CALMA EN EL CORTO PLAZO Por José Samaniego
Quito. 09.09.92. Si en algo fue evidente el "sobreajuste"
(overshooting como se llama en ciertos círculos) del paquete
de medidas económicas del gobierno, fue en el sector de las
finanzas públicas. Cuatro razones pareciera tener el gobierno
para haber actuado así:
a) cualquier programa de ajuste necesita, como condición
necesaria para su éxito, el equilibrio de las finanzas
públicas;
b) el sector público ecuatoriano ha crecido a un nivel que
supera el tamaño de la economía, y por lo tanto tiene que
reducirse;
c) el problema económico fundamental del país en la coyuntura
actual es el fiscal, lo que explica, además, porqué el centro
de la crítica del actual al anterior gobierno se concentra
precisamente en el manejo de las finanzas públicas, y
d) ratifica que el fracaso del sistema gradual en los dos
últimos años del presidente Borja se debió, básicamente, al
manejo fiscal.
El último punto hay que destacarlo porque ningún plan de
estabilización puede ser exitoso y consistente en términos
macroeconómicos, si no se mantiene una política fiscal
coherente, y ha sido justamente por allí por donde han fallado
los últimos planes de ajuste.
La historia económica reciente y sus cortos éxitos también
muestran lo contrario. El gradualismo de Hurtado estabilizó la
economía por un disciplinado manejo fiscal. La experiencia
ortodoxa de Febres Cordero tuvo dos años de "luna de miel"
mientras el gasto fiscal fue consistente con las metas de las
otras variables de la economía; y los dos primeros años del
gradualismo de Borja bajaron 50 puntos la inflación, porque
el programa diseñado implicó un fuerte ajuste fiscal.
De manera que, al menos en el papel, el programa fiscal del
gobierno de Sixto Durán Ballén parece cumplir con los dos
supuestos enunciados: primero, que al ser la reducción de la
inflación la meta prioritaria, el ajuste fiscal es
indispensable para que el programa sea exitoso; y segundo, que
la política fiscal sea consistente con las metas que se
proponen en los otros sectores como el cambiario, el monetario
y el financiero.
Un poco de números...
El cuadro que acompaña esta nota permite cuantificar el efecto
neto de las medidas del gobierno en el período
septiembre-diciembre de 1992, de acuerdo a cálculos propios.
Por el lado de los ingresos, el aumento de los combustibles es
la medida que más recursos genera: 340 m.m. (miles de millones
de sucres), equivalentes al 1.8% del PIB. Por aumento de
tarifas de la energía eléctrica el gobierno espera recaudar
ingresos adicionales por 50 mil millones (0.3% del PIB); 55
m.m. por el impuesto único a los activos reales; 70 m.m. por
disminución de gastos corrientes; 90 m.m. por la devaluación
(producto de la exportación de petróleo que se liquida a 1.700
sucres por dólar); y 20 m.m. por concepto de la ampliación de
la recaudación del IVA y otros.
Por el lado de los gastos, la compensación por el costo de la
vida implicaría un egreso adicional de aproximadamente 3.6
m.m. de sucres. Si se aprueba el proyecto de ley del décimo
sexto sueldo enviado por el Ejecutivo (un sueldo mínimo
adicional), el sector público deberá aumentar el gasto en 26
m.m. De continuar la tendencia de las importaciones públicas
del primer semestre, por efecto de la devaluación, el
gobierno deberá desembolsar un monto adicional de 34 m.m.; así
como 50 m.m. para el pago de la deuda externa.
Finalmente, el costo de los programas sociales anunciados por
el gobierno ascendería a 30 m.m., donde el mayor rubro
representa el subsidio al transporte.
Con estas estimaciones, y considerando que existe un
financiamiento del déficit en aproximadamente 2% del PIB (por
endeudamiento externo, deuda interna, postergación de pagos a
contratistas y depósitos en el Banco Central) al finalizar
1992 se podría esperar que el déficit del sector público
consolidado se reduzca al 2.5% del PIB.
No obstante, lo relevante es que en 1993, este paquete tendría
el efecto de transformar el déficit del 2.5% en un superávit
que estaría entre el 2 y 3% del PIB, si se mantienen
congelados los gastos. Solo por combustibles se obtendrían el
próximo año recursos por más del 9% del PIB, y eso manteniendo
invariable el consumo estimado de 1992.
