Quito. 16 feb 2001. Sigue negociación en Sucumbíos. En San Lorenzo
intensos operativos.
La odisea del secuestro de siete técnicos petroleros de las
compañías Repsol-YPF, ocurrido el 12 de octubre del 2000 en el
sector de Pompeya, provincia de Orellana, parece estar llegando a
su fin, mientras en la provincia de Esmeraldas los familiares de
Milton Guerrero y su hija Paola, de 14 años, empiezan a sentir la
angustia por un hecho similar.
Ayer se insistía en las versiones extraoficiales de que los
secuestradores de los siete extranjeros habrían llegado a un
acuerdo con los representantes de las empresas para liberar a los
plagiados.
Las especulaciones dan cuenta de que se habría acordado el pago de
un rescate de trece millones de dólares pero, antes de entregar el
dinero los negociadores de las empresas petroleras, estarían
exigiendo una "prueba de vida", de los técnicos raptados.
Si el proceso se concreta, los rehenes quedarán en libertad en
tres días o dos semanas, a fin de que se facilite la huida de los
plagiadores.
Las autoridades de Policía y militares de las provincias de
Sucumbíos y Orellana que llevan a cabo las investigaciones,
mantienen absoluta reserva sobre los resultados de sus operativos,
pero ayer trascendió que se habría detenido a diez personas que
supuestamente estaban colaborando con los secuestradores y de
quienes se presume son delincuentes comunes ecuatorianos ligados a
varios disidentes de las FARC.
En Nueva Loja, se formularon denuncias de que personas
desaprensivas o interesados en desviar las averiguaciones, están
haciendo correr rumores de que los secuestrados ya están en
libertad.
Las indagaciones también se llevan a cabo desde Quito, en
coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. En
esta sede diplomática, se habría aceptado que las negociaciones
van por buen camino, aunque se difiere en la cifra del rescate,
porque en esta se habla de un monto cercano a los veinte millones
de dólares.
Angustia en San Lorenzo
Los familiares del teniente político de Mataje, Milton Guerrero y
su hija Paola, de 14 años, quienes fueron secuestrados en la
población de San Lorenzo, están angustiados porque no conocen nada
de su paradero.
La Policía lleva adelante intensos operativos para detectar a los
delincuentes.
Un comunicado emitido por el jefe de la base naval de San Lorenzo,
en la provincia de Esmeraldas, informa que diez hombres
"fuertemente armados" sacaron a Guerrero y su hija de su casa en
un operativo donde no hubo heridos.
Añadió que fueron obligados a subir a una camioneta blanca de
doble cabina, con balde de madera, matrícula era CC-985, en la
cual los trasladaron hasta el río Mataje, "donde tomaron una canoa
a motor y se internaron en la selva colombiana".
Según las primeras hipótesis el secuestro se debe a que la esposa
de Guerrero es colombiana y tiempo atrás desempeñó un cargo
público en el vecino país. (LC)
Aumentan desplazados, mientras se canaliza ayuda
Cerca de 120 habitantes del sector de La Malvina, cercano a La
Bermeja, salieron de sus casas y se trasladaron hacia Sucumbíos,
aduciendo que fueron obligados por civiles armados.
Los afectados mencionaron que los grupos armados no se
identificaron, pero los amenazaron con agredirlos si no cumplían
sus órdenes.
Sin embargo, se iniciaron investigaciones para determinar si se
trata de un nuevo grupo de desplazados o personas indigentes que
buscan ayuda para paliar su condición de miseria. Aún no hay un
pronunciamiento de las autoridades sobre qué ayuda se les
brindará.
En Nueva Loja y otras comunidades de Sucumbíos se mantiene un
ambiente de incertidumbre, a lo que se suma la disminución de la
actividad comercial con Colombia, desde que se iniciaron las
amenazas a grupos poblacionales.
En Napo, el Consorcio de Municipios, que preside Líder Rosales
Rubio, realiza las gestiones ante el Gobierno para atender a los
comuneros que salen de sus tierras.
Rosales critica que la ayuda no llega, pese a que centenares de
familias siguen llegando a las poblaciones de Archidona y Tena,
reciben comida y alojamiento en las casas comunales.
Anuncia que para el 22 próximo habrá una reunión de alcaldes para
evaluar la situación y canalizar los requerimientos.
Luego de la visita de una delegación del Comité de Crisis a los
albergues donde pernoctan los desplazados ecuatorianos en
Sucumbíos, varios organismos estatales han comprometido su
gestión.
El Consejo de Seguridad Nacional anuncia que garantizará el
control fronterizo para que las familias retornen a sus lugares de
origen.
Entre las acciones que cumplirá el Comité de Crisis, presidido por
la primera dama de la Nación, Isabel Baquerizo de Noboa, está
canalizar las donaciones alimenticias.
El Ministerio de Salud fumigará los albergues para
evitar enfermedades infecto contagiosas. También entregará
mosquiteros y enviará equipos y medicinas. El Ministerio de Obras
continuará con el plan de rehabilitación y construcción de
carreteras.
