Quito. 02.04.95. ¿Por qué hay racionamiento de electricidad?
Los períodos de estiaje son previsibles y se han previsto en
el programa de equipamiento del Plan Maestro de Electrificación
Nacional (PMEN) que es un elemento clave en la explicación de la
actual situación.
¿Qué ha ocurrido con este instrumento de satisfacción de la
demanda de energía que el crecimiento del país requiere?
El Plan es producto de un proceso técnicamente desarrollado
con sofisticados instrumentos de estudio y conocimientos
adquiridos por el Instituto, afirman técnicos de INECEL
consultados por HOY. Por tanto el PME no es un conjunto
caprichoso de obras, sino un elaborado esquema de la forma mas
barata y óptima de aprovechar los recursos.
El Plan Maestro se empezó a crear en 1979, como parte de una
concepción que sostiene el carácter estratégico del negocio de
la electricidad y por tanto la administración estatal de la
infraestructura como garantía para conservar el patrimonio del
país.
El sector vivió un agresivo impulso con los proyectos Paute
fases A y B, Agoyán y el anillo nacional de interconección,
obras fundamentales que fueron el destino de la mitad del
endeudamiento externo público del país. Pero, a inicios de los
ochenta, el Plan Maestro tropieza con la explosión del proceso
inflacionario y la crisis de la deuda externa que derivan en
el cambio radical del panorama en el que fue diseñado. La
disponibilidad de créditos internacionales y encarecimiento
descomunal de las obras proyectadas.
Con los programas de ajuste con reducción del gasto fiscal y
del endeudamiento como ingredientes fundamentales, el modelo
se agota en plena primavera y los gobiernos no ofrecen ninguna
alternativa de financiamiento al INECEL.
La solución política es la menos creativa: la postergación del
conjunto de obras programadas y el retraso de todo el Plan
Maestro que empieza a experimentar "actualizaciones" con cada
cambio de administración. Por su parte, INECEL empieza a
buscar alternativas técnicas mas baratas o viables y la
optimización de las existentes. De allí surgen los proyectos
San Francisco, Chimbo, Chespi, Toachi Pilatón, entre otros. El
Daule Peripa y el San Francisco debían ya estar en construcción y
entrar a operar en 1995 y 1997, respectivamente.
Para ejemplificar el hecho señalaremos que el plan de
expansión de la generación hasta el año 2000 establecido en la
actualización del Plan Maestro de mayo de 1991, comprendía el
siguiente cronograma de entrada en funcionamiento de obras:
El resto de proyectos del Plan han seguido un proceso de
selección, estudios de factibilidad y diseños que está
prácticamente concluido. Prueba de ello es que los técnicos de
INECEL prepararon en menos de un mes las bases de licitación
para convocar a la calificación de firmas para la concesión
del proyecto San Francisco y estas reposan desde febrero en
manos del Directorio el Instituto.
LLEGAN A CONCESIONES
Finalmente, el actual gobierno declara el total agotamiento
del modelo estatista y crea, atravesando muchos tropiezos el
primero de ellos la propia Constitución, un marco jurídico que
posibilita la delegación de la actividad de generación al
sector privado a través de la figura de concesiones. Pero en
su afán aperturista no ha sido capaz de responder con
soluciones ágiles a los acuciantes problemas de la generación
durante el período de transición de un modelo a otro.
Basta señalar que en marzo del 94, el INECEL urgía al
secretario de planificación del CONADE de ese entonces y ahora
ministro de Energía y Minas, Galo Abril, que autorice la
adquisición de una turbina de gas de 100 megavatios adjudicada
por el INECEL a la empresa Schrader Camargo Ingenieros
Asociados S. A. en diciembre de 1992.
Pero Abril consideró que no se debía adquirir la turbina sino
"optimizar el uso de la capacidad instalada" y en enero del 95
afirmaba que "hasta aquí se ha visto que no son necesarias las
turbinas del Plan Maestro para Guayaquil, que puede ser
sustituida por la generación propia que tienen las empresas
privadas a las que hay que pedirles que generen con una cierta
compensación". La adquisición de la turbina que hubiera
evitado la crisis actual se empantanó y ahora el INECEL está
negociando con el consorcio King Ranch que explotará gas del
Golfo de Guayaquil y lo aprovechará también en generación
eléctrica.
Y en cuanto a los proyectos hidroeléctricos de prolongada
construcción, basta señalar que el financiamiento de la
construcción del Daule Peripa firmado en 1992 tuvo problemas y
el CEDEGE no ha sido capaz de negociar un nuevo financiamiento
ni convocar a una nueva licitación internacional aunque hay
ofertas mucho más económicas que la contratada.
