Quito. 18 may 99. La Asociación de Bancos Privados (ABPE) recibió
con cautela el anuncio de la Corporación Financiera Nacional
(CFN), en el sentido de hacer cumplir la Ley de Reordenamiento
en materia económica en el área tributaria-financiera,
concretamente en lo relacionado al plan de reestructuración de
deudas.
Banqueros de la localidad en cambio fueron más radicales y
expresaron su inconformidad con la postura de la CFN.
Rafael Cuesta Alvarez, presidente del directorio del organismo,
indicó el viernes 14 de mayo que luego de una consulta realizada
al Procurador, quien determinó que la ley es mandatoria, los
clientes de las entidades bancarias que cumplan todos los
requisitos para la reestructuración y que hayan recibido
negativas de los bancos, podrán apelar a la CFN para que les
refinancien sus deudas.
Carlos Larreátegui, presidente ejecutivo de la ABPE, confirmó
haber recibido de manos del secretario de la CFN, Julio Maya, una
comunicación con el dictamen del Procurador, pero prefirió no
realizar comentarios antes de mantener un diálogo con los
directivos de la entidad.
"Queremos exponerles nuestros puntos de vista y como hoy sabemos
que se reúne el directorio, hemos pedido que nos reciban",
explicó.
Sin embargo, el directivo se mantuvo en que el plan de
reestructuración, tal como está establecido en la ley, "es
impracticable, lo que inclusive han reconocido los sectores
productivos, con quienes tuvimos una reunión y empezamos a
trabajar con el fin de crear un esquema viable".
Lamentó que a esta idea para la que inclusive se conformó una
comisión integrada por Francisco Swett, Marcelo Merlo y Luis
Fernando Guerrero, le hayan sobrevenido algunos contratiempos,
que detuvieron la marcha para crear un nuevo esquema.
Banqueros opuestos
Banqueros consultados no están de acuerdo con que se los obligue
a cumplir con este esquema, que no les garantiza liquidez ante
la negativa del Banco Central de recibir los BRE (Bonos de
Reactivación Económica) que los bancos reciben a cambio de
cartera reestructurada.
"Yo no creo que puede existir alguna ley que obligue a la gente
a perder plata", precisó Roberto Goldbaum, presidente ejecutivo
del Banco Territorial y agregó: "Si ese es el objetivo, tendrán
que cambiar la ley y debe haber un poco de cordura y sensatez
para hacerlo", indicó.
En tanto, el presidente del directorio de Solbanco, Iván Castro,
indicó que la ley ya establece la posibilidad del deudor, si es
que cumplía con todos los requisitos, de apelar ante la CFN en
caso que el banco considere que la deuda no podía refinanciarse.
"Eso es lo que está vigente", enfatizó el directivo al añadir que
tal como está redactada la ley, es facultad del banco acreedor
refinanciar la deuda o no.
Al directivo no le preocupa algún tipo de presión de la CFN para
obligar a la reestructuración, tales como negar nuevos
redescuentos a favor de la institución, porque ya desde octubre
de 1998 "no hemos recibido un solo centavo de redescuento de la
CFN", dijo.
Explicó que luego de la reapertura del banco existía el
compromiso de la CFN de entregar entre octubre y diciembre de
1998 un total de 55.000 millones de sucres en recursos frescos,
oferta que nunca se cumplió.
Deudas crecen pese a pago de intereses
Ayer los departamentos de crédito de varios bancos empezaron a
llamar a los clientes que mantienen obligaciones pendientes con
el fin de proponerles sus propios planes de refinanciamiento,
aunque no tan convenientes para los deudores.
Esa reacción es consecuencia del pronunciamiento de la
Corporación Financiera Nacional (CFN) en el sentido de hacer
cumplir la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área
tributario-financiera, concretamente en lo relacionado con el
plan de reestructuración de deudas,
Francisco (nombre ficticio) es constructor y en agosto de 1995
consiguió un crédito por 500 millones de sucres a un plazo de
cinco años. El préstamo se lo dieron en cédulas hipotecarias y
para hacerlo efectivo el banco se las compró con un castigo del
25%, por lo que el monto recibido solo fue de 375 millones de
sucres.
