Guayaquil. 09 feb 2000. Los procesos son por infracciones a la
Ley de Instituciones Financieras. Incluso la prisión del ex
presidente del Banco del Progreso es por otra razón.

En los juicios bancarios no hay quien responda por los malos
manejos. Pese a que los jueces han dictado órdenes de prisión
preventiva contra ex presidentes, gerentes y otros ex
funcionarios que presumiblemente tuvieron participación, no se
ha detenido a nadie.

Este Diario pasa revista a los 8 juicios que se tramitan entre
Quito y Guayaquil, contra los banqueros que quebraron varias
instituciones.

La detención del ex presidente del Banco del Progreso, Fernando
Aspizu, no fue por malos manejos de la entidad sino por una
presunta defraudación tributaria al Fisco, que todavía se
investiga.

El ex superintendente de Bancos, Jorge Guzmán, sí ha hecho uso
de las medidas cautelares para que los bienes de los miembros del
directorio y beneficiados de créditos sirvan de garantía para la
recuperación de los recursos mal utilizados. Ese fue el caso del
Banco La Previsora y las medidas son la prohibición de la salida
del país y la enajenación de bienes de los ex funcionarios Alvaro
y Luis Guerrero y Alfredo Arízaga. Una reforma del 16 de
noviembre de 1999 permite esas medidas cuando una institución
financiera ha deteriorado su situación económica financiera a
causa de la concesión de créditos a favor de accionistas que
posean más del 3 por ciento del capital social o sobrepasado los
límites legales.Pero por qué la Agencia de Garantía de Depósitos
(AGD) no ha ejercido lo que le permite la ley. Para ello debe
producirse una sentencia en cualquiera de los procesos judiciales
iniciados.

Progreso: 10 meses para llegar a 0

Gabriel Marcelo Tobar Bermeo, dio inicio al juicio el 25 de marzo
de 1999. Este proceso fue calificado desde su inicio como viciado
de nulidad porque empezó a tramitarse en el Juzgado Séptimo de
lo Penal del Guayas sin ser sorteado. Según el procurador
judicial de la AGD, Eduardo Guerrero, existen las pruebas que
confirman tres infracciones: peculado bancario por disposición
arbitraria de fondos en la concesión de créditos vinculados sin
garantías; falsedad de balances que son ajustados a la realidad;
y, ocultamiento de información.

Previsora: el crétido, su debilidad

Según el informe de la Superintendencia de Bancos, que dio inicio
a una demanda en el Juzgado Quinto de lo Civil del Guayas, el mes
pasado, La Previsora Internacional Bank dio un préstamo de 66.2
millones de dólares a 30 compañías inmobiliarias extranjeras,
avaluadas en 95.2 millones de dólares.

Una auditoría determinó una falla del 40%. El valor real era 57.1
millones frente a los 66.2 de préstamo. La concesión del crédito
implica un exceso de concentración crediticia por 539% del
patrimonio técnico ajustado del Grupo Financiero La Previsora,
que no cambió cuando los créditos se hicieron capital de las 30
inmobiliarias y de las que el Banco recibió acciones en
sustitución de deudas.

Solbanco: la cartera es su falencia

El 4 de diciembre de 1999 la jueza vigésimo cuarta de lo Penal
del Guayas inició autocabeza de proceso contra el presidente del
directorio,Iván Castro Patiño, y Fernando Proaño, auditor
interno, por presunciones de responsabilidad penal en la
administración de los recursos de Solbanco en la venta de cartera
del banco a dos compañías: Cordo y Sociedad Antares Group Inc.

Los administradores de Solbanco, incluidos el gerente general,
presidente y el directorio, por medio de la negociación de
cartera causaron un perjuicio económico, ya que fraudulentamente
disminuyeron los activos del banco y generaron una pérdida de 31
873 millones de sucres. En el juicio se han receptado los
testimonios, pero el caso pasará al análisis de otro juez. La
jueza Angela Albán, fue recusada por la parte acusadora.

