Guayaquil. 06 jun 99. No se observa un verdadero esfuerzo del
gobierno por achicar el tamaño.
Del estado. La reducción de personal fue de 1.6% de la masa
global pública.
La burocracia ecuatoriana se ha convertido en un submundo
privilegiado. No existen estadísticas disponibles ni acceso a
ellas. Se viola todo principio de austeridad y ética.
Tenemos un estado sobredimensionado e ineficiente, y altamente
protegido por los propios gobiernos. Las consideraciones
políticas y partidistas dan lugar a esta sobreprotección así
como también la falta de un verdadero liderazgo o ausencia de
autoridad.
Muchas veces se llega a medirla en término de votos o de
adeptos a un determinado partido político. Aquí radica,
principalmente, la raíz del problema.
Se estima que la burocracia la integran cerca de 366.000
funcionarios, siendo éste un estimado muy conservador. Pese a
los anuncios del gobierno de reducir el aparato burocrático,
no existen indicios que comprueben este hecho, ni verdaderas
intenciones en hacerlo. Los ajustes son casi imperceptibles.
Pero ¿cuánto del presupuesto general del estado (PGE) se
asigna a pagar y mantener esta burocracia?. Se ha mantenido
latente la inflexibilidad del gasto en salarios del sector
público.
En el PGE para 1998 se destinaron s/8.01 billones, mientras
que para 1999, año de ajustes obligados y una drástica
austeridad fiscal, se asignan s/.8.9 billones.
En términos de producto interno bruto (PIB), estas cifras
representan 8.6% y 7.6%, respectivamente. La recaudación de
tributos como: IVA, ice, aranceles e impuesto a la renta suman
tan solo un 10.2% del PIB (1998), por lo que se concluye que
los ingresos provenientes de estos rubros se canalizan casi
exclusivamente al pago de salarios de esa burocracia abultada.
En cuanto a estructura del gasto, para 1999 un 24% del total
pertenece a salarios. Todas estas cifras resultan
sorprendentes, ya que son características propias de un país
subdesarrollado y de economías socialistas.
Reducción del estado
En todas las naciones del mundo se están detectando tendencias
hacia la minorización del intervencionismo administrativo.
Este movimiento puede ser observado en todos los países
occidentales industrializados, incluso en Francia, país que
mantiene una larga tradición de estatismo. Los servicios
públicos tradicionales se han visto severamente afectados por
esta nueva tendencia y reemplazados por olas privatizadoras y
concesiones.
Este proceso de reducción de burocracias y tamaño del estado
ha sido el resultado de drásticos cambios y transformaciones
generados por la influencia de nuevas ideologías que han
dejado atrás el populismo y paternalismo, por nuevas
tecnologías, y, por la búsqueda incesante de una tendencia
hacia la racionalización administrativa y financiera.
Esto constituye parte del nuevo concepto de modernización del
estado.
La antigua noción, según weber, el padre de la administración
pública, de que la burocracia era el tipo de organización
ideal, ha quedado atrás, dando paso a la formación de un
estado moderno, eficiente y funcional.
Más allá de las ideologías, son razones de pragmatismo
económico las que han llevado a los gobiernos de muchos países
a que apliquen nuevas fórmulas que impulsen mayor
productividad en la prestación de servicios directamente bajo
su cargo o control.
Esto trae como consecuencia que se proceda a una liquidación
inmediata de numerosas empresas públicas cuya rentabilidad es
nula o muy reducida. El sector público también se ha visto
afectado por la implementación de nuevas y más sofisticadas
tecnologías, obligándolo a rediseñar sus funciones generales
sobre la sociedad.
La empresa estatal ecuatoriana no ha actuado con agilidad y
dinamismo. Tiene un récord histórico de mala administración y
de ineficiencia innata. No ha cumplido con la obligación de
maximizar y optimizar recursos, por medio de una minimización
implícita de costos. Se ha constituido un ámbito favorable
únicamente para el ejercicio de poder de los sindicatos y
partidos políticos.
Existe la necesidad de que el estado reduzca sus funciones y
restablezca una relación armoniosa entre la economía y un
sistema de libre mercado.
La nueva faceta del estado implica una desregulación,
reducción de la presión fiscal, del gasto corriente y del
déficit público. Por ende, se justifica plenamente en términos
económicos y de bienestar de una sociedad, el proceso de
desburocratización.
