Quito. 08.03.94. Previo a despojarse de Aztra, el Estado deberá
hacer frente o garantizar el pago de los 12 mil millones de
sucres que se les adeuda a alrededor de 4.000 trabajadores, la
mora con el IESS que, en las puertas a un embargo, asciende a
21.500 mil millones de sucres y, todo parece conducir, además, al
eventual pago de 15 millones de dólares a la firma Global Trade
por una polémica deuda cuyas versiones son múltiples.
Pero, la empresa tiene sus propios problemas con la venta
anticipada de la producción de 1994, recursos que no existen en
caja y han servido para cubrir gastos de "diversa naturaleza".
Todo ese contexto conjuga lo que podría interpretarse como un
descalabro financiero.
Origen de la deuda
La deuda de la empresa empieza en 1964 con la iniciación misma de
la compañía en manos de empresarios privados. En ese entonces una
firma francesa financia la instalación de la maquinaria y la
ejecución de las obras civiles. Las deudas se acumulan y la firma
COFACE transfiere el crédito a la firma Global Trade de propiedad
del empresario Roberto Isaías, en base a unos pagarés que le
fueron cedidos, suscritos en 1975 y que se supone prescribían en
tres años. La deuda original era de entre 10 y 12 millones de
dólares. Los pagarés se firmaron por un valor nominal de
alrededor de 4 millones de dólares, entre tanto la Global canceló
1,4 millones de dólares y la CFN hizo un abono de 600 mil
dólares, con lo cual COFACE recibió 2 millones de dólares.
Aunque ni el Gobierno Nacional ni la Corporación Financiera
Nacional, CFN, nunca fueron garantes de Aztra, la relación nace
cuando en la época de la dictadura militar de Rodríguez Lara, la
empresa privada, que estaba en mala situación, fue endosada al
Estado. El caso es similar al ocurrido con otras empresas como
Fertisa y Ecuatoriana de Aviación en las cuales el Estado se hizo
cargo con una situación económica deplorable de por medio.
En 1988 ante el no pago la Global inició un juicio ejecutivo
(directo y de rápida sentencia) en el que demanda a Aztra en base
a la confesión judicial del entonces Gerente, por el pago de los
4,9 millones de dólares más intereses por mora y financiamiento.
Aztra ganó la primera instancia y perdió la segunda, luego se
comprobó la gestión irregular de los jueces, se destituyó a dos
de ellos y la Corte Suprema el 7 de febrero de 1992 dictó
sentencia favorable a Aztra.
Meses después y ya en el actual gobierno la Global inició un
segundo juicio, esta vez ordinario (extenso, de vanas
instancias), en el que demandó nuevamente el pago de las
obligaciones. Aztra contestó la demanda y alegó que el asunto ya
era "cosa juzgada", pero en diciembre de 1993 Global ganó el
juicio por un valor de alrededor de 15 millones de dólares, con
el cálculo de intereses.
Aztra interpuso luego el recurso de casación, que equivale a lo
que antes era la tercera instancia. La casación pretende
conseguir que la sentencia judicial sea revisada por la Corte
Suprema para corregirla y anularla de manera definitiva por ser
contraria al Derecho.
El recurso de casación es revocado el 10 de febrero de 1994, pero
la defensa no interpuso el recurso de hecho, por lo cual la causa
no llegó a la Corte Suprema. Posteriormente se interpone un nuevo
recurso de casación y es sobre este que se espera un
pronunciamiento.
El abogado de Aztra, César Vaca, sostiene que "la primera y la
segunda casación corresponden a dos actos y momentos procesales
diferentes, independientes y de consecuencias jurídicas
diversas", por lo cual "el nuevo recurso de casación es legítimo
y perfectamente procedente".
Global pide ejecutar sentencia
La Corte Superior de Justicia ha dado la razón a la Global Trade,
esperamos que los jueces cumplan apegados al derecho y de
inmediato ordenen la ejecución de la sentencia, y "si se tiene
que pedir el embargo de algunos bienes hipotecados que garantizan
la obligación, de acuerdo a la ley lo pediremos", advirtió Ney
Valero, abogado de la Global.