Hoy, aproximadamente después de cuatro años, pese a haber
realizado abonos a su deuda, esta ha crecido hasta los 2.400
millones de sucres.
Francisco estaba interesado en acogerse al plan de
reestructuración de la CFN que le brinda la posibilidad de cubrir
el monto pendiente en un plazo de ocho años y dos de gracia,
además de cambiarla a dólares, por la alta tasa de interés que
está pagando en sucres y que bordea el 80%.
No obstante, si bien el banco aceptó convertir la obligación a
dólares, a Francisco solo le ofrece un refinanciamiento, para
extender el plazo para el pago a seis meses y a una tasa de
interés del 16%, es decir cinco puntos superior a la que le
otorgaría la reestructuración de la CFN.
"Desde el inicio me trataron como si estuviera haciendo negocios
con un chulquero y no con un banco y ahora que me habían ofrecido
conociendo plenamente mi caso y que habían tomado conciencia de
acogerme a la permuta (plan de la CFN) me la niegan", manifestó.
Para Francisco el plan alternativo que le ofrecen lo que hace es
"prolongar mi agonía, porque si después de seis meses no puedo
pagar me embargan la casa, el patrimonio de mi familia", explicó.
Reprogramar por decretos ejecutivos
La reprogramación de créditos de acuerdo al decreto ejecutivo Nº
685, mediante el cual se congelaron los depósitos y
adicionalmente se brindó la posibilidad a los deudores de
extender un año el plazo para el pago de sus deudas, fue
modificada con el decreto Nº 770, que redujo este lapso a solo
seis meses.
La condición para acogerse a este esquema es pagar puntualmente
los intereses y pagar el 40% del capital en los plazos pactados
inicialmente.
Es que con la modificación del esquema "la reprogramación deberá
hacerse únicamente por el equivalente al 60% de la parte del
capital de cada uno de los créditos", según indica el nuevo
decreto.
Pese a que las tasas para la reprogramación de los pasivos
(intereses que pagan por los depósitos) de los bancos fueron
modificadas, aquellos intereses que deben cobrar por los activos
reprogramados (créditos que otorgan) no han variado.
La tasa para pagar los créditos en los cuales se extendió el
plazo es del 52% en sucres y el 14% en dólares.
Debido a que al principio el refinanciamiento involucraba a la
totalidad del capital, los cambios acarrearon algunos
contratiempos en los sistemas informáticos de la banca.
Hasta el 12 de agosto deben pagarse créditos vinculados
QUITO.- Desde el jueves 13 de mayo corre el plazo de 90 días para
que los bancos que mantengan créditos vinculados, en porcentajes
mayores a los previstos por la ley, recuperen esos préstamos. La
Ley de Reforma a las Instituciones Financieras rige desde ese
día, cuando se publicó en el Registro Oficial 190, con el número
9926.
La primera disposición transitoria de la ley reformatoria
establece un plazo de 90 días para que se pague el exceso de los
créditos vinculados. Este plazo vence el jueves 12 de agosto.
El plazo de 90 días rige para aquellos créditos aprobados bajo
el régimen jurídico anterior, que permitía a los bancos prestar
lo equivalente al 30% de su patrimonio técnico a grupos
vinculados. En el caso de contar con garantías suficientes, la
ley permitía créditos por hasta el 60% del patrimonio técnico.
Sanciones
La Ley de Reforma a las Instituciones Financieras, en cambio,
elimina los créditos vinculados, aduciendo que esta es una de las
causas de la crisis bancaria.
"Se prohíbe financiar parcial o totalmente las operaciones de
crédito vinculadas", dice expresamente esta disposición.
Según el artículo 257 de la nueva ley, serán reprimidas con
reclusión de cuatro a ocho años las personas que actuaren
dolosamente en la obtención o concesión de créditos vinculados,
relacionados o intercompañías.
