de "motín y huelga". Esta señala que no se pagará indemnización por las pérdidas o daños que se produzcan
por: guerra, invasión extranjera y/o revolución.
También excluye del pago cuando un incendio tiene como móvil el que "un bando pretenda el derrocamiento del Gobierno de jure o de facto".
El ministro acude a la misma cláusula para reclamar la indemnización. Su alegato se ciñe a la primera parte que incluye daños provocados por motines, alborotos
populares, huelgas y disturbios.
Alvear señala que, en el caso específico del 20 de abril, se produjeron actos humanos con voluntad de hacer daño. "Los señores que incendiaron, con su reacción popular política, justa o no, es otra cosa, pero hubo un acto deliberado de hacer daño. Eso está excluido de la póliza", enfatiza.
Sostiene que quienes deben pagar son las personas que incendiaron el edificio: "Están identificadas en las fotografías de los periódicos".
Alvear y el gerente, Fausto Malo, dicen que el Ministerio equivocó la forma de reclamar: "Hubo negligencia de sus autoridades", porque debieron haber hecho una inspección judicial, establecer el monto de los daños (indican que no hay un avalúo). Anotan que el problema es jurídico y debe ventilarse ante un juez. (AA/MAR)
La aseguradora indemnizará solo si un juez lo ordena
El ex corredor de autos y ex gobernador de Pichincha (fue nombrado por el ex presidente Abdalá Bucaram), Mauricio Rojas, integra la plana mayor de la compañía de seguros. "Formo parte del Directorio", dijo a BLANCO Y NEGRO.
Los directivos de El Fénix dicen que el Ministerio no hizo un avalúo de los daños. Sin embargo, en la apelación presentada ante la Junta Bancaria, Alberto Rigaíl menciona la suma de $365 220,05.
La compañía sostiene que la Intendencia General de Seguros no tiene competencia para resolver jurídicamente el tema y estima que la Junta Bancaria responderá al Ministerio de igual forma, es decir, rechazará el pedido de Rigaíl para que ordene a El Fénix pagar la indemnización.
Alvear considera que el ministro debe seguir "el sano consejo" de la Intendencia de Seguros que, al declararse incompetente para dilucidar el problema, implícitamente se habría pronunciado porque esto se lo trate en el ámbito de la justicia.
El gerente, Fausto Malo, se queja de que hay una persecución a la compañía para que pague, mientras aún no se instaura una instrucción fiscal en contra de los responsables del incendio y los destrozos (el caso está en indagación). (AA)
PUNTO DE VISTA
Las secuelas de la "dictocracia"
Que ocho meses después de los hechos abominables que se suscitaron en el Ministerio de Bienestar Social (MBS) desde donde las fuerzas del gutierrato, a punta de pistola, intentaban detener a los "forajidos" que querían que se reinstaurara la democracia, aún no hayan sido investigados y sancionados, muestran al país de cuerpo entero. Aquí la impunidad campea.
Pero si esto sucede en el ámbito judicial respecto del comportamiento de funcionarios y de gente contratada con el fin de enfrentar a los manifestantes, lo que pasa con los seguros del MBS es otro tomo de lo mismo.
Sería necio pensar que la empresa de seguros iba a pagar "sin chistar" el costo de los daños ocasionados en actos vandálicos que allí se suscitaron. Lo "normal"
era esperar una reñida controversia, para la cual el MBS tenía que estar preparado.
Pero lo que que nadie podía esperar es que la Intendencia Nacional de Seguros se declarase incompetente para conocer el caso que el Ministerio de Bienestar Social puso en sus manos, como la máxima autoridad.
Pero tampoco esta acción es extraña; es más, en los últimos tiempos acciones como estas han sido comunes en la Superintendencia de Bancos y sus entidades adscritas que se muestran ciegas, sordas y mudas ante hechos ocurridos a la luz pública.
Por eso, la controversia entre Bienestar Social y la compañía El Fénix parece graficar el irrespeto a las leyes y a los convenios, y es una secuela más de la dictocracia. (TFF))(BLANCO Y NEGRO)
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