Según el consejo nacional de modernización (CONAM), hasta la
fecha, con la supresión de aproximadamente 7.315 partidas, el
estado se habría ahorrado us$31.6 millones por concepto de
gastos de personal. En referencia a costos relacionados con
estas reducciones, se considera un ahorro aproximado de
us$3.600.000 por gastos en papelería, energía, espacio físico,
entre otros.
¿cuáles son las entidades públicas suprimidas?: Corporación
nacional de apoyo a las unidades populares económicas
(CONAUPE); instituto nacional de empleo (INEM); corporación de
desarrollo e investigación geológico-minero-metalúrgica
(CODIGEM); dirección nacional de construcciones escolares
(DINACE); dirección nacional de deportes y recreaciones
(DINADER); servicio nacional de almacén y libro (SNALME);
centro estatal de medicamentos e insumos médicos (CENEMEIN);
comisión ecuatoriana de bienes de capital (CEBCA).
En términos de plazas suprimidas, las relacionadas a estas
entidades suman 688. En términos monetarios totalizan
aproximadamente 11.700 millones de sucres. ¿ha sido ésto
suficiente? Realmente se llega al insignificante índice de
0.02% del PGE. No se observa un verdadero esfuerzo por parte
del gobierno en achicar el tamaño del estado.
Además, son instituciones que mantenían una actividad casi
nula y solo existían en nombre.
En relación a reducción de personal, por datos del CONAM se
obtiene un total de 7.315 partidas suprimidas.
Según el ministerio de finanzas, la reducción de personal
entre 1997 y 1996 fue de tan solo 1.6%. Mientras que la
variación de 1998 a 1999 también se vuelve insignificante.
De los 366.000 funcionarios que se calculan que actualmente
existen, se podrían reducir 50.000 partidas presupuestarias.
Esto se traduciría en un ahorro anual de 240 millones de
dólares.
La inversión de 600 millones de dólares en liquidaciones se
recuperaría en 2.5 años.
Empero, continúa el gasto excesivo. Una de las instituciones
que no explica el sobregasto es el ministerio de relaciones
exteriores. El país debe limitarse a tener representantes en
aquellos países con quienes tiene relaciones comerciales
significativas. Mas aún, no ha hecho una buena labor en
promocionar al país debidamente.
El ministerio de medio ambiente recibe una asignación del
0.25% del presupuesto (pro forma 1999) mas no se justifica
plenamente, dada la inactividad de este organismo.
Burocracia se camufla
Adicionalmente, los honorarios percibidos por los famosos
asesores con latisueldos en dólares, y en niveles de los
us$5000 mensuales, contribuyen al deterioro financiero. Los
estudios realizados por dichos expertos quedan archivados
indefinidamente.
Se han hecho públicas las denuncias de estas contrataciones en
entidades como el IESS, ministerio de agricultura y el CONAM.
Esta última, entidad responsable de la modernización del
estado, y que está en la obligación de tomar el liderazgo en
estas reducciones de personal, no lo ha hecho.
Muchos miembros de esta casta privilegiada se camuflan como
especialistas y expertos, lo que imposibilita detectarlos y
evaluar sus funciones. Instituciones como Petroecuador,
Andinatel, Pacifictel y el IESS, totalizan 26.935
trabajadores. Además se detectan aproximadamente 2.516
entidades públicas donde en la mayoría de ellas se duplican
funciones. Los niveles salariales en estas instituciones son
exagerados, aún cuando se establezca la paridad que debe
prevalecer con aquellos del sector privado.
Un caso típico ha sido el de Pacifictel, institución que de
acuerdo a datos publicados por la prensa nacional se paga 470
millones de sucres mensuales a 24 funcionarios de la última
administración. Petroecuador, en 1998, pagó 470 mil millones
de sucres por concepto de salarios (us$65 millones)y además se
esperan incrementos de sueldos para 1999, debido a las
negociaciones con los sindicatos. Estas cifras contrastan con
aquellas asignadas a los sectores de la educación y salud, los
más abandonados.
En épocas de profunda crisis y de caos económico como el que
el país está viviendo, y cuando se obliga a la sociedad civil
a someterse a severos ajustes, se vuelve un deber moral y
ético por parte de un gobierno tomar una decisión seria y
responsable en cuanto a una urgente y verdadera solución al
problema del tamaño del estado. No se puede seguir sosteniendo
la ineficiencia ni el piponazgo a costa de la salud, de la
educación, de una población que lucha por sobrevivir.
Ese mismo estado no puede seguir basado en la famosa frase
originada en el pensamiento del materialismo histórico: la
burocracia no se crea ni se elimina, sólo se desplaza. (Texto
tomado de el Expreso)
gobierno por achicar el tamaño.