La cartera de créditos vinculados es estudiada por las firmas que
realizan la auditoría a 31 bancos del sistema, con el fin de
determinar la situación de los activos en riesgo. (Texto tomado
de El Universo)
con cautela el anuncio de la Corporación Financiera Nacional
(CFN), en el sentido de hacer cumplir la Ley de Reordenamiento
en materia económica en el área tributaria-financiera,
concretamente en lo relacionado al plan de reestructuración de
deudas.
Banqueros de la localidad en cambio fueron más radicales y
expresaron su inconformidad con la postura de la CFN.
Rafael Cuesta Alvarez, presidente del directorio del organismo,
indicó el viernes 14 de mayo que luego de una consulta realizada
al Procurador, quien determinó que la ley es mandatoria, los
clientes de las entidades bancarias que cumplan todos los
requisitos para la reestructuración y que hayan recibido
negativas de los bancos, podrán apelar a la CFN para que les
refinancien sus deudas.
Carlos Larreátegui, presidente ejecutivo de la ABPE, confirmó
haber recibido de manos del secretario de la CFN, Julio Maya, una
comunicación con el dictamen del Procurador, pero prefirió no
realizar comentarios antes de mantener un diálogo con los
directivos de la entidad.
"Queremos exponerles nuestros puntos de vista y como hoy sabemos
que se reúne el directorio, hemos pedido que nos reciban",
explicó.
Sin embargo, el directivo se mantuvo en que el plan de
reestructuración, tal como está establecido en la ley, "es
impracticable, lo que inclusive han reconocido los sectores
productivos, con quienes tuvimos una reunión y empezamos a
trabajar con el fin de crear un esquema viable".
Lamentó que a esta idea para la que inclusive se conformó una
comisión integrada por Francisco Swett, Marcelo Merlo y Luis
Fernando Guerrero, le hayan sobrevenido algunos contratiempos,
que detuvieron la marcha para crear un nuevo esquema.
Banqueros opuestos
Banqueros consultados no están de acuerdo con que se los obligue
a cumplir con este esquema, que no les garantiza liquidez ante
la negativa del Banco Central de recibir los BRE (Bonos de
Reactivación Económica) que los bancos reciben a cambio de
cartera reestructurada.
"Yo no creo que puede existir alguna ley que obligue a la gente
a perder plata", precisó Roberto Goldbaum, presidente ejecutivo
del Banco Territorial y agregó: "Si ese es el objetivo, tendrán
que cambiar la ley y debe haber un poco de cordura y sensatez
para hacerlo", indicó.
En tanto, el presidente del directorio de Solbanco, Iván Castro,
indicó que la ley ya establece la posibilidad del deudor, si es
que cumplía con todos los requisitos, de apelar ante la CFN en
caso que el banco considere que la deuda no podía refinanciarse.
"Eso es lo que está vigente", enfatizó el directivo al añadir que
tal como está redactada la ley, es facultad del banco acreedor
refinanciar la deuda o no.
Al directivo no le preocupa algún tipo de presión de la CFN para
obligar a la reestructuración, tales como negar nuevos
redescuentos a favor de la institución, porque ya desde octubre
de 1998 "no hemos recibido un solo centavo de redescuento de la
CFN", dijo.
Explicó que luego de la reapertura del banco existía el
compromiso de la CFN de entregar entre octubre y diciembre de
1998 un total de 55.000 millones de sucres en recursos frescos,
oferta que nunca se cumplió.
Deudas crecen pese a pago de intereses
Ayer los departamentos de crédito de varios bancos empezaron a
llamar a los clientes que mantienen obligaciones pendientes con
el fin de proponerles sus propios planes de refinanciamiento,
aunque no tan convenientes para los deudores.
Esa reacción es consecuencia del pronunciamiento de la
Corporación Financiera Nacional (CFN) en el sentido de hacer
cumplir la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área
tributario-financiera, concretamente en lo relacionado con el
plan de reestructuración de deudas,
Francisco (nombre ficticio) es constructor y en agosto de 1995
consiguió un crédito por 500 millones de sucres a un plazo de
cinco años. El préstamo se lo dieron en cédulas hipotecarias y
para hacerlo efectivo el banco se las compró con un castigo del
25%, por lo que el monto recibido solo fue de 375 millones de
sucres.
