Por primera vez, el Ejército abrió las puertas de los cuarteles para que el Cuerpo de Bomberos supervise el riesgo de sus bodegas con arsenal militar.
Ayer, la casaca roja ingresó a la Brigada de Apoyo Logístico, al suroccidente de Quito. "Vamos a determinar los riesgos internos y externos", dijo el coronel Jaime Benalcázar, jefe del Cuerpo de Bomberos de la capital.
La bodega de ese cuartel fue construida, como las otras del país, en los años 70, pero a diferencia de las demás no guarda explosivos, "sino municiones de calibre menor para entrenamiento y defensa del recinto", informó Benalcázar.
Una fuente del Ejército dice que esa base no es riesgosa, aunque se encuentra junto al Hospital del Sur y a los barrios Pintado, Santiago, Barrionuevo, Santa Anita...
"La única base grande en Quito es el Batallón de Transmisiones Rumiñahui", al norte, según la fuente. La Comisión de DD.HH. del Congreso visita esa base hoy, a las 10:00.
"El problema es la falta de recursos", dice la versión militar. La mayor parte de municiones ha cumplido su tiempo de vida útil. Por eso, ninguna bala o cohete está asegurada, porque su riesgo de siniestralidad es alto y su póliza resulta costosa.
De hecho, en el listado de prevención, los militares no incluyen a la munición. Pero sí toman en cuenta a su personal, armamento y equipo: vehículos, aviones, comunicaciones... Por todo ello, la institución paga pólizas de seguros anuales.
Según FF.AA., las municiones caducas debían ser destruidas o sustituidas por nuevas. Pero, por el alto costo, en octubre del 2002 se decidió repotenciar parte de ese material. "Fue en esa tarea que ocurrió la explosión en Riobamba, el 20 de noviembre".
La fuente dice que tras esa experiencia, la Armada se propuso destruir su munición caduca y la llevó a la Base Naval Sur, a una bodega de paso. "Faltaron la orden y dinero para destruirla, y explotó el 23 de marzo".
El Cuerpo de Bomberos sigue hoy con la inspección en la Brigada de Apoyo Logístico, en Quito. Según Benalcázar, se inspeccionará a cinco bodegas, en 15 días. Después entregará los informes al Ejército con recomendaciones técnicas.
En Guayaquil, la semana anterior, el general Jorge Arroyo, jefe de la II División del Ejército, pidió la revisión del Fuerte Huancavilca, Dirección de la Marina Mercante y II División. El coronel Jaime Cucalón, jefe de Bomberos de esa ciudad, dice que la revisión solo se remitió "al área administrativa. No podemos entrar a los polvorines. Hay leyes militares".
La Marina presenta sus informes en Guayaquil
Dos accidentes se investigan
Hoy, a las 10:00, se espera que la Armada Nacional entregue sus informes sobre el incendio del submarino Shyri y la explosión del polvorín de la Base Naval Sur, en Guayaquil. Una fuente militar explicó que la demora en la presentación de los resultados, sobre los incendios y estallidos, se debe a la complejidad de cada hecho.
Para llegar a conclusiones sobre las causas de la tragedia de Riobamba, pasaron cuatro meses y doce días. Según la fuente, la investigación de técnicos de la Espe era más profunda y necesitaba más tiempo. Incluso, recurrieron a laboratorios de EE.UU. Algo que no sucede con la investigación por el incidente en la isla Puná, en Guayaquil. La fuente dice que allí no hay mucho que investigar porque en el hecho solo están involucrados el comandante de la unidad y el grupo que participó en el entrenamiento.
Sobre lo ocurrido en el polvorín de la Base Naval hay una persona que está investigada. No precisó si está detenida o no. La semana pasada, la Marina no descartó la posibilidad de un atentado, pero el resultado final se verá en el informe.