El resto están prestos a ser ofrecidos al sector privado como
sector privilegiado de inversión sin riesgo alguno. Para
ejemplificar la magnitud del negocio asegurado, de los
cálculos de los técnicos de INECEL se desprende la magnitud
del lucro que está en juego: con la tarifa de 4 centavos de
dólar por kilovatio, el proyecto Toachi Pilatón se pagaría en
solo 20 años de concesión, el consorcio ganador tendrá una
ganancia adicional de 680 millones de dólares en los restantes
30 años de concesión. El proyecto San Francisco que se
concesionará también por 50 años, con una tasa de ganancia del
10%, se pagará en solo 12 años.
PAIS A MEDIA LUZ
En esta semana, el prolongado estiaje finalmente puso en
emergencia al país, pues la energía eléctrica tuvo que empezar a
racionarse debido a que la central hidroeléctrica Paute perdió
las reservas de agua necesarias para seguir generando la mínima
cantidad de energía demandada al plantel hidroeléctrico de
generación.
La cota del embalse Amaluza de la central Paute llegó a los 1948
metros, a escasos 8 metros del nivel crítico y el caudal se situó
en los 40 metros por segundo, menos de la mitad del caudal
normal.
Todo el parque térmico del Instituto Ecuatoriano de
Electrificación (INECEL), las empresas eléctricas distribuidoras
y las empresas privadas no alcanzaron a llenar el vacío dejado
por la más grande central que genera el 60% de la energía y los
cortes de luz en todo el país, menos en Guayaquil, empezaron el
martes, con una duración de seis y siete horas alternándose en
diferentes sectores urbanos y rurales.
El rechazo de los sectores productivos no se hizo esperar y los
dirigentes de las cámaras de industrias responsabilizaron a la
imprevisión del INECEL y al Congreso Nacional por no dar paso a
la aprobación de una nueva ley de electrificación que de paso a
la inversión privada en la generación eléctrica.
La ciudadanía tuvo que soportar cambios en los horarios de
trabajo y disminución de horas en servicios bancarios, de salud,
burocracia, etc. En las ciudades el tráfico sin semaforización se
complicó hasta límites intolerables.
Los industriales calcularon que en lo equivalente a un apagón
generalizado se pierden seis mil millones de sucres por hora,
mientras que las pérdidas a INECEL por la energía que deja de
vender se calculó en alrededor de 6 mil millones de sucres
diarios.
Mientras todas las acusaciones apuntaban al Instituto, ex
directivos, ingenieros y empleados acusaron al Directorio de la
entidad y al actual gobierno de haber obstaculizado la
instalación de turbinas a gas ya adjudicadas y financiadas por
INECEL en diciembre del 92 y nuevamente aprobadas por el
directorio en octubre del 94. (9A)
Los períodos de estiaje son previsibles y se han previsto en
el programa de equipamiento del Plan Maestro de Electrificación
Nacional (PMEN) que es un elemento clave en la explicación de la
actual situación.
¿Qué ha ocurrido con este instrumento de satisfacción de la
demanda de energía que el crecimiento del país requiere?
El Plan es producto de un proceso técnicamente desarrollado
con sofisticados instrumentos de estudio y conocimientos
adquiridos por el Instituto, afirman técnicos de INECEL
consultados por HOY. Por tanto el PME no es un conjunto
caprichoso de obras, sino un elaborado esquema de la forma mas
barata y óptima de aprovechar los recursos.
El Plan Maestro se empezó a crear en 1979, como parte de una
concepción que sostiene el carácter estratégico del negocio de
la electricidad y por tanto la administración estatal de la
infraestructura como garantía para conservar el patrimonio del
país.
El sector vivió un agresivo impulso con los proyectos Paute
fases A y B, Agoyán y el anillo nacional de interconección,
obras fundamentales que fueron el destino de la mitad del
endeudamiento externo público del país. Pero, a inicios de los
ochenta, el Plan Maestro tropieza con la explosión del proceso
inflacionario y la crisis de la deuda externa que derivan en
el cambio radical del panorama en el que fue diseñado. La
disponibilidad de créditos internacionales y encarecimiento
descomunal de las obras proyectadas.
Con los programas de ajuste con reducción del gasto fiscal y
del endeudamiento como ingredientes fundamentales, el modelo
se agota en plena primavera y los gobiernos no ofrecen ninguna
alternativa de financiamiento al INECEL.
La solución política es la menos creativa: la postergación del
conjunto de obras programadas y el retraso de todo el Plan
Maestro que empieza a experimentar "actualizaciones" con cada
cambio de administración. Por su parte, INECEL empieza a
buscar alternativas técnicas mas baratas o viables y la
optimización de las existentes. De allí surgen los proyectos
San Francisco, Chimbo, Chespi, Toachi Pilatón, entre otros. El
Daule Peripa y el San Francisco debían ya estar en construcción y
entrar a operar en 1995 y 1997, respectivamente.