Hoy, aproximadamente después de cuatro años, pese a haber
realizado abonos a su deuda, esta ha crecido hasta los 2.400
millones de sucres.
Francisco estaba interesado en acogerse al plan de
reestructuración de la CFN que le brinda la posibilidad de cubrir
el monto pendiente en un plazo de ocho años y dos de gracia,
además de cambiarla a dólares, por la alta tasa de interés que
está pagando en sucres y que bordea el 80%.
No obstante, si bien el banco aceptó convertir la obligación a
dólares, a Francisco solo le ofrece un refinanciamiento, para
extender el plazo para el pago a seis meses y a una tasa de
interés del 16%, es decir cinco puntos superior a la que le
otorgaría la reestructuración de la CFN.
"Desde el inicio me trataron como si estuviera haciendo negocios
con un chulquero y no con un banco y ahora que me habían ofrecido
conociendo plenamente mi caso y que habían tomado conciencia de
acogerme a la permuta (plan de la CFN) me la niegan", manifestó.
Para Francisco el plan alternativo que le ofrecen lo que hace es
"prolongar mi agonía, porque si después de seis meses no puedo
pagar me embargan la casa, el patrimonio de mi familia", explicó.
Reprogramar por decretos ejecutivos
La reprogramación de créditos de acuerdo al decreto ejecutivo Nº
685, mediante el cual se congelaron los depósitos y
adicionalmente se brindó la posibilidad a los deudores de
extender un año el plazo para el pago de sus deudas, fue
modificada con el decreto Nº 770, que redujo este lapso a solo
seis meses.
La condición para acogerse a este esquema es pagar puntualmente
los intereses y pagar el 40% del capital en los plazos pactados
inicialmente.
Es que con la modificación del esquema "la reprogramación deberá
hacerse únicamente por el equivalente al 60% de la parte del
capital de cada uno de los créditos", según indica el nuevo
decreto.
Pese a que las tasas para la reprogramación de los pasivos
(intereses que pagan por los depósitos) de los bancos fueron
modificadas, aquellos intereses que deben cobrar por los activos
reprogramados (créditos que otorgan) no han variado.
La tasa para pagar los créditos en los cuales se extendió el
plazo es del 52% en sucres y el 14% en dólares.
Debido a que al principio el refinanciamiento involucraba a la
totalidad del capital, los cambios acarrearon algunos
contratiempos en los sistemas informáticos de la banca.
Hasta el 12 de agosto deben pagarse créditos vinculados
QUITO.- Desde el jueves 13 de mayo corre el plazo de 90 días para
que los bancos que mantengan créditos vinculados, en porcentajes
mayores a los previstos por la ley, recuperen esos préstamos. La
Ley de Reforma a las Instituciones Financieras rige desde ese
día, cuando se publicó en el Registro Oficial 190, con el número
9926.
La primera disposición transitoria de la ley reformatoria
establece un plazo de 90 días para que se pague el exceso de los
créditos vinculados. Este plazo vence el jueves 12 de agosto.
El plazo de 90 días rige para aquellos créditos aprobados bajo
el régimen jurídico anterior, que permitía a los bancos prestar
lo equivalente al 30% de su patrimonio técnico a grupos
vinculados. En el caso de contar con garantías suficientes, la
ley permitía créditos por hasta el 60% del patrimonio técnico.
Sanciones
La Ley de Reforma a las Instituciones Financieras, en cambio,
elimina los créditos vinculados, aduciendo que esta es una de las
causas de la crisis bancaria.
"Se prohíbe financiar parcial o totalmente las operaciones de
crédito vinculadas", dice expresamente esta disposición.
Según el artículo 257 de la nueva ley, serán reprimidas con
reclusión de cuatro a ocho años las personas que actuaren
dolosamente en la obtención o concesión de créditos vinculados,
relacionados o intercompañías.
La cartera de créditos vinculados es estudiada por las firmas que
realizan la auditoría a 31 bancos del sistema, con el fin de
determinar la situación de los activos en riesgo. (Texto tomado
de El Universo)
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