Del estado. La reducción de personal fue de 1.6% de la masa
global pública.
La burocracia ecuatoriana se ha convertido en un submundo
privilegiado. No existen estadísticas disponibles ni acceso a
ellas. Se viola todo principio de austeridad y ética.
Tenemos un estado sobredimensionado e ineficiente, y altamente
protegido por los propios gobiernos. Las consideraciones
políticas y partidistas dan lugar a esta sobreprotección así
como también la falta de un verdadero liderazgo o ausencia de
autoridad.
Muchas veces se llega a medirla en término de votos o de
adeptos a un determinado partido político. Aquí radica,
principalmente, la raíz del problema.
Se estima que la burocracia la integran cerca de 366.000
funcionarios, siendo éste un estimado muy conservador. Pese a
los anuncios del gobierno de reducir el aparato burocrático,
no existen indicios que comprueben este hecho, ni verdaderas
intenciones en hacerlo. Los ajustes son casi imperceptibles.
Pero ¿cuánto del presupuesto general del estado (PGE) se
asigna a pagar y mantener esta burocracia?. Se ha mantenido
latente la inflexibilidad del gasto en salarios del sector
público.
En el PGE para 1998 se destinaron s/8.01 billones, mientras
que para 1999, año de ajustes obligados y una drástica
austeridad fiscal, se asignan s/.8.9 billones.
En términos de producto interno bruto (PIB), estas cifras
representan 8.6% y 7.6%, respectivamente. La recaudación de
tributos como: IVA, ice, aranceles e impuesto a la renta suman
tan solo un 10.2% del PIB (1998), por lo que se concluye que
los ingresos provenientes de estos rubros se canalizan casi
exclusivamente al pago de salarios de esa burocracia abultada.
En cuanto a estructura del gasto, para 1999 un 24% del total
pertenece a salarios. Todas estas cifras resultan
sorprendentes, ya que son características propias de un país
subdesarrollado y de economías socialistas.
Reducción del estado
En todas las naciones del mundo se están detectando tendencias
hacia la minorización del intervencionismo administrativo.
Este movimiento puede ser observado en todos los países
occidentales industrializados, incluso en Francia, país que
mantiene una larga tradición de estatismo. Los servicios
públicos tradicionales se han visto severamente afectados por
esta nueva tendencia y reemplazados por olas privatizadoras y
concesiones.
Este proceso de reducción de burocracias y tamaño del estado
ha sido el resultado de drásticos cambios y transformaciones
generados por la influencia de nuevas ideologías que han
dejado atrás el populismo y paternalismo, por nuevas
tecnologías, y, por la búsqueda incesante de una tendencia
hacia la racionalización administrativa y financiera.
Esto constituye parte del nuevo concepto de modernización del
estado.
La antigua noción, según weber, el padre de la administración
pública, de que la burocracia era el tipo de organización
ideal, ha quedado atrás, dando paso a la formación de un
estado moderno, eficiente y funcional.
Más allá de las ideologías, son razones de pragmatismo
económico las que han llevado a los gobiernos de muchos países
a que apliquen nuevas fórmulas que impulsen mayor
productividad en la prestación de servicios directamente bajo
su cargo o control.
Esto trae como consecuencia que se proceda a una liquidación
inmediata de numerosas empresas públicas cuya rentabilidad es
nula o muy reducida. El sector público también se ha visto
afectado por la implementación de nuevas y más sofisticadas
tecnologías, obligándolo a rediseñar sus funciones generales
sobre la sociedad.
La empresa estatal ecuatoriana no ha actuado con agilidad y
dinamismo. Tiene un récord histórico de mala administración y
de ineficiencia innata. No ha cumplido con la obligación de
maximizar y optimizar recursos, por medio de una minimización
implícita de costos. Se ha constituido un ámbito favorable
únicamente para el ejercicio de poder de los sindicatos y
partidos políticos.
Existe la necesidad de que el estado reduzca sus funciones y
restablezca una relación armoniosa entre la economía y un
sistema de libre mercado.
La nueva faceta del estado implica una desregulación,
reducción de la presión fiscal, del gasto corriente y del
déficit público. Por ende, se justifica plenamente en términos
económicos y de bienestar de una sociedad, el proceso de
desburocratización.