Para ejemplificar el hecho señalaremos que el plan de
expansión de la generación hasta el año 2000 establecido en la
actualización del Plan Maestro de mayo de 1991, comprendía el
siguiente cronograma de entrada en funcionamiento de obras:
El resto de proyectos del Plan han seguido un proceso de
selección, estudios de factibilidad y diseños que está
prácticamente concluido. Prueba de ello es que los técnicos de
INECEL prepararon en menos de un mes las bases de licitación
para convocar a la calificación de firmas para la concesión
del proyecto San Francisco y estas reposan desde febrero en
manos del Directorio el Instituto.
LLEGAN A CONCESIONES
Finalmente, el actual gobierno declara el total agotamiento
del modelo estatista y crea, atravesando muchos tropiezos el
primero de ellos la propia Constitución, un marco jurídico que
posibilita la delegación de la actividad de generación al
sector privado a través de la figura de concesiones. Pero en
su afán aperturista no ha sido capaz de responder con
soluciones ágiles a los acuciantes problemas de la generación
durante el período de transición de un modelo a otro.
Basta señalar que en marzo del 94, el INECEL urgía al
secretario de planificación del CONADE de ese entonces y ahora
ministro de Energía y Minas, Galo Abril, que autorice la
adquisición de una turbina de gas de 100 megavatios adjudicada
por el INECEL a la empresa Schrader Camargo Ingenieros
Asociados S. A. en diciembre de 1992.
Pero Abril consideró que no se debía adquirir la turbina sino
"optimizar el uso de la capacidad instalada" y en enero del 95
afirmaba que "hasta aquí se ha visto que no son necesarias las
turbinas del Plan Maestro para Guayaquil, que puede ser
sustituida por la generación propia que tienen las empresas
privadas a las que hay que pedirles que generen con una cierta
compensación". La adquisición de la turbina que hubiera
evitado la crisis actual se empantanó y ahora el INECEL está
negociando con el consorcio King Ranch que explotará gas del
Golfo de Guayaquil y lo aprovechará también en generación
eléctrica.
Y en cuanto a los proyectos hidroeléctricos de prolongada
construcción, basta señalar que el financiamiento de la
construcción del Daule Peripa firmado en 1992 tuvo problemas y
el CEDEGE no ha sido capaz de negociar un nuevo financiamiento
ni convocar a una nueva licitación internacional aunque hay
ofertas mucho más económicas que la contratada.
El resto están prestos a ser ofrecidos al sector privado como
sector privilegiado de inversión sin riesgo alguno. Para
ejemplificar la magnitud del negocio asegurado, de los
cálculos de los técnicos de INECEL se desprende la magnitud
del lucro que está en juego: con la tarifa de 4 centavos de
dólar por kilovatio, el proyecto Toachi Pilatón se pagaría en
solo 20 años de concesión, el consorcio ganador tendrá una
ganancia adicional de 680 millones de dólares en los restantes
30 años de concesión. El proyecto San Francisco que se
concesionará también por 50 años, con una tasa de ganancia del
10%, se pagará en solo 12 años.
PAIS A MEDIA LUZ
En esta semana, el prolongado estiaje finalmente puso en
emergencia al país, pues la energía eléctrica tuvo que empezar a
racionarse debido a que la central hidroeléctrica Paute perdió
las reservas de agua necesarias para seguir generando la mínima
cantidad de energía demandada al plantel hidroeléctrico de
generación.
La cota del embalse Amaluza de la central Paute llegó a los 1948
metros, a escasos 8 metros del nivel crítico y el caudal se situó
en los 40 metros por segundo, menos de la mitad del caudal
normal.
Todo el parque térmico del Instituto Ecuatoriano de
Electrificación (INECEL), las empresas eléctricas distribuidoras
y las empresas privadas no alcanzaron a llenar el vacío dejado
por la más grande central que genera el 60% de la energía y los
cortes de luz en todo el país, menos en Guayaquil, empezaron el
martes, con una duración de seis y siete horas alternándose en
diferentes sectores urbanos y rurales.
El rechazo de los sectores productivos no se hizo esperar y los
dirigentes de las cámaras de industrias responsabilizaron a la
imprevisión del INECEL y al Congreso Nacional por no dar paso a
la aprobación de una nueva ley de electrificación que de paso a
la inversión privada en la generación eléctrica.
La ciudadanía tuvo que soportar cambios en los horarios de
trabajo y disminución de horas en servicios bancarios, de salud,
burocracia, etc. En las ciudades el tráfico sin semaforización se
complicó hasta límites intolerables.
Los industriales calcularon que en lo equivalente a un apagón
generalizado se pierden seis mil millones de sucres por hora,
mientras que las pérdidas a INECEL por la energía que deja de
vender se calculó en alrededor de 6 mil millones de sucres
diarios.
Mientras todas las acusaciones apuntaban al Instituto, ex
directivos, ingenieros y empleados acusaron al Directorio de la
entidad y al actual gobierno de haber obstaculizado la
instalación de turbinas a gas ya adjudicadas y financiadas por
INECEL en diciembre del 92 y nuevamente aprobadas por el
directorio en octubre del 94. (9A)
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