Unión: un juicio sin sindicados

El 30 de agosto de 1999 en el Juzgado Décimo Quinto de lo Penal
del Guayas, se inició el juicio para establecer responsabilidades
de los ex administradores de Banco Unión por presuntas
infracciones a la Ley de Instituciones Financieras. Según una
denuncia del Estudio Jurídico Pareja&Asociados en calidad de
apoderado especial de la compañía World Strategy Limited de
Nassau Bahamas, se dispuso arbitrariamente de un bono que se
entregó en custodia del Banco Unión SA por 8 420 mil dólares. A
ello se añade el mal uso de cinco certificados de depósito a
plazo por 3 960 mil dólares, emitidos por Banco Unión a favor de
la compañía, que no aparecen registrados o el uso que se les dio.
En el juicio no hay sindicados.

Bancomex: en la parte sumarial

El juicio que se sigue en le Juzgado Décimo de lo Penal de
Pichincha contra Bancomex sigue en la etapa sumarial. El juez
Luis Mora aspira, en un mes, cerrar el sumario. Prosigue la
recepción de testimonios. En este proceso, que se inició por
excitativa fiscal, fue sindicado Medardo Cevallos Gómez-Piñán,
presidente del directorio. Su padre Medardo Cevallos Balda, ex
embajador en México, fue señalado pero no implicado.

El proceso es por irregularidades a la Ley de Instituciones del
Sistema Financiero. El banco estaba en el tercer lugar del
ranking del Sistema Financiero Nacional, pero en septiembre de
1998 accedió a un crédito de liquidez de hasta el 100% de su
patrimonio técnico, el mismo que fue renovado por 60 días más.

La deuda a esa fecha: 103 mil millones de sucres. En abril de
1999 Bancomex pasó a la AGD.

El Popular con tres juicios

Los tres juicios contra de los ex directivos del Banco Popular
están en la etapa sumarial. El primero se inició en octubre de
1999. La jueza segunda de lo Penal de Pichincha ordenó (a
petición del fiscal segundo) la prisión de Nicolás Landes -ex
presidente del Banco-, William DeRosa, Patricio Serrano,
Francisco Cordovez y Santiago Ortiz, por presuntamente infringir
la ley en el manejo de Fondos Vision. Todos están prófugos. La
orden de impedimento de salida del país llegó a la Dirección
Nacional de Migración 27 horas después de la orden del juez.

El segundo: por el no reporte de créditos vinculados del Popular
a la Superintendencia de Bancos. El tercero se basa en una
denuncia de fraude presentada por María Eulalia Merino.
Presuntamente la entidad destinó sus ahorros (USD 54 000) a
empresas fantasmas, a través de su representante legal, Nicolás
Landes.

Préstamos: el proceso no camina

A inicios de enero, el juez décimo cuarto de lo Penal de
Pichincha, Jaime Santos, se disponía a cerrar por segunda vez la
etapa sumarial en el proceso que se sigue contra José Peñafiel,
ex presidente del Banco de Préstamos, pero los abogados
defensores presentaron un recurso de hecho. Ese juicio, por
presunta estafa, ahora se encuentra en la Quinta Sala de la Corte
Superior de Quito.

En el proceso se ordenó la prisión preventiva del ex presidente
y se sindicó a otros funcionarios. El pasado octubre, el sumario
del juicio se cerró. La defensa empezó solicitar al juez que los
acusadores presenten nuevamente su denuncia. Con esa acción, se
reabrió la etapa sumarial. El 10 de enero, el juicio debía ser
enviado a la Fiscalía, pero la nueva acción de los abogados lo
impidió.

Azuay: un proceso a paso lento

El proceso en contra los directivos del Banco del Azuay, por
presunto peculado e irregularidades en la concesión de créditos
vinculados, no avanza. Está en la Corte Superior de Justicia de
Guayaquil, hasta decidir su competencia o no.

La etapa sumarial está concluida. Existe un dictamen acusatorio
del Fiscal en contra de los directivos. Según el expediente 102
del Juzgado Primero de lo Penal del Azuay, aparte de Miranda
Alcívar, están involucrados en el caso sus hermanos Carlos Julio
y José Fagin. (Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Guayaquil

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