Negó las críticas de varios juristas de que existe presión hacia
los jueces para que se resuelva a su favor, pues "siempre
actuamos de acuerdo a la Ley, por eso una vez que la Cuarta Sala
de la Corte concedió el recurso de casación, a nuestro criterio
ilegal porque en la misma providencia aparte de aceptar el
recurso, se suspendió la ejecución de la sentencia sin fijar el
monto de la caución que obliga la ley, pedimos la revocatoria de
dicha providencia a efectos de que cumpla con las disposiciones
legales".
La sala conoció nuestro pedido y revocó "corrigiendo el error que
había cometido" y consecuentemente, negó el recurso de casación,
indicó.
Señaló que el caso terminó mediante sentencia dictada en
diciembre de 1993, además el auto que hoy se pretende casar no
terminó con el juicio, lo que hizo fue negar el recurso de
casación y consecuentemente el trámite de la impugnación concluyó
pero porque la parte demandada no interpuso o no cumplió con el
recurso de hecho y "esa es la gran verdad, no hemos presionado a
los jueces".
Dijo que cuando se adquirieron los derechos fueron liquidados en
alrededor de 10 millones de dólares, de ellos 4,9 millones en
capital, pero por los manejos procesales o la demora de los
juicios, por no querer pagar las obligaciones vencidas, ya sea
"en forma directa o indirecta", tanto la CFN como Aztra, es que
han originado ese monto de la deuda en virtud de los intereses.
En el momento en que la demandada no interpuso el recurso de
hecho y concluyó el trámite de la casación, el juicio en sí ya
había concluido, expresó.
"Una vez que se liquide la sentencia lo que cabe es el pago",
afirmó y dijo que, las críticas por el lado de Aztra están
dirigidas a retardar el pago de los 15 millones de dólares, a
dudar de la resolución de los jueces, a escandalizar a la opinión
pública y a que personas extrañas al proceso busquen ;
notoriedad.
"Ellos sostienen que hemos hecho presiones porque habían iniciado
el juicio, pero fue totalmente distinto al que se basó el juicio
ordinario, además, si bien es cierto ambas partes son las mismas,
la causa que motivó el juicio esta vez fue la confesión judicial
y la sentencia fue declarada, y "el documento que sirvió de base
para iniciar esta acción es un acto de cesión de derechos sobre
las acreencias de que Aztra adeudaba al anterior".
Dijo que "se habla de las presiones de nosotros pero no de las de
Falconí ante la Juez Quinto de lo Civil, afiliada a la Izquierda
Democrática, que dicta sentencia de primera instancia y que
después es ratificada en el cargo".
Señaló que Falconí da a entender que Roberto Isaías quiere
adueñarse de Aztra dolosamente, pero el saldo deudor en capital
fue de 4,9 millones de dólares, y como las obligaciones generan
intereses y no se pagó la deuda a diciembre de 1982 se calcularon
los intereses por mora y luego el interés a razón del 9 %, por lo
tanto, "no les vamos a seguir el juego porque la sentencia ha
sido total y absolutamente favorable".
Admite que al margen del buen o mal negocio que pudo haber hecho
el Estado al adquirir el ingenio, "a nosotros eso no nos
interesa".
"El problema del Estado, es del Estado, por haber hecho contratos
políticos, incluso porque no es posible que siendo San Carlos el
ingenio más grande del Ecuador tenga alrededor de 1.000 empleados
y Aztra que es el más pequeño tenga 4.000, eso es político porque
"no se puede tener 10 asistentes cuando con uno es suficiente,
nos interesa nuestra plata".
Críticas de Falconí
Por su parte, el ex ministro de Industrias y presidente del
Directorio de Aztra en el gobierno anterior, Juan Falconí Puig,
sostiene que incluso en el primer juicio, Roberto Isaías no
demando los pagarés y que después de un dudoso trámite la Global
tuvo la sentencia antes de que ésta sea incorporada al expediente
y notificada en la segunda instancia, además, la investigación
demostró que un Ministro cambió el voto, luego de lo cual Aztra
triunfó en la Corte Suprema declarándose Sin lugar la demanda.
