Quito. 04 ago 99. Un crédito otorgado por Filanbanco, una acción
directa de la AGD, emisión de bonos y un fondo, en el tapete. La
decisión depende de la incidencia en el déficit.
Según cifras de la Superintendencia de Bancos, capitalizar a los
cuatro bancos: Popular, Pacífico, La Previsora y Cofiec costará
USD 148 millones. Esto, luego de que las auditorías
internacionales determinaron que estas instituciones tienen su
patrimonio técnico bajo el nueve por ciento que exige la Ley.
Según fuentes consultadas por este Diario existen cuatro opciones
para obtener el dinero requerido. La primera es un crédito
directo otorgado por Filanbanco, la segunda, un mecanismo directo
de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que funcionaría una
parte vía emisión de bonos del Estado por USD 70 millones y la
otra parte con sus propios recursos. Estos se calculan en unos
USD 72 millones hasta julio del próximo año y provendrán del
porcentaje del 6 por mil de los depósitos que por Ley los bancos
deben entregar a la AGD. Es decir, que sumadas ambas partes se
tendrán los USD 142 millones necesarios.
La tercera opción es una emisión directa de bonos por parte de
la AGD, es decir que el Estado presta el dinero vía emisión de
bonos con cargo a deuda interna. Finalmente, la última opción,
es la posibilidad de un fondo otorgado por los organismos
internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la Corporación
Andina de Fomento (CAF), y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). En lo referente al FMI los fondos para la capitalización
se tomarán de los USD 500 millones que este ente ofreció
inicialmente. Estas cuatro alternativas se discuten entre las
autoridades. No obstante, la elección de una de ellas dependerá
de la incidencia que tenga este monto en el déficit fiscal del
año 2000. Esto porque para este año, el FMI estima un 4 ó 4,5 por
ciento por este concepto. Se estableció que la decisión final se
tomará entre hoy y mañana.
Sobre la última alternativa, Jorge Guzmán, superintendente de
Bancos, afirma que los recursos dependen del acuerdo con el FMI.
"Las auditorías han sido severas por que quien pone la plata es
la gente de afuera. Por ello, el FMI, el Banco Mundial y BID
quieren saber dónde van a poner esos USD 500 millones. Tan es así
que vienen esta semana funcionarios de esas entidades a revisar
lo que se ha hecho".
Sin embargo, hasta que se concreten estos fondos, el Estado puede
realizar un crédito subordinado. Guzmán sostiene que en el caso
de utilizar los recursos del Filanbanco se deberá capitalizar al
Banco, para que la entidad incremente su patrimonio técnico. "El
Estado le restituye el patrimonio que necesita para operar como
Filanbanco y para que también tenga capacidad operativa para
hacer esos préstamos. De acuerdo a la Ley no puede darse más allá
del 40 por ciento del patrimonio técnico del banco prestamista.
Según Guzmán, esto se lo hará mediante bonos del Estado. Además
aclaró que en virtud de las reglas establecidas por los asesores
internacionales, los cuatro bancos pueden acceder a estos
créditos. De hecho, el mecanismo de capitalización mediante un
crédito ya fue definido con anterioridad. De acuerdo a las reglas
establecidas por las autoridades de control, por cada sucre que
aporte el Estado, los dueños de estas instituciones deberán
capitalizar también en un sucre. De esta manera se dará una
proporción de uno a uno en la participación del capital.
Es decir, los bancos que se beneficien del crédito deben emitir
acciones como contraparte del crédito que reciben. El plazo para
ese pago es de un año. De cumplirse con el pago de las
obligaciones, la entidad prestamista ejecuta la garantía y, por
lo tanto, se convierte en accionista de la entidad financiera por
el valor del crédito que otorgó. "En el caso Filanbanco se
convertiría en accionista de esos bancos en la proporción que
corresponde, los accionistas de esas entidades van a
defenderlas".