Cosena garantiza control fronterizo
El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), encabezado por el
presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, garantizará el control en la
frontera con Colombia, donde unos 500 campesinos e indígenas
ecuatorianos se desplazaron por amenazas de un grupo armado
colombiano, indica la secretaría de Comunicación.
Agrega que el Cosena garantizará el control para que las familias
desplazadas "retornen a sus lugares de origen sin temor alguno"
luego de que abandonaran sus hogares la semana pasada tras ser
amedrentadas.
El ministro de Defensa Nacional, almirante Hugo Unda, había
señalado la posibilidad de que guerrilleros del Ejército de
Liberación Nacional (ELN, guevarista) de Colombia sean los autores
de las amenazas contra civiles de la provincia de Sucumbíos,
limítrofe con el conflictivo y cocalero departamento colombiano de
Putumayo.
La secretaría de Comunicación señaló que un comité de crisis,
creado por el Ejecutivo ante el desplazamiento de ecuatorianos,
constató in situ que 241 personas estaban en improvisados
albergues instalados en Sucumbíos.
Antes, la Cruz Roja local apuntó que en los refugios permanecían
272 damnificados. AFP
del agredido o en todo
Epidemias llegan a los albergues
La organización internacional Médicos Sin Fronteras aseguró en
Quito que se han presentado brotes epidémicos en los albergues
ubicados en la Amazonia, donde se refugian unos 500 ecuatorianos
desplazados por amenazas de muerte de grupos armados,
presuntamente colombianos.
El español Armando Jaular, que preside la misión en Ecuador,
manifestó que en los albergues se han presentado, últimamente,
"nueve casos de disentería, sospechas de tifoidea y paludismo",
entre otros casos.
"Nosotros estamos suministrando agua potable, medicamentos,
atención médica junto con los galenos de la zona y la Cruz Roja y
creemos que no va a llegar a más este brote", subrayó.
Aseguró que el drama de los desplazados es preocupante, pero
indicó que en la solución "tendrían que ver y que hacer mucho las
Fuerzas Armadas y la policía" para garantizar una mayor seguridad
y permitir que los desplazados retornen a sus hogares.
Más de 500 indígenas y colonos de la provincia de Sucumbíos,
fronteriza con Colombia, fueron obligados a abandonar sus tierras
y huir al interior del país por las amenazas de muerte de grupos
armados, supuestamente del país vecino, por colaborar con el
Ejército ecuatoriano. EFE (Texto tomado de El Expreso)
intensos operativos.
La odisea del secuestro de siete técnicos petroleros de las
compañías Repsol-YPF, ocurrido el 12 de octubre del 2000 en el
sector de Pompeya, provincia de Orellana, parece estar llegando a
su fin, mientras en la provincia de Esmeraldas los familiares de
Milton Guerrero y su hija Paola, de 14 años, empiezan a sentir la
angustia por un hecho similar.
Ayer se insistía en las versiones extraoficiales de que los
secuestradores de los siete extranjeros habrían llegado a un
acuerdo con los representantes de las empresas para liberar a los
plagiados.
Las especulaciones dan cuenta de que se habría acordado el pago de
un rescate de trece millones de dólares pero, antes de entregar el
dinero los negociadores de las empresas petroleras, estarían
exigiendo una "prueba de vida", de los técnicos raptados.
Si el proceso se concreta, los rehenes quedarán en libertad en
tres días o dos semanas, a fin de que se facilite la huida de los
plagiadores.
Las autoridades de Policía y militares de las provincias de
Sucumbíos y Orellana que llevan a cabo las investigaciones,
mantienen absoluta reserva sobre los resultados de sus operativos,
pero ayer trascendió que se habría detenido a diez personas que
supuestamente estaban colaborando con los secuestradores y de
quienes se presume son delincuentes comunes ecuatorianos ligados a
varios disidentes de las FARC.
En Nueva Loja, se formularon denuncias de que personas
desaprensivas o interesados en desviar las averiguaciones, están
haciendo correr rumores de que los secuestrados ya están en
libertad.
Las indagaciones también se llevan a cabo desde Quito, en
coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. En
esta sede diplomática, se habría aceptado que las negociaciones
van por buen camino, aunque se difiere en la cifra del rescate,
porque en esta se habla de un monto cercano a los veinte millones
de dólares.
Angustia en San Lorenzo
Los familiares del teniente político de Mataje, Milton Guerrero y
su hija Paola, de 14 años, quienes fueron secuestrados en la
población de San Lorenzo, están angustiados porque no conocen nada
de su paradero.
La Policía lleva adelante intensos operativos para detectar a los
delincuentes.
Un comunicado emitido por el jefe de la base naval de San Lorenzo,
en la provincia de Esmeraldas, informa que diez hombres
"fuertemente armados" sacaron a Guerrero y su hija de su casa en
un operativo donde no hubo heridos.