Expresa que eso fue "antes del cambio de gobierno, todavía
durante mi gestión" y esa fue una de las pocas veces que un
juicio de esa magnitud se gana para el Estado; situación que más
tarde se iba a revertir al desconocer la cosa juzgada.
La cosa juzgada es el calificativo para un juicio cuya sentencia
ha llegado a la última o definitiva instancia, y "quiere decir
que no puede haber nuevo juicio entre las mismas personas por los
mismos motivos o razones fundados en el mismo derecho o causa",
expresó.
Indica que "coincidiendo con el cambio de gobierno" Isaías
demanda en un segundo juicio que no solo desconoce la cosa
juzgada consignada en el primero sino que admite el valor de más
de 15 millones de dólares que por si y ante si fija el acreedor
por intereses de financiamiento y de mora.
"El descaro es tal que en la demencia por reconocer una deuda
inexistente se viola la ley y se admite esa cifra por intereses
sin que juez alguno haya ordenado como es lo legal y procedente
el cálculo de tal;es intereses" precisa.
Sostiene que la corte declaró sin lugar esa demanda por
prescripción, o sea que ya no era exigible porque pasado cierto
tiempo si no se ejerce una acción prescribe y, cuando se demanda
en el segundo juicio en 1992, con un monto inicial de 107 mil
dólares, en la sentencia se reconoce más de 15 millones con el
argumento de que el demandante se equivocó, pero procesalmente
esa falla debía ser corregida mediante reforma a la demanda, que
no se hizo porque además había transcurrido el tiempo para
hacerlo.
Falconí estima que para ese entonces y por "lo que todos
comentan" hubo un acuerdo entre el actual gobierno y la Global,
pues solo así se justifica que de la sentencia que se dicta en
diciembre del 1993, no se pide aclaración, ampliación ni ninguna
otra medida que era importante inclusive para determinar todo el
balance de ese absurdo fallo.
Dijo qué después que se interpuso el recurso de casación (otra
instancia) ésta se concedió como era lo legal y procedente y,
después viene una más de las innumerables anomalías cuando se
revoca la casación, cosa "nunca antes vista porque el expediente
debía ser inmediatamente remitido a la Corte Suprema, pero para
evitar que llegue al máximo tribunal se revoca la casación.
Afirmó que otro de los hechos escandalosos es que Aztra en vez de
interponer el recurso de hecho como expresamente lo establece el
artículo 8 de la Ley de Casación deja ejecutoriar la revocatoria
y consolida el "regalo" de 15 millones de dólares a Roberto
Isaías, ya que "el cambio fue total, concedido el recurso para
que vaya por la casación a la Corte Suprema simplemente se revoca
en un hecho insólito nunca antes visto y Aztra además de eso deja
ejecutoriar la sentencia".
Según Falconí, el recurso de "casación sobre casación" ya no cabe
y eso es "una viveza o tongo" porque, lo que ahora produce es un
juicio de conclusión, es decir, el ejercicio de una acción
conclusoria para dejar insubsistente el fallo anterior.
La acción colusoria es una instancia distinta que se puede
ejercer para dejar sin efecto los resultados de un acuerdo entre
dos o más personas en perjuicio de un tercero.
Falconí recalca que si no se ha procedido de esa manera es porque
prácticamente se han conformado con el fallo y lo que ahora hacen
es la "pantomima" para decir a la opinión que siguen preocupados
cuando saben que a este punto todo es inútil, "es como darle de
comer o ponerle una inyección a un tipo que lleva tres días
muerto".
Advirtió que es posible que si se sigue a este paso, incluso
embargando el ingenio, el Estado tendrá que ponerle plata encima
porque las deudas subirían, lo que confirma que para el Estado es
un pésimo negocio, además, los 15 millones como están ya están
cerrados pero hay otras deudas que se están acumulando entre
trabajadores y el IESS, que incluso generan intereses.
Gente interesada
De otra parte, un hecho que podría trastocar el caso es que
varias irregularidades que se atribuyen a los jueces que
sustancian la causa en el segundo juicio es analizada por la
Corte Suprema por intermedio de la Comisión de Quejas y cualquier
determinación podría ser decisiva en el proceso.