Lo criticable...
Lo criticable es que las medidas de compensación social tan
anunciadas, resultan cortas en volumen y generales en
contenido. En efecto, dichas medidas sociales no solamente
que no tuvieron la concreción de las de carácter económico,
sino que al ser anunciadas por la ministra de Bienestar
Social, fueron totalmente generales y dejaron la impresión de
no pasar de buenas intenciones del gobierno.
Pero además, su volumen parece insuficiente, por decir lo
menos, comparado con la magnitud del ajuste: el gasto por
compensación social anunciado de 30 m.m., apenas representa el
5% de los nuevos ingresos generados entre septiembre y
diciembre de 1992.
Una segunda etapa
Las medidas fiscales anunciadas tendrían que ser solo la
primera etapa de un proceso de restructuración del sector
público. Hasta ahora las autoridades solo han atacado el
problema por el lado de los ingresos y con un sobreajuste
importante, que lo está pagando la población.
No se ha hecho nada por el lado de los gastos. Los anuncios
de privatizar o fusionar un conjunto de 13 empresas mínimas,
debe entenderse solo como una señal del gobierno antes que
como una medida efectiva para reducir el sector público.
Todos saben que el grueso del déficit está en las
instituciones grandes como Inecel, Ietel, Petroecuador,
Ecuatoriana, ENAC, Enprovit, Transnave, Flopec, etc.
Si el redimensionamiento del sector público no se produce,
medidas de aumento de los ingresos como las dictadas el 4 de
septiembre tendrán que repetirse.
Como se ha dicho, el gobierno tiene solventado el problema
fiscal hasta 1993. Pero debe ya penar en cómo resolver la
cuestión de fondo que es el rediseño del sector público, para
validar el "sobre esfuerzo" que ha exigido a los ecuatorianos
con este paquete. Esto deberá comprender, entre otras,
medidas como la resolución del problema de la deuda, la
disminución del gasto corriente y la privatización de empresas
en un esfuerzo que debe ser compartido por la sociedad civil y
por los militares. 2-A
Quito. 09.09.92. Si en algo fue evidente el "sobreajuste"
(overshooting como se llama en ciertos círculos) del paquete
de medidas económicas del gobierno, fue en el sector de las
finanzas públicas. Cuatro razones pareciera tener el gobierno
para haber actuado así:
a) cualquier programa de ajuste necesita, como condición
necesaria para su éxito, el equilibrio de las finanzas
públicas;
b) el sector público ecuatoriano ha crecido a un nivel que
supera el tamaño de la economía, y por lo tanto tiene que
reducirse;
c) el problema económico fundamental del país en la coyuntura
actual es el fiscal, lo que explica, además, porqué el centro
de la crítica del actual al anterior gobierno se concentra
precisamente en el manejo de las finanzas públicas, y
d) ratifica que el fracaso del sistema gradual en los dos
últimos años del presidente Borja se debió, básicamente, al
manejo fiscal.
El último punto hay que destacarlo porque ningún plan de
estabilización puede ser exitoso y consistente en términos
macroeconómicos, si no se mantiene una política fiscal
coherente, y ha sido justamente por allí por donde han fallado
los últimos planes de ajuste.
La historia económica reciente y sus cortos éxitos también
muestran lo contrario. El gradualismo de Hurtado estabilizó la
economía por un disciplinado manejo fiscal. La experiencia
ortodoxa de Febres Cordero tuvo dos años de "luna de miel"
mientras el gasto fiscal fue consistente con las metas de las
otras variables de la economía; y los dos primeros años del
gradualismo de Borja bajaron 50 puntos la inflación, porque
el programa diseñado implicó un fuerte ajuste fiscal.
De manera que, al menos en el papel, el programa fiscal del
gobierno de Sixto Durán Ballén parece cumplir con los dos
supuestos enunciados: primero, que al ser la reducción de la
inflación la meta prioritaria, el ajuste fiscal es
indispensable para que el programa sea exitoso; y segundo, que
la política fiscal sea consistente con las metas que se
proponen en los otros sectores como el cambiario, el monetario
y el financiero.
Un poco de números...