Añadió que fueron obligados a subir a una camioneta blanca de
doble cabina, con balde de madera, matrícula era CC-985, en la
cual los trasladaron hasta el río Mataje, "donde tomaron una canoa
a motor y se internaron en la selva colombiana".
Según las primeras hipótesis el secuestro se debe a que la esposa
de Guerrero es colombiana y tiempo atrás desempeñó un cargo
público en el vecino país. (LC)
Aumentan desplazados, mientras se canaliza ayuda
Cerca de 120 habitantes del sector de La Malvina, cercano a La
Bermeja, salieron de sus casas y se trasladaron hacia Sucumbíos,
aduciendo que fueron obligados por civiles armados.
Los afectados mencionaron que los grupos armados no se
identificaron, pero los amenazaron con agredirlos si no cumplían
sus órdenes.
Sin embargo, se iniciaron investigaciones para determinar si se
trata de un nuevo grupo de desplazados o personas indigentes que
buscan ayuda para paliar su condición de miseria. Aún no hay un
pronunciamiento de las autoridades sobre qué ayuda se les
brindará.
En Nueva Loja y otras comunidades de Sucumbíos se mantiene un
ambiente de incertidumbre, a lo que se suma la disminución de la
actividad comercial con Colombia, desde que se iniciaron las
amenazas a grupos poblacionales.
En Napo, el Consorcio de Municipios, que preside Líder Rosales
Rubio, realiza las gestiones ante el Gobierno para atender a los
comuneros que salen de sus tierras.
Rosales critica que la ayuda no llega, pese a que centenares de
familias siguen llegando a las poblaciones de Archidona y Tena,
reciben comida y alojamiento en las casas comunales.
Anuncia que para el 22 próximo habrá una reunión de alcaldes para
evaluar la situación y canalizar los requerimientos.
Luego de la visita de una delegación del Comité de Crisis a los
albergues donde pernoctan los desplazados ecuatorianos en
Sucumbíos, varios organismos estatales han comprometido su
gestión.
El Consejo de Seguridad Nacional anuncia que garantizará el
control fronterizo para que las familias retornen a sus lugares de
origen.
Entre las acciones que cumplirá el Comité de Crisis, presidido por
la primera dama de la Nación, Isabel Baquerizo de Noboa, está
canalizar las donaciones alimenticias.
El Ministerio de Salud fumigará los albergues para
evitar enfermedades infecto contagiosas. También entregará
mosquiteros y enviará equipos y medicinas. El Ministerio de Obras
continuará con el plan de rehabilitación y construcción de
carreteras.
Cosena garantiza control fronterizo
El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), encabezado por el
presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, garantizará el control en la
frontera con Colombia, donde unos 500 campesinos e indígenas
ecuatorianos se desplazaron por amenazas de un grupo armado
colombiano, indica la secretaría de Comunicación.
Agrega que el Cosena garantizará el control para que las familias
desplazadas "retornen a sus lugares de origen sin temor alguno"
luego de que abandonaran sus hogares la semana pasada tras ser
amedrentadas.
El ministro de Defensa Nacional, almirante Hugo Unda, había
señalado la posibilidad de que guerrilleros del Ejército de
Liberación Nacional (ELN, guevarista) de Colombia sean los autores
de las amenazas contra civiles de la provincia de Sucumbíos,
limítrofe con el conflictivo y cocalero departamento colombiano de
Putumayo.
La secretaría de Comunicación señaló que un comité de crisis,
creado por el Ejecutivo ante el desplazamiento de ecuatorianos,
constató in situ que 241 personas estaban en improvisados
albergues instalados en Sucumbíos.
Antes, la Cruz Roja local apuntó que en los refugios permanecían
272 damnificados. AFP
del agredido o en todo
Epidemias llegan a los albergues
La organización internacional Médicos Sin Fronteras aseguró en
Quito que se han presentado brotes epidémicos en los albergues
ubicados en la Amazonia, donde se refugian unos 500 ecuatorianos
desplazados por amenazas de muerte de grupos armados,
presuntamente colombianos.
El español Armando Jaular, que preside la misión en Ecuador,
manifestó que en los albergues se han presentado, últimamente,
"nueve casos de disentería, sospechas de tifoidea y paludismo",
entre otros casos.
"Nosotros estamos suministrando agua potable, medicamentos,
atención médica junto con los galenos de la zona y la Cruz Roja y
creemos que no va a llegar a más este brote", subrayó.
Aseguró que el drama de los desplazados es preocupante, pero
indicó que en la solución "tendrían que ver y que hacer mucho las
Fuerzas Armadas y la policía" para garantizar una mayor seguridad
y permitir que los desplazados retornen a sus hogares.
Más de 500 indígenas y colonos de la provincia de Sucumbíos,
fronteriza con Colombia, fueron obligados a abandonar sus tierras
y huir al interior del país por las amenazas de muerte de grupos
armados, supuestamente del país vecino, por colaborar con el
Ejército ecuatoriano. EFE (Texto tomado de El Expreso)
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