Los alcaldes del sur piden seguridad
La ubicación de las unidades militares en centros poblados preocupa en Loja y Zamora. Con las explosiones de polvorines en Riobamba y Guayaquil, ha aumentado el temor entre las autoridades y los vecinos a los cuarteles.
En la capital lojana, por ejemplo, la Brigada de Infantería Siete está junto al centro urbano, a la altura de la terminal terrestre. En su entorno están las ciudadelas San Rafael, Gran Colombia, El Valle, entre otras.
Lo mismo ocurre con el Comando de Artillería Cabo Minacho, que se encuentra a cinco manzanas del céntrico parque San Sebastián. Y en los alrededores está, también, el Colegio Bernardo Valdivieso y las ciudadelas Máximo Agustín Rodríguez, La Pradera, Yahuarcuna, entre otras.
Dos unidades más están en el sector Zamora Huayco, al suroriente. Aunque este es un sector menos poblado, su seguridad también está en duda.
El Ejército maneja de forma reservada lo que almacena en cada unidad. Y las autoridades no saben a ciencia cierta cuáles son los sitios donde hay un peligro potencial por a la presencia de polvorines.
Por esa razón, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, señala que los cuarteles deben alejarse de las zonas pobladas, y que su reubicación debe preocupar a la institución armada.
El Burgomaestre hace duras críticas contra el Ejército, por las explosiones ocurridas en los últimos cuatro meses."Deben adoptarse", dice, "las prevenciones del caso para la seguridad ciudadana".
Autoridades de otros cantones también están alarmadas. En Celica, el alcalde, Alonso Ríos, intentará hablar, la próxima semana, con las autoridades militares. Le preocupa la ubicación del destacamento BI-19 Carchi, en el centro de la cabecera cantonal y donde viven unas 3 700 personas.
El alcalde de Calvas, Franklin Cueva, considera que debe darse un ultimátum para la reubicación de los polvorines. También tiene previsto entablar un diálogo con el Comandante del Ejército en Loja, para explicarle el riesgo que existe en Cariamanga (cabecera cantonal de Calvas).
Ahí, dice, el Batallón BI-20 Capitán Díaz posee un arsenal, "que es una bomba de tiempo, pues la mayor parte del material ha caducado".
La próxima semana se reunirá en Cariamanga la Junta de Defensa Civil para buscar mecanismos de prevención y pedir la reubicación de las bodegas de municiones. En Zamora, los habitantes de los barrios Tunanza, Pío Jaramillo y Benjamín Carrión, cuyas casas colindan con el Batallón de Selva 62, están también intranquilos.
Para Bertha Ontaneda, alcaldesa encargada de Zamora, las explosiones de polvorines pueden ser un anuncio de una desgracia aún mayor. Por esa razón, asegura, el Municipio buscará con el Ejército adoptar medidas de precaución.
Punto de vista: Luis Santos, Jefe unidad de bomberos, Loja
Es necesario, en todas las ciudades, el acercamiento entre los Bomberos y el Ejército para determinar el riesgo que existe en cada unidad. El Cuerpo de Bomberos debe aportar sugerencias para evitar desastres futuros. En Loja, acceden a todas las instalaciones militares, pero no a las bodegas donde se encuentran los polvorines.
Explosión: el Fiscal llamó al Gerente de la Santa Bárbara
Una fuente del Ejército reconoció ayer que, hasta las 16:00, no se había remitido al Ministerio Público de Chimborazo una copia del informe elaborado por la Inspectoría de la Fuerza Terrestre, con las hipótesis de las causas del estallido en la Brigada Galápagos.
Sin embargo, el ministro fiscal de esa provincia, Juan Rivera, continúa con la investigación penal, para hallar a los responsables de la detonación del polvorín militar, ocurrida el 20 de noviembre pasado.
Hoy, a las 10:00, comparece el gerente de la Fábrica de Municiones Santa Bárbara, teniente coronel Tapia. Según el contrato firmado entre la Junta de Defensa y la Fábrica, los técnicos de esta última debían efectuar la repotenciación de 10 100 granadas.