El cuadro que acompaña esta nota permite cuantificar el efecto
neto de las medidas del gobierno en el período
septiembre-diciembre de 1992, de acuerdo a cálculos propios.
Por el lado de los ingresos, el aumento de los combustibles es
la medida que más recursos genera: 340 m.m. (miles de millones
de sucres), equivalentes al 1.8% del PIB. Por aumento de
tarifas de la energía eléctrica el gobierno espera recaudar
ingresos adicionales por 50 mil millones (0.3% del PIB); 55
m.m. por el impuesto único a los activos reales; 70 m.m. por
disminución de gastos corrientes; 90 m.m. por la devaluación
(producto de la exportación de petróleo que se liquida a 1.700
sucres por dólar); y 20 m.m. por concepto de la ampliación de
la recaudación del IVA y otros.
Por el lado de los gastos, la compensación por el costo de la
vida implicaría un egreso adicional de aproximadamente 3.6
m.m. de sucres. Si se aprueba el proyecto de ley del décimo
sexto sueldo enviado por el Ejecutivo (un sueldo mínimo
adicional), el sector público deberá aumentar el gasto en 26
m.m. De continuar la tendencia de las importaciones públicas
del primer semestre, por efecto de la devaluación, el
gobierno deberá desembolsar un monto adicional de 34 m.m.; así
como 50 m.m. para el pago de la deuda externa.
Finalmente, el costo de los programas sociales anunciados por
el gobierno ascendería a 30 m.m., donde el mayor rubro
representa el subsidio al transporte.
Con estas estimaciones, y considerando que existe un
financiamiento del déficit en aproximadamente 2% del PIB (por
endeudamiento externo, deuda interna, postergación de pagos a
contratistas y depósitos en el Banco Central) al finalizar
1992 se podría esperar que el déficit del sector público
consolidado se reduzca al 2.5% del PIB.
No obstante, lo relevante es que en 1993, este paquete tendría
el efecto de transformar el déficit del 2.5% en un superávit
que estaría entre el 2 y 3% del PIB, si se mantienen
congelados los gastos. Solo por combustibles se obtendrían el
próximo año recursos por más del 9% del PIB, y eso manteniendo
invariable el consumo estimado de 1992.
Lo criticable...
Lo criticable es que las medidas de compensación social tan
anunciadas, resultan cortas en volumen y generales en
contenido. En efecto, dichas medidas sociales no solamente
que no tuvieron la concreción de las de carácter económico,
sino que al ser anunciadas por la ministra de Bienestar
Social, fueron totalmente generales y dejaron la impresión de
no pasar de buenas intenciones del gobierno.
Pero además, su volumen parece insuficiente, por decir lo
menos, comparado con la magnitud del ajuste: el gasto por
compensación social anunciado de 30 m.m., apenas representa el
5% de los nuevos ingresos generados entre septiembre y
diciembre de 1992.
Una segunda etapa
Las medidas fiscales anunciadas tendrían que ser solo la
primera etapa de un proceso de restructuración del sector
público. Hasta ahora las autoridades solo han atacado el
problema por el lado de los ingresos y con un sobreajuste
importante, que lo está pagando la población.
No se ha hecho nada por el lado de los gastos. Los anuncios
de privatizar o fusionar un conjunto de 13 empresas mínimas,
debe entenderse solo como una señal del gobierno antes que
como una medida efectiva para reducir el sector público.
Todos saben que el grueso del déficit está en las
instituciones grandes como Inecel, Ietel, Petroecuador,
Ecuatoriana, ENAC, Enprovit, Transnave, Flopec, etc.
Si el redimensionamiento del sector público no se produce,
medidas de aumento de los ingresos como las dictadas el 4 de
septiembre tendrán que repetirse.
Como se ha dicho, el gobierno tiene solventado el problema
fiscal hasta 1993. Pero debe ya penar en cómo resolver la
cuestión de fondo que es el rediseño del sector público, para
validar el "sobre esfuerzo" que ha exigido a los ecuatorianos
con este paquete. Esto deberá comprender, entre otras,
medidas como la resolución del problema de la deuda, la
disminución del gasto corriente y la privatización de empresas
en un esfuerzo que debe ser compartido por la sociedad civil y
por los militares. 2-A
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