Según el consejo nacional de modernización (CONAM), hasta la
fecha, con la supresión de aproximadamente 7.315 partidas, el
estado se habría ahorrado us$31.6 millones por concepto de
gastos de personal. En referencia a costos relacionados con
estas reducciones, se considera un ahorro aproximado de
us$3.600.000 por gastos en papelería, energía, espacio físico,
entre otros.
¿cuáles son las entidades públicas suprimidas?: Corporación
nacional de apoyo a las unidades populares económicas
(CONAUPE); instituto nacional de empleo (INEM); corporación de
desarrollo e investigación geológico-minero-metalúrgica
(CODIGEM); dirección nacional de construcciones escolares
(DINACE); dirección nacional de deportes y recreaciones
(DINADER); servicio nacional de almacén y libro (SNALME);
centro estatal de medicamentos e insumos médicos (CENEMEIN);
comisión ecuatoriana de bienes de capital (CEBCA).
En términos de plazas suprimidas, las relacionadas a estas
entidades suman 688. En términos monetarios totalizan
aproximadamente 11.700 millones de sucres. ¿ha sido ésto
suficiente? Realmente se llega al insignificante índice de
0.02% del PGE. No se observa un verdadero esfuerzo por parte
del gobierno en achicar el tamaño del estado.
Además, son instituciones que mantenían una actividad casi
nula y solo existían en nombre.
En relación a reducción de personal, por datos del CONAM se
obtiene un total de 7.315 partidas suprimidas.
Según el ministerio de finanzas, la reducción de personal
entre 1997 y 1996 fue de tan solo 1.6%. Mientras que la
variación de 1998 a 1999 también se vuelve insignificante.
De los 366.000 funcionarios que se calculan que actualmente
existen, se podrían reducir 50.000 partidas presupuestarias.
Esto se traduciría en un ahorro anual de 240 millones de
dólares.
La inversión de 600 millones de dólares en liquidaciones se
recuperaría en 2.5 años.
Empero, continúa el gasto excesivo. Una de las instituciones
que no explica el sobregasto es el ministerio de relaciones
exteriores. El país debe limitarse a tener representantes en
aquellos países con quienes tiene relaciones comerciales
significativas. Mas aún, no ha hecho una buena labor en
promocionar al país debidamente.
El ministerio de medio ambiente recibe una asignación del
0.25% del presupuesto (pro forma 1999) mas no se justifica
plenamente, dada la inactividad de este organismo.
Burocracia se camufla
Adicionalmente, los honorarios percibidos por los famosos
asesores con latisueldos en dólares, y en niveles de los
us$5000 mensuales, contribuyen al deterioro financiero. Los
estudios realizados por dichos expertos quedan archivados
indefinidamente.
Se han hecho públicas las denuncias de estas contrataciones en
entidades como el IESS, ministerio de agricultura y el CONAM.
Esta última, entidad responsable de la modernización del
estado, y que está en la obligación de tomar el liderazgo en
estas reducciones de personal, no lo ha hecho.
Muchos miembros de esta casta privilegiada se camuflan como
especialistas y expertos, lo que imposibilita detectarlos y
evaluar sus funciones. Instituciones como Petroecuador,
Andinatel, Pacifictel y el IESS, totalizan 26.935
trabajadores. Además se detectan aproximadamente 2.516
entidades públicas donde en la mayoría de ellas se duplican
funciones. Los niveles salariales en estas instituciones son
exagerados, aún cuando se establezca la paridad que debe
prevalecer con aquellos del sector privado.
Un caso típico ha sido el de Pacifictel, institución que de
acuerdo a datos publicados por la prensa nacional se paga 470
millones de sucres mensuales a 24 funcionarios de la última
administración. Petroecuador, en 1998, pagó 470 mil millones
de sucres por concepto de salarios (us$65 millones)y además se
esperan incrementos de sueldos para 1999, debido a las
negociaciones con los sindicatos. Estas cifras contrastan con
aquellas asignadas a los sectores de la educación y salud, los
más abandonados.
En épocas de profunda crisis y de caos económico como el que
el país está viviendo, y cuando se obliga a la sociedad civil
a someterse a severos ajustes, se vuelve un deber moral y
ético por parte de un gobierno tomar una decisión seria y
responsable en cuanto a una urgente y verdadera solución al
problema del tamaño del estado. No se puede seguir sosteniendo
la ineficiencia ni el piponazgo a costa de la salud, de la
educación, de una población que lucha por sobrevivir.
Ese mismo estado no puede seguir basado en la famosa frase
originada en el pensamiento del materialismo histórico: la
burocracia no se crea ni se elimina, sólo se desplaza. (Texto
tomado de el Expreso)
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