Bolivia. Septiembre. 1991. Hasta ahora, el modelo boliviano,
sobre todo su exitoso programa de reducción de la inflación,
había sido elogiado solo por los funcionarios del FMI y del
Banco Mundial. en los ambientes empresariales eso incrementaba
la creencia de que Bolivia no tenía méritos propios, sino que
sus avances en el programa de ajuste estructural debían ser
atribuidos exclusivamente a las recomendaciones -o exigencias-
de los organismos internacionales.
Pero las cosas están cambiando. La consultora norteamericana
Política Risk Services puso a Bolivia, por primera vez, entre
los países donde las inversiones son seguras. Antes, aparecía
junto a El Salvador, entre los países más inseguros. Y en
menos de un año según dice la carta informativa Siglo 21, el
economista Rudiger Dornbusch, de MIT, y muy familiarizado con
las reformas en las economías latinoamericanas, pasó de opinar
que el modelo económico boliviano es un "fracaso total" a
admitir que está "impresionado por los logros del equipo
económico boliviano".
Es que hay logros: la inflación se estima en un 15% para este
año y el Producto podría crecer un 4 por ciento; el servicio
de la deuda externa representa ahora un 30 por ciento de las
exportaciones, desde un 50 por ciento dos años atrás; más de
un tercio de las exportaciones productos no tradicionales,
antes no llegaban al 10 por ciento; el déficit del sector
público cayó de 6,5 por ciento en 1989 a 2,6 por ciento este
año.
En círculos íntimos del gobierno boliviano todavía no pasa la
incredulidad de que las dudas en la solvencia de Brasil, no la
Bolivia, son las que mantengan paralizado el gran proyecto del
gasoducto a Brasil. El gobierno japonés que estaba interesado
en respaldar el proyecto, de 600 millones de dólares, no está
ahora muy convencido de querer hacerlo, y le gustaría tener
más seguridades sobre las posibilidades de Brasil de poder
cumplir con su parte.
Leyes e inversión.
Mientras tanto, la percepción de la economía boliviana en los
ambientes empresariales externos ha cambiado radicalmente
desde la aprobación de las reformas al Código de Minería
(febrero 1991) y de la Ley de Hidrocarburos (agosto de 1990).
Junto con la Ley de Inversiones, esos dos instrumentos legales
han sido calificados por el gobierno boliviano como medidas
que consolidan la estabilidad económica y encaminan el país
hacia la reactivación.
"El país ha reingresado a la geografía de las inversiones
extranjeras", dijo el Presidente Jaime Paz Zamora en una
reciente exposición. Las inversiones mineras significarían
este año una inyección de 250 millones de dólares. Las
primeras inversiones, realizadas el año pasado, estuvieron
dirigidas hacia la plata y el zinc, pero el precio deprimido
de estos metales ha provocado la pérdida de interés de varias
empresas, entre ellas dos canadienses.
Mientras tanto, los yacimientos de oro, tanto del altiplano
como de los ríos amazónicos, están extrayendo el interés de
inversionistas extranjeros. Cientos de empresas brasileñas
están trayendo oro, en sociedad con empresas locales, en los
ríos situados en la frontera con Brasil, aunque no siempre
registran oficialmente todo el oro que sacan.
Son las empresas petroleras, en todo caso, las que llevan la
delantera en la radicación de capitales. Exxon, Shell, British
Petroleum y otras están avanzando acuerdo para la firma de
contratos de operación con la empresa estatal YPFB.
Las estadísticas oficiales no han incluido todavía la legada
de inversionistas peruanos que han decidido radicarse en La
Paz y Santa Cruz, tanto en el sector productivo como en el
comercial. Y a principios de este año, el empresario boliviano
Roberto Saavedra Bruno suscribió un acuerdo de joint venture
con el brasileño Olacyr de Moraes, "o rei de soja" en su
país. El proyecto consiste en el cultivo de 10.000 hectáreas
con soja, maíz y trigo en el departamento de Santa Cruz.
De todos modos, algunos sindicatos y partidos de izquierda
insisten en criticar al gobierno por la política de atracción
de inversiones extranjeras. Los sindicatos mineros se oponen a
que las empresas estatales del holding estatal del estaño sean
transferidas al sector privado. Los dirigentes más
radicalizados propusieron una ocupación de esas empresas para
evitar la privatización, pero el congreso de trabajadores
mineros realizado a principios de mayo no aprobó ese plan.
El gobierno, por su lado, argumenta que las inversiones
traerán empleos e ingresos y su prédica parece estar
avanzando.
AMERICA ECONOMIA. Septiembre. 1991, página 24
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