Guayaquil. 26 jun 2000. Los ingresos y egresos requieren de una
urgente reestructuración y revisión

Los tributos no solo sirven para financiar las actividades del
Estado, sino que representan instrumentos para estimular o
desestimular el gasto privado y el crecimiento económico,
afectando la estructura de ingresos y riqueza de un país, de
diferentes maneras.

El manejo de los tributos y el gasto público en el contexto
anterior, producen un déficit que se financia de diferentes
maneras. Una es vía endeudamiento público interno o externo, o,
mediante el acomodo de la política monetaria a las necesidades del
Gobierno Nacional. En ese último caso, las autoridades fiscales
obligan a que las monetarias incurran en la necesidad de
esterilizar la monetización del déficit fiscal a fin de evitar una
inestabilidad financiera perjudicial al crecimiento sostenido de
la economía.

Si los mercados del dinero y de capitales son líquidos y fluidos,
un déficit fiscal razonable podrá ser financiado sin efectos
importantes para la estabilidad y el crecimiento económico.

El esquema anterior es un resumen simplificado de lo que solía
practicar como política fiscal en el país. Algunas personas creen
que hay que utilizar la misma receta para salir de la crisis en
que nos encontramos. ¿Será posible ello?. ¿Cuáles son las
circunstancias actuales del país y qué limitaciones tiene la
política fiscal para actuar?.

El ingreso por habitante, que en 1998 era de US 1.621, se ha
derrumbado a 915 dólares. De inflaciones relativamente bajas (20 a
25%), estamos casi en tres dígitos. De remuneraciones mínimas de
$140 al mes, estamos en menos de $100. En menos de dos años, el
sucre perdió su valor frente al dólar americano en cinco veces. El
comercio exterior se ha reducido en un 38% frente al monto
registrado en 1998. El crecimiento económico es casi nulo. A esto
hay que agregar la situación de desempleo y pobreza existente en
el país.

La situación descrita se presenta hoy todavía con una desconfianza
generalizada de los mercados, internos y externos. No existe
credibilidad con relación a la solidez de las instituciones ni en
las políticas de modernización y estabilización.

En todo este contexto, la política fiscal ortodoxa no puede
rescatar a la economía de la depresión económica en que se
encuentra. No es posible practicar medidas fiscales tendientes a
déficit crecientes debido a una serie de razones.

Una de ellas, es que el nuevo esquema monetario - la dolarización
- prohibe al Banco Central emitir dinero y prestar recursos al
régimen. Otra, que los mercados de dinero y de capital no desean
comprar bonos o instrumentos de deuda del Estado. Además, debido
al congelamiento de los depósitos y el no pago de la deuda se ha
generado desconfianza en el país.

El nuevo rumbo fiscal

Pero, ¿cómo puede hoy la política fiscal contribuir a la
estabilidad y a la expansión económica del país? ¿Qué espacios
hay, en las circunstancias actuales, para su aplicación?.

Primero, hay que tener presente la necesidad de restaurar la
confianza en los mercados el país y en sus posibilidades futuras.
El Ecuador sí tiene salida.

La política fiscal debe perseguir como objetivo principal, el
llegar a una posición de equilibrio. El déficit debe ser abatido
al finalizar el año 2002 a través de una reforma fiscal que
involucre a todas las actividades del Estado, incluyendo la
modernización y la privatización de ciertas empresas estatales.
Los mercados perciben esto como un requisito para la restauración
de la confianza.

Las inversiones estatales deben reorientarse a obras de
infraestructura vial y las de gran magnitud como las autopistas,
aeropuertos, nuevas refinerías, oleoductos y centrales
hidroeléctricas deben ser concesionadas y estar sujetas a una
estricta regulación.

En materia de endeudamiento público, la reestructuración de la
deuda externa es más urgente que nunca. El país y el Gobierno
están sobre endeudados. El total del obligaciones financieras con
las instituciones foráneas asciende a $14.000 millones de dólares,
es decir, 121% del Producto Interno Bruto (PIB), y el 300% de las
exportaciones ecuatorianas.

Aún más, hay que añadir que el monto de la deuda pública interna,
que bordea los $3.000 millones de dólares y la externa privada,
que alcanza los $2.500 millones.

La política fiscal hace indispensable que se establezca un fondo
de estabilización, que realmente funcione como tal. Todo excedente
superior al precios de $15 dólares por barril de petróleo debe
canalizarse a esa reserva.

En resumen, todas estas acciones deben estar concebidas en un
programa de desarrollo de tres años.

Guías para una reforma efectiva

La reforma tributaria debe ocuparse tanto de los tributos
nacionales como los de nivel municipal. Además, se requiere
simplificar más la estructura tributaria del país. Es urgente
eliminar una serie de impuestos de poca recaudación, ampliando aún
más la base de contribuyentes y eliminando una serie de exenciones
y deducciones que tienen las leyes tributarias.

Se requiere eliminar el ICC por los efectos nocivos que ha tenido
y tiene sobre la desintermediación financiera y el crecimiento
económico. Es necesario también elevar el IVA, tanto para
compensar la medida anterior, cuanto porque técnicamente es
superior.

Frente a la situación crítica es necesario reducir el impuesto a
la renta. Se propone eliminar la progresividad de los tributos y
establecer una tasa única del 15% para las empresas y del 10% para
las personas naturales, sin exoneraciones, reducciones, rebajas de
ninguna naturaleza.

La carga sobre las operaciones crediticias debe ser eliminado, con
el fin de reducir el costo efectivo del dinero

El precio de los derivados del petróleo debe estar sujeto a una
revisión y alcanzar los siguientes niveles: gasolina extra, $1.20
el galón; gasolina súper, $1.50; diesel, $0.80. El gas doméstico
puede alcanzar un nivel de $4.00 el cilindro de 15 kilos.

Las tasas arancelarias tienen que ubicarse acorde con los
compromisos establecidos con la comunidad andina, OMC y con los
objetivos de la política anti inflacionaria.

En lo que concierne a municipios, éstos deben gozar de un mayor
margen de autonomía financiera y reducir las tasas prediales, pero
aumentando la base. Es vital una revisión del avalúo catastral de
tal manera que refleje el valor real de los bienes raíces.

Respecto al gasto público, es necesario establecer, por ley, un
techo de 30% del PIB. Así, el Estado ecuatoriano solo podrá
expandir su gasto a medida que crece la economía. (Texto tomado de
El Expreso)
EXPLORED
en Ciudad Guayaquil

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