Centros de mediación llegan a la frontera


Publicado el 25/Mayo/2010 | 00:03

Por iniciativa de la Procuraduría y con apoyo de la OEA se incrementaron a 10 los centros de mediación en el país


En el país, existen actualmente 10 centros de mediación que han sido creados por la Procuraduría General del Estado. Los tres últimos cuentan con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pueden solucionar líos entre particulares, individuos con instituciones del Estado o entre entidades gubernamentales.

Esto fue ratificado por el jefe de Misión de ese organismo en el Ecuador, Antonio Aranibar, quien aclaró que la propuesta fue aprobada por la OEA en noviembre de 2008 y ejecutada en 2009, y tuvo un presupuesto de $250 mil. Los centros de mediación están en Esmeraldas, Tulcán y Lago Agrio.

Aranibar dijo que esta medida es una respuesta al pedido de la misión de buenos oficios del Ecuador y Colombia como una forma de "fortalecer la presencia de Estado en la solución de conflictos sociales en la frontera".

El proyecto fue inaugurado en las tres ciudades limítrofes con Colombia el pasado mes de abril, con la presencia de funcionarios de la Procuraduría y la OEA.

La intención de haber creado los centros de mediación social -según consta en la página web de la Procuraduría- es "implementar una nueva alternativa de solución de conflictos que, en forma amistosa, rápida y efectiva, genere acuerdos entre las partes inmersas en un conflicto", con esto se evitaría iniciar procesos judiciales.

Aranibar precisó que se busca hacer justicia a las personas más excluidas de la sociedad. "Esta es una forma alternativa a los juicios", dijo.

El jefe de la Misión comentó que la OEA está empeñada en desarrollar el "programa interamericano de facilitadores judiciales", para dotar a los centros de mediación del elemento humano profesional para desarrollar nuevas tareas. "Se han dado cursos de mediadores en tres niveles", comentó el comisionado.

En las tres ciudades se han convocado a personas de las instituciones públicas y privadas como voluntarias para capacitarlas y para que contribuyan al funcionamiento de los centros. Estos tienen una persona responsable, que es un abogado, designado por el procurador general, Diego García.

Los centros, según datos de la institución estatal, han incrementado el número de casos atendidos en esta administración, de 70 antes a 800, y van desde violencia intrafamiliar hasta divorcios. (MP)

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