Para muchos, es lógico pensar que dentro del proceso existe gente
interesada, porque atrás de los cupos se gana miles de millones
de sucres en cada zafra, en negociaciones ceñidas de
"entendimientos" con el sector sindical y, por que es una empresa
donde el papá Estado prodigia recursos para unos mientras todos
pagan impuestos para subsidiarla .
En las instalaciones del ingenio los trabajadores emiten
criterios variados, pero todos coinciden en que es necesario que
se haga justicia en Aztra, empresa que por historia le ha
significado una pérdida al Estado. Incluso cuestionan la última
administración, como es el caso del ex gerente Gustavo
Echeverría, de quien mientras unos se solidarizan porque dicen se
halla en Miami con un hijo enfermo, otros especulan que ha fugado
del país por su mala administración al haber comprado unos
terrenos, invertido en ellos y luego vendido a precios
insignificantes, además de haber anticipado la venta de la
próxima zafra sin esclarecer el destino de los recursos.
El nuevo gerente, Raúl Naranjo, admitió que "la crisis de la
empresa es más aguda de lo que tuve conocimiento en un principio"
y dijo que "creo que con personas honestas se pueden salir
adelante".
Dijo que la situación es bastante crítica, se atraviesa por un
proceso de iliquidez bastante agudo, hay muchas deudas
acumuladas, no existen ventas porque toda la producción de 1993
ha sido vendida y afirma que incluso "se han hecho operaciones
por parte de la administración anterior de ventas con cargo a la
producción de 1994, por alrededor de 6.000 millones de sucres,
dineros que no existen en caja y han servido para cubrir gastos
de toda naturaleza".
En definitiva, el deficiente manejo de Aztra a lo largo de años,
de los recursos generados y por generar y la polémica en torno a
los juicios, son méritos suficientes para llevar a cabo una
investigación con transparencia, acaso como un recurso moral que
garantice el rescate de los intereses del Estado y ponga fin a
las huellas de la corrupción.
* Texto tomado de EL UNIVERSO (p. 3-A)
hacer frente o garantizar el pago de los 12 mil millones de
sucres que se les adeuda a alrededor de 4.000 trabajadores, la
mora con el IESS que, en las puertas a un embargo, asciende a
21.500 mil millones de sucres y, todo parece conducir, además, al
eventual pago de 15 millones de dólares a la firma Global Trade
por una polémica deuda cuyas versiones son múltiples.
Pero, la empresa tiene sus propios problemas con la venta
anticipada de la producción de 1994, recursos que no existen en
caja y han servido para cubrir gastos de "diversa naturaleza".
Todo ese contexto conjuga lo que podría interpretarse como un
descalabro financiero.
Origen de la deuda
La deuda de la empresa empieza en 1964 con la iniciación misma de
la compañía en manos de empresarios privados. En ese entonces una
firma francesa financia la instalación de la maquinaria y la
ejecución de las obras civiles. Las deudas se acumulan y la firma
COFACE transfiere el crédito a la firma Global Trade de propiedad
del empresario Roberto Isaías, en base a unos pagarés que le
fueron cedidos, suscritos en 1975 y que se supone prescribían en
tres años. La deuda original era de entre 10 y 12 millones de
dólares. Los pagarés se firmaron por un valor nominal de
alrededor de 4 millones de dólares, entre tanto la Global canceló
1,4 millones de dólares y la CFN hizo un abono de 600 mil
dólares, con lo cual COFACE recibió 2 millones de dólares.
Aunque ni el Gobierno Nacional ni la Corporación Financiera
Nacional, CFN, nunca fueron garantes de Aztra, la relación nace
cuando en la época de la dictadura militar de Rodríguez Lara, la
empresa privada, que estaba en mala situación, fue endosada al
Estado. El caso es similar al ocurrido con otras empresas como
Fertisa y Ecuatoriana de Aviación en las cuales el Estado se hizo
cargo con una situación económica deplorable de por medio.