La mayoría de los artefactos estaba en Riobamba. El 20 de noviembre, la explosión se produjo en el hangar 79, donde trabajaban militares de la Fábrica en la revisión de las granadas. El Fiscal quiere conocer cuáles eran las condiciones de seguridad en las que trabajaban los técnicos.
El Ministerio Público también citará a comparecer, en Riobamba, al ex ministro de Defensa, Hugo Unda. El estallido ocurrido en la Brigada Blindada Galápagos también es investigado por la justicia militar. El caso está en el Juzgado Penal de la I Zona, en el cuartel Epiclachima de Quito.
Esa judicatura sí tiene una copia del informe de Inspectoría del Ejército, que fue hecho público, parcialmente, antier.El documento señala que la posible causa de la tragedia fue una chispa, originada en el hangar 79, que desencadenó en el incendio del material bélico de esa bodega y del arsenal guardado en el hangar 78.
Según el defensor del Pueblo de Chimborazo, Jorge Luis Idrovo, "el informe del Ejército era de esperarse. Las cosas no pueden ser así de sencillas". Idrovo sostiene que no es suficiente decir que una chispa originó el estallido.
"Lo de fondo fue la negligencia de los militares en el manejo de las municiones y la falta de planes de contingencia para disminuir el impacto de la explosión".
El funcionario dijo que el Ejército debe reconstruir las casas destruidas e indemnizar a los mutilados y deudos.
El 20 de noviembre
Dos bodegas detonaron . Los hangares 78 y 79 de la Brigada Blindada Galápagos, donde se guardaban granadas militares, explotaron y provocaron una serie de explosiones en cadena. La explosión sacudió a Riobamba y destruyó casas del norte.
Las pérdidas humanas . La tragedia dejó 10 muertos, 578 heridos y millares de personas asustadas. El estallido obligó a evacuar a la población hacia las comunidades rurales. El cantón Guano también resultó afectado.
Ayer, la casaca roja ingresó a la Brigada de Apoyo Logístico, al suroccidente de Quito. "Vamos a determinar los riesgos internos y externos", dijo el coronel Jaime Benalcázar, jefe del Cuerpo de Bomberos de la capital.
La bodega de ese cuartel fue construida, como las otras del país, en los años 70, pero a diferencia de las demás no guarda explosivos, "sino municiones de calibre menor para entrenamiento y defensa del recinto", informó Benalcázar.
Una fuente del Ejército dice que esa base no es riesgosa, aunque se encuentra junto al Hospital del Sur y a los barrios Pintado, Santiago, Barrionuevo, Santa Anita...
"La única base grande en Quito es el Batallón de Transmisiones Rumiñahui", al norte, según la fuente. La Comisión de DD.HH. del Congreso visita esa base hoy, a las 10:00.
"El problema es la falta de recursos", dice la versión militar. La mayor parte de municiones ha cumplido su tiempo de vida útil. Por eso, ninguna bala o cohete está asegurada, porque su riesgo de siniestralidad es alto y su póliza resulta costosa.
De hecho, en el listado de prevención, los militares no incluyen a la munición. Pero sí toman en cuenta a su personal, armamento y equipo: vehículos, aviones, comunicaciones... Por todo ello, la institución paga pólizas de seguros anuales.
Según FF.AA., las municiones caducas debían ser destruidas o sustituidas por nuevas. Pero, por el alto costo, en octubre del 2002 se decidió repotenciar parte de ese material. "Fue en esa tarea que ocurrió la explosión en Riobamba, el 20 de noviembre".
La fuente dice que tras esa experiencia, la Armada se propuso destruir su munición caduca y la llevó a la Base Naval Sur, a una bodega de paso. "Faltaron la orden y dinero para destruirla, y explotó el 23 de marzo".