Pero si es el Estado el que otorga el crédito puente existe la
posibilidad de que este incremente su presencia en el sector
financiero. Sin embargo "este no es el objetivo del Gobierno" han
señalado las autoridades económicas. De hecho la ministra de
Finanzas, Ana Lucía Armijos, dijo la semana anterior que la idea
no es que el Estado se convierta en un banquero. Por lo que de
darse ese caso las entidades serán vendidas. Justamente la
Superintendencia de Bancos espera que para finales de agosto, el
ING Barings presentará el informe de venta de Filanbanco.
Mientras tanto, la Superintendencia ha previsto que los
interventores del Banco Popular y del Pacífico serán Luis Borrero
y Daniel Cañizares. Mientras que, para La Previsora y Cofiec, se
seleccionaron los interventores, pero estos todavía no han
confirmado la aceptación del cargo.
En cambio, para el Banco de Crédito ocupará este cargo, Eduardo
López, Patricia Célleri en Banco Unión y Danilo Portugal en
Solbanco.
La situación actual del sistema financiero, al parecer, cumplió
las expectativas del superintendente Guzmán. El funcionario,
considera que aunque la ley actual limita el ámbito de acción de
la Superintendencia en cuanto a facilidades para fusiones,
facilidades para otorgar crédito entre bancos, etc. No obstante,
el saneamiento, a decir de Guzmán, continuará en la medida en que
la ley lo posibilite.
Sobre las protestas de los bancos como el Popular, Guzmán
considera que al igual que las 25 instituciones financieras
restantes, esta entidad tuvo la oportunidad de presentar sus
descargos (protestas) a tiempo, pero que la decisión de los
consultores externos, quienes evaluaron las auditorías fue la
anunciada el viernes pasado. Sobre el tema, el Superintendente
afirmó que los resultados de las auditorías no son infalibles y
por ello se contó con la revisión de personal designado por
organismos internacionales, quienes realizaron el análisis final
de los resultados obtenidos en todos los bancos.
La Garantía debe constar en las pólizas, libretas...
El Ejecutivo espera tener listo en el transcurso de esta semana,
el proyecto de Ley para eliminar el sigilo bancario (ver página
A3), según lo dio a conocer Jorge Guzmán, superintendente de
Bancos.
Sin embargo, ante el veto presidencial de la Ley para la
reestructuración del sistema financiero, también conocida como
Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), la
Superintendencia de Bancos ha emitido resoluciones que compensan
el hecho de que no se haya aprobado dicha Ley.
Este es el caso del oficio SB-IT-DN-99-093 del 2 de agosto de
1999, dirigido a los gerentes generales de las entidades
bancarias. En el documento se obliga a que las instituciones
financieras especifiquen si las inversiones que se realizan se
encuentran dentro del máximo permitido por el seguro de
depósitos.
De acuerdo a la resolución, en la cara donde dice "todo"
documento financiero de depósitos (libretas de ahorro por
ejemplo) o captaciones (pólizas, entre otras), se debe colocar
la siguiente frase: "El depósito, inversión o captación
representado por este documento..... (en ese espacio se debe
colocar la palabra SI o NO, según sea el determinado caso) se
encuentra amparado por la Agencia de Garantía de Depósitos,
respecto a la tasa de interés.
Además, deberán exhibir en un lugar público los niveles máximos
de las tasas de interés con las cuales los depósitos o
captaciones estarán cubiertos por la AGD para esa semana. El
incumplimiento con estas resoluciones será castigado según lo que
se ha dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de
Instituciones Financieras (multas).
Por otro lado, según la Superintendencia de Bancos, hasta el
momento el 38 por ciento del sistema financiero ha desaparecido,
y de hecho, solamente el patrimonio técnico de Bancomex (luego
de conocidos los resultados de las auditorías financieras) es de
menos 12 por ciento.
El Superintendente señala que, los cuatro bancos con patrimonio
positivo, pero bajo el nueve por ciento previsto en la Ley, son
entidades dignas de toda confianza. El respaldo del Estado los
hace confiables. "Estos bancos no caerán bajo ninguna
circunstancia, los vamos a mantener por que son importantes para
la vida de este país". De hecho "en estos dos días no habido
absolutamente ningún problema".