En 1988 ante el no pago la Global inició un juicio ejecutivo
(directo y de rápida sentencia) en el que demanda a Aztra en base
a la confesión judicial del entonces Gerente, por el pago de los
4,9 millones de dólares más intereses por mora y financiamiento.
Aztra ganó la primera instancia y perdió la segunda, luego se
comprobó la gestión irregular de los jueces, se destituyó a dos
de ellos y la Corte Suprema el 7 de febrero de 1992 dictó
sentencia favorable a Aztra.
Meses después y ya en el actual gobierno la Global inició un
segundo juicio, esta vez ordinario (extenso, de vanas
instancias), en el que demandó nuevamente el pago de las
obligaciones. Aztra contestó la demanda y alegó que el asunto ya
era "cosa juzgada", pero en diciembre de 1993 Global ganó el
juicio por un valor de alrededor de 15 millones de dólares, con
el cálculo de intereses.
Aztra interpuso luego el recurso de casación, que equivale a lo
que antes era la tercera instancia. La casación pretende
conseguir que la sentencia judicial sea revisada por la Corte
Suprema para corregirla y anularla de manera definitiva por ser
contraria al Derecho.
El recurso de casación es revocado el 10 de febrero de 1994, pero
la defensa no interpuso el recurso de hecho, por lo cual la causa
no llegó a la Corte Suprema. Posteriormente se interpone un nuevo
recurso de casación y es sobre este que se espera un
pronunciamiento.
El abogado de Aztra, César Vaca, sostiene que "la primera y la
segunda casación corresponden a dos actos y momentos procesales
diferentes, independientes y de consecuencias jurídicas
diversas", por lo cual "el nuevo recurso de casación es legítimo
y perfectamente procedente".
Global pide ejecutar sentencia
La Corte Superior de Justicia ha dado la razón a la Global Trade,
esperamos que los jueces cumplan apegados al derecho y de
inmediato ordenen la ejecución de la sentencia, y "si se tiene
que pedir el embargo de algunos bienes hipotecados que garantizan
la obligación, de acuerdo a la ley lo pediremos", advirtió Ney
Valero, abogado de la Global.
Negó las críticas de varios juristas de que existe presión hacia
los jueces para que se resuelva a su favor, pues "siempre
actuamos de acuerdo a la Ley, por eso una vez que la Cuarta Sala
de la Corte concedió el recurso de casación, a nuestro criterio
ilegal porque en la misma providencia aparte de aceptar el
recurso, se suspendió la ejecución de la sentencia sin fijar el
monto de la caución que obliga la ley, pedimos la revocatoria de
dicha providencia a efectos de que cumpla con las disposiciones
legales".
La sala conoció nuestro pedido y revocó "corrigiendo el error que
había cometido" y consecuentemente, negó el recurso de casación,
indicó.
Señaló que el caso terminó mediante sentencia dictada en
diciembre de 1993, además el auto que hoy se pretende casar no
terminó con el juicio, lo que hizo fue negar el recurso de
casación y consecuentemente el trámite de la impugnación concluyó
pero porque la parte demandada no interpuso o no cumplió con el
recurso de hecho y "esa es la gran verdad, no hemos presionado a
los jueces".
Dijo que cuando se adquirieron los derechos fueron liquidados en
alrededor de 10 millones de dólares, de ellos 4,9 millones en
capital, pero por los manejos procesales o la demora de los
juicios, por no querer pagar las obligaciones vencidas, ya sea
"en forma directa o indirecta", tanto la CFN como Aztra, es que
han originado ese monto de la deuda en virtud de los intereses.
En el momento en que la demandada no interpuso el recurso de
hecho y concluyó el trámite de la casación, el juicio en sí ya
había concluido, expresó.
"Una vez que se liquide la sentencia lo que cabe es el pago",
afirmó y dijo que, las críticas por el lado de Aztra están
dirigidas a retardar el pago de los 15 millones de dólares, a
dudar de la resolución de los jueces, a escandalizar a la opinión
pública y a que personas extrañas al proceso busquen ;
notoriedad.