El Cuerpo de Bomberos sigue hoy con la inspección en la Brigada de Apoyo Logístico, en Quito. Según Benalcázar, se inspeccionará a cinco bodegas, en 15 días. Después entregará los informes al Ejército con recomendaciones técnicas.
En Guayaquil, la semana anterior, el general Jorge Arroyo, jefe de la II División del Ejército, pidió la revisión del Fuerte Huancavilca, Dirección de la Marina Mercante y II División. El coronel Jaime Cucalón, jefe de Bomberos de esa ciudad, dice que la revisión solo se remitió "al área administrativa. No podemos entrar a los polvorines. Hay leyes militares".
La Marina presenta sus informes en Guayaquil
Dos accidentes se investigan
Hoy, a las 10:00, se espera que la Armada Nacional entregue sus informes sobre el incendio del submarino Shyri y la explosión del polvorín de la Base Naval Sur, en Guayaquil. Una fuente militar explicó que la demora en la presentación de los resultados, sobre los incendios y estallidos, se debe a la complejidad de cada hecho.
Para llegar a conclusiones sobre las causas de la tragedia de Riobamba, pasaron cuatro meses y doce días. Según la fuente, la investigación de técnicos de la Espe era más profunda y necesitaba más tiempo. Incluso, recurrieron a laboratorios de EE.UU. Algo que no sucede con la investigación por el incidente en la isla Puná, en Guayaquil. La fuente dice que allí no hay mucho que investigar porque en el hecho solo están involucrados el comandante de la unidad y el grupo que participó en el entrenamiento.
Sobre lo ocurrido en el polvorín de la Base Naval hay una persona que está investigada. No precisó si está detenida o no. La semana pasada, la Marina no descartó la posibilidad de un atentado, pero el resultado final se verá en el informe.
Los alcaldes del sur piden seguridad
La ubicación de las unidades militares en centros poblados preocupa en Loja y Zamora. Con las explosiones de polvorines en Riobamba y Guayaquil, ha aumentado el temor entre las autoridades y los vecinos a los cuarteles.
En la capital lojana, por ejemplo, la Brigada de Infantería Siete está junto al centro urbano, a la altura de la terminal terrestre. En su entorno están las ciudadelas San Rafael, Gran Colombia, El Valle, entre otras.
Lo mismo ocurre con el Comando de Artillería Cabo Minacho, que se encuentra a cinco manzanas del céntrico parque San Sebastián. Y en los alrededores está, también, el Colegio Bernardo Valdivieso y las ciudadelas Máximo Agustín Rodríguez, La Pradera, Yahuarcuna, entre otras.
Dos unidades más están en el sector Zamora Huayco, al suroriente. Aunque este es un sector menos poblado, su seguridad también está en duda.
El Ejército maneja de forma reservada lo que almacena en cada unidad. Y las autoridades no saben a ciencia cierta cuáles son los sitios donde hay un peligro potencial por a la presencia de polvorines.
Por esa razón, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, señala que los cuarteles deben alejarse de las zonas pobladas, y que su reubicación debe preocupar a la institución armada.
El Burgomaestre hace duras críticas contra el Ejército, por las explosiones ocurridas en los últimos cuatro meses."Deben adoptarse", dice, "las prevenciones del caso para la seguridad ciudadana".
Autoridades de otros cantones también están alarmadas. En Celica, el alcalde, Alonso Ríos, intentará hablar, la próxima semana, con las autoridades militares. Le preocupa la ubicación del destacamento BI-19 Carchi, en el centro de la cabecera cantonal y donde viven unas 3 700 personas.
El alcalde de Calvas, Franklin Cueva, considera que debe darse un ultimátum para la reubicación de los polvorines. También tiene previsto entablar un diálogo con el Comandante del Ejército en Loja, para explicarle el riesgo que existe en Cariamanga (cabecera cantonal de Calvas).