Los interventores vigilan los procesos desde adentro
El trabajo de los interventores en los bancos que serán
reestructurados como en aquellos que recibirán apoyo del
Gobierno, inició desde el lunes. La Superintendencia de Bancos
posesionó a Eduardo López, como interventor en el Banco de
Crédito, Patricia Célleri en el Banunión; Danilo Portugal en
Solbanco; y, Daniel Cañizares ya actuaba en Banco del Pacífico.
De acuerdo al Registro Oficial número 206, expedido el 7 de junio
pasado, los interventores serán de libre designación o remoción
del Superintendente de Bancos, aún en el caso en que no
pertenezcan a esta entidad.
Un interventor tiene la obligación de autorizar con su firma y
visto bueno las operaciones de la institución financiera
intervenida, de acuerdo a las instrucciones que reciba de la
Superintendencia de Bancos y del programa de vigilancia
preventiva, así como de informar a la entidad sobre el
cumplimiento de dicho programa. Así, en el caso de las
instituciones donde trabajarán actualmente, estas personas
deberán controlar que los bancos no reciban créditos subordinados
y vigilar el desarrollo normal de las actividades. Los
funcionarios designados harán un seguimiento del proceso de
capitalización y de los compromisos adquiridos por el banco, tras
las auditorías realizadas.
De acuerdo a la Ley, la actuación del interventor no podrá ser
interferida y este funcionario responderá personalmente por sus
actos. En el caso de presentarse irregularidades en su operación,
la persona tiene que responder ante la Ley y cumplir con las
respectivas sanciones que para el caso se apliquen.
No obstante, estas personas están sujetas a las disposiciones que
sobre sigilio y reserva bancaria establece la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero. Los conflictos entre el
interventor y la institución intervenida, y las dudas en la
aplicación de las acciones de estos funcionarios, serán resueltos
por el Superintendente de Bancos, en este caso, Jorge Guzmán o
por la Junta Bancaria, según el caso.
De hecho, según lo dispone el artículo 4 del mismo Decreto, la
Junta Bancaria tiene la capacidad de remover a los miembros del
directorio y al representante legal de la entidad, de conformidad
con los dispuesto en los artículos 151 y 177 de la Ley General
de Instituciones Financieras. (Texto tomado de El Comercio)
directa de la AGD, emisión de bonos y un fondo, en el tapete. La
decisión depende de la incidencia en el déficit.
Según cifras de la Superintendencia de Bancos, capitalizar a los
cuatro bancos: Popular, Pacífico, La Previsora y Cofiec costará
USD 148 millones. Esto, luego de que las auditorías
internacionales determinaron que estas instituciones tienen su
patrimonio técnico bajo el nueve por ciento que exige la Ley.
Según fuentes consultadas por este Diario existen cuatro opciones
para obtener el dinero requerido. La primera es un crédito
directo otorgado por Filanbanco, la segunda, un mecanismo directo
de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que funcionaría una
parte vía emisión de bonos del Estado por USD 70 millones y la
otra parte con sus propios recursos. Estos se calculan en unos
USD 72 millones hasta julio del próximo año y provendrán del
porcentaje del 6 por mil de los depósitos que por Ley los bancos
deben entregar a la AGD. Es decir, que sumadas ambas partes se
tendrán los USD 142 millones necesarios.
La tercera opción es una emisión directa de bonos por parte de
la AGD, es decir que el Estado presta el dinero vía emisión de
bonos con cargo a deuda interna. Finalmente, la última opción,
es la posibilidad de un fondo otorgado por los organismos
internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la Corporación
Andina de Fomento (CAF), y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). En lo referente al FMI los fondos para la capitalización
se tomarán de los USD 500 millones que este ente ofreció
inicialmente. Estas cuatro alternativas se discuten entre las
autoridades. No obstante, la elección de una de ellas dependerá
de la incidencia que tenga este monto en el déficit fiscal del
año 2000. Esto porque para este año, el FMI estima un 4 ó 4,5 por
ciento por este concepto. Se estableció que la decisión final se
tomará entre hoy y mañana.
Sobre la última alternativa, Jorge Guzmán, superintendente de
Bancos, afirma que los recursos dependen del acuerdo con el FMI.
"Las auditorías han sido severas por que quien pone la plata es
la gente de afuera. Por ello, el FMI, el Banco Mundial y BID
quieren saber dónde van a poner esos USD 500 millones. Tan es así
que vienen esta semana funcionarios de esas entidades a revisar
lo que se ha hecho".
Sin embargo, hasta que se concreten estos fondos, el Estado puede
realizar un crédito subordinado. Guzmán sostiene que en el caso
de utilizar los recursos del Filanbanco se deberá capitalizar al
Banco, para que la entidad incremente su patrimonio técnico. "El
Estado le restituye el patrimonio que necesita para operar como
Filanbanco y para que también tenga capacidad operativa para
hacer esos préstamos. De acuerdo a la Ley no puede darse más allá
del 40 por ciento del patrimonio técnico del banco prestamista.
Según Guzmán, esto se lo hará mediante bonos del Estado. Además
aclaró que en virtud de las reglas establecidas por los asesores
internacionales, los cuatro bancos pueden acceder a estos
créditos. De hecho, el mecanismo de capitalización mediante un
crédito ya fue definido con anterioridad. De acuerdo a las reglas
establecidas por las autoridades de control, por cada sucre que
aporte el Estado, los dueños de estas instituciones deberán
capitalizar también en un sucre. De esta manera se dará una
proporción de uno a uno en la participación del capital.
Es decir, los bancos que se beneficien del crédito deben emitir
acciones como contraparte del crédito que reciben. El plazo para
ese pago es de un año. De cumplirse con el pago de las
obligaciones, la entidad prestamista ejecuta la garantía y, por
lo tanto, se convierte en accionista de la entidad financiera por
el valor del crédito que otorgó. "En el caso Filanbanco se
convertiría en accionista de esos bancos en la proporción que
corresponde, los accionistas de esas entidades van a
defenderlas".
Pero si es el Estado el que otorga el crédito puente existe la
posibilidad de que este incremente su presencia en el sector
financiero. Sin embargo "este no es el objetivo del Gobierno" han
señalado las autoridades económicas. De hecho la ministra de
Finanzas, Ana Lucía Armijos, dijo la semana anterior que la idea
no es que el Estado se convierta en un banquero. Por lo que de
darse ese caso las entidades serán vendidas. Justamente la
Superintendencia de Bancos espera que para finales de agosto, el
ING Barings presentará el informe de venta de Filanbanco.
Mientras tanto, la Superintendencia ha previsto que los
interventores del Banco Popular y del Pacífico serán Luis Borrero
y Daniel Cañizares. Mientras que, para La Previsora y Cofiec, se
seleccionaron los interventores, pero estos todavía no han
confirmado la aceptación del cargo.
En cambio, para el Banco de Crédito ocupará este cargo, Eduardo
López, Patricia Célleri en Banco Unión y Danilo Portugal en
Solbanco.
La situación actual del sistema financiero, al parecer, cumplió
las expectativas del superintendente Guzmán. El funcionario,
considera que aunque la ley actual limita el ámbito de acción de
la Superintendencia en cuanto a facilidades para fusiones,
facilidades para otorgar crédito entre bancos, etc. No obstante,
el saneamiento, a decir de Guzmán, continuará en la medida en que
la ley lo posibilite.
Sobre las protestas de los bancos como el Popular, Guzmán
considera que al igual que las 25 instituciones financieras
restantes, esta entidad tuvo la oportunidad de presentar sus
descargos (protestas) a tiempo, pero que la decisión de los
consultores externos, quienes evaluaron las auditorías fue la
anunciada el viernes pasado. Sobre el tema, el Superintendente
afirmó que los resultados de las auditorías no son infalibles y
por ello se contó con la revisión de personal designado por
organismos internacionales, quienes realizaron el análisis final
de los resultados obtenidos en todos los bancos.
La Garantía debe constar en las pólizas, libretas...
El Ejecutivo espera tener listo en el transcurso de esta semana,
el proyecto de Ley para eliminar el sigilo bancario (ver página
A3), según lo dio a conocer Jorge Guzmán, superintendente de
Bancos.