"Ellos sostienen que hemos hecho presiones porque habían iniciado
el juicio, pero fue totalmente distinto al que se basó el juicio
ordinario, además, si bien es cierto ambas partes son las mismas,
la causa que motivó el juicio esta vez fue la confesión judicial
y la sentencia fue declarada, y "el documento que sirvió de base
para iniciar esta acción es un acto de cesión de derechos sobre
las acreencias de que Aztra adeudaba al anterior".
Dijo que "se habla de las presiones de nosotros pero no de las de
Falconí ante la Juez Quinto de lo Civil, afiliada a la Izquierda
Democrática, que dicta sentencia de primera instancia y que
después es ratificada en el cargo".
Señaló que Falconí da a entender que Roberto Isaías quiere
adueñarse de Aztra dolosamente, pero el saldo deudor en capital
fue de 4,9 millones de dólares, y como las obligaciones generan
intereses y no se pagó la deuda a diciembre de 1982 se calcularon
los intereses por mora y luego el interés a razón del 9 %, por lo
tanto, "no les vamos a seguir el juego porque la sentencia ha
sido total y absolutamente favorable".
Admite que al margen del buen o mal negocio que pudo haber hecho
el Estado al adquirir el ingenio, "a nosotros eso no nos
interesa".
"El problema del Estado, es del Estado, por haber hecho contratos
políticos, incluso porque no es posible que siendo San Carlos el
ingenio más grande del Ecuador tenga alrededor de 1.000 empleados
y Aztra que es el más pequeño tenga 4.000, eso es político porque
"no se puede tener 10 asistentes cuando con uno es suficiente,
nos interesa nuestra plata".
Críticas de Falconí
Por su parte, el ex ministro de Industrias y presidente del
Directorio de Aztra en el gobierno anterior, Juan Falconí Puig,
sostiene que incluso en el primer juicio, Roberto Isaías no
demando los pagarés y que después de un dudoso trámite la Global
tuvo la sentencia antes de que ésta sea incorporada al expediente
y notificada en la segunda instancia, además, la investigación
demostró que un Ministro cambió el voto, luego de lo cual Aztra
triunfó en la Corte Suprema declarándose Sin lugar la demanda.
Expresa que eso fue "antes del cambio de gobierno, todavía
durante mi gestión" y esa fue una de las pocas veces que un
juicio de esa magnitud se gana para el Estado; situación que más
tarde se iba a revertir al desconocer la cosa juzgada.
La cosa juzgada es el calificativo para un juicio cuya sentencia
ha llegado a la última o definitiva instancia, y "quiere decir
que no puede haber nuevo juicio entre las mismas personas por los
mismos motivos o razones fundados en el mismo derecho o causa",
expresó.
Indica que "coincidiendo con el cambio de gobierno" Isaías
demanda en un segundo juicio que no solo desconoce la cosa
juzgada consignada en el primero sino que admite el valor de más
de 15 millones de dólares que por si y ante si fija el acreedor
por intereses de financiamiento y de mora.
"El descaro es tal que en la demencia por reconocer una deuda
inexistente se viola la ley y se admite esa cifra por intereses
sin que juez alguno haya ordenado como es lo legal y procedente
el cálculo de tal;es intereses" precisa.
Sostiene que la corte declaró sin lugar esa demanda por
prescripción, o sea que ya no era exigible porque pasado cierto
tiempo si no se ejerce una acción prescribe y, cuando se demanda
en el segundo juicio en 1992, con un monto inicial de 107 mil
dólares, en la sentencia se reconoce más de 15 millones con el
argumento de que el demandante se equivocó, pero procesalmente
esa falla debía ser corregida mediante reforma a la demanda, que
no se hizo porque además había transcurrido el tiempo para
hacerlo.
Falconí estima que para ese entonces y por "lo que todos
comentan" hubo un acuerdo entre el actual gobierno y la Global,
pues solo así se justifica que de la sentencia que se dicta en
diciembre del 1993, no se pide aclaración, ampliación ni ninguna
otra medida que era importante inclusive para determinar todo el
balance de ese absurdo fallo.
Dijo qué después que se interpuso el recurso de casación (otra
instancia) ésta se concedió como era lo legal y procedente y,
después viene una más de las innumerables anomalías cuando se
revoca la casación, cosa "nunca antes vista porque el expediente
debía ser inmediatamente remitido a la Corte Suprema, pero para
evitar que llegue al máximo tribunal se revoca la casación.