Ahí, dice, el Batallón BI-20 Capitán Díaz posee un arsenal, "que es una bomba de tiempo, pues la mayor parte del material ha caducado".
La próxima semana se reunirá en Cariamanga la Junta de Defensa Civil para buscar mecanismos de prevención y pedir la reubicación de las bodegas de municiones. En Zamora, los habitantes de los barrios Tunanza, Pío Jaramillo y Benjamín Carrión, cuyas casas colindan con el Batallón de Selva 62, están también intranquilos.
Para Bertha Ontaneda, alcaldesa encargada de Zamora, las explosiones de polvorines pueden ser un anuncio de una desgracia aún mayor. Por esa razón, asegura, el Municipio buscará con el Ejército adoptar medidas de precaución.
Punto de vista: Luis Santos, Jefe unidad de bomberos, Loja
Es necesario, en todas las ciudades, el acercamiento entre los Bomberos y el Ejército para determinar el riesgo que existe en cada unidad. El Cuerpo de Bomberos debe aportar sugerencias para evitar desastres futuros. En Loja, acceden a todas las instalaciones militares, pero no a las bodegas donde se encuentran los polvorines.
Explosión: el Fiscal llamó al Gerente de la Santa Bárbara
Una fuente del Ejército reconoció ayer que, hasta las 16:00, no se había remitido al Ministerio Público de Chimborazo una copia del informe elaborado por la Inspectoría de la Fuerza Terrestre, con las hipótesis de las causas del estallido en la Brigada Galápagos.
Sin embargo, el ministro fiscal de esa provincia, Juan Rivera, continúa con la investigación penal, para hallar a los responsables de la detonación del polvorín militar, ocurrida el 20 de noviembre pasado.
Hoy, a las 10:00, comparece el gerente de la Fábrica de Municiones Santa Bárbara, teniente coronel Tapia. Según el contrato firmado entre la Junta de Defensa y la Fábrica, los técnicos de esta última debían efectuar la repotenciación de 10 100 granadas.
La mayoría de los artefactos estaba en Riobamba. El 20 de noviembre, la explosión se produjo en el hangar 79, donde trabajaban militares de la Fábrica en la revisión de las granadas. El Fiscal quiere conocer cuáles eran las condiciones de seguridad en las que trabajaban los técnicos.
El Ministerio Público también citará a comparecer, en Riobamba, al ex ministro de Defensa, Hugo Unda. El estallido ocurrido en la Brigada Blindada Galápagos también es investigado por la justicia militar. El caso está en el Juzgado Penal de la I Zona, en el cuartel Epiclachima de Quito.
Esa judicatura sí tiene una copia del informe de Inspectoría del Ejército, que fue hecho público, parcialmente, antier.El documento señala que la posible causa de la tragedia fue una chispa, originada en el hangar 79, que desencadenó en el incendio del material bélico de esa bodega y del arsenal guardado en el hangar 78.
Según el defensor del Pueblo de Chimborazo, Jorge Luis Idrovo, "el informe del Ejército era de esperarse. Las cosas no pueden ser así de sencillas". Idrovo sostiene que no es suficiente decir que una chispa originó el estallido.
"Lo de fondo fue la negligencia de los militares en el manejo de las municiones y la falta de planes de contingencia para disminuir el impacto de la explosión".
El funcionario dijo que el Ejército debe reconstruir las casas destruidas e indemnizar a los mutilados y deudos.
El 20 de noviembre
Dos bodegas detonaron . Los hangares 78 y 79 de la Brigada Blindada Galápagos, donde se guardaban granadas militares, explotaron y provocaron una serie de explosiones en cadena. La explosión sacudió a Riobamba y destruyó casas del norte.
Las pérdidas humanas . La tragedia dejó 10 muertos, 578 heridos y millares de personas asustadas. El estallido obligó a evacuar a la población hacia las comunidades rurales. El cantón Guano también resultó afectado.
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