Sin embargo, ante el veto presidencial de la Ley para la
reestructuración del sistema financiero, también conocida como
Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), la
Superintendencia de Bancos ha emitido resoluciones que compensan
el hecho de que no se haya aprobado dicha Ley.
Este es el caso del oficio SB-IT-DN-99-093 del 2 de agosto de
1999, dirigido a los gerentes generales de las entidades
bancarias. En el documento se obliga a que las instituciones
financieras especifiquen si las inversiones que se realizan se
encuentran dentro del máximo permitido por el seguro de
depósitos.
De acuerdo a la resolución, en la cara donde dice "todo"
documento financiero de depósitos (libretas de ahorro por
ejemplo) o captaciones (pólizas, entre otras), se debe colocar
la siguiente frase: "El depósito, inversión o captación
representado por este documento..... (en ese espacio se debe
colocar la palabra SI o NO, según sea el determinado caso) se
encuentra amparado por la Agencia de Garantía de Depósitos,
respecto a la tasa de interés.
Además, deberán exhibir en un lugar público los niveles máximos
de las tasas de interés con las cuales los depósitos o
captaciones estarán cubiertos por la AGD para esa semana. El
incumplimiento con estas resoluciones será castigado según lo que
se ha dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de
Instituciones Financieras (multas).
Por otro lado, según la Superintendencia de Bancos, hasta el
momento el 38 por ciento del sistema financiero ha desaparecido,
y de hecho, solamente el patrimonio técnico de Bancomex (luego
de conocidos los resultados de las auditorías financieras) es de
menos 12 por ciento.
El Superintendente señala que, los cuatro bancos con patrimonio
positivo, pero bajo el nueve por ciento previsto en la Ley, son
entidades dignas de toda confianza. El respaldo del Estado los
hace confiables. "Estos bancos no caerán bajo ninguna
circunstancia, los vamos a mantener por que son importantes para
la vida de este país". De hecho "en estos dos días no habido
absolutamente ningún problema".
Los interventores vigilan los procesos desde adentro
El trabajo de los interventores en los bancos que serán
reestructurados como en aquellos que recibirán apoyo del
Gobierno, inició desde el lunes. La Superintendencia de Bancos
posesionó a Eduardo López, como interventor en el Banco de
Crédito, Patricia Célleri en el Banunión; Danilo Portugal en
Solbanco; y, Daniel Cañizares ya actuaba en Banco del Pacífico.
De acuerdo al Registro Oficial número 206, expedido el 7 de junio
pasado, los interventores serán de libre designación o remoción
del Superintendente de Bancos, aún en el caso en que no
pertenezcan a esta entidad.
Un interventor tiene la obligación de autorizar con su firma y
visto bueno las operaciones de la institución financiera
intervenida, de acuerdo a las instrucciones que reciba de la
Superintendencia de Bancos y del programa de vigilancia
preventiva, así como de informar a la entidad sobre el
cumplimiento de dicho programa. Así, en el caso de las
instituciones donde trabajarán actualmente, estas personas
deberán controlar que los bancos no reciban créditos subordinados
y vigilar el desarrollo normal de las actividades. Los
funcionarios designados harán un seguimiento del proceso de
capitalización y de los compromisos adquiridos por el banco, tras
las auditorías realizadas.
De acuerdo a la Ley, la actuación del interventor no podrá ser
interferida y este funcionario responderá personalmente por sus
actos. En el caso de presentarse irregularidades en su operación,
la persona tiene que responder ante la Ley y cumplir con las
respectivas sanciones que para el caso se apliquen.
No obstante, estas personas están sujetas a las disposiciones que
sobre sigilio y reserva bancaria establece la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero. Los conflictos entre el
interventor y la institución intervenida, y las dudas en la
aplicación de las acciones de estos funcionarios, serán resueltos
por el Superintendente de Bancos, en este caso, Jorge Guzmán o
por la Junta Bancaria, según el caso.
De hecho, según lo dispone el artículo 4 del mismo Decreto, la
Junta Bancaria tiene la capacidad de remover a los miembros del
directorio y al representante legal de la entidad, de conformidad
con los dispuesto en los artículos 151 y 177 de la Ley General
de Instituciones Financieras. (Texto tomado de El Comercio)
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