Quito. 18 abr 2001. Los roldosistas creen que su líder no será detenido.
Además, intensificarán la estrategia de reorganizar la Corte para
archivar los procesos en su contra.

Martes 10 de abril. En el hall del recinto legislativo, algunos diputados
hacían declaraciones a la prensa sobre el veto parcial del Ejecutivo a la
Reforma Tributaria para insistir en el incremento del IVA del 12 al 14
por ciento.

Entre ellos, el jefe del bloque del PRE, Víctor Hugo Sicouret, muy jovial
y atento con los cronistas parlamentarios, denunciaba que el alza del IVA
será una realidad "por el contubernio del PSC con el Gobierno". Alrededor
de las 11:00 de repente llegó la noticia del fallo de los conjueces de la
Segunda Sala de la Corte Suprema. Ellos confirmaban el llamamiento a
plenario al ex presidente Abdalá Bucaram, en el caso mochila escolar. Con
esto el acusado, que está asilado en Panamá desde febrero de 1997, debe
presentarse ante la Corte. Y si viene será apresado, porque en su contra
pesa una orden de prisión preventiva.

Ese fallo descompuso a Sicouret y a todos los roldosistas que estaban en
el Palacio Legislativo. El buen humor se transformó en pesadilla. No
esperaban esa decisión, que en la práctica alejaba la posibilidad de que
Bucaram retorne al país para participar en los comicios presidenciales
del 2002.

Mientras tanto, los socialcristianos guardaron silencio, disimulaban no
interesarles el asunto. Xavier Neira, jefe del bloque del PSC, no quiso
opinar "para no interferir en las decisiones judiciales".

Inmediatamente Sicouret se comunicó con Bucaram, vía celular, para darle
la mala noticia. El legislador no quiso revelar la reacción del ex
Presidente. Hacia el mediodía, los legisladores roldosistas con Sicouret
a la cabeza se reunieron para analizar la situación. Fue una cita tensa.
Hubo un mea culpa de los legisladores por no haber llevado adelante una
adecuada estrategia política para neutralizar la acción de los jueces.
Inclusive, se conoció que Elsa Bucaram encaró a Sicouret y Fernando
Rosero por el supuesto fracaso en la defensa política a Bucaram, y de
haber engañado al ex Presidente. Hubo otras reuniones, una de ellas en la
oficina de Rosero, donde se redefinió la estrategia de reorganizar la
Corte.

Sicouret y Fernando Rosero sostienen que permanentemente han luchado para
impedir que Bucaram sea sentenciado por consignas políticas. "La Corte
está politizada por el PSC y nuestro objetivo es despolitizarla", opinó
Rosero.

Luego del fallo de los conjueces Manuel Castro, Jorge Andrade y Wilson
Vallejo, el bloque roldosista resolvió iniciar una cruzada nacional para
que el país conozca quiénes son los magistrados de la Corte, sus vicios y
vínculos políticos.

Con esa campaña el PRE quiere convencer a la opinión pública de la
necesidad de reorganizar la Corte Suprema. Una misión muy difícil de
lograrla, más aun cuando el PSC sostiene que el único objetivo es
archivar los procesos penales contra Bucaram y lograr su impunidad.

La reorganización de la Corte denunciada hace tres meses por el PSC, es
la bandera de lucha política del PRE. Rosero admite sin rodeos ese
proyecto, pero por el momento no tiene viabilidad porque algunos bloques
parlamentarios se oponen a la intención del roldosismo.

Sin embargo, el PRE está empeñado en armar una nueva mayoría legislativa
con la DP, MIN y varios independientes. Entre esos partidos hay intereses
compartidos. Mientras, los roldosistas aspiran "descabezar" la Corte, los
demopopulares quieren reorganizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El
objetivo es dejar insubsistente la multa de 6,2 millones de dólares que
ese organismo fijó a la DP, por recibir aportes ilegales del ex banquero
Fernando Aspiazu en la campaña presidencial de 1998.

Y si no se da esa intención, ¿ qué piensan hacer los roldosistas?
Sicouret, Rosero y Vicente Estrada se reunieron en lunes en Ciudad de
Panamá, con el ex Presidente, en su departamento de Punta Paitilla. El
tema central fue el fallo de los conjueces. Después de más de tres horas
de reunión Sicouret habló de la estrategia: que el ex Presidente
regresará al país como sea para terciar en las próximas elecciones. ¿Cómo
y cuándo se dará aquello? Sicouret anunció que su retorno será al estilo
del subcomandante Marcos, el líder guerrillero zapatista que encabezó una
marcha desde la región de Chiapas a Ciudad de México.

"La Policía no podrá detener a un hombre que es perseguido políticamente
y tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano".

Paralelamente insistirán en la tesis de la reorganización de la Corte,
porque si continúa como está, Bucaram no podrá postularse. Según la
Constitución, un sindicado cuyo proceso esté en la etapa plenaria no
puede candidatizarse.

Los otros escenarios que baraja el PRE

La Corte Interamericana * Héctor Solórzano, defensor de Abdalá Bucaram,
dijo que apelarán el juicio contra el ex Presidente, ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que el ex presidente peruano,
Alan García, enfrentó un juicio penal por peculado y esa Corte dio una
solución jurídica y permitió su participación en las elecciones recientes
en ese país.

Un retorno con piola * En fuentes del PRE se admite que si Bucaram
retorna al país, será detenido por la Policía. Eso en virtud de la orden
de prisión que pesa en su contra por el caso mochila escolar. En ese
momento, harán aparecer a Bucaram como víctima de la persecución política
y forzarán a que la Corte revise el fallo del llamamiento a plenario.

Más vale preso que... * Si Abdalá Bucaram no retorna al país el juicio de
la mochila escolar seguirá congelado, es decir, el Presidente de la Corte
no podrá dictar sentencia. El delito por peculado prescribe a los 20
años, que será el tiempo que Abdalá Bucaram debe esperar para regresar al
país.

La amnistía o el indulto * Si no es posible lograr la reorganización de
la Corte Suprema, el PRE no descarta plantear en el Congreso conceda
amnistía o indulto a Bucaram. En ambos casos se requieren 82 votos para
su aprobación, número que parece difícil que se logre. El Parlamento ya
concedió amnistía a Bucaram, cuando éste se encontraba en Panamá.

Un fallo cuestionado * El PRE argumenta que la resolución de los
conjueces es nula, porque se basó en el fallo del ex presidente de la
Corte, Héctor Romero, dictado el 6 de agosto de 1998. Es decir, al amparo
de la anterior Constitución que rigió hasta el 10 de agosto de ese año.
Además, que el decreto ejecutivo que sirve de sustento para el juicio
penal, nunca fue publicado en el Registro Oficial. (Texto tomado de El
Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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