Afirmó que otro de los hechos escandalosos es que Aztra en vez de
interponer el recurso de hecho como expresamente lo establece el
artículo 8 de la Ley de Casación deja ejecutoriar la revocatoria
y consolida el "regalo" de 15 millones de dólares a Roberto
Isaías, ya que "el cambio fue total, concedido el recurso para
que vaya por la casación a la Corte Suprema simplemente se revoca
en un hecho insólito nunca antes visto y Aztra además de eso deja
ejecutoriar la sentencia".
Según Falconí, el recurso de "casación sobre casación" ya no cabe
y eso es "una viveza o tongo" porque, lo que ahora produce es un
juicio de conclusión, es decir, el ejercicio de una acción
conclusoria para dejar insubsistente el fallo anterior.
La acción colusoria es una instancia distinta que se puede
ejercer para dejar sin efecto los resultados de un acuerdo entre
dos o más personas en perjuicio de un tercero.
Falconí recalca que si no se ha procedido de esa manera es porque
prácticamente se han conformado con el fallo y lo que ahora hacen
es la "pantomima" para decir a la opinión que siguen preocupados
cuando saben que a este punto todo es inútil, "es como darle de
comer o ponerle una inyección a un tipo que lleva tres días
muerto".
Advirtió que es posible que si se sigue a este paso, incluso
embargando el ingenio, el Estado tendrá que ponerle plata encima
porque las deudas subirían, lo que confirma que para el Estado es
un pésimo negocio, además, los 15 millones como están ya están
cerrados pero hay otras deudas que se están acumulando entre
trabajadores y el IESS, que incluso generan intereses.
Gente interesada
De otra parte, un hecho que podría trastocar el caso es que
varias irregularidades que se atribuyen a los jueces que
sustancian la causa en el segundo juicio es analizada por la
Corte Suprema por intermedio de la Comisión de Quejas y cualquier
determinación podría ser decisiva en el proceso.
Para muchos, es lógico pensar que dentro del proceso existe gente
interesada, porque atrás de los cupos se gana miles de millones
de sucres en cada zafra, en negociaciones ceñidas de
"entendimientos" con el sector sindical y, por que es una empresa
donde el papá Estado prodigia recursos para unos mientras todos
pagan impuestos para subsidiarla .
En las instalaciones del ingenio los trabajadores emiten
criterios variados, pero todos coinciden en que es necesario que
se haga justicia en Aztra, empresa que por historia le ha
significado una pérdida al Estado. Incluso cuestionan la última
administración, como es el caso del ex gerente Gustavo
Echeverría, de quien mientras unos se solidarizan porque dicen se
halla en Miami con un hijo enfermo, otros especulan que ha fugado
del país por su mala administración al haber comprado unos
terrenos, invertido en ellos y luego vendido a precios
insignificantes, además de haber anticipado la venta de la
próxima zafra sin esclarecer el destino de los recursos.
El nuevo gerente, Raúl Naranjo, admitió que "la crisis de la
empresa es más aguda de lo que tuve conocimiento en un principio"
y dijo que "creo que con personas honestas se pueden salir
adelante".
Dijo que la situación es bastante crítica, se atraviesa por un
proceso de iliquidez bastante agudo, hay muchas deudas
acumuladas, no existen ventas porque toda la producción de 1993
ha sido vendida y afirma que incluso "se han hecho operaciones
por parte de la administración anterior de ventas con cargo a la
producción de 1994, por alrededor de 6.000 millones de sucres,
dineros que no existen en caja y han servido para cubrir gastos
de toda naturaleza".
En definitiva, el deficiente manejo de Aztra a lo largo de años,
de los recursos generados y por generar y la polémica en torno a
los juicios, son méritos suficientes para llevar a cabo una
investigación con transparencia, acaso como un recurso moral que
garantice el rescate de los intereses del Estado y ponga fin a
las huellas de la corrupción.
* Texto tomado de EL UNIVERSO (